El Tribunal de Cuentas tramit\u00f3 un procedimiento de reintegro por alcance frente a 35 ex cargos de la Generalidad de Catalu\u00f1a por el manejo de fondos p\u00fablicos en el per\u00edodo comprendido entre 2011 y 2017 en el contexto del movimiento a favor de la independencia de Catalu\u00f1a. Concluso el procedimiento ante el Tribunal de Cuentas, antes de que se dictara sentencia, se public\u00f3 la LO 1\/2024 de 10 de junio de amnist\u00eda, que amnisti\u00f3 los actos que hab\u00edan determinado la tramitaci\u00f3n del procedimiento antes referenciado ante el Tribunal de Cuentas (art\u00edculo 1 de la ley).<\/p>\n
Con una celeridad inusitada, la Consejera Delgada del Tribunal de Cuentas, al d\u00eda siguiente de la publicaci\u00f3n de la ley, formul\u00f3 ante el TJUE una petici\u00f3n de decisi\u00f3n prejudicial de conformidad con el art\u00edculo 267 del TFUE, en la que se inclu\u00edan diversas cuestiones para conocer si la ley de amnist\u00eda vulneraba diferentes preceptos o principios del derecho comunitario.<\/p>\n
Dentro de las actuaciones propias del TJUE para la resoluci\u00f3n de las cuestiones prejudiciales, el Abogado General formul\u00f3 el 13 de noviembre de 2025 las Conclusiones Generales. El TJUE, actuando en Gran Sala, dict\u00f3 la sentencia de 16 de julio de 2026 por la que resolvi\u00f3 las diferentes cuestiones prejudiciales presentadas. El fallo fue le\u00eddo por el Presidente del Tribunal el mismo d\u00eda 16 de julio.<\/p>\n
Por el indudable inter\u00e9s del contenido de la sentencia del TJUE, damos cuenta a continuaci\u00f3n de forma resumida de las respuestas dadas por el TJUE a las cuestiones prejudiciales que le hab\u00edan sido planteadas.<\/p>\n
– Como cuesti\u00f3n previa el TJUE rechaza los argumentos de las partes demandadas sobre la falta de competencia del Tribunal de Cuentas para plantear una cuesti\u00f3n prejudicial. De acuerdo con su doctrina anterior, el TJUE concluye que el Tribunal de Cuentas puede calificarse como \u00f3rgano jurisdiccional, entre cuyas competencias est\u00e1 la de plantear una cuesti\u00f3n prejudicial.<\/p>\n
– En segundo lugar el TJUE analiz\u00f3 el planteamiento de inadmisibilidad de la cuesti\u00f3n prejudicial que plantearon el Ministerio Fiscal, los demandados y el Gobierno espa\u00f1ol, al entender que los hechos enjuiciados ante el Tribunal de Cuentas, gastos presuntamente realizados en favor del movimiento independentista catal\u00e1n, no ten\u00edan impacto alguno sobre los fondos y el presupuesto de la UE.<\/p>\n
El TJUE entendi\u00f3 que dicha cuesti\u00f3n afectaba al fondo del asunto y no a la admisibilidad de la cuesti\u00f3n planteada, raz\u00f3n por la cual pas\u00f3 a examinar si los gastos realizados por los imputados afectaron negativamente a los intereses financieros de la UE. De este modo el Tribunal dej\u00f3 constancia de su inter\u00e9s en entrar a tratar la cuesti\u00f3n de fondo.<\/p>\n
En relaci\u00f3n a la cuesti\u00f3n de fondo debe se\u00f1alarse que el Tribunal de Cuentas, al plantear la cuesti\u00f3n prejudicial, sostuvo que si bien los fondos destinados a promover la independencia catalana no proven\u00edan de fondos europeos ni estaban destinados al presupuesto comunitario, la independencia de Catalu\u00f1a defendida por los imputados habr\u00eda podido ocasionar una reducci\u00f3n de los recursos propios de la Union, integrados por la contribuci\u00f3n de Espa\u00f1a, recursos de la UE basados en la renta internacional bruta. Con este argumento se trat\u00f3 de sostener que la amnist\u00eda si afectar\u00eda a los intereses financieros de la UE.<\/p>\n
Este, a nuestro juicio peregrino argumento, no fue atendido por el TJUE, que en sus considerandos 98 y 99 afirm\u00f3 que \u201cno puede apreciarse que los intereses financieros de la Uni\u00f3n se vean afectados por el mero hecho de la disminuci\u00f3n de la RNB que podr\u00eda potencialmente derivarse de la secesi\u00f3n de una parte del territorio nacional<\/em>.<\/p>\n Aun suponiendo que una disminuci\u00f3n de la RNB de un Estado miembro por la secesi\u00f3n de una parte de su territorio pueda suponer una disminuci\u00f3n de la contribuci\u00f3n nacional al presupuesto de la Uni\u00f3n, se tratar\u00eda del corolario del hecho de que el territorio en cuesti\u00f3n deja de estar sujeto a los Tratados y de contribuir financieramente a la aplicaci\u00f3n de estos y no se beneficia de las medidas de apoyo contempladas en dichos Tratados. Por consiguiente, no cabe considerar que tal disminuci\u00f3n, como tal, afecte a los intereses financieros de la Uni\u00f3n en el sentido del art\u00edculo 325 TFUE, apartado 1<\/em>\u201d.<\/p>\n De este modo, el principal argumento del Tribunal de Cuentas para no aplicar la ley de amnist\u00eda a los imputados quedaba sin fundamento. La ley de amnist\u00eda, al amnistiar a los imputados por responsabilidad contable no afectaba a los intereses financieros de la Uni\u00f3n y, por tanto, desde la perspectiva del derecho comunitario era plenamente aplicable.<\/p>\n – Otras cuestiones prejudiciales, la segunda y s\u00e9ptima, se examinaron conjuntamente. En este caso el Tribunal de Cuentas hab\u00eda preguntado si el art\u00edculo 19 TUE, apartado 1, p\u00e1rrafo segundo, se opone a las disposiciones procesales de una ley de amnist\u00eda que imponen a los \u00f3rganos jurisdiccionales nacionales la obligaci\u00f3n de dictar una resoluci\u00f3n de extinci\u00f3n de la responsabilidad, que conlleva la eventual aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 325 TFUE, en un plazo de dos meses, sin valorar las alegaciones y pruebas exculpatorias y sin dar audiencia a todas las partes del procedimiento. Se trataba de una cuesti\u00f3n de orden formal o procesal sobre la aplicaci\u00f3n de la ley de amnist\u00eda.<\/p>\n El TJUE analiz\u00f3 la normativa y jurisprudencia comunitaria aplicable y concluy\u00f3 que en el caso de la ley de amnist\u00eda \u201cla obligaci\u00f3n de los \u00f3rganos jurisdiccionales nacionales de dictar una resoluci\u00f3n de extinci\u00f3n de la responsabilidad sin valorar las alegaciones y las pruebas exculpatorias es consustancial al principio mismo de la amnist\u00eda. Cuando se determina que las conductas en cuesti\u00f3n est\u00e1n comprendidas en el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n de la amnist\u00eda, el \u00f3rgano jurisdiccional que conoce del asunto debe concluir este con una resoluci\u00f3n de extinci\u00f3n de la responsabilidad sin previamente valorar esas alegaciones y pruebas. Lo mismo cabe decir de la obligaci\u00f3n, no acompa\u00f1ada de sanciones, de concluir el asunto en un plazo m\u00e1ximo de dos meses<\/em>\u201d. Atendiendo al objeto y finalidad de una ley de amnist\u00eda, el TJUE declar\u00f3 la conformidad al derecho comunitario de la imposici\u00f3n legal de un plazo de dos meses para acordar la aplicaci\u00f3n de la ley.<\/p>\n Al tratar esta cuesti\u00f3n el TJUE a\u00f1adi\u00f3 algunas otras consideraciones relevantes vinculadas tambi\u00e9n a la singularidad de una ley de amnist\u00eda. As\u00ed afirm\u00f3 que \u201cla determinaci\u00f3n de la concreta regulaci\u00f3n de la aplicaci\u00f3n de una ley de amnist\u00eda requiere decisiones pol\u00edticas que son propias de los Estados miembros, por cuanto implica ponderar intereses divergentes a partir de apreciaciones m\u00faltiples. En el presente caso, el Tribunal Constitucional, en su sentencia 137\/2025, de 26 de junio de 2025[BOE n.\u00ba 183, de 31 de julio de 2025, p. 103781 (ES:TC:2025:137)], declar\u00f3 esencialmente que la amnist\u00eda aprobada por la LOA pretende reducir las tensiones institucionales y pol\u00edticas generadas por el proceso de independencia de Catalu\u00f1a y facilitar un escenario de reconciliaci\u00f3n. Habida cuenta tanto de la naturaleza de una ley de amnist\u00eda como la LOA, que presenta las caracter\u00edsticas que se han expuesto en los apartados 118 y 119 de la presente sentencia, como de su objeto y alcance, circunscritos a la resoluci\u00f3n del conflicto pol\u00edtico en torno al proceso independentista catal\u00e1n, queda excluido que la regulaci\u00f3n procesal que se contempla, respectivamente, en el art\u00edculo 10,p\u00e1rrafo segundo, y en el art\u00edculo 13, apartado 3, de la LOA pueda generar problemas de tal envergadura que presenten car\u00e1cter sist\u00e9mico<\/em>\u201d. En este punto el TJUE respalda la doctrina del Tribunal Constitucional espa\u00f1ol sobre la justificaci\u00f3n de la ley de amnist\u00eda y su contenido no arbitrario.<\/p>\n En virtud de lo anterior se da respuesta a las cuestiones prejudiciales analizadas en los t\u00e9rminos siguientes: \u201cprocede responder a las cuestiones prejudiciales segunda y s\u00e9ptima que el art\u00edculo 19 TUE, apartado 1, p\u00e1rrafo segundo, no se opone a las disposiciones procesales de una ley nacional de amnist\u00eda que, exclusivamente en el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n concretamente delimitado de esta ley, imponen a los \u00f3rganos jurisdiccionales nacionales la obligaci\u00f3n de dictar una resoluci\u00f3n de extinci\u00f3n de la responsabilidad, que conlleva la eventual aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 325 TFUE, en un plazo m\u00e1ximo de dos meses, sin valorar las alegaciones y las pruebas exculpatorias y sin dar audiencia a todas las partes del procedimiento, puesto que tales disposiciones no pueden generar problemas de tal envergadura que presenten un car\u00e1cter sist\u00e9mico capaz de comprometer el buen funcionamiento del sistema judicial nacional en los \u00e1mbitos cubiertos por el Derecho de la Uni\u00f3n<\/em>\u201d.<\/p>\n – Por \u00faltimo, se da respuesta a la cuesti\u00f3n prejudicial en la que se pregunt\u00f3 si el Derecho de la Union se opone a la obligaci\u00f3n que establece la ley de amnist\u00eda de dictar una resoluci\u00f3n de extinci\u00f3n de la responsabilidad contable y de alzar las medidas cautelares acordadas en un plazo de dos meses, aun cuando el Tribunal de Justicia no haya dictado todav\u00eda resoluci\u00f3n sobre una petici\u00f3n de decisi\u00f3n prejudicial que se le haya planteado.<\/p>\n En respuesta a esta cuesti\u00f3n el TJUE afirma que el derecho comunitario se opone \u201ca las disposiciones de una ley nacional de amnist\u00eda que impongan a los \u00f3rganos jurisdiccionales nacionales la obligaci\u00f3n de dictar una resoluci\u00f3n de extinci\u00f3n de la responsabilidad contable y de alzar las medidas cautelares que se hayan acordado en una fase anterior del procedimiento en un plazo m\u00e1ximo de dos meses, aun cuando el Tribunal de Justicia no haya dictado todav\u00eda resoluci\u00f3n sobre una petici\u00f3n de decisi\u00f3n prejudicial que se le haya planteado<\/em>\u201d.<\/p>\n Por tanto, en este punto, la ley de amnist\u00eda deber\u00e1 aplicarse de conformidad con el derecho comunitario tal y como ha sido interpretado por el TJUE, lo que supone que el \u00f3rgano jurisdiccional nacional debe poder acordar, o en su caso mantener, medidas cautelares hasta tanto el TJUE de respuesta a la cuesti\u00f3n prejudicial que se le plantee.<\/p>\n La importante sentencia del TJUE de 16 de julio de 2026, al dar respuesta a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal de Cuentas, avala la conformidad al derecho comunitario de la ley de amnist\u00eda, salvo en el punto formal relativo a que no pueden negarse o alzarse medidas cautelares antes de que el TJUE dicte sentencia sobre las cuestiones prejudiciales que se le hayan podido plantar.<\/p>\n Consecuentemente el Tribunal de Cuentas debe proceder a archivar el procedimiento tramitado y pendiente de sentencia en el seno del cual fueron planteadas las diferentes cuestiones prejudiciales, al ser de plena aplicaci\u00f3n la ley de amnist\u00eda a los encausados en dicho procedimiento, y haberse dictado ya la sentencia sobre las cuestiones prejudiciales planteadas.<\/p>\n Joaqu\u00edn Tornos Mas<\/p>\n Catedr\u00e1tico de derecho administrativo y abogado de Tornos Abogados<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El Tribunal de Cuentas tramit\u00f3 un procedimiento de reintegro por alcance frente a 35 ex cargos de la Generalidad de Catalu\u00f1a por el manejo de fondos p\u00fablicos en el per\u00edodo comprendido entre 2011 y 2017 en el contexto del movimiento a favor de la independencia de Catalu\u00f1a. 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