Como ya hemos venido comentando en anteriores Newsletters, el pasado 26 de octubre de 2021 el Tribunal Constitucional dict\u00f3 la Sentencia 182\/2021 por la que se anulaban determinados art\u00edculos relativos al Impuesto sobre el Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) por considerar que el c\u00e1lculo de la base imponible contradec\u00eda el principio de capacidad econ\u00f3mica al no respetar la plusval\u00eda realmente obtenida.<\/p>\n
A su vez, la referida Sentencia regulaba qu\u00e9 situaciones no podr\u00edan verse afectadas por el contenido de la Sentencia, estableciendo que no pueden considerarse situaciones susceptibles de ser revisadas con fundamento en la referida sentencia aquellas obligaciones tributarias devengadas por este impuesto que, a la fecha de dictarse la misma, hayan sido decididas definitivamente mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada o mediante resoluci\u00f3n administrativa firme. Finalmente, el Tribunal a\u00f1ad\u00eda un aspecto que ya tild\u00e1bamos de controvertido. Y es que los efectos exclusivos de la sentencia tambi\u00e9n se restringen y, por tanto, tambi\u00e9n tendr\u00e1n car\u00e1cter de situaci\u00f3n consolidada, las liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan sido impugnadas a la fecha de dictarse la sentencia (que no de su publicaci\u00f3n) y, por otro lado, las autoliquidaciones cuya rectificaci\u00f3n no haya sido solicitada ex art. 120.3 LGT a dicha fecha (es decir, aquellos casos en que no se haya instado rectificaci\u00f3n de la autoliquidaci\u00f3n antes de la fecha en que se dicta sentencia).<\/p>\n
Pues bien, recientemente el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n\u00fam. 1 de los de Pontevedra ha dictado una novedosa sentencia en la que resuelve que las impugnaciones del impuesto que nos ocupa en base a la referida Sentencia del Tribunal Constitucional son v\u00e1lidas si se realizaron con anterioridad a la fecha de publicaci\u00f3n de misma en el Bolet\u00edn Oficial del Estado, esto es, el 25 de noviembre de 2021.<\/p>\n
Y es que seg\u00fan reza la referida Sentencia, la interpretaci\u00f3n sostenida por parte del Tribunal Constitucional \u201ccarece de soporte legal en nuestro ordenamiento administrativo\u201d puesto que la normativa aplicable a los pronunciamientos del Tribunal Constitucional se\u00f1ala expresamente que la generaci\u00f3n de \u201cefectos generales\u201d de las sentencias estimatorias se produce desde la \u201cfecha de su publicaci\u00f3n en el Bolet\u00edn Oficial del Estado\u201d, y no a la de su firma.<\/p>\n
Finalmente, debe hacerse notar que la misma Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n\u00fam. 1 de los de Pontevedra concluye su razonamiento considerando que concurrir\u00eda inter\u00e9s casacional en la impugnaci\u00f3n directa de la misma en casaci\u00f3n ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, \u201ca fin de que clarifique la fecha de efectos de la referida restricci\u00f3n de la STC 182\/2021\u201d.<\/p>\n
Barcelona, a 25 de mayo de 2022<\/p>\n
Tornos Abogados<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Como ya hemos venido comentando en anteriores Newsletters, el pasado 26 de octubre de 2021 el Tribunal Constitucional dict\u00f3 la Sentencia 182\/2021 por la que se anulaban determinados art\u00edculos relativos al Impuesto sobre el Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) por considerar que el c\u00e1lculo de la base imponible contradec\u00eda el principio […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[7],"tags":[],"boletin":[],"articulo-lcsp":[],"yoast_head":"\n