{"id":15399,"date":"2025-11-19T15:18:08","date_gmt":"2025-11-19T14:18:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.tornosabogados.com\/?p=15399"},"modified":"2025-11-19T17:15:59","modified_gmt":"2025-11-19T16:15:59","slug":"administrativo-general-reforma-por-la-ley-9-2025-del-regimen-de-actividad-de-las-administraciones-catalanas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.tornosabogados.com\/ca\/administrativo-general-reforma-por-la-ley-9-2025-del-regimen-de-actividad-de-las-administraciones-catalanas\/","title":{"rendered":"ADMINISTRATIVO GENERAL-Reforma por la Ley 9\/2025 del r\u00e9gimen de actividad de las Administraciones catalanas"},"content":{"rendered":"
\n

En el contexto de la estrategia auton\u00f3mica de transformaci\u00f3n y mejora de los servicios p\u00fablicos de las Administraciones catalanas, el Parlamento de Catalu\u00f1a ha aprobado la Ley 9\/2025, que modifica la Ley 26\/2010, de r\u00e9gimen jur\u00eddico y de procedimiento de las administraciones p\u00fablicas de Catalu\u00f1a.<\/p>\n

La reforma incide en numerosos aspectos del t\u00edtulo II de la Ley 26\/2010, as\u00ed: ampliaci\u00f3n del contenido del derecho a una atenci\u00f3n adecuada con la inclusi\u00f3n del derecho a un trato correcto, respetuoso, accesible, adaptado y que cuente con el apoyo a la toma de decisiones; garant\u00eda de la atenci\u00f3n presencial mediante la limitaci\u00f3n de la cita previa; ampliaci\u00f3n del contenido del derecho a una buena administraci\u00f3n, incluyendo, entre otros, el derecho a la claridad y comprensibilidad del lenguaje administrativo; reconocimiento del principio de confianza y el derecho de las personas a rectificar los errores frente a la administraci\u00f3n; reconocimiento del derecho de las personas a no ser perjudicadas por un error administrativo en las prestaciones destinadas a garantizar las necesidades esenciales de subsistencia; adici\u00f3n de dos nuevos principios generales, a saber, el de proactividad y el de buena administraci\u00f3n, fundado en el principio de confianza rec\u00edproca; introducci\u00f3n de una nueva regulaci\u00f3n sobre los servicios proactivos y personalizados; y el establecimiento de un informe anual sobre el estado de la atenci\u00f3n ciudadana.<\/p>\n<\/blockquote>\n

I. REFORMA DE LA LEY 26\/2010 POR LA LEY 9\/2025: DERECHOS DE LOS CIUDADANOS, PRINCIPIOS DE LA ACTUACI\u00d3N ADMINISTRATIVA Y MEDIDAS DE SIMPLIFICACI\u00d3N ADMINISTRATIVA<\/strong><\/p>\n

El Parlamento de Catalu\u00f1a, mediante la Ley 9\/2025, de 13 de noviembre, ha modificado la Ley 26\/2010, de r\u00e9gimen jur\u00eddico y de procedimiento de las administraciones p\u00fablicas de Catalu\u00f1a. Esta modificaci\u00f3n ha entrado en vigor el 15 de noviembre de 2025<\/strong> (disposici\u00f3n final segunda).<\/p>\n

El objeto de la reforma se centra en el t\u00edtulo II de la Ley 26\/2010, relativo a la \u201cactuaci\u00f3n administrativa\u201d. En concreto, resultan afectados sus cap\u00edtulos I (\u201cderechos y deberes de los ciudadanos\u201d), II (\u201cprincipios de la actuaci\u00f3n administrativa\u201d) y III (\u201cmedidas de simplificaci\u00f3n administrativa\u201d). Finalmente, se incluye una disposici\u00f3n adicional primera sobre \u201cindicadores y rendici\u00f3n de cuentas\u201d.<\/p>\n

\n

La finalidad perseguida con esta modificaci\u00f3n legislativa, seg\u00fan se reconoce en el pre\u00e1mbulo de la Ley 9\/2025, es \u201cgarantizar una atenci\u00f3n m\u00e1s adecuada a la ciudadan\u00eda, reforzar el derecho a una buena administraci\u00f3n y adaptar la actuaci\u00f3n administrativa a los nuevos modelos de prestaci\u00f3n de servicios p\u00fablicos\u201d. Y ello por la raz\u00f3n de que \u201cla experiencia en la aplicaci\u00f3n de esta norma [Ley 26\/2010] y la evoluci\u00f3n de las necesidades sociales e institucionales han puesto de manifiesto la necesidad de revisar determinados preceptos\u201d.<\/p>\n<\/blockquote>\n

La nueva regulaci\u00f3n est\u00e1 inspirada, en gran medida, en los trabajos realizados por la Comisi\u00f3n de Expertos para la Definici\u00f3n de la Estrategia de Transformaci\u00f3n de la Administraci\u00f3n de la Generalitat de Catalu\u00f1a y la Mejora de los Servicios P\u00fablicos (CETRA). El a\u00f1o pasado, la Generalitat comenz\u00f3 un nuevo proceso de reforma que se inici\u00f3 formalmente con el Acuerdo de Gobierno de 8 de octubre de 2024, mediante el cual se impuls\u00f3 la elaboraci\u00f3n de una estrategia de transformaci\u00f3n y mejora de los servicios p\u00fablicos en el \u00e1mbito de la Administraci\u00f3n de la Generalitat y se aprob\u00f3, de entrada, un plan de choque con diecisiete medidas de aplicaci\u00f3n urgente. En ese mismo Acuerdo tambi\u00e9n se anunci\u00f3 la creaci\u00f3n de la mencionada Comisi\u00f3n de Expertos, como \u00f3rgano de estudio y asesoramiento en el impulso de este proceso de reforma. La Comisi\u00f3n culmin\u00f3 su trabajo con la aprobaci\u00f3n de un informe final que recoge \u201c50 propuestas para la Reforma de la Administraci\u00f3n\u201d.<\/p>\n

Debe advertirse, sin embargo, que las novedades introducidas por la reforma son de aplicaci\u00f3n, salvo disposici\u00f3n expresa en contrario, al conjunto de Administraciones p\u00fablicas de Catalu\u00f1a, por tanto, no \u00fanicamente a la Administraci\u00f3n de la Generalitat, sino tambi\u00e9n al conjunto de Administraciones locales catalanas y a la Administraci\u00f3n de Aran. Esto es coherente con el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n propio de la Ley 26\/2010, especificado en su art\u00edculo 3.<\/p>\n

En relaci\u00f3n con la cobertura financiera de la reforma legal operada, la disposici\u00f3n final primera de la Ley 9\/2025, bajo la r\u00fabrica de \u201chabilitaci\u00f3n presupuestaria\u201d, establece que \u201clos preceptos que conllevan gastos con cargo a los presupuestos de la Generalitat producen efectos a partir del primer d\u00eda de la entrada en vigor de la ley de presupuestos correspondiente al ejercicio presupuestario inmediatamente posterior a la entrada en vigor de la presente ley\u201d.<\/p>\n

A continuaci\u00f3n, exponemos, de manera ordenada y descriptiva, los cambios regulatorios introducidos en la Ley 26\/2010 por obra de la Ley 9\/2025.<\/p>\n

II. MODIFICACI\u00d3N DEL CAP\u00cdTULO I RELATIVO A \u201cDERECHOS Y DEBERES DE LOS CIUDADANOS\u201d<\/strong><\/p>\n

Del cap\u00edtulo I de la Ley 26\/2010 resultan modificados los art\u00edculos 21 y 22 y se adicionan dos nuevos, los art\u00edculos 22 bis y 22 ter. Desde una perspectiva sustantiva, los cambios operados por la reforma son los siguientes:<\/p>\n

1) Ampliaci\u00f3n del contenido del derecho a una atenci\u00f3n adecuada: derecho a un trato correcto, respetuoso, accesible, adaptado y que cuente con el apoyo a la toma de decisiones<\/strong> (modificaci\u00f3n del art\u00edculo 21.1 de la Ley 26\/2010). La Ley ya reconoc\u00eda el derecho de los ciudadanos, en sus relaciones con las administraciones p\u00fablicas, a una atenci\u00f3n adecuada y no discriminatoria. La novedad es que ahora se especifica que esa atenci\u00f3n adecuada \u201cincluye el derecho a un trato correcto, respetuoso y accesible, con las preceptivas adaptaciones y apoyo a la toma de decisiones, de acuerdo con la Convenci\u00f3n sobre los derechos de las personas con discapacidad y los dem\u00e1s tratados internacionales\u201d.<\/p>\n

2) Garant\u00eda de la atenci\u00f3n presencial mediante la limitaci\u00f3n de la cita previa<\/strong> (nuevo apartado 4 del art\u00edculo 21 de la Ley 26\/2010). El legislador advierte de manera expresa que: \u201cLa cita previa no puede ser obligatoria en ning\u00fan caso y solo puede establecerse para mejorar los servicios de atenci\u00f3n presencial\u201d. Un doble contenido, por tanto, de esta regulaci\u00f3n de la cita previa como condici\u00f3n para el acceso a los servicios presenciales de la administraci\u00f3n p\u00fablica. Por un lado, la prohibici\u00f3n legal de que la cita previa sea, en ning\u00fan caso, obligatoria. Y, por el otro, su establecimiento queda sometido a la condici\u00f3n legal de que sirva para mejorar los servicios de atenci\u00f3n presencial. Seg\u00fan el pre\u00e1mbulo de la Ley 9\/2025, \u201cesta modificaci\u00f3n tiene el objetivo de garantizar el derecho a una atenci\u00f3n adecuada, que puede verse vulnerado cuando el acceso a la administraci\u00f3n se condiciona a mecanismos de gesti\u00f3n que, en determinadas circunstancias, dificultan o impiden el ejercicio efectivo de los derechos de los ciudadanos ante la administraci\u00f3n, especialmente en el caso de colectivos vulnerables o afectados por la brecha digital\u201d.<\/p>\n

3) Ampliaci\u00f3n del contenido del derecho a una buena administraci\u00f3n<\/strong> (modificaci\u00f3n del art\u00edculo 22 de la Ley 26\/2010). La finalidad de esta ampliaci\u00f3n, seg\u00fan el pre\u00e1mbulo de la Ley 9\/2025, es \u201cavanzar hacia una administraci\u00f3n m\u00e1s accesible, comprensible, eficiente y orientada a las necesidades de las personas\u201d. En concreto, se adicionan los siguientes derechos como contenido del, a su vez, m\u00e1s amplio derecho del ciudadano a una buena administraci\u00f3n:<\/p>\n

A) Derecho a la claridad y comprensibilidad del lenguaje administrativo. Con esta finalidad, se a\u00f1ade esta perspectiva a dos de los derechos ya reconocidos legalmente:<\/p>\n

a) De entrada, se advierte que el derecho a que las decisiones de las administraciones p\u00fablicas est\u00e9n motivadas requiere que dicha motivaci\u00f3n se realice \u201cen lenguaje claro y comprensible\u201d (art\u00edculo 22.1.c) de la Ley 26\/2010).<\/p>\n

b) Y, en segundo lugar, se advierte tambi\u00e9n que el derecho a obtener una resoluci\u00f3n expresa exige que dicha resoluci\u00f3n sea \u201cclara y comprensible\u201d (art\u00edculo 22.1.d) de la Ley 26\/2010).<\/p>\n

B) Derecho a la prestaci\u00f3n proactiva y personalizada de los servicios p\u00fablicos (nuevo apartado g) del art\u00edculo 22.1 de la Ley 26\/2010).<\/p>\n

C) Derecho a la tramitaci\u00f3n unificada de los procedimientos para la gesti\u00f3n, de forma simult\u00e1nea o secuencial, de los tr\u00e1mites que correspondan ante las diferentes administraciones p\u00fablicas (nuevo apartado h) del art\u00edculo 22.1 de la Ley 26\/2010).<\/p>\n

4) Principio de confianza y derecho de las personas a rectificar los errores frente a la administraci\u00f3n<\/strong> (nuevo art\u00edculo 22 bis de la Ley 26\/2010). Lo que se persigue con la adici\u00f3n de este nuevo art\u00edculo, seg\u00fan establece el pre\u00e1mbulo de la Ley 9\/2025, es \u201creconocer el derecho de las personas a rectificar los errores ante la administraci\u00f3n, en el marco del principio de confianza rec\u00edproca y de la debida diligencia. Esta regulaci\u00f3n (\u2026) toma como base el hecho de que la atribuci\u00f3n y el ejercicio de las potestades administrativas y las relaciones de las personas con la administraci\u00f3n se fundamentan en el principio de la confianza rec\u00edproca en la acci\u00f3n correcta y leg\u00edtima de esta, de los empleados p\u00fablicos y de la ciudadan\u00eda\u201d. El contenido de esta nueva regulaci\u00f3n es el siguiente:<\/p>\n

A) Principio de confianza rec\u00edproca entre administraci\u00f3n, sus empleados p\u00fablicos y los ciudadanos. Este principio es el fundamento de las potestades administrativas y de las relaciones de las personas con la administraci\u00f3n: \u201cLa atribuci\u00f3n y el ejercicio de las potestades administrativas y las relaciones de las personas con la administraci\u00f3n se fundamentan en el principio de la confianza rec\u00edproca en la acci\u00f3n correcta y leg\u00edtima de esta, de sus empleados p\u00fablicos y de la ciudadan\u00eda\u201d (apartado segundo).<\/p>\n

B) Derecho de las personas a rectificar los errores ante la administraci\u00f3n. Este derecho se reconoce, en general, a las \u201cpersonas\u201d y frente a la administraci\u00f3n \u201cen Catalu\u00f1a\u201d, aunque se salvaguardan las competencias estatales: \u201cDe acuerdo con el principio de confianza en las relaciones jur\u00eddicas administrativas, las personas tienen derecho a rectificar sus errores frente a la administraci\u00f3n en Catalu\u00f1a, respetando en todo caso las competencias del Estado\u201d (apartado primero). N\u00f3tese que la referencia no va dirigida a la administraci\u00f3n \u201ccatalana\u201d, sino a la que est\u00e9 situada \u201cen Catalu\u00f1a\u201d.<\/p>\n

C) Limitaci\u00f3n de la responsabilidad de los empleados p\u00fablicos \u00fanicamente a las acciones u omisiones llevadas a cabo con dolo o culpa o negligencia grave (apartado tercero).<\/p>\n

Se define legalmente lo que debe entenderse por culpa o negligencia grave: \u201cla flagrante violaci\u00f3n de las normas de prudencia, pericia y diligencia debida y la omisi\u00f3n de las precauciones, comprobaciones e informaciones previas normalmente exigibles en la actividad administrativa al funcionario p\u00fablico en funci\u00f3n de la competencia espec\u00edfica y en relaci\u00f3n con el caso concreto, teniendo en cuenta los est\u00e1ndares de buena administraci\u00f3n\u201d (apartado cuarto).<\/p>\n

Se advierte expresamente que no cabe calificar de culpa o negligencia grave el error del empleado p\u00fablico si se cumplen determinadas condiciones, a saber, que act\u00fae de manera diligente, de buena y sin fraude: \u201cel error cometido por el empleado p\u00fablico actuando con la debida diligencia, de buena fe y sin fraude no es un supuesto de culpa o negligencia grave\u201d (apartado quinto).<\/p>\n

D) Mecanismo legal para evitar la imposici\u00f3n de sanciones derivadas de errores materiales o formales cometidos de forma no fraudulenta. Como novedad, el apartado sexto establece que \u201cla persona f\u00edsica o jur\u00eddica que haya infringido por primera vez una norma aplicable a su situaci\u00f3n o haya cometido errores materiales o formales al informar de sus datos o de su situaci\u00f3n dentro del plazo legal o reglamentariamente establecido no puede ser objeto de sanci\u00f3n pecuniaria o consistente en la privaci\u00f3n total o parcial de una prestaci\u00f3n a la que pueda tener derecho de acuerdo con la normativa vigente\u201d.<\/p>\n

La exclusi\u00f3n de la posibilidad de sancionar, sin embargo, se condiciona al cumplimiento de dos requisitos:<\/p>\n

a) Buena fe y ausencia de fraude: que \u201c la persona haya actuado de buena fe y sin fraude en el momento de cometer el error\u201d (apartado sexto).<\/p>\n

b) Subsanaci\u00f3n del error y regularizaci\u00f3n de la situaci\u00f3n: que \u201cla persona subsane el error y regularice su situaci\u00f3n, ya sea a solicitud propia o por invitaci\u00f3n de oficio de la administraci\u00f3n, que le debe indicar el plazo para hacerlo teniendo en cuenta, con la diligencia debida propia del derecho a una buena administraci\u00f3n, su situaci\u00f3n particular\u201d (apartado sexto).<\/p>\n

Con relaci\u00f3n a esta regulaci\u00f3n (establecida en el apartado sexto), la ley advierte que \u201cla administraci\u00f3n debe ponderar con la diligencia debida las circunstancias espec\u00edficas del caso, debe resolver si existe el derecho a subsanar el error y debe fundamentar y motivar su decisi\u00f3n con el debido cuidado\u201d (apartado s\u00e9ptimo).<\/p>\n

Esta regulaci\u00f3n que permite excluir la posibilidad de sancionar (apartados sexto y s\u00e9ptimo) no resulta de aplicaci\u00f3n en los dos siguientes casos:<\/p>\n

a) Mala fe o fraude: \u201csi la persona ha actuado de mala fe o existe fraude\u201d (apartado octavo).<\/p>\n

Respecto a esta exclusi\u00f3n, la ley aclara que \u201cla determinaci\u00f3n de la mala fe o del fraude corresponde a la administraci\u00f3n, que puede tener en cuenta el comportamiento pasado de la persona ante la propia administraci\u00f3n, y as\u00ed lo debe acreditar en una resoluci\u00f3n debidamente motivada\u201d (apartado noveno).<\/p>\n

b) Supuestos expresamente excluidos: \u201csi las consecuencias negativas para la persona, incluida la privaci\u00f3n total o parcial de una prestaci\u00f3n, derivan de las siguientes circunstancias: 1.\u00aa Aplicaci\u00f3n de normas del derecho de la Uni\u00f3n Europea. 2.\u00aa Vulneraci\u00f3n o incumplimiento de normas que preservan directamente la salud p\u00fablica o la seguridad de las personas, de los bienes o del medio. 3.\u00aa Estipulaciones incluidas en contratos de la administraci\u00f3n\u201d (apartado octavo).<\/p>\n

5) Derecho de las personas a no ser perjudicadas por un error administrativo en las prestaciones destinadas a garantizar las necesidades esenciales de subsistencia<\/strong> (nuevo art\u00edculo 22 ter de la Ley 26\/2010). Seg\u00fan el pre\u00e1mbulo de la Ley 9\/2025, la adici\u00f3n de este nuevo precepto legal tiene como finalidad \u201creconocer el derecho de las personas a no resultar perjudicadas por errores administrativos o malas pr\u00e1cticas en la gesti\u00f3n p\u00fablica, concretamente en relaci\u00f3n con prestaciones vinculadas a la cobertura de necesidades b\u00e1sicas\u201d. Como fundamento jurisprudencial, se a\u00f1ade que \u201ceste precepto se inspira en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Supremo espa\u00f1ol, y establece garant\u00edas espec\u00edficas para proteger los derechos de las personas ante situaciones de indefensi\u00f3n derivadas exclusivamente de la actuaci\u00f3n incorrecta de la administraci\u00f3n\u201d. El contenido de esta nueva regulaci\u00f3n es el siguiente:<\/p>\n

A) No obligaci\u00f3n de devoluci\u00f3n de prestaciones indebidamente percibidas que garanticen necesidades esenciales de subsistencia (apartado primero). El reconocimiento de esta no obligaci\u00f3n de devoluci\u00f3n se limita a las personas f\u00edsicas. Alcanza no solamente al importe principal, sino tambi\u00e9n a los intereses. Y se condiciona legalmente al cumplimiento de determinados requisitos:<\/p>\n

a) Que se trate de \u201cprestaciones destinadas a garantizar las necesidades esenciales de subsistencia\u201d.<\/p>\n

b) Que se trate de un \u201cpago indebido\u201d, esto es, que estemos ante una \u201cprestaci\u00f3n indebidamente percibida\u201d.<\/p>\n

c) Que el pago indebido se deba a una mala actuaci\u00f3n de la administraci\u00f3n, esto es, que derive \u201cde un error administrativo o de una actuaci\u00f3n administrativa indebida, sin la debida diligencia\u201d.<\/p>\n

d) Que la persona beneficiaria \u201cno haya contribuido, por acci\u00f3n u omisi\u00f3n, a la producci\u00f3n del error administrativo\u201d.<\/p>\n

e) Que \u201cel error administrativo sea imputable exclusivamente a la administraci\u00f3n\u201d.<\/p>\n

B) De manera un tanto ambigua, \u201cen los casos a que se refiere el apartado 1\u201d, el apartado segundo del art\u00edculo 22 ter de la Ley 26\/2010 impone a la administraci\u00f3n determinados deberes:<\/p>\n

a) Deber de \u201ciniciar el procedimiento de reintegro del importe principal de la prestaci\u00f3n, pero no puede exigir importe alguno en concepto de intereses de demora o de cualquier otro tipo de recargo, de acuerdo con los principios de proporcionalidad, equidad y buena administraci\u00f3n\u201d.<\/p>\n

b) Deber de efectuar \u201cplanes de devoluci\u00f3n flexibles y ajustados a la capacidad econ\u00f3mica de las personas\u201d, de nuevo \u201cde acuerdo\u201d con los principios antes se\u00f1alados.<\/p>\n

C) Finalmente, el apartado tercero del nuevo art\u00edculo impone otros deberes a la administraci\u00f3n, \u201cde acuerdo con los principios de seguridad jur\u00eddica y de protecci\u00f3n de la confianza leg\u00edtima\u201d:<\/p>\n

a) Deber de \u201cvalorar con la diligencia debida las circunstancias espec\u00edficas del caso\u201d.<\/p>\n

b) Deber de \u201cfundamentar y motivar adecuadamente la decisi\u00f3n de no exigir los intereses correspondientes\u201d.<\/p>\n

III. MODIFICACI\u00d3N DEL CAP\u00cdTULO II RELATIVO A \u201cPRINCIPIOS DE LA ACTUACI\u00d3N ADMINISTRATIVA\u201d<\/strong><\/p>\n

Del cap\u00edtulo III de la Ley 26\/2010, la reforma solamente afecta al apartado segundo del art\u00edculo 31. Este precepto contiene el listado de \u201cprincipios generales\u201d que rigen el ejercicio de las funciones de las administraciones p\u00fablicas en Catalu\u00f1a. Pues bien, la modificaci\u00f3n tiene como objeto la adici\u00f3n de dos nuevos principios<\/strong>, con la finalidad, seg\u00fan se reconoce en el pre\u00e1mbulo de la Ley 9\/2025, de \u201creforzar los principios generales de actuaci\u00f3n administrativa\u201d. Los principios que se adicionan son los siguientes:<\/p>\n

1) Nuevo principio und\u00e9cimo: \u201cProactividad, accesibilidad universal, personalizaci\u00f3n de los servicios y equidad territorial en el acceso a los servicios\u201d.<\/p>\n

2) Nuevo principio duod\u00e9cimo: \u201cBuena administraci\u00f3n, de acuerdo con los principios de racionalidad, eficiencia, econom\u00eda, objetividad, eficacia, coordinaci\u00f3n y confianza en las relaciones jur\u00eddicas administrativas. La atribuci\u00f3n y el ejercicio de las potestades administrativas y las relaciones de las personas con la administraci\u00f3n se fundamentan en el principio de la confianza rec\u00edproca en la acci\u00f3n correcta y leg\u00edtima de esta, de sus empleados p\u00fablicos y de la ciudadan\u00eda.\u00bb<\/p>\n

IV. MODIFICACI\u00d3N DEL CAP\u00cdTULO III RELATIVO A \u201cMEDIDAS DE SIMPLIFICACI\u00d3N ADMINISTRATIVA\u201d<\/strong><\/p>\n

En relaci\u00f3n con el cap\u00edtulo III, se introduce un art\u00edculo -el 40 bis- en la Ley 26\/2010, \u201cpara regular las condiciones de prestaci\u00f3n de los servicios proactivos y personalizados. Con esta figura se pretende garantizar una actuaci\u00f3n administrativa que, mediante el uso responsable de los datos disponibles y con pleno respeto por la normativa de protecci\u00f3n de datos, anticipe las necesidades de la ciudadan\u00eda y facilite la gesti\u00f3n simult\u00e1nea o secuencial de tr\u00e1mites vinculados a un mismo hecho vital\u201d (pre\u00e1mbulo de la Ley 9\/2025). El contenido de esta nueva regulaci\u00f3n, relativa a los servicios proactivos y personalizados<\/strong>, es el siguiente:<\/p>\n

1) Posibilidad de prestar servicios proactivos y personalizados: \u201cLas administraciones p\u00fablicas de Catalu\u00f1a pueden prestar servicios proactivos y personalizados mediante los canales electr\u00f3nicos establecidos, con el objetivo de adaptarse a las necesidades de la ciudadan\u00eda y mejorar la eficiencia en la prestaci\u00f3n de servicios p\u00fablicos, en el marco de la normativa sectorial aplicable y de acuerdo con la normativa de protecci\u00f3n de datos\u201d (apartado primero).<\/p>\n

2) Definici\u00f3n legal de servicios proactivos y personalizados: \u201cSe entiende por servicios proactivos y personalizados los servicios que, bas\u00e1ndose en la informaci\u00f3n obtenida por las administraciones p\u00fablicas en el \u00e1mbito de sus competencias y en otras informaciones y datos aportados por las personas interesadas, pueden ofrecerse de forma anticipada, predictiva y automatizada. La comunicaci\u00f3n de un servicio proactivo no implica, de por s\u00ed, en ning\u00fan caso, la iniciaci\u00f3n de un procedimiento administrativo\u201d (apartado segundo).<\/p>\n

3) Requisito del consentimiento de la persona interesada: \u201cLa prestaci\u00f3n de servicios proactivos y personalizados requiere el consentimiento expreso y espec\u00edfico, informado e inequ\u00edvoco de la persona interesada. Este consentimiento debe otorgarse de forma libre y espec\u00edfica para cada servicio, indicando clara y detalladamente los datos a tratar y la finalidad concreta del tratamiento. Para cumplir el car\u00e1cter espec\u00edfico e informado del consentimiento, la descripci\u00f3n del servicio de que se trate debe ser lo suficientemente detallada para permitir a la persona decidir las condiciones de perfilado de su persona para el ofrecimiento de este. No se permiten descripciones gen\u00e9ricas o globales, ni consentimientos generales o indefinidos\u201d (apartado tercero).<\/p>\n

4) Obligaci\u00f3n de informaci\u00f3n de la administraci\u00f3n con car\u00e1cter previo a la obtenci\u00f3n del consentimiento de la persona interesada: \u201cAntes de obtener el consentimiento para la prestaci\u00f3n de servicios proactivos y personalizados, debe informarse a las personas afectadas de todos los aspectos que requiere la normativa de protecci\u00f3n de datos, especialmente sobre la elaboraci\u00f3n de perfiles, la l\u00f3gica aplicada y las consecuencias que pueden derivarse\u201d (apartado cuarto).<\/p>\n

5) Posibilidad de revocaci\u00f3n del consentimiento otorgado por la persona interesada: \u201cLas personas afectadas por la prestaci\u00f3n de servicios proactivos y personalizados deben poder revocar en cualquier momento los consentimientos mediante un sistema f\u00e1cilmente accesible y, si procede, rectificar los datos que sean inexactos o est\u00e9n desactualizados\u201d (apartado quinto).<\/p>\n

6) Registro administrativo de consentimientos: \u201cLas administraciones p\u00fablicas deben disponer de un registro de consentimientos que permita gestionar el consentimiento para la prestaci\u00f3n de servicios proactivos y personalizados, y deben cumplir los requerimientos de la normativa aplicable y, concretamente, la normativa de protecci\u00f3n de datos, incluyendo, como m\u00ednimo, los siguientes datos: a) Las personas que han otorgado el consentimiento para la prestaci\u00f3n de servicios proactivos: b) Los datos objeto de tratamiento para cada servicio; c) Los servicios para los que se ha concedido el consentimiento y las condiciones espec\u00edficas aplicables\u201d (apartado sexto).<\/p>\n

V. DISPOSICI\u00d3N ADICIONAL PRIMERA: INFORME ANUAL SOBRE EL ESTADO DE LA ATENCI\u00d3N CIUDADANA<\/strong><\/p>\n

La disposici\u00f3n adicional primera de la Ley 9\/2025, bajo la r\u00fabrica de \u201cindicadores y rendici\u00f3n de cuentas\u201d, impone al Gobierno de la Generalitat la obligaci\u00f3n de presentar al Parlamento de Catalu\u00f1a un informe sobre el estado de la atenci\u00f3n ciudadana en las administraciones p\u00fablicas de Catalu\u00f1a<\/strong> (apartado primero). Complementariamente, configura este informe en los siguientes t\u00e9rminos:<\/p>\n

1) \u00c1mbito. Seg\u00fan la literalidad del precepto legal, el objeto del informe debe alcanzar el estado de la atenci\u00f3n ciudadana \u201cen las administraciones p\u00fablicas de Catalu\u00f1a\u201d, por tanto, no limit\u00e1ndose \u00fanicamente a la Administraci\u00f3n de la Generalitat (apartado primero).<\/p>\n

2) Periodicidad. Es un informe \u201canual\u201d, que debe ser presentado al Parlamento \u201cdurante el primer semestre del a\u00f1o siguiente\u201d (apartado primero).<\/p>\n

3) Contenido m\u00ednimo. El informe \u201cdebe incluir, como m\u00ednimo, indicadores relativos a la atenci\u00f3n presencial, el tiempo medio de espera para la atenci\u00f3n, el uso de la cita previa, el n\u00famero de quejas y reclamaciones formuladas, y el impacto territorial desglosado por veguer\u00edas\u201d (apartado segundo).<\/p>\n

4) Publicidad. El informe \u201cdebe hacerse p\u00fablico, en el mismo plazo indicado por el apartado primero en el Portal de Transparencia\u201d, esto es, en el primer semestre del a\u00f1o siguiente (apartado tercero).<\/p>\n

5) Utilidad. El informe \u201cdebe servir para evaluar la eficacia de las pol\u00edticas de atenci\u00f3n ciudadana y las medidas de accesibilidad universal aplicadas por las administraciones p\u00fablicas de Catalu\u00f1a\u201d (apartado tercero).<\/p>\n

Descargar documento<\/a><\/p>\n

Barcelona, a 19 de noviembre de 2025<\/p>\n

Tornos Abogados<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

En el contexto de la estrategia auton\u00f3mica de transformaci\u00f3n y mejora de los servicios p\u00fablicos de las Administraciones catalanas, el Parlamento de Catalu\u00f1a ha aprobado la Ley 9\/2025, que modifica la Ley 26\/2010, de r\u00e9gimen jur\u00eddico y de procedimiento de las administraciones p\u00fablicas de Catalu\u00f1a. La reforma incide en numerosos aspectos del t\u00edtulo II de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":15403,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[7],"tags":[],"boletin":[],"articulo-lcsp":[],"yoast_head":"\nADMINISTRATIVO GENERAL-Reforma por la Ley 9\/2025 del r\u00e9gimen de actividad de las Administraciones catalanas - Tornos<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.tornosabogados.com\/ca\/administrativo-general-reforma-por-la-ley-9-2025-del-regimen-de-actividad-de-las-administraciones-catalanas\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"ca_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"ADMINISTRATIVO GENERAL-Reforma por la Ley 9\/2025 del r\u00e9gimen de actividad de las Administraciones catalanas - Tornos\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"En el contexto de la estrategia auton\u00f3mica de transformaci\u00f3n y mejora de los servicios p\u00fablicos de las Administraciones catalanas, el Parlamento de Catalu\u00f1a ha aprobado la Ley 9\/2025, que modifica la Ley 26\/2010, de r\u00e9gimen jur\u00eddico y de procedimiento de las administraciones p\u00fablicas de Catalu\u00f1a. La reforma incide en numerosos aspectos del t\u00edtulo II de […]\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.tornosabogados.com\/ca\/administrativo-general-reforma-por-la-ley-9-2025-del-regimen-de-actividad-de-las-administraciones-catalanas\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Tornos\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2025-11-19T14:18:08+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2025-11-19T16:15:59+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/www.tornosabogados.com\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/NL-AGE-LEY-9-25-ALFREDO-GALAN-FOTO.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1500\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"1000\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Tornos Abogados\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Written by\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Tornos Abogados\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"16 minutes\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\/\/www.tornosabogados.com\/ca\/administrativo-general-reforma-por-la-ley-9-2025-del-regimen-de-actividad-de-las-administraciones-catalanas\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/www.tornosabogados.com\/ca\/administrativo-general-reforma-por-la-ley-9-2025-del-regimen-de-actividad-de-las-administraciones-catalanas\/\"},\"author\":{\"name\":\"Tornos Abogados\",\"@id\":\"https:\/\/www.tornosabogados.com\/ca\/#\/schema\/person\/318ca497d8c39816b99d827eb4492a97\"},\"headline\":\"ADMINISTRATIVO GENERAL-Reforma por la Ley 9\/2025 del r\u00e9gimen de actividad de las Administraciones catalanas\",\"datePublished\":\"2025-11-19T14:18:08+00:00\",\"dateModified\":\"2025-11-19T16:15:59+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/www.tornosabogados.com\/ca\/administrativo-general-reforma-por-la-ley-9-2025-del-regimen-de-actividad-de-las-administraciones-catalanas\/\"},\"wordCount\":3936,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/www.tornosabogados.com\/ca\/#organization\"},\"articleSection\":[\"Comentarios legales\"],\"inLanguage\":\"ca-ES\"},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/www.tornosabogados.com\/ca\/administrativo-general-reforma-por-la-ley-9-2025-del-regimen-de-actividad-de-las-administraciones-catalanas\/\",\"url\":\"https:\/\/www.tornosabogados.com\/ca\/administrativo-general-reforma-por-la-ley-9-2025-del-regimen-de-actividad-de-las-administraciones-catalanas\/\",\"name\":\"ADMINISTRATIVO GENERAL-Reforma por la Ley 9\/2025 del r\u00e9gimen de actividad de las Administraciones catalanas - Tornos\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/www.tornosabogados.com\/ca\/#website\"},\"datePublished\":\"2025-11-19T14:18:08+00:00\",\"dateModified\":\"2025-11-19T16:15:59+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/www.tornosabogados.com\/ca\/administrativo-general-reforma-por-la-ley-9-2025-del-regimen-de-actividad-de-las-administraciones-catalanas\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"ca-ES\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/www.tornosabogados.com\/ca\/administrativo-general-reforma-por-la-ley-9-2025-del-regimen-de-actividad-de-las-administraciones-catalanas\/\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/www.tornosabogados.com\/ca\/administrativo-general-reforma-por-la-ley-9-2025-del-regimen-de-actividad-de-las-administraciones-catalanas\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Portada\",\"item\":\"https:\/\/www.tornosabogados.com\/ca\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"ADMINISTRATIVO GENERAL-Reforma por la Ley 9\/2025 del r\u00e9gimen de actividad de las Administraciones catalanas\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/www.tornosabogados.com\/ca\/#website\",\"url\":\"https:\/\/www.tornosabogados.com\/ca\/\",\"name\":\"Tornos Abogados\",\"description\":\"Referentes en derecho administrativo\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/www.tornosabogados.com\/ca\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/www.tornosabogados.com\/ca\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":\"required name=search_term_string\"}],\"inLanguage\":\"ca-ES\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\/\/www.tornosabogados.com\/ca\/#organization\",\"name\":\"Tornos Abogados\",\"url\":\"https:\/\/www.tornosabogados.com\/ca\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"ca-ES\",\"@id\":\"https:\/\/www.tornosabogados.com\/ca\/#\/schema\/logo\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/www.tornosabogados.com\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/tornos-1.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/www.tornosabogados.com\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/tornos-1.png\",\"width\":451,\"height\":194,\"caption\":\"Tornos Abogados\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/www.tornosabogados.com\/ca\/#\/schema\/logo\/image\/\"}},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/www.tornosabogados.com\/ca\/#\/schema\/person\/318ca497d8c39816b99d827eb4492a97\",\"name\":\"Tornos Abogados\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"ca-ES\",\"@id\":\"https:\/\/www.tornosabogados.com\/ca\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/806fee0fecf2bb1ca47e28be74aeac68?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/806fee0fecf2bb1ca47e28be74aeac68?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Tornos Abogados\"}}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"ADMINISTRATIVO GENERAL-Reforma por la Ley 9\/2025 del r\u00e9gimen de actividad de las Administraciones catalanas - Tornos","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/www.tornosabogados.com\/ca\/administrativo-general-reforma-por-la-ley-9-2025-del-regimen-de-actividad-de-las-administraciones-catalanas\/","og_locale":"ca_ES","og_type":"article","og_title":"ADMINISTRATIVO GENERAL-Reforma por la Ley 9\/2025 del r\u00e9gimen de actividad de las Administraciones catalanas - Tornos","og_description":"En el contexto de la estrategia auton\u00f3mica de transformaci\u00f3n y mejora de los servicios p\u00fablicos de las Administraciones catalanas, el Parlamento de Catalu\u00f1a ha aprobado la Ley 9\/2025, que modifica la Ley 26\/2010, de r\u00e9gimen jur\u00eddico y de procedimiento de las administraciones p\u00fablicas de Catalu\u00f1a. La reforma incide en numerosos aspectos del t\u00edtulo II de […]","og_url":"https:\/\/www.tornosabogados.com\/ca\/administrativo-general-reforma-por-la-ley-9-2025-del-regimen-de-actividad-de-las-administraciones-catalanas\/","og_site_name":"Tornos","article_published_time":"2025-11-19T14:18:08+00:00","article_modified_time":"2025-11-19T16:15:59+00:00","og_image":[{"width":1500,"height":1000,"url":"https:\/\/www.tornosabogados.com\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/NL-AGE-LEY-9-25-ALFREDO-GALAN-FOTO.jpg","type":"image\/jpeg"}],"author":"Tornos Abogados","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Written by":"Tornos Abogados","Est. reading time":"16 minutes"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/www.tornosabogados.com\/ca\/administrativo-general-reforma-por-la-ley-9-2025-del-regimen-de-actividad-de-las-administraciones-catalanas\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.tornosabogados.com\/ca\/administrativo-general-reforma-por-la-ley-9-2025-del-regimen-de-actividad-de-las-administraciones-catalanas\/"},"author":{"name":"Tornos Abogados","@id":"https:\/\/www.tornosabogados.com\/ca\/#\/schema\/person\/318ca497d8c39816b99d827eb4492a97"},"headline":"ADMINISTRATIVO GENERAL-Reforma por la Ley 9\/2025 del r\u00e9gimen de actividad de las Administraciones catalanas","datePublished":"2025-11-19T14:18:08+00:00","dateModified":"2025-11-19T16:15:59+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/www.tornosabogados.com\/ca\/administrativo-general-reforma-por-la-ley-9-2025-del-regimen-de-actividad-de-las-administraciones-catalanas\/"},"wordCount":3936,"publisher":{"@id":"https:\/\/www.tornosabogados.com\/ca\/#organization"},"articleSection":["Comentarios legales"],"inLanguage":"ca-ES"},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/www.tornosabogados.com\/ca\/administrativo-general-reforma-por-la-ley-9-2025-del-regimen-de-actividad-de-las-administraciones-catalanas\/","url":"https:\/\/www.tornosabogados.com\/ca\/administrativo-general-reforma-por-la-ley-9-2025-del-regimen-de-actividad-de-las-administraciones-catalanas\/","name":"ADMINISTRATIVO GENERAL-Reforma por la Ley 9\/2025 del r\u00e9gimen de actividad de las Administraciones catalanas - Tornos","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.tornosabogados.com\/ca\/#website"},"datePublished":"2025-11-19T14:18:08+00:00","dateModified":"2025-11-19T16:15:59+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/www.tornosabogados.com\/ca\/administrativo-general-reforma-por-la-ley-9-2025-del-regimen-de-actividad-de-las-administraciones-catalanas\/#breadcrumb"},"inLanguage":"ca-ES","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/www.tornosabogados.com\/ca\/administrativo-general-reforma-por-la-ley-9-2025-del-regimen-de-actividad-de-las-administraciones-catalanas\/"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/www.tornosabogados.com\/ca\/administrativo-general-reforma-por-la-ley-9-2025-del-regimen-de-actividad-de-las-administraciones-catalanas\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Portada","item":"https:\/\/www.tornosabogados.com\/ca\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"ADMINISTRATIVO GENERAL-Reforma por la Ley 9\/2025 del r\u00e9gimen de actividad de las Administraciones catalanas"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/www.tornosabogados.com\/ca\/#website","url":"https:\/\/www.tornosabogados.com\/ca\/","name":"Tornos Abogados","description":"Referentes en derecho administrativo","publisher":{"@id":"https:\/\/www.tornosabogados.com\/ca\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/www.tornosabogados.com\/ca\/?s={search_term_string}"},"query-input":"required name=search_term_string"}],"inLanguage":"ca-ES"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/www.tornosabogados.com\/ca\/#organization","name":"Tornos Abogados","url":"https:\/\/www.tornosabogados.com\/ca\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"ca-ES","@id":"https:\/\/www.tornosabogados.com\/ca\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/www.tornosabogados.com\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/tornos-1.png","contentUrl":"https:\/\/www.tornosabogados.com\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/tornos-1.png","width":451,"height":194,"caption":"Tornos Abogados"},"image":{"@id":"https:\/\/www.tornosabogados.com\/ca\/#\/schema\/logo\/image\/"}},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/www.tornosabogados.com\/ca\/#\/schema\/person\/318ca497d8c39816b99d827eb4492a97","name":"Tornos Abogados","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"ca-ES","@id":"https:\/\/www.tornosabogados.com\/ca\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/806fee0fecf2bb1ca47e28be74aeac68?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/806fee0fecf2bb1ca47e28be74aeac68?s=96&d=mm&r=g","caption":"Tornos Abogados"}}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.tornosabogados.com\/ca\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15399"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.tornosabogados.com\/ca\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.tornosabogados.com\/ca\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.tornosabogados.com\/ca\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.tornosabogados.com\/ca\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=15399"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/www.tornosabogados.com\/ca\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15399\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":15411,"href":"https:\/\/www.tornosabogados.com\/ca\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15399\/revisions\/15411"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.tornosabogados.com\/ca\/wp-json\/wp\/v2\/media\/15403"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.tornosabogados.com\/ca\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=15399"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.tornosabogados.com\/ca\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=15399"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.tornosabogados.com\/ca\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=15399"},{"taxonomy":"boletin","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.tornosabogados.com\/ca\/wp-json\/wp\/v2\/boletin?post=15399"},{"taxonomy":"articulo-lcsp","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.tornosabogados.com\/ca\/wp-json\/wp\/v2\/articulo-lcsp?post=15399"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}