La Ley 40\/2015 del R\u00e9gimen Jur\u00eddico del Sector P\u00fablico incorpor\u00f3 a nuestro ordenamiento la posibilidad de instar la reclamaci\u00f3n patrimonial del estado legislador, bautizada as\u00ed para, entre otros, supuestos en los que una norma devenga inconstitucional y se interese una indemnizaci\u00f3n respecto de sus actos de aplicaci\u00f3n dictados.<\/p>\n
Uno de los requisitos exigidos es que \u201cel particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuaci\u00f3n administrativa que ocasion\u00f3 el da\u00f1o, siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada\u201d (art. 32.4 Ley 40\/2015).<\/p>\n
Esto es, el particular deb\u00eda (i) haber recurrido el acto administrativo que aplicaba la Ley posteriormente declarada nula, (ii) alegando su inconstitucionalidad, y (iii) deb\u00eda haber obtenido una sentencia firme desestimatoria en el plazo de 5 a\u00f1os antes de la declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad (art. 34.1 Ley 40\/2015).<\/p>\n
Pues bien, en la reciente Sentencia n\u00fam. 1186\/2020, de 21 de septiembre de 2020 (rec. 2820\/2019), el Tribunal Supremo ha interpretado estos preceptos, de una forma ampl\u00eda en cuanto a la forma de recurrir el acto.<\/p>\n
El supuesto de hecho enjuiciado es el siguiente, en el a\u00f1o 2007 un contribuyente del Pa\u00eds Vasco se acogi\u00f3 al m\u00e9todo de estimaci\u00f3n objetiva por m\u00f3dulos para el c\u00e1lculo del IRPF. Sin embargo, en mayo de 2011, la Diputaci\u00f3n Foral de Guip\u00fazcoa le practic\u00f3 una liquidaci\u00f3n provisional de ese ejercicio de 2007, aplicando el art. 30.2 de la Norma foral 10\/2006, de 29 de diciembre, del IRPF en Guip\u00fazcoa, arrojando una deuda a ingresar de 96.583,57 euros.<\/p>\n
Dicha liquidaci\u00f3n no fue impugnada por el contribuyente que, sin embargo, en octubre de 2011 s\u00ed inst\u00f3 la revisi\u00f3n de oficio sobre la liquidaci\u00f3n, alegando la inconstitucionalidad de la norma aplicada y la nulidad de pleno derecho del acto aplicado. Tras la desestimaci\u00f3n en v\u00eda administrativa, tanto el TSJ del Pa\u00eds Vasco en 2014 como el Tribunal Supremo en octubre de 2016 desestimaron sus pretensiones, rechazando incluso la petici\u00f3n de elevar una cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad respecto al precepto de la Norma foral 10\/2006.<\/p>\n
Sin embargo, paralelamente y en otro recurso distinto, el TSJ del Pa\u00eds Vasco s\u00ed que decidi\u00f3 plantear la cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad respecto de dicha norma, dando lugar a que el Tribunal Constitucional, en su Sentencia 203\/2016, declarase inconstitucional y nulo el art. 30.2 de la norma foral 10\/2006 del IRPF en Guip\u00fazcoa.<\/p>\n
En vistas de la declaraci\u00f3n de inconstitucional, en julio de 2017 el contribuyente inici\u00f3 la acci\u00f3n de reclamaci\u00f3n de responsabilidad patrimonial contra la Diputaci\u00f3n Foral de Guip\u00fazcoa, reclamando los 96.583,57 euros relativos a la liquidaci\u00f3n dictada en base a la norma inconstitucional.<\/p>\n
Tanto en v\u00eda administrativa como por parte del TSJ del Pa\u00eds Vasco, se rechaz\u00f3 la reclamaci\u00f3n alegando que la liquidaci\u00f3n del a\u00f1o 2011 no fue impugnada, que no hubo recurso contra la misma, y que no pod\u00eda considerarse, a la luz del art. 32.4 Ley 40\/2015, las sentencias relativas a la revisi\u00f3n de oficio, porque el \u201cacto\u201d que causa el da\u00f1o y que aplica la norma inconstitucional no es la desestimaci\u00f3n de la revisi\u00f3n de oficio, sino la liquidaci\u00f3n tributaria de 2011 que devino firme.<\/p>\n
Este asunto lleg\u00f3 al Tribunal Supremo, que apreci\u00f3 inter\u00e9s casacional en determinar \u201csi un recurso jurisdiccional, interpuesto contra la resoluci\u00f3n administrativa que desestim\u00f3 un procedimiento de revisi\u00f3n por nulidad de pleno derecho, promovido contra la actuaci\u00f3n que ocasion\u00f3 el da\u00f1o, colma o no colma el requisito que fija el art\u00edculo 32.4 de la Ley 40\/15.”<\/p>\n
Pues bien, el Tribunal Supremo en la sentencia citada opta por una interpretaci\u00f3n amplia de la norma, entendiendo que el requisito del art. 32.4 Ley 40\/2015 \u201cha de entenderse que comprende todas aquellas formas de impugnaci\u00f3n de dicha actuaci\u00f3n que, de una parte, pongan de manifiesto la disconformidad del interesado con la misma cuestionando su constitucionalidad y, de otra, den lugar al control jurisdiccional plasmado en una sentencia firme en la que se valore la constitucionalidad de la norma que despu\u00e9s es objeto de pronunciamiento por el Tribunal Constitucional\u201d.<\/p>\n
Por lo tanto, acudiendo a la legislaci\u00f3n tributaria, se aprecia que la revisi\u00f3n de oficio de actos nulos de pleno derecho es un medio v\u00e1lido de revisi\u00f3n de los actos tributarios y que, en consecuencia, colma el requisito del art. 32.4 de la Ley 40\/2015, siendo indiferente que la liquidaci\u00f3n no se impugnase por otras v\u00edas ordinarias. Por lo tanto, estima el recurso de casaci\u00f3n y reconoce el derecho del contribuyente a una indemnizaci\u00f3n de 96.583,57 euros.<\/p>\n
Barcelona, a 6 de octubre 2020<\/p>\n
Iv\u00e1n Rodr\u00edguez Florido<\/p>\n
Abogado<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
La Ley 40\/2015 del R\u00e9gimen Jur\u00eddico del Sector P\u00fablico incorpor\u00f3 a nuestro ordenamiento la posibilidad de instar la reclamaci\u00f3n patrimonial del estado legislador, bautizada as\u00ed para, entre otros, supuestos en los que una norma devenga inconstitucional y se interese una indemnizaci\u00f3n respecto de sus actos de aplicaci\u00f3n dictados. Uno de los requisitos exigidos es que […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[7],"tags":[],"boletin":[],"articulo-lcsp":[],"yoast_head":"\n