El reciente Real Decreto-ley 5\/2023, de 28 de junio, cuyo t\u00edtulo -en el que aparece desde la guerra de Ucrania hasta la isla de la Palma- es mejor omitir, considera de \u00abextraordinaria y urgente necesidad\u00bb trasponer cinco directivas comunitarias y modificar casi cincuenta leyes, algunas de ellas estructurales de nuestro sistema normativo, a lo que dedica un total de 226 art\u00edculos y un pre\u00e1mbulo de casi sesenta p\u00e1ginas en el que se alude a la urgencia m\u00e1s de cien veces (\u00abdime de qu\u00e9 presumes, \u2026\u00bb). La norma introduce importantes reformas procesales y modifica todas las leyes que regulan los diferentes \u00f3rdenes jurisdiccionales, entre ellas la Ley Reguladora de la Jurisdicci\u00f3n Contencioso-Administrativa (LJCA), de la que se modifican seis preceptos: en concreto, los arts. 37.2, 56.5, 88.3, 89.5, 90.1 y 3.a) y 94.<\/p>\n
La reforma de tales preceptos ya estaba prevista (junto con la de otros art\u00edculos de la LJCA que finalmente no se han modificado) en el caducado Proyecto de Ley de medidas de eficiencia procesal del servicio p\u00fablico de Justicia y con ella se pretende agilizar algunos tr\u00e1mites del proceso y diversos aspectos del recurso de casaci\u00f3n. A tal objeto, el art. 26 del referido Real Decreto-ley: 1) mejora el mecanismo del denominado pleito testigo; 2) establece la posibilidad de suspender los procedimiento de instancia cuando se haya admitido un recurso de casaci\u00f3n sobre la misma cuesti\u00f3n; 3) dota de mayor agilidad a la tramitaci\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n reduciendo los plazos de algunos de sus tr\u00e1mites intermedios; 4) prev\u00e9 la posibilidad de admitir y tramitar de forma preferente un recurso de casaci\u00f3n y suspender los dem\u00e1s que susciten la misma cuesti\u00f3n; y por \u00faltimo, 5) introduce un nuevo supuesto de inter\u00e9s casacional objetivo para la formaci\u00f3n de jurisprudencia. En las p\u00e1ginas que siguen analizar\u00e9 sint\u00e9ticamente tales reformas, junto con su entrada en vigor y el r\u00e9gimen transitorio que para ellas se establece (6).<\/p>\n
1. Mejora del mecanismo del pleito testigo (art. 37.2)<\/strong><\/span><\/p>\n El art. 37 de la LJCA, como es bien sabido, se ocupa en su apartado primero de la acumulaci\u00f3n de procesos y en su apartado segundo del denominado pleito testigo. Seg\u00fan este segundo apartado, cuando est\u00e9 pendiente una pluralidad de recursos \u00abcon id\u00e9ntico objeto\u00bb, y no se hayan acumulado, el \u00f3rgano jurisdiccional, previa audiencia de las partes por un plazo de cinco d\u00edas, deber\u00e1 tramitar uno o varios con car\u00e1cter preferente y suspender los dem\u00e1s hasta que dicte sentencia. La redacci\u00f3n de este precepto se mantiene casi inalterada, pero ahora se a\u00f1ade un nuevo apartado que prev\u00e9 la posibilidad de agrupar los recursos con id\u00e9ntico objeto por grupos o categor\u00edas. Ese nuevo apartado del art. 37.2 tiene la siguiente redacci\u00f3n:<\/p>\n \u00abEn caso de que esa pluralidad de recursos con id\u00e9ntico objeto pudiera, a su vez, Con ello se pretende, dice el pre\u00e1mbulo del Real Decreto-ley, \u00ablograr una mayor eficiencia en la gesti\u00f3n del fen\u00f3meno de la litigiosidad en masa\u00bb, lo que ser\u00e1 de \u00abser\u00e1 de gran utilidad, especialmente para \u00abla Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en relaci\u00f3n con los miles de recursos interpuestos en materia de responsabilidad patrimonial del Estado legislador por los da\u00f1os generados por la declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad de los Reales Decretos que declararon el estado de alarma por raz\u00f3n de la epidemia de COVID-19\u00bb.<\/p>\n 2. Facultad para suspender los procedimientos en la instancia cuando la Sala del Tribunal Supremo haya admitido un recurso de casaci\u00f3n sobre la misma cuesti\u00f3n (art. 56.5)<\/strong><\/span><\/p>\n Con la finalidad, afirma tambi\u00e9n el pre\u00e1mbulo de la norma, de \u00abreducir la actual pendencia en juzgados y tribunales\u00bb, se a\u00f1ade un nuevo apartado al art\u00edculo 56 de la LJCA, que se ocupa de los requisitos de los escritos de demanda y contestaci\u00f3n a la demanda.<\/p>\n Este nuevo apartado 5 dispone que, una vez presentados los escritos de demanda y contestaci\u00f3n, y antes de dictar sentencia, si un juez o tribunal tiene conocimiento, por cualquier medio, de que la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha admitido un recurso de casaci\u00f3n \u00abque presenta una identidad jur\u00eddica sustancial con la cuesti\u00f3n debatida en el recurso del que est\u00e1 conociendo, oir\u00e1 a las partes personadas en el plazo com\u00fan de d\u00edas sobre su posible suspensi\u00f3n, adjunt\u00e1ndoles copia del referido auto\u00bb.<\/p>\n El apartado a\u00f1ade que, presentada las alegaciones o transcurrido el referido plazo, si el \u00f3rgano jurisdiccional aprecia la referida identidad sustancial, y que la resoluci\u00f3n que se dicte en casaci\u00f3n puede ser relevante para resolver el procedimiento, acordar\u00e1 mediante auto su suspensi\u00f3n hasta que se dicte resoluci\u00f3n firme del recurso de casaci\u00f3n. El auto, que no ser\u00e1 recurrible, se remitir\u00e1 a la Secci\u00f3n de enjuiciamiento de la Sala Tercera del Tribunal Supremo indicada en el auto de admisi\u00f3n, que remitir\u00e1 testimonio de la sentencia que recaiga en casaci\u00f3n al juzgado o tribunal remitente.<\/p>\n Una vez recibido dicho testimonio, el juzgado o tribunal alzar\u00e1 la suspensi\u00f3n, dar\u00e1 nuevo tr\u00e1mite de audiencia a las partes para que se pronuncien sobre la incidencia de la sentencia de casaci\u00f3n en su recurso (tambi\u00e9n por un plazo de diez d\u00edas), y continuar\u00e1 la tramitaci\u00f3n del procedimiento, salvo que las partes desistan del recurso o se allanen.<\/p>\n 3. Reducci\u00f3n de plazos en los tr\u00e1mites intermedios de la casaci\u00f3n (arts. 89.5 y 90.1)<\/strong><\/span><\/p>\n La reforma de la LJCA por parte del Real Decreto-ley 5\/2023, de 28 de junio, afecta esencialmente al recurso de casaci\u00f3n, pues, de los seis preceptos que de aqu\u00e9lla se modifican, cuatro corresponden a la regulaci\u00f3n de dicho recurso.<\/p>\n La primera de las modificaciones, que afecta a los arts. 89.5 y 90.1 LJCA, pretende dotar de una mayor agilidad a la tramitaci\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n, para lo cual reduce los plazos previstos en algunos de sus tr\u00e1mites intermedios, esto es, los que tienen lugar entre el escrito de preparaci\u00f3n del recurso y el de su interposici\u00f3n. Por el contrario, el plazo (de treinta d\u00edas) previsto para formular los escritos de preparaci\u00f3n del recurso y los de interposici\u00f3n y oposici\u00f3n se mantiene, seg\u00fan afirma el pre\u00e1mbulo del Real Decreto-ley, \u00abdada su relevancia y elevada complejidad t\u00e9cnica\u00bb.<\/p>\n As\u00ed, el plazo de personaci\u00f3n de las partes ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que sigue a la decisi\u00f3n de la Sala de instancia de tener por preparado el recurso de casaci\u00f3n, se reduce de los treinta d\u00edas anteriores a quince (art. 89.5). Mientras que el plazo de audiencia a las partes personadas que, con car\u00e1cter excepcional, puede acordar la Sala si considera que las caracter\u00edsticas del tema aconseja o\u00edrlas acerca de si el recurso presenta inter\u00e9s casacional objetivo para la formaci\u00f3n de jurisprudencia, se reduce de treinta a veinte d\u00edas (art. 90.1).<\/p>\n La reforma tambi\u00e9n afecta a la letra a) del art. 90.3 de la LJCA. Hasta ahora, para la inadmisi\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n en los supuestos previstos en el art. 88.2 (supuestos en los cu\u00e1les el Tribunal Supremo \u00abpodr\u00e1 apreciar que existe inter\u00e9s casacional objetivo\u00bb) preve\u00eda \u00abla forma de providencia\u00bb. Ahora, sin embargo, se exige \u00abla forma de providencia sucintamente motivada\u00bb.<\/p>\n 4. Admisi\u00f3n y tramitaci\u00f3n preferente de un recurso de casaci\u00f3n y suspensi\u00f3n de los dem\u00e1s que susciten la misma cuesti\u00f3n (art. 94)<\/strong><\/span><\/p>\n En la l\u00ednea de lo ya referido respecto del nuevo art. 56.5 de la LJCA, y ahora con la finalidad de reducir la masiva entrada de asuntos en la Sala Tercera del Tribunal Supremo, tambi\u00e9n se introduce en la LJCA un nuevo art. 94 (el art. 224.6 del Real Decreto-ley, 5\/2023, de 28 de junio, se\u00f1ala que se modifica dicho art. 94, pero no se modifica sino que se introduce ex novo ya que tal precepto hab\u00eda sido suprimido por la Disposici\u00f3n Final 3.1 de la Ley org\u00e1nica 7\/2015, de 21 de julio, de modificaci\u00f3n de la LOPJ).<\/p>\n El precepto permite a la Secci\u00f3n de admisi\u00f3n de la Sala Tercera del Tribunal Supremo que, cuando constate un gran n\u00famero de recursos que \u00absusciten una cuesti\u00f3n jur\u00eddica sustancialmente igual\u00bb, acuerde la admisi\u00f3n de uno o varios de ellos para su tramitaci\u00f3n preferente y suspenda el tr\u00e1mite de admisi\u00f3n de los dem\u00e1s hasta que dicte sentencia.<\/p>\n Una vez dictada sentencia sobre el fondo, se llevar\u00e1 su testimonio a los recursos suspendidos y se notificar\u00e1 a los afectados por la suspensi\u00f3n para que, en el plazo de diez d\u00edas, puedan solicitar la continuaci\u00f3n a tr\u00e1mite de su recurso o desistir de \u00e9l. Si los afectados solicitan la continuaci\u00f3n, deber\u00e1n valorar la incidencia de la sentencia de fondo sobre su recurso.<\/p>\n Realizadas las alegaciones, si la sentencia impugnada en casaci\u00f3n resulta coincidente, en su fallo y fundamento, con lo resuelto por el Tribunal Supremo, se inadmitir\u00e1n por providencia los recursos de casaci\u00f3n pendientes. Por el contrario, si no resultan coincidentes, se dictar\u00e1 auto de admisi\u00f3n y se remitir\u00e1 su conocimiento a la Secci\u00f3n correspondiente, siempre y cuando, claro est\u00e1, el escrito de preparaci\u00f3n cumpla los requisitos del art. 89.2 y el recurso presente inter\u00e9s casacional.<\/p>\n Tras ello, la Secci\u00f3n resolver\u00e1 si contin\u00faa la tramitaci\u00f3n o si dicta sentencia sin m\u00e1s tr\u00e1mite, remiti\u00e9ndose en este caso a lo acordado en la sentencia de referencia. Por su inter\u00e9s reproducimos literalmente el nuevo art. 94 LJCA:<\/p>\n \u00ab1. Cuando por la Secci\u00f3n de admisi\u00f3n de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo se constate la existencia de un gran n\u00famero de recursos que susciten una cuesti\u00f3n jur\u00eddica sustancialmente igual, podr\u00e1 acordar la admisi\u00f3n de uno o varios de ellos, cuando cumplan las exigencias impuestas en el art\u00edculo 89.2 y presenten inter\u00e9s casacional objetivo, para su tramitaci\u00f3n y resoluci\u00f3n preferente, suspendiendo el tr\u00e1mite de admisi\u00f3n de los dem\u00e1s hasta que se dicte sentencia en el primero o primeros.<\/p>\n 2. Una vez dictada sentencia de fondo se llevar\u00e1 testimonio de esta a los recursos suspendidos y se notificar\u00e1 a los interesados afectados por la suspensi\u00f3n, d\u00e1ndoles un plazo de alegaciones de diez d\u00edas a fin de que puedan interesar la continuaci\u00f3n del tr\u00e1mite de su recurso de casaci\u00f3n, o bien desistir del mismo. En caso de que interesen la continuaci\u00f3n valorar\u00e1n la incidencia que la sentencia de fondo dictada por el Tribunal Supremo tiene sobre su recurso.<\/p>\n 3. Efectuadas dichas alegaciones y cuando no se hubiera producido el desistimiento, si la sentencia impugnada en casaci\u00f3n resulta coincidente, en su fallo y raz\u00f3n de decidir, con lo resuelto por la sentencia o sentencias del Tribunal Supremo, se inadmitir\u00e1n por providencia los recursos de casaci\u00f3n pendientes. 4. Remitidas las actuaciones, la Secci\u00f3n resolver\u00e1 si continua con la tramitaci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 92 o si dicta sentencia sin m\u00e1s tr\u00e1mite, remiti\u00e9ndose a lo acordado en la sentencia de referencia y adoptando los dem\u00e1s pronunciamientos que considere necesarios\u00bb.<\/p>\n 5. Un nuevo supuesto de inter\u00e9s casacional para garantizar el cumplimiento de la jurisprudencia del propio Tribunal Supremo (art. 88.3).<\/strong><\/span><\/p>\n Por \u00faltimo, el recurso de casaci\u00f3n contencioso-administrativo se modifica para introducir un nuevo supuesto de inter\u00e9s casacional que colma normativamente una importante laguna, ya que entre los supuestos de inter\u00e9s casacional objetivo que enumeran los apartados 2 y 3 del art. 88 no se contemplaba el de que la sentencia recurrida se apartase o vulnerase la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo.<\/p>\n Carece de sentido, en efecto, que la casaci\u00f3n se configure para la formaci\u00f3n de jurisprudencia y que, sin embargo, no se contemple la posibilidad de invocar como supuesto de inter\u00e9s casacional la vulneraci\u00f3n de la propia jurisprudencia ya formada que la doctrina denunci\u00f3 nada m\u00e1s introducirse la nueva casaci\u00f3n. Consciente de ello, el Tribunal Supremo ha admitido que el supuesto del art. 88.2.a) LJCA (cuando la resoluci\u00f3n recurrida \u00abfije, ante cuestiones sustancialmente iguales, una interpretaci\u00f3n de las normas de Derecho estatal o de la Uni\u00f3n Europea en las que se fundamenta el fallo contradictorio con la que otros \u00f3rganos jurisdiccionales hayan establecido\u00bb) tambi\u00e9n comprende las sentencias del propio Tribunal Supremo [por ejemplo, AATS de 22 de marzo de 2017 (rec. 261\/2017) y de 21 de junio de 2017 (rec. 1193\/2017)].<\/p>\n En cualquier caso, ahora el Real Decreto-ley 5\/2023, de 28 de junio, modifica expresamente la letra b) del art. 88.3 de la LJCA, de modo que se presumir\u00e1 que existe inter\u00e9s casacional objetivo:<\/p>\n \u00abb) Cuando dicha resoluci\u00f3n se aparte de la jurisprudencia existente de modo deliberado por considerarla err\u00f3nea o de modo inmotivado pese a haber sido citada en el debate o ser doctrina asentada\u00bb.<\/p>\n Conviene tener en cuenta que en este supuesto [a diferencia de lo que ocurre en los supuestos de las letras a), d) y e) del propio art. 88.3 y, desde luego, en todo los supuestos del art. 88.2] se consagra una aut\u00e9ntica presunci\u00f3n iuris et de iure de que concurre inter\u00e9s casacional objetivo, de modo que, si la sentencia recurrida en casaci\u00f3n se aparta de la jurisprudencia del Tribunal Supremo de forma deliberada por considerarla err\u00f3nea (lo que casi nunca ocurrir\u00e1) o \u00abde modo inmotivado pese a haber sido citada en el debate o ser doctrina asentada\u00bb, el inter\u00e9s casacional se tiene por acreditado y, en consecuencia, debe admitirse el recurso.<\/p>\n Habr\u00e1 que ver, en todo caso, que entiende el propio Tribunal Supremo por doctrina jurisprudencial \u00abasentada\u00bb, concepto que, para garantizar el respeto a dicha doctrina, deber\u00eda ser interpretado forma restrictiva.<\/p>\n 6. Entrada en vigor y r\u00e9gimen transitorio<\/strong><\/span><\/p>\n Cabe referirse, por \u00faltimo, a la entrada en vigor y al r\u00e9gimen transitorio de estas modificaciones. La reforma de la LJCA entra en vigor, seg\u00fan establece la Disposici\u00f3n Final novena del Real Decreto-ley 5\/2023, de 28 de junio, al mes de su publicaci\u00f3n en el Bolet\u00edn Oficial del Estado, que tuvo lugar el 28 de junio de 2023.<\/p>\n Del r\u00e9gimen transitorio se ocupa la Disposici\u00f3n Transitoria d\u00e9cima del Real Decreto-ley 5\/2023, de 28 de junio. En cuanto a reforma de los arts. 37.2 y 56.5 LJCA, se prev\u00e9 que tales modificaciones ser\u00e1n de aplicaci\u00f3n en todos los procedimientos en los que no se haya dictado sentencia cuando entre en vigor el propio Real Decreto-ley:<\/p>\n \u00ab2. Las modificaciones del apartado 2 del arti\u0301culo 37 y del apartado 5 del arti\u0301culo 56 de la Ley 29\/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccio\u0301n Contencioso-administrativa, sera\u0301n de aplicacio\u0301n a todos los procedimientos en tra\u0301mite en los que no se haya dictado sentencia a la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley\u00bb.<\/p>\n El resto de las modificaciones, que, como se ha visto, afectan a la regulaci\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n, tienen un r\u00e9gimen transitorio diferente. En concreto el siguiente:<\/p>\n \u00ab3. El re\u0301gimen del recurso de casacio\u0301n contencioso-administrativo establecido en este real decreto-ley sera\u0301 de aplicacio\u0301n a las resoluciones de los juzgados y tribunales de ese orden que se dicten con posterioridad a su entrada en vigor.<\/p>\n La modificacio\u0301n del arti\u0301culo 94 de la Ley 29\/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccio\u0301n Contencioso-administrativa, sera\u0301 de aplicacio\u0301n a los recursos de casacio\u0301n que se hubieran preparado y estuvieran pendientes de admisio\u0301n a la entrada en vigor de este real decreto-ley.<\/p>\n A estos efectos, de oficio o a instancia de parte, se podra\u0301 acordar la suspensio\u0301n del tra\u0301mite de admisio\u0301n de estos recursos en atencio\u0301n a cualquiera de los recursos de casacio\u0301n que ya se hubieran admitido antes de la entrada en vigor de este real decreto-ley, que se declarara\u0301n de tramitacio\u0301n y resolucio\u0301n preferente por concurrir los requisitos del citado arti\u0301culo 94\u00bb.<\/p>\n La reforma, al margen del cuestionable instrumento jur\u00eddico utilizado para llevarla a cabo, puede calificarse como positiva en l\u00edneas generales. Pero, l\u00f3gicamente, se queda corta, muy corta. No s\u00f3lo porque no se han introducido otras muchas modificaciones que se contemplaban el art. 19 del citado Proyecto de Ley de medidas de eficiencia procesal del servicio p\u00fablico de Justicia, sino porque el legislador sigue sin abordar un tema capital de nuestra justicia administrativa: la reinstauraci\u00f3n de la doble instancia en el orden contencioso-administrativo, lo que, l\u00f3gicamente, debe comenzar con un nuevo dise\u00f1o de la planta judicial.<\/p>\n Tom\u00e1s Cano Campos<\/strong><\/span> El reciente Real Decreto-ley 5\/2023, de 28 de junio, cuyo t\u00edtulo -en el que aparece desde la guerra de Ucrania hasta la isla de la Palma- es mejor omitir, considera de \u00abextraordinaria y urgente necesidad\u00bb trasponer cinco directivas comunitarias y modificar casi cincuenta leyes, algunas de ellas estructurales de nuestro sistema normativo, a lo que […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[7],"tags":[],"boletin":[],"articulo-lcsp":[],"yoast_head":"\n
\nagruparse por categor\u00edas o grupos que planteen una controversia sustancialmente an\u00e1loga, el \u00f3rgano jurisdiccional, si no se hubieran acumulado, tramitar\u00e1 uno o varios de cada grupo o categor\u00eda con car\u00e1cter preferente, previa audiencia de las partes por plazo com\u00fan de cinco d\u00edas, suspendiendo el curso de los dem\u00e1s en el estado en que se encuentren hasta que se dicte sentencia en los tramitados preferentemente para cada grupo o categor\u00eda\u00bb.<\/p>\n
\nPor el contrario, si la sentencia impugnada en casaci\u00f3n no resulta coincidente, en su fallo y raz\u00f3n de decidir, con lo resuelto por la sentencia o sentencias del Tribunal Supremo, se dictar\u00e1 auto de admisi\u00f3n y se remitir\u00e1 el conocimiento del asunto a la Secci\u00f3n correspondiente, siempre que el escrito de preparaci\u00f3n cumpla las exigencias impuestas en el art\u00edculo 89.2 y presente inter\u00e9s casacional objetivo.<\/p>\n
\nCatedr\u00e1tico de Derecho Administrativo UCM<\/span>
\nConsejero Acad\u00e9mico en Tornos Abogados<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"