Durante el \u00faltimo mes, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha resuelto tres demandas sobre presuntas violaciones de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), que guardan estrecha relaci\u00f3n con el Derecho urban\u00edstico.<\/p>\n
En primer lugar, en la STEDH de 31 de mayo de 2022<\/strong> – Caso Arnar Helgu L\u00e1russon<\/em>– contra el Estado de Islandia), el TEDH ha analizado si la no realizaci\u00f3n por parte de una Administraci\u00f3n Local islandesa de las obras para garantizar la accesibilidad universal de dos edificios culturales p\u00fablicos constituye o no una vulneraci\u00f3n de la prohibici\u00f3n de discriminaci\u00f3n recogida en el art\u00edculo 14 CEDH, en relaci\u00f3n con el derecho al respeto a la vida privada recogido en el art\u00edculo 8 CEDH.<\/p>\n En el contexto de la accesibilidad universal, el TEDH previamente hab\u00eda sostenido que el art\u00edculo 8 CEDH s\u00f3lo entra en juego cuando la falta de acceso del solicitante a edificios p\u00fablicos interfiere en su derecho al desarrollo personal, ya que sin acceso a las instalaciones y servicios abiertos al p\u00fablico las personas con alg\u00fan tipo de discapacidad no tendr\u00edan las mismas oportunidades sociales. Por otra parte, para que se d\u00e9 la discriminaci\u00f3n prohibida por el art\u00edculo 14 CEDH, la medida o inactividad por parte de la Administraci\u00f3n debe producir un impacto particularmente perjudicial, superar un umbral de importancia.<\/p>\n A la vista de estos pronunciamientos anteriores, el Tribunal ha resuelto el caso enjuiciado declarando que la falta de accesibilidad a los dos edificios culturales no constituye una omisi\u00f3n discriminatoria por parte del Estado island\u00e9s, en la medida en que la Administraci\u00f3n ha realizado esfuerzos considerables para mejorar la accesibilidad de los edificios p\u00fablicos, pero ha priorizado la mejora de la accesibilidad a las instalaciones educativas y deportivas, lo que no supone una estrategia de priorizaci\u00f3n arbitraria ni irrazonable.<\/p>\n Con este pronunciamiento, el TEDH limita la posibilidad de que la actuaci\u00f3n urbanizadora de la Administraci\u00f3n pueda resultar discriminatoria al hipot\u00e9tico caso de que: (i)<\/strong> no prevea la accesibilidad universal en edificios p\u00fablicos; (ii)<\/strong> ni pueda demostrar un compromiso general de trabajar hacia la realizaci\u00f3n gradual de esta accesibilidad.<\/p>\n En segundo lugar, en la STEDH de 14 de junio de 2022<\/strong> – caso Cruz Garc\u00eda contra el Estado de Espa\u00f1a- el Tribunal ha condenado a Espa\u00f1a por considerar que se priv\u00f3 a una mujer de La Coru\u00f1a del derecho a impugnar una resoluci\u00f3n de la Xunta de Galicia que ordenaba la demolici\u00f3n de su vivienda.<\/p>\n En febrero de 2006, la demandante adquiri\u00f3 un chalet que hab\u00eda sido construido dentro de la zona de servidumbre de protecci\u00f3n del dominio p\u00fablico mar\u00edtimo-terrestre sin la preceptiva autorizaci\u00f3n administrativa. En junio de 2006, la Xunta inco\u00f3 expediente sancionador y de disciplina urban\u00edstica contra la promotora del chalet, y orden\u00f3 su demolici\u00f3n.<\/p>\n La demandante no fue informada de los procedimientos administrativos, ni del posterior procedimiento judicial seguido por la promotora contra la orden de demolici\u00f3n del inmueble. Solo tuvo conocimiento de la situaci\u00f3n cuando a\u00f1os m\u00e1s tarde, siendo firme la sentencia que ordenaba la demolici\u00f3n, fue requerida para demoler la construcci\u00f3n. Tras tener conocimiento de lo acontecido, la demandante intent\u00f3 conseguir la nulidad del procedimiento, pero la acci\u00f3n fue desestimada, pues no hab\u00eda sido parte en el procedimiento y la sentencia ya era firme.<\/p>\n Tras demandar ante el TEDH la vulneraci\u00f3n de su derecho a un proceso judicial equitativo (art\u00edculo 6.1 CEDH), el Tribunal ha concluido que a pesar de que los tribunales espa\u00f1oles han aplicado correctamente la normativa procesal nacional, el desarrollo de los hechos ha impedido a la demandante participar en un procedimiento judicial que tuvo impacto directo en su propiedad, por lo que aprecia la citada vulneraci\u00f3n y condena al Estado a abonar a la demandante una indemnizaci\u00f3n.<\/p>\n Por \u00faltimo, en la STEDH de 16 de junio de 2022<\/strong> – caso Goulandris y Vardinogianni<\/em> contra el Estado de Grecia- el Tribunal analiza si la imposici\u00f3n a un particular de una \u201cmulta de construcci\u00f3n\u201d por construir ilegalmente una edificaci\u00f3n (equivalente a una sanci\u00f3n urban\u00edstica) y la imposici\u00f3n de una \u201cmulta de conservaci\u00f3n\u201d por no demoler voluntariamente esta construcci\u00f3n (equivalente a una multa coercitiva en un procedimiento de disciplina urban\u00edstica) son o no compatibles con la imposici\u00f3n de una pena en un procedimiento penal por la misma construcci\u00f3n ilegal (equivalente a la pena por la comisi\u00f3n del delito urban\u00edstico previsto en el art\u00edculo 319 del C\u00f3digo Penal). Todo ello, a la vista del derecho a no ser condenado dos veces o principio de non bis in idem<\/em> recogido en el art\u00edculo 4 del Protocolo 7 CEDH.<\/p>\n Los criterios del TEDH para determinar si concurre el principio de non bis in idem<\/em> son los siguientes: (i)<\/strong> si el procedimiento administrativo tuvo car\u00e1cter penal a efectos de la normativa europea, en aplicaci\u00f3n de los conocidos \u201cCriterios de Engel\u201d; (ii)<\/strong> si las multas administrativas constituyeron una condena firme; (iii)<\/strong> si las infracciones\/delitos eran de la misma naturaleza, ten\u00edan naturaleza punitiva; y (iv)<\/strong> si puede entenderse que hubo duplicaci\u00f3n de procedimientos.<\/p>\n Tras valorar el supuesto enjuiciado, el TEDH concluye que concurren todos los requisitos para apreciar vulneraci\u00f3n del non bis in idem<\/em> entre la \u201cmulta de construcci\u00f3n\u201d y la pena impuesta en el procedimiento penal, por lo que la imposici\u00f3n de ambas sanciones constituye una vulneraci\u00f3n del CEDH. Por otra parte, concluye que la imposici\u00f3n de la \u201cmulta de conservaci\u00f3n\u201d no vulnera el principio de non bis in idem,<\/em> pues no ostenta la misma naturaleza jur\u00eddica que la sanci\u00f3n penal.<\/p>\n Barcelona, a 6 de julio de 2022<\/p>\n Iv\u00e1n Hern\u00e1ndez Costa<\/p>\n \u00c1rea de Urbanismo<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Durante el \u00faltimo mes, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha resuelto tres demandas sobre presuntas violaciones de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), que guardan estrecha relaci\u00f3n con el Derecho urban\u00edstico. En primer lugar, en la STEDH de 31 de mayo de 2022 – Caso Arnar Helgu L\u00e1russon– […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[7],"tags":[],"boletin":[],"articulo-lcsp":[],"yoast_head":"\n