La prolongada sequ\u00eda, sobre todo en Catalunya, ha llevado a ver en la desalinizaci\u00f3n privada de agua de mar un recurso para paliar las restricciones, tanto en usos l\u00fadicos, piscinas, gimnasios como tambi\u00e9n por el consumo humano por parte de la hoteler\u00eda, la restauraci\u00f3n y algunos ayuntamientos de municipios tur\u00edsticos.<\/p>\n
Ante lo anterior, a continuaci\u00f3n se expone el r\u00e9gimen jur\u00eddico aplicable en estas instalaciones.<\/p>\n
De entrada, ni la Ley de Aguas de 1985 ni la de Costas de 1988 regularon la desalinizaci\u00f3n de agua de mar ni el establecimiento de plantas desaladoras, ni p\u00fablicas ni privadas.<\/p>\n
La sequ\u00eda de entre los a\u00f1os 1992 y 1995 propici\u00f3 que se aprobara el Real Decreto 1327\/1995, de 28 de julio, que regula las instalaciones de desalinizaci\u00f3n de agua marina o salobre. Este reglamento contemplaba tanto la iniciativa p\u00fablica como la privada en la instalaci\u00f3n de plantas de desalinizaci\u00f3n o desaladoras. En todo caso, el Real Decreto 1327\/1995 fue derogado por la legislaci\u00f3n estatal posterior.<\/p>\n
La aprobaci\u00f3n del vigente Texto Refundido -TRLA- aprobado por el Real decreto legislativo 1\/2001, de 29 de julio, introdujo el art\u00edculo 12 bis -art.13 TRLA- sobre las aguas provenientes de la desalinizaci\u00f3n, con una regulaci\u00f3n que incentivaba la iniciativa privada y no exig\u00eda ning\u00fan t\u00edtulo espec\u00edfico, a pesar de que preve\u00eda un despliegue reglamentario que nunca se lleg\u00f3 a aprobar. A su vez, la Ley 42\/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y Biodiversidad, es la que actualmente regula las aguas procedentes de la desalinizaci\u00f3n.<\/p>\n
Tanto la redacci\u00f3n dada al art\u00edculo 13 del TRLA por la Ley 11\/2005 como por la vigente de Ley 42\/2007 dejan de contener la particular menci\u00f3n que la Ley 46\/1999 hac\u00eda de la iniciativa privada en la instalaci\u00f3n de plantas desaladoras de agua de mar. Sin embargo, no es que se elimine esta iniciativa privada, sino que, de forma m\u00e1s general, se establece que, la actividad de desalinizaci\u00f3n de agua marina o salobre queda sometida al r\u00e9gimen general establecido al TRLA.<\/p>\n
El uso de las aguas desaladas puede ser directo y exclusivo del concesionario o bien objeto de suministro a terceros, supuesto en el que la Administraci\u00f3n hidr\u00e1ulica competente tiene que aprobar el importe m\u00e1ximo y m\u00ednimo de las tarifas.<\/p>\n
En relaci\u00f3n con los diferentes t\u00edtulos habilitantes que deben otorgarse para la implantaci\u00f3n de este tipo de instalaci\u00f3n, el procedimiento b\u00e1sico para la implantaci\u00f3n de una desaladora privada de agua de mar es la correspondiente concesi\u00f3n de dominio p\u00fablico hidr\u00e1ulico que tiene que otorgar la Agencia Catalana del Agua -ACA- en las cuencas intracomunitarias de Catalunya o la Confederaci\u00f3n Hidrogr\u00e1fica del Ebro -CHE-, en las cuencas intercomunitarias. Este procedimiento se regula en los art\u00edculos 13 y 59 a 66 del TRLA y 93 a 102 del RDPH.<\/p>\n
En referencia a los t\u00edtulos de la Ley de Costas, \u00fanicamente en el caso de instalaci\u00f3n de las desaladoras en el dominio p\u00fablico mar\u00edtimo se exige autorizaci\u00f3n para instalaciones desmontables (arte. 51) y la concesi\u00f3n para infraestructuras fijas (arte. 64). A su vez, si la planta desaladora se ubica en un puerto, estar\u00e1 sujeto a la correspondiente autorizaci\u00f3n o concesi\u00f3n del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado. Finalmente, el vertido en el mar de las salmueras resultantes de la desalinizaci\u00f3n, por medio de un emisario submarino, exige la autorizaci\u00f3n del \u00f3rgano competente de la Comunidad Aut\u00f3noma, que regula el art\u00edculo 156 del Reglamento de la Ley de Costas, aprobado por el Real Decreto 876\/2014, de 10 de octubre.<\/p>\n
En suelo no urbanizable y ante la imprevisi\u00f3n del planeamiento, se podr\u00e1 acudir a la aprobaci\u00f3n de proyectos de actuaci\u00f3n especifica de inter\u00e9s p\u00fablico en suelo no urbanizable, regulados por los art\u00edculos 47, 48 y 48 bis del Texto refundido de la Ley de urbanismo de Catalu\u00f1a -TRLUC-, aprobado por el Decreto Legislativo 1\/2010, de 3 de agosto. La aprobaci\u00f3n de estos proyectos de actuaci\u00f3n espec\u00edfica de inter\u00e9s p\u00fablico en sol no urbanizable es imprescindible por la posterior obtenci\u00f3n de la licencia municipal de obras.<\/p>\n
En relaci\u00f3n con los procedimientos de evaluaci\u00f3n de impacto ambiental (art\u00edculo 129 del TRLA), las obras hidr\u00e1ulicas de inter\u00e9s general est\u00e1n sujetas al procedimiento de evaluaci\u00f3n del impacto ambiental en conformidad con la legislaci\u00f3n espec\u00edfica. En este sentido, la Ley 21\/2013, de 9 de diciembre, de evaluaci\u00f3n ambiental, somete a evaluaci\u00f3n de impacto ambiental simplificada, las instalaciones de desalinizaci\u00f3n de m\u00e1s de 3.000 m\u00b3 diarios.<\/p>\n
Finalmente, el art\u00edculo 26.5 del TRLAC establece que est\u00e1n sujetos a licencia las obras que no respondan a un inter\u00e9s supramunicipal y agoten la funcionalidad en el t\u00e9rmino municipal en el cual se realizan.<\/p>\n
Cuesti\u00f3n diferente es la autorizaci\u00f3n ambiental integrada regulada por el Texto Refundido de la Ley estatal de prevenci\u00f3n y control integral de la contaminaci\u00f3n, aprobado por el Real decreto legislativo 1\/2016, de 16 de diciembre, y la Ley catalana 20\/2009, de 4 de diciembre, de prevenci\u00f3n y control ambiental de actividades. Aun as\u00ed, ninguna de estas dos normas contempla las plantas desaladoras ni como objeto de autorizaci\u00f3n ambiental integrada ni, a la Ley catalana, como objeto de licencia ambiental municipal, ni siquiera exige comunicaci\u00f3n previa. Cuesti\u00f3n diferente es que por clase y la cantidad de productos qu\u00edmicos almacenados, sea exigible la autorizaci\u00f3n ambiental de la Generalitat o la licencia ambiental municipal.<\/p>\n
En conclusi\u00f3n, la instalaci\u00f3n de plantas desaladoras privadas o municipales exige una tramitaci\u00f3n administrativa no despreciable. En todo caso, podr\u00eda ser posible que en el despliegue del Plan especial de sequ\u00eda que tiene que llevar a cabo el Gobierno de la Generalitat y\/o el Departamento competente, este procedimiento se pueda aligerar.<\/p>\n
Barcelona, 2 de abril 2024<\/p>\n
Tornos Abogados<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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