LEGISLACIÓN ESTATAL

– Orden HFP/1298/2017, de 26 de diciembre, por la que se publican los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación del sector público a partir del 1 de enero de 2018.

Publicado en el BOE el 29 de diciembre de 2017. Se modifican los umbrales a efectos de aplicación de los procedimientos de contratación del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de adjudicación de los contratos en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales; y de la Ley 24/2011, de 1 de agosto, de contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad (artículo 1). Asimismo, se modifican los umbrales a efectos de aplicación de los procedimientos de contratación en la nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la cual todavía no ha entrado en vigor en su totalidad (artículo 2).

Esta Orden, según se indica en la exposición de motivos, incorpora a la legislación española los límites fijados por la Comisión Europea en los reglamentos de modificación de los umbrales de aplicación en materia de procedimientos de adjudicación de contratos, ya publicados en el DOUE, con la finalidad de permitir el general conocimiento de los umbrales que han de aplicarse a partir del 1 de enero de 2018.

– Real Decreto 1011/2017, de 1 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 664/2015, de 17 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Circulación Ferroviaria.

Publicado en el BOE el 9 de enero. El objeto del real decreto es la modificación del Reglamento de Circulación Ferroviaria para incorporar al mismo determinados aspectos detectados por los administradores de infraestructuras, empresas ferroviarias, centros de formación de personal ferroviario, sindicatos y particulares, con el fin de corregir, aclarar y completar el contenido del mismo.

– Real Decreto 6/2018, de 12 de enero, por el que se crea la Comisión Interministerial para la incorporación de criterios ecológicos en la contratación pública.

Mediante esta Comisión, creada por Real Decreto publicado en el BOE el 22 de enero, se pretende garantizar la coordinación, en el ámbito de la contratación pública ecológica, entre la Administración General del Estado, los distintos órganos públicos y las entidades gestoras de la Seguridad Social. La finalidad de esta Comisión es que la contratación pública suponga una herramienta en la consecución de políticas medioambientales, incluyendo criterios ecológicos en las distintas fases de la contratación, tales como la eficiencia energética, el tratamiento adecuado de los residuos contaminantes o la emisión de gases de efecto invernadero.