La reciente sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 8 de marzo de 2023 ha resuelto uno de los aspectos jur\u00eddicamente controvertidos respecto de las declaraciones responsables y las comunicaciones previas de inicio de una actividad: \u00bfhasta cu\u00e1ndo puede la Administraci\u00f3n realizar la verificaci\u00f3n de estos actos del ciudadano que tiene efectos jur\u00eddicos?.<\/p>\n
La regulaci\u00f3n que efect\u00faa la Ley 39\/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com\u00fan de las Administraciones P\u00fablicas, sobre las declaraciones responsables y comunicaciones previas establece que se permite al interesado iniciar una actividad de servicios en el mismo momento en que se presenta ante la Administraci\u00f3n el documento correspondiente, manifestando que cumple con los requerimientos normativos vigentes y dispone de la documentaci\u00f3n que lo acredita.<\/p>\n
Al mismo tiempo, la regulaci\u00f3n establece que las Administraciones podr\u00e1n requerir en cualquier momento que se aporte la documentaci\u00f3n que acredite el cumplimiento de los mencionados requisitos establecidos por la normativa vigente.<\/p>\n
Esta regulaci\u00f3n ha planteado la controversia jur\u00eddica de si esa indicaci\u00f3n temporal \u201cen cualquier momento\u201d significaba una facultad ejercitable por la Administraci\u00f3n a perpetuidad o deb\u00eda quedar limitada a alg\u00fan plazo concreto, a tenor del principio de seguridad jur\u00eddica. En el supuesto de hecho que ha dado lugar a esta sentencia del Tribunal Supremo, la Sala Territorial entendi\u00f3 que, por analog\u00eda, se consideraba que se trataba de un acto presunto y, por tanto, estaba sujeto a un plazo de tres meses.<\/p>\n
El Tribunal Supremo ha resuelto esta encrucijada en el sentido de establecer que la facultad de confirmar la veracidad o exactitud de lo manifestado por el interesado en la declaraci\u00f3n responsable o comunicaci\u00f3n previa es consustancial con la duraci\u00f3n de la actividad.<\/p>\n
Los argumentos utilizados por el alto tribunal son los siguientes: a) las declaraciones responsables y comunicaciones previas no son actos de la Administraci\u00f3n, ni siquiera presuntos y por tanto no se les puede aplicar la regulaci\u00f3n de los actos presuntos; b) Por otra parte, de la interpretaci\u00f3n literal del art\u00edculo 69 de la citada Ley 39\/2015 se concluye que las potestades de control han de poderse ejercitar mientras dure la actividad, ya que en la norma no hay ninguna imposici\u00f3n de un plazo efectuada por el Legislador.<\/p>\n
Adem\u00e1s, a\u00f1ade que la norma lo que pretende es una gesti\u00f3n compartida entre la Administraci\u00f3n y los ciudadanos, lo que implica la exigencia al ciudadano de buena fe en las declaraciones presentadas, y en base a ese actuar responsable el Legislador traslada a la Administraci\u00f3n el deber de aceptar la actividad, con la simple manifestaci\u00f3n del ciudadano, y a la vez el derecho a comprobar la veracidad de esas manifestaciones en cualquier momento.<\/p>\n
En \u00faltimo t\u00e9rmino, la sentencia explica que el Legislador, transponiendo la Directiva de Servicios, ha introducido las declaraciones responsables y comunicaciones previas en el derecho espa\u00f1ol, configur\u00e1ndolas como un sistema en el que no hay acto administrativo alguno, sino que es el interesado, con el ejercicio de la actividad, el que asume el riesgo con la ventaja de empezar, sin necesidad de que la Administraci\u00f3n lo autorice.<\/p>\n
As\u00ed pues, en relaci\u00f3n con el desarrollo de actividades estamos ante un tertium genus entre el r\u00e9gimen de autorizaci\u00f3n o licencia previa y la libre prestaci\u00f3n de servicios sin requisito alguno. La declaraci\u00f3n responsable y la comunicaci\u00f3n previa est\u00e1 condicionada a que el ciudadano ponga en conocimiento de la Administraci\u00f3n la intenci\u00f3n de desarrollar la actividad, que re\u00fane los requerimientos que la normativa sectorial establece y que tiene la documentaci\u00f3n que lo acredita.<\/p>\n
Barcelona a 12 de abril de 2023<\/p>\n
Joaquim Sallar\u00e8s Viader<\/p>\n
Abogado<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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