Con la entrada en vigor de la Ley 15\/2010, de 5 de julio, de modificaci\u00f3n de la Ley 3\/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, se introdujo el art\u00edculo 200 bis en la Ley 30\/2007, de Contratos del Sector P\u00fablico (actualmente, art\u00edculo 217 del Real Decreto Legislativo 3\/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector P\u00fablico \u2013TRLCSP-).<\/p>\n
En newsletters anteriores hemos resaltado la importancia de este art\u00edculo, por cuanto establece un nuevo procedimiento para hacer efectivas las deudas de las Administraciones P\u00fablicas. Este nuevo procedimiento reduce los plazos de reclamaci\u00f3n, permite acudir a la jurisdicci\u00f3n contencioso-administrativa contra la inactividad de la administraci\u00f3n y especialmente solicitar la adopci\u00f3n de una medida cautelar positiva, esto es, de pago inmediato de la deuda. La Administraci\u00f3n puede oponerse a la medida cautelar, pero ante deudas l\u00edquidas, vencidas y exigibles de contratos celebrados con posterioridad al 7 de julio de 2010, carecer\u00e1 de argumentos para ello y el \u00f3rgano judicial necesariamente deber\u00e1 adoptarla.<\/p>\n
Poco a poco comienza a generalizarse, por parte de nuestros Juzgados y Tribunales, la adopci\u00f3n de este tipo de medidas cautelares.<\/p>\n
Recientemente se han recibido dos Autos de dos Juzgados de lo contencioso-administrativo de Valladolid que han acordado conceder esta medida cautelar y han ordenado al Servicio de Salud de Catilla y Le\u00f3n que proceda al pago inmediato de la deuda reclamada. Desde que se inici\u00f3 la reclamaci\u00f3n en v\u00eda administrativa hasta que se ha obtenido la medida cautelar han transcurrido escasamente tres meses.<\/p>\n
Los argumentos de los respectivos juzgados de Valladolid, si bien similares, difieren en alg\u00fan aspecto. Ambos se plantean, en un primer momento, la aplicaci\u00f3n de la medida cautelar regulada en el art\u00edculo 200 bis. As\u00ed, el primer Juzgado, realizando una interpretaci\u00f3n literal del precepto entiende aplicable la medida cautelar, por cuanto se trata de facturas que derivan de contratos posteriores a la entrada en vigor de la Ley 15\/2010. Por su parte, el segundo Juzgado va m\u00e1s all\u00e1 y se cuestiona la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 217 del TRLCSP al caso y, termina respondiendo de manera afirmativa; primero, por cuanto el car\u00e1cter procedimental del art\u00edculo hace incluirlo dentro de la disposici\u00f3n final tercera del TRLCSP, seg\u00fan la cual, los procedimientos regulados en el mismo se regir\u00e1n por los preceptos en \u00e9l contenidos y en sus normas de desarrollo; y segundo, por cuanto el TRLCSP no regula ning\u00fan r\u00e9gimen transitorio aplicable a los procedimientos regulados en el mismo, por lo que debe entenderse que la normativa aplicable a estos procedimientos ser\u00e1 la vigente en el momento de iniciarse los mismos.<\/p>\n
La diferencia m\u00e1s importante entre ambos Autos es, sin embargo, que uno la estima condicionada a la aportaci\u00f3n de aval y el otro no. El aval solicitado es para evitar o paliar los perjuicios a los intereses generales, esto es, a la Administraci\u00f3n deudora.<\/p>\n
En nuestra opini\u00f3n, cuando un \u00f3rgano judicial acuerda la adopci\u00f3n de la medida cautelar en aplicaci\u00f3n del art. 217 del TRLCSP, su eficacia no deber\u00eda quedar condicionada a la aportaci\u00f3n de cauci\u00f3n o garant\u00eda. Primero, porque esta posibilidad no est\u00e1 expresamente contemplada en el citado art\u00edculo (as\u00ed lo reconoce expresamente uno de los Autos); y, segundo, por cuanto, poco sentido tiene hacer incurrir en m\u00e1s costes a un acreedor que reclama a la Administraci\u00f3n una deuda cuyo vencimiento del plazo de pago se entiende ya reconocido. Parece dif\u00edcil que puedan causarse perjuicios a la Administraci\u00f3n deudora por obligarla a pagar una deuda que ya deber\u00eda haber pagado.<\/p>\n
En cualquier caso, lo importante es que se est\u00e1n adoptando estas medidas cautelares para obligar a las Administraciones P\u00fablicas a hacer efectivas sus deudas.<\/p>\n
Barcelona, 20 de marzo de 2012.<\/p>\n
\u00a0Alfonso Arroyo
\nAbogado<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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