La Sentencia n\u00fam. 162\/2022, de 9 de febrero, de la Secci\u00f3n 5\u00aa de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, pone fin al largo incidente de inejecuci\u00f3n de la sentencia que orden\u00f3 la demolici\u00f3n del macrocomplejo hotelero-residencial ilegalmente construido en la Isla de Valdeca\u00f1as.<\/p>\n
La reciente Sentencia del Alto Tribunal sienta doctrina sobre la imposibilidad material de ejecuci\u00f3n de sentencias que ordenan la demolici\u00f3n de construcciones ilegales. Para comprender el alcance de la decisi\u00f3n judicial, es necesario precisar los antecedentes m\u00e1s relevantes del caso enjuiciado.<\/p>\n
En el a\u00f1o 2007 la Junta de Extremadura aprob\u00f3 un Proyecto de Inter\u00e9s Regional (PIR) en la Isla de Valdeca\u00f1as, calificada por el planeamiento urban\u00edstico como Zona de Especial Protecci\u00f3n de Aves (ZEPA) en suelo no urbanizable, e incluida en la Red Natura 2000. La aprobaci\u00f3n del PIR presuntamente legitimaba la construcci\u00f3n de un macrocomplejo en este entorno natural, por lo que la promotora inici\u00f3 las obras de edificaci\u00f3n.<\/p>\n
Conforme a la legislaci\u00f3n urban\u00edstica extreme\u00f1a, los PIR tienen como funci\u00f3n la de intervenir en la ordenaci\u00f3n territorial para ejecutar determinadas actuaciones que se declaren de inter\u00e9s regional por razones de utilidad p\u00fablica o inter\u00e9s social en cualquier clase de suelo, salvo en el suelo no urbanizable protegido con alg\u00fan tipo de protecci\u00f3n especial.<\/p>\n
Las entidades \u201cEcologistas en Acci\u00f3n\u201d y \u201cADENEX\u201d interpusieron recurso contencioso-administrativo contra la aprobaci\u00f3n del PIR. Mediante la sentencia n\u00fam. 196\/2011 de 9 de marzo del TSJ de Extremadura, confirmada por la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de enero de 2014, se dio la raz\u00f3n a los grupos ecologistas, declarando la nulidad de pleno derecho del PIR y ordenando la demolici\u00f3n de lo ilegalmente construido y la reposici\u00f3n de los terrenos a la situaci\u00f3n anterior. Paralelamente, la Junta de Extremadura modific\u00f3 en 2011 la Ley de Suelo de Extremadura para permitir la urbanizaci\u00f3n de terrenos protegidos, intentando dar cobertura jur\u00eddica al PIR aprobado.<\/p>\n
Tras la sentencia del Supremo que confirm\u00f3 la orden de demolici\u00f3n del complejo, la Junta plante\u00f3 dos incidentes de imposibilidad de ejecuci\u00f3n de sentencia: (i)<\/strong> incidente de imposibilidad legal de ejecuci\u00f3n, por cuanto la modificaci\u00f3n legislativa ampara las construcciones ilegalmente realizadas; e (ii)<\/strong> incidente de imposibilidad material de ejecuci\u00f3n, en atenci\u00f3n al impacto socio-econ\u00f3mico en la comarca que supone el complejo, los graves perjuicios econ\u00f3micos para la Hacienda P\u00fablica que se producir\u00edan si se derribase todo lo edificado y la protecci\u00f3n de los terceros de buena fe que han adquirido chal\u00e9s en el complejo.<\/p>\n En 2019, tras una cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad planteada por el TSJEx a petici\u00f3n de los grupos ecologistas, el Tribunal Constitucional declar\u00f3 la inconstitucionalidad de la modificaci\u00f3n legislativa que amparaba las construcciones ilegalmente construidas.<\/p>\n En consecuencia, mediante auto de 30 de junio de 2020, el TSJEx desestim\u00f3 el incidente de imposibilidad legal de ejecuci\u00f3n de sentencia. No obstante, decidi\u00f3 estimar parcialmente el incidente de imposibilidad material de ejecuci\u00f3n, ordenando la conservaci\u00f3n del hotel, viviendas, campo de golf e instalaciones actualmente construidas y en funcionamiento, en atenci\u00f3n a su \u201cinocuidad ambiental\u201d y a las importantes afecciones socioecon\u00f3micas que comportar\u00eda la demolici\u00f3n.<\/p>\n Las entidades ecologistas presentaron recurso de casaci\u00f3n contra este Auto, sosteniendo que no cabe apreciar imposibilidad material de ejecuci\u00f3n de una sentencia por los motivos invocados por la Junta. El Alto Tribunal resuelve estimando el recurso de los grupos ecologistas, anulando el auto del TSJEx y declarando no haber lugar al incidente de imposibilidad de ejecuci\u00f3n, por lo que la Junta de Extremadura deber\u00e1 finalmente proceder a la demolici\u00f3n del complejo.<\/p>\n De esta suerte, partiendo de la obligaci\u00f3n constitucional de cumplir las sentencias y resoluciones firmes de los jueces y tribunales (art. 118 CE y 103.2 LJCA) y del car\u00e1cter restrictivo de la apreciaci\u00f3n de la imposibilidad material de ejecuci\u00f3n, entiende que ni la alegada \u201cinocuidad ambiental\u201d de las construcciones ni las \u201ccuant\u00edas indemnizatorias o las pretendidas afecciones socioecon\u00f3micas\u201d suponen razones de inter\u00e9s p\u00fablico que pudieran amparar la afecci\u00f3n sobre el espacio protegido.<\/p>\n La Sentencia critica severamente la decisi\u00f3n del TSJEx, determinando que \u201cal declarar la imposibilidad material de ejecuci\u00f3n de la sentencia respecto de las obras de urbanizaci\u00f3n, edificaci\u00f3n e instalaciones deportivas ya ejecutadas, pese a la nulidad del PIR del que traen causa, los Autos impugnados est\u00e1n amparando la consolidaci\u00f3n de una transformaci\u00f3n urban\u00edstica incompatible con la clasificaci\u00f3n reglada como suelo no urbanizado especialmente protegido que debe tener los suelos de la Isla de Valdeca\u00f1as, lo que no cabe en Derecho y, adem\u00e1s, est\u00e1n contradiciendo los t\u00e9rminos del fallo que se ejecuta”.<\/p>\n Tras el fallo del Tribunal Supremo, que obliga finalmente a demoler el complejo de Valdeca\u00f1as, se abre la puerta a la m\u00e1s que probable responsabilidad patrimonial de la Junta de Extremadura por las indemnizaciones a favor de los propietarios de las viviendas construidas, valoradas inicialmente en la cantidad de 111 millones de euros, y a favor del gestor del hotel, cuya cuant\u00eda a\u00fan no puede ser estimada.<\/p>\n Barcelona, a 22 de febrero de 2022<\/p>\n Iv\u00e1n Hern\u00e1ndez Costa<\/p>\n \u00c1rea de Urbanismo<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La Sentencia n\u00fam. 162\/2022, de 9 de febrero, de la Secci\u00f3n 5\u00aa de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, pone fin al largo incidente de inejecuci\u00f3n de la sentencia que orden\u00f3 la demolici\u00f3n del macrocomplejo hotelero-residencial ilegalmente construido en la Isla de Valdeca\u00f1as. La reciente Sentencia del Alto Tribunal sienta doctrina sobre la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[7],"tags":[],"boletin":[],"articulo-lcsp":[],"yoast_head":"\n