La Secci\u00f3n Tercera de la Sala Contencioso-administrativa del Tribunal Supremo (\u00abTS\u00bb) ha dictado, en fecha 29 de octubre de 2025, y en sede del recurso de casaci\u00f3n 1293\/2025, una sentencia en la que, en el marco de una medida cautelar suspensiva, eval\u00faa el da\u00f1o reputacional que se causa a un particular con la publicaci\u00f3n de la sanci\u00f3n en el BOE.<\/p>\n
Como recuerda el mismo TS, tradicionalmente se ha considerado que la publicaci\u00f3n de una sanci\u00f3n no firme antes de su revisi\u00f3n judicial no genera por s\u00ed sola un da\u00f1o irreparable que justificara la suspensi\u00f3n cautelar ya que \u00abel da\u00f1o reputacional o de imagen forma parte de los efectos normales de la ejecuci\u00f3n de una sanci\u00f3n, y que el inter\u00e9s p\u00fablico en la transparencia prevalece sobre el inter\u00e9s particular del sancionado\u00bb.<\/p>\n
Ahora, el TS, en el marco de la interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 115.6 de la Ley 10\/2014, de 26 de junio, de ordenaci\u00f3n, supervisi\u00f3n y solvencia de entidades de cr\u00e9dito (\u00abLey 10\/2014\u00bb) que impide diferir o anonimizar la publicaci\u00f3n de las sanciones graves y muy graves a unos supuestos tasados, aprovecha para matizar su tradicional doctrina sobre el da\u00f1o reputacional y la publicaci\u00f3n de las sanciones administrativas.<\/strong><\/p>\n Lo primero que hace es recordar que \u00abla publicaci\u00f3n de una sanci\u00f3n puede considerarse irreversible -por su difusi\u00f3n inmediata y sus efectos sobre la imagen del sancionado- pero no necesariamente es irreparable. El ordenamiento jur\u00eddico ofrece mecanismos suficientes para mitigar o reparar sus consecuencias [\u2026]\u00bb. Sin embargo, ello no le impide al TS recordar que el art\u00edculo 130 de la Ley 29\/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicci\u00f3n Contencioso-administrativa (\u00abLJCA\u00bb) obliga a los \u00f3rganos jurisdiccionales a tomar en consideraci\u00f3n los eventuales perjuicios a los intereses generales y los perjuicios reputacionales que pudieran causarse al interesado como consecuencia de la publicaci\u00f3n en el BOE de las sanciones a las que se refiere el art. 115.5 de la Ley 10\/2014, en el marco de unas medidas cautelares suspensivas, de tal manera que es el r\u00e9gimen general de la LJCA el que debe prevalecer por encima del r\u00e9gimen espec\u00edfico de la Ley 10\/2014.<\/p>\n Y, para el caso de que se acuerde la publicaci\u00f3n en el BOE de un acto que tiene naturaleza sancionadora de forma previa a la revisi\u00f3n judicial del acto, deber\u00e1 realizarse de manera que se proteja los intereses leg\u00edtimos reputacionales de la entidad sancionada ya que, concluye, \u00abla publicaci\u00f3n en el BOE, por su car\u00e1cter oficial y de conservaci\u00f3n indefinida, tiene una vocaci\u00f3n de permanencia que intensifica el impacto reputacional de la sanci\u00f3n\u00bb.<\/p>\n Para ello, el TS obliga a que, en la publicaci\u00f3n, se incorpore \u00abexpresamente la indicaci\u00f3n de que la sanci\u00f3n no es firme judicialmente por encontrarse pendiente de resoluci\u00f3n el recurso interpuesto contra ella\u00bb. Solo de esta manera, entiende el TS, \u00abla informaci\u00f3n difundida cumple con los objetivos de transparencia y disuasi\u00f3n que persigue la Directiva [2013\/36\/UE], sin inducir a error ni generar un perjuicio reputacional desproporcionado\u00bb.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n