Durante el d\u00eda de ayer se ha tenido conocimiento del contenido de la Sentencia del Tribunal Constitucional por la que se resuelve la cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad n\u00fam. 4433-2020, promovida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc\u00eda, Ceuta y Melilla, con sede en M\u00e1laga, por la que se declara la inconstitucionalidad y, por consiguiente, la nulidad de los arts. 107.1 segundo p\u00e1rrafo, 107.2.a) y 107.4 del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2\/2004, de 5 de marzo, en los t\u00e9rminos previstos en el fundamento jur\u00eddico 6.<\/p>\n
Como ya se indicaba en el adelanto de la parte dispositiva, publicado a principios de esta semana, se anula el referido impuesto por entender que vulnera el principio de capacidad econ\u00f3mica recogido en el articulo 31.1 de la Constituci\u00f3n. En concreto, la Sentencia indica que no puede mantenerse una imposici\u00f3n que aplique un sistema objetivo y obligatorio ajeno a la realidad del mercado inmobiliario y de la crisis econ\u00f3mica y, por tanto, al margen de la capacidad econ\u00f3mica gravada por el impuesto y demostrada por el contribuyente.<\/em><\/p>\n En cuanto al alcance y los efectos de dicha declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad y nulidad de los art\u00edculos 107.1, segundo p\u00e1rrafo, 107.2.a) y 107.4 TRLHL,<\/strong> el Tribunal realiza las siguientes precisiones:<\/p>\n I. En primer lugar, recuerda que la expulsi\u00f3n de los referidos art\u00edculos del ordenamiento jur\u00eddico implica dejar un vac\u00edo normativo sobre la determinaci\u00f3n de la base imponible que impide la liquidaci\u00f3n, comprobaci\u00f3n, recaudaci\u00f3n y revisi\u00f3n de este tributo local y, por tanto, su exigibilidad<\/strong> por parte de las corporaciones locales; y, por otro lado, exige al legislador llevar a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes para adecuar el ordenamiento al art\u00edculo 31.1 CE, teniendo en cuenta que ya se hab\u00edan declarado sentencias durante los \u00faltimos cuatro a\u00f1os sobre la incoherencia de este tipo impositivo.<\/p>\n II. En segundo lugar, a\u00f1ade que la nulidad de estos art\u00edculos no conlleva la retroactividad de la norma.<\/strong> Estableciendo que no pueden considerarse situaciones susceptibles de ser revisadas con fundamento en la presente sentencia aquellas obligaciones tributarias devengadas por este impuesto que, a la fecha de dictarse la misma, hayan sido decididas definitivamente mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada o mediante resoluci\u00f3n administrativa firme.<\/em><\/p>\n III. Finalmente, el Tribunal a\u00f1ade un aspecto controvertido. Y es que los efectos exclusivos de la sentencia tambi\u00e9n se restringen y, por tanto, tambi\u00e9n tendr\u00e1n car\u00e1cter de situaci\u00f3n consolidada, las liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan sido impugnadas a la fecha de dictarse la sentencia y, por otro lado, las autoliquidaciones cuya rectificaci\u00f3n no haya sido solicitada ex art. 120.3 LGT a dicha fecha<\/strong> (es decir, aquellos casos en que no se haya instado rectificaci\u00f3n de la autoliquidaci\u00f3n antes de la fecha en que se dicta sentencia).<\/p>\n De esta forma, el Tribunal Constitucional est\u00e1 denegando la posibilidad de presentar solicitud de rectificaci\u00f3n de autoliquidaci\u00f3n a aquellos obligados tributarios, que, de encontrarse en periodo de liquidaci\u00f3n provisional, justo antes de haberse dictado la sentencia, no hubiesen procedido a impugnarla todav\u00eda, aunque se encontraran dentro del plazo establecido en el art\u00edculo 120.3 LGT.<\/strong><\/p>\n Ciertamente resulta sorprende tal pronunciamiento, ya que a estos efectos debemos citar la reciente Sentencia n\u00ba 1040\/2021, de 16 de julio de 2021 dictada por el Tribunal Supremo<\/strong> por la que se declara que, el hecho de promover la solicitud de rectificaci\u00f3n de una autoliquidaci\u00f3n por considerar que vulnera el derecho constitucional espa\u00f1ol o el derecho europeo es un motivo suficientemente v\u00e1lido para instar a la Administraci\u00f3n a que inicie dicho procedimiento de rectificaci\u00f3n, sin perjuicio de que esta pretensi\u00f3n pueda resultar desestimada.<\/em> Teniendo en cuenta esta afirmaci\u00f3n, resulta contradictorio que, aunque se hubiese declarado la inconstitucionalidad del impuesto de plusval\u00eda, el mismo no pueda ser impugnado mediante rectificaci\u00f3n de autoliquidaci\u00f3n.<\/p>\n Barcelona, a 29 de octubre de 2021<\/p>\n Alfonso Arroyo<\/p>\n Abogado<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Durante el d\u00eda de ayer se ha tenido conocimiento del contenido de la Sentencia del Tribunal Constitucional por la que se resuelve la cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad n\u00fam. 4433-2020, promovida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc\u00eda, Ceuta y Melilla, con sede en M\u00e1laga, por la que se declara la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[7],"tags":[],"boletin":[],"articulo-lcsp":[],"yoast_head":"\n