Desde hace ya unos a\u00f1os, los poderes p\u00fablicos han promovido medidas de alcance muy diverso dirigidas a regular el fen\u00f3meno creciente de la proliferaci\u00f3n en las ciudades de viviendas de uso tur\u00edstico. Algunas Comunidades Aut\u00f3nomas han adoptado medidas legislativas que han tenido m\u00e1s o menos fortuna, pero sobre todo han sido los municipios los que han intentado afrontar la presi\u00f3n que puede generar este fen\u00f3meno sobre los centros urbanos y sus residentes a trav\u00e9s de una de las potestades m\u00e1s arraigadas a su autonom\u00eda: la planificaci\u00f3n urban\u00edstica.<\/p>\n
A trav\u00e9s de instrumentos de planificaci\u00f3n urban\u00edstica, los municipios han impuesto l\u00edmites territoriales o cuantitativos a la implantaci\u00f3n de viviendas de uso tur\u00edstico; todo ello justificado en atenci\u00f3n fundamentalmente a la presi\u00f3n que puede causar este tipo de actividad sobre el precio de los arrendamientos y la gentrificaci\u00f3n de los n\u00facleos urbanos y, en definitiva, sobre el derecho a la vivienda y al entorno urbano. Medidas que, con car\u00e1cter general, se han adoptado sin un marco legislativo urban\u00edstico que estableciera concretas previsiones para este tipo de uso del suelo.<\/p>\n
No obstante, frecuentemente tambi\u00e9n se ha cuestionado la legitimidad de dichas medidas en el marco de la libertad de mercado y libre prestaci\u00f3n de servicios.<\/p>\n
Esta colisi\u00f3n, entre la exigencia social y jur\u00eddica de que las ciudades respondan a las necesidades de los ciudadanos de una parte y, de otra, la salvaguarda de los principios comunitarios de la libertad de mercado y liberalizaci\u00f3n de servicios es la que aborda el Tribunal Supremo en su sentencia de fecha 19 de noviembre de 2020 (Rec. de Casaci\u00f3n 5958\/2019) relativa a la Modificaci\u00f3n del PGOU de Bilbao por la que: i) Se configuraban las viviendas de uso tur\u00edstico como un uso de equipamiento equiparable a otros usos de alojamiento tur\u00edstico; ii) Se establece la exigencia de un informe urban\u00edstico de conformidad, al margen de la declaraci\u00f3n responsable que deba presentar el interesado para el inicio de la actividad.<\/p>\n
La sentencia destila y discrimina el alcance de los distintos pronunciamientos que ha ido dictando en torno a las viviendas de uso tur\u00edstico y, con fundamento en la reciente STJUE de 22 de septiembre de 2020 (Gran Sala, ECLI:EU:C:2020:743) ratifica en su integridad la sentencia de la Sala de instancia, que desestimaba \u00edntegramente el recurso interpuesto por la Comisi\u00f3n Nacional de los Mercados y de la Competencia contra la Modificaci\u00f3n del PGOU de Bilbao.<\/p>\n
Constata, as\u00ed, el Tribunal Supremo que la protecci\u00f3n del derecho a la vivienda y al entorno urbano se han de apreciar como \u201crazones imperiosas de inter\u00e9s general\u201d a los efectos previstos en la normativa sobre el libre acceso a las actividades de servicios; lo que permite poner l\u00edmites a su ejercicio siempre que las medidas adoptadas est\u00e9n justificadas (la motivaci\u00f3n se constituye como un elemento fundamental para su legitimidad), sean proporcionadas y se precisen con criterios claros, objetivos e inequ\u00edvocos. Aprecia la Sala que la regulaci\u00f3n que la Modificaci\u00f3n del PGOU hace de las viviendas de uso tur\u00edstico como equipamiento responde a dichos principios.<\/p>\n
Igualmente, tambi\u00e9n la sentencia avala la exigencia de un informe urban\u00edstico de conformidad; informe que si bien aparentemente-como afirma la sentencia- podr\u00eda distorsionar el esquema procedimental propio de la declaraci\u00f3n responsable exigible por la normativa sectorial de turismo, entiende la Sala que act\u00faa en un \u00e1mbito competencial distinto, constituyendo su objeto verificar la adecuaci\u00f3n del uso tur\u00edstico de la vivienda al planeamiento urban\u00edstico.<\/p>\n
M\u00e1s all\u00e1 del alcance del fallo, es especialmente destacable la reflexi\u00f3n que hace la Sala sobre el ejercicio de la potestad de planeamiento \u2013 y, particularmente, por parte de los municipios- como medio que puede -y ha de dar- respuesta a las necesidades cambiantes de cada momento, en un contexto de regeneraci\u00f3n y transformaci\u00f3n constante de las ciudades. De forma significativa, la sentencia se remonta a la ya cl\u00e1sica Sentencia de 9 de julio de 1991 para constatar la legitimidad democr\u00e1tica de los planes de urbanismo, junto con la discrecionalidad t\u00e9cnica y la autonom\u00eda local, como principios que posibilitan la necesaria adecuaci\u00f3n de las ciudades.<\/p>\n
En definitiva, y al hilo de estas reflexiones, la sentencia no puede ser m\u00e1s clara: la ciudad no se puede convertir en un problema, sino que ha de ser un sistema para solucionar los problemas de sus habitantes.<\/p>\n
Barcelona, a 3 de diciembre de 2020<\/p>\n
Gloria Bardaj\u00ed<\/p>\n
Abogada<\/p>\n
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