COMENTARIO
\nI.- Legislaci\u00f3n estatal<\/p>\n
Un mes m\u00e1s la legislaci\u00f3n estatal est\u00e1 dominada por las normas con las que se trata de dar respuesta a la situaci\u00f3n de crisis, normas con fuerza de ley aprobadas mediante Reales Decretos leyes.<\/p>\n
El Real\u00a0 Decreto ley 7\/2012 de 9 de marzo crea el Fondo para la financiaci\u00f3n de los pagos a proveedores. Con la creaci\u00f3n de este Fondo se\u00a0 trata de dar efectividad a las previsiones contenidas en el Real Decreto ley\u00a0 4\/2012, y al Acuerdo del Consejo de Pol\u00edtica Fiscal y Financiera de 6 de marzo de 2012 para poder hacer frente al pago de los proveedores de los entes locales y Comunidades Aut\u00f3nomas respecto a sus cr\u00e9ditos anteriores al primero de enero de 2012 (a estas dos normas hicimos referencia en nuestro Bolet\u00edn anterior). Si el Decreto ley y el Acuerdo antes citado establecieron los requisitos y el procedimiento para que los proveedores pudieran cuantificar la deuda a su favor y obtener el pago de lo debido, era necesario crear el Fondo que dispondr\u00eda de los recursos econ\u00f3micos para poder hacer frente a estos pagos ( la deuda se estima en unos 35.000 millones de euros).<\/p>\n
El Fondo creado por el Real Decreto ley 7\/2012 es una entidad de derecho p\u00fablico, con competencia para concertar con los mercados de capitales toda clase de operaciones de endeudamiento (con el aval el Estado), y por otro lado concertar con las Comunidades Aut\u00f3nomas y los entes locales las operaciones necesarias para el pago de sus obligaciones. Una vez obtenidos los recursos necesarios, el Fondo har\u00e1 frente a los cr\u00e9ditos de los proveedores, subrog\u00e1ndose en el derecho de cr\u00e9dito frente a la Administraci\u00f3n o el ente local.<\/p>\n
Para garantizar la correcta actuaci\u00f3n de las Comunidades Aut\u00f3nomas, se a\u00f1aden una serie de medidas de fuerte disciplina\u00a0 fiscal respecto a las Comunidades que deseen beneficiarse de este sistema.<\/p>\n
Otro Real Decreto ley, el 12\/2012 de 30 de marzo, complementa al Real Decreto ley 20\/2011 de 30 de diciembre con el objetivo de corregir\u00a0 los desequilibrios presupuestarios. Con este fin establece una serie de medidas de car\u00e1cter recaudatorio (modificaciones en el impuesto de sociedades, de la renta, del tabaco y del incremento de valores de los terrenos de naturaleza urbana), medidas\u00a0 para la mejora de la gesti\u00f3n del patrimonio de las administraciones p\u00fablicas, y la medida que m\u00e1s impacto medi\u00e1tico tuvo, la regularizaci\u00f3n fiscal, o posibilidad de aflorar sin penalizaci\u00f3n el dinero opaco.<\/p>\n
\u00a0II. Legislaci\u00f3n catalana.<\/p>\n
En Catalu\u00f1a, destaca la Ley 5\/2012 de 20 de marzo, ley de acompa\u00f1amiento a la Ley de Presupuestos, retrasada en su aprobaci\u00f3n definitiva y publicaci\u00f3n por haberse solicitado respecto a la misma un Dictamen al \u201cConsell de Garanties Estatut\u00e0ries\u201d, Dictamen que se emiti\u00f3 sin formular reparos de constitucionalidad ni estatutoriedad.<\/p>\n
La ley incorpora medidas que tienden al incremento de ingresos, y otras que tratan de reducir gastos. Al mismo tiempo, se incluyen reformas organizativas y en materia de funci\u00f3n p\u00fablica, y en el T\u00edtulo tercero se crea el impuesto sobre las estancias en establecimientos tur\u00edsticos.<\/p>\n
Este nuevo tributo es un tributo propio de la Generalidad, cuyo hecho imponible est\u00e1 conformado por la estancia en los establecimientos tur\u00edsticos identificados en la misma ley, gradu\u00e1ndose la carga tributaria seg\u00fan la categor\u00eda del establecimiento.<\/p>\n
La ley, siguiendo con la t\u00f3nica de las normas de los \u00faltimos a\u00f1os vinculadas a la crisis econ\u00f3mica, incorpora una larga lista de disposiciones adicionales y transitorias, de muy diverso contenido e importancia, muchas de ellas con objetos totalmente ajenos a las cuestiones de orden fiscal o presupuestario.<\/p>\n
III. El libro del mes.<\/p>\n
TORNOS MAS, Joaqu\u00edn. Coordinador. Comentarios a la Ley 26\/2010 de 3 de agosto de r\u00e9gimen jur\u00eddico y de procedimiento de las administraciones p\u00fablicas de Catalu\u00f1a. Ed. Iustel, Madrid, 2012.<\/p>\n
La Ley 26\/2010 de 3 de agosto, de r\u00e9gimen jur\u00eddico y de procedimiento de las administraciones p\u00fablicas, se ocupa del n\u00facleo central del derecho p\u00fablico de las administraciones catalanas. Dictada al amparo de la competencia auton\u00f3mica asumida en el Estatuto de Autonom\u00eda del 2006, se sit\u00faa en el marco de la ley estatal b\u00e1sica 30\/1992. La ley catalana extiende su \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n a todas las administraciones catalanas, incluyendo por tanto a las administraciones locales que seg\u00fan el nuevo Estatuto forman parte de la Generalidad. Por otro lado, y a diferencia de la Ley 13\/1989, pretende regular de forma completa el r\u00e9gimen jur\u00eddico y el procedimiento de estas administraciones, identificando al final de la misma qu\u00e9 preceptos son b\u00e1sicos y por tanto reproducci\u00f3n de la Ley 30\/1992, y qu\u00e9 preceptos se dictan en ejercicio de la competencia auton\u00f3mica.<\/p>\n
Una ley de tanta importancia requerir\u00eda un comentario amplio, riguroso y exhaustivo como el que nos ofrece el libro que destacamos, fruto del trabajo en equipo de\u00a0 un numeroso grupo de profesores de la universidad p\u00fablica catalana. El libro analiza las diversas partes de la ley, de las que destacamos por su novedad el tratamiento del recurso a los medios electr\u00f3nicos, el procedimiento de elaboraci\u00f3n de las normas, el recurso a las figuras de la declaraci\u00f3n responsable o comunicaci\u00f3n previa y la inspecci\u00f3n. Pero en todo caso contiene un completo\u00a0 desarrollo de la Ley 30\/1992, por lo que, como hemos dicho, afecta al r\u00e9gimen de actuaci\u00f3n de todas las administraciones p\u00fablicas catalanas, en sus relaciones internas e interadministrativas, y en su relaci\u00f3n con los ciudadanos.<\/p>\n
En todo caso, es necesario dar a conocer el texto de esta ley para su uso por los operadores jur\u00eddicos catalanes, que no siempre aplican el derecho auton\u00f3mico.\u00a0
\nIV. El art\u00edculo del mes.<\/p>\n
D\u00cdEZ SASTRE , Silvia. Culpa vs ilegalidad: de nuevo sobre el fundamento de la responsabilidad por acto administrativo. Revista espa\u00f1ola de derecho administrativo, n\u00ba 153, enero-marzo 2012.<\/p>\n
Con el comentario de este art\u00edculo queremos destacar en primer lugar la nueva etapa de la Revista Espa\u00f1ola de Derecho Administrativo, bajo la direcci\u00f3n compartida de los profesores Garc\u00eda de Enterr\u00eda y Lorenzo Mart\u00edn Retortillo, actuando como secretario Tom\u00e1s Cano. Este primer n\u00famero llega cuajado de buenos art\u00edculos en todas sus secciones lo que augura una brillante trayectoria a la Revista en esta nueva fase de su ya larga vida.<\/p>\n
El art\u00edculo seleccionado para su comentario se sit\u00faa dentro del debate doctrinal y jurisprudencial espa\u00f1ol sobre la naturaleza de la instituci\u00f3n de la responsabilidad administrativa y, en concreto, de la responsabilidad derivada de un acto administrativo. La autora destaca en primer lugar que a pesar de que tradicionalmente se afirma que nuestro sistema se basa en el principio de la responsabilidad objetiva lo cierto es que por regla general, para reconocer la responsabilidad administrativa, se exige siempre alg\u00fan tipo de imputaci\u00f3n. Esta imputaci\u00f3n, y esta es la segunda constataci\u00f3n del trabajo, puede ser la simple ilegalidad del acto o puede exigirse adem\u00e1s un elemento culposo.<\/p>\n
El elemento culposo aparece cuando se aplica la teor\u00eda del margen de tolerancia, es decir, cuando se exige que la aplicaci\u00f3n de la norma haya sido irrazonable. Si el acto ha sido declarado ilegal, pero la interpretaci\u00f3n realizada por la administraci\u00f3n para llegar a conformar su declaraci\u00f3n de voluntad ha sido razonable, se estima que el ciudadano tiene el deber de soportar esta interpretaci\u00f3n administrativa. Esta doctrina se suele aplicar en los casos de decisiones discrecionales de la administraci\u00f3n, valorando el uso admisible o no de este poder discrecional. En otros supuestos, basta con que se afirme judicialmente\u00a0 la ilegalidad del acto para que se entienda que concurre la responsabilidad de la administraci\u00f3n.<\/p>\n
En el \u00e1mbito de la jurisprudencia europea la autora se\u00f1ala que, con car\u00e1cter general, para apreciar la responsabilidad de los Estados por incumplir la normativa comunitaria,\u00a0 se exige que concurra una \u201cviolaci\u00f3n suficientemente caracterizada \u201cde dicha normativa. Por tanto, la exigencia de culpa.<\/p>\n
Llegados a este punto se introduce la aportaci\u00f3n novedosa del estudio. La profesora D\u00edez\u00a0 Sastre expone c\u00f3mo en materia de contrataci\u00f3n administrativa, y en concreto en los casos de impugnaci\u00f3n de actos de adjudicaci\u00f3n, la jurisprudencia comunitaria abandona la doctrina de la culpa y reconoce la responsabilidad administrativa por la concurrencia de la simple ilegalidad. Con el fin de garantizar la correcci\u00f3n de los procedimientos de concurrencia competitiva se es m\u00e1s riguroso frente a la conducta de la administraci\u00f3n, lo que a su vez supone una mayor protecci\u00f3n de la posici\u00f3n de los licitadores.<\/p>\n
La autora finaliza su trabajo llamando la atenci\u00f3n sobre la extensi\u00f3n de esta doctrina al resto de procedimientos de concurrencia competitiva, y su posible traslado a la jurisprudencia interna.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0NOVEDADES LEGISLATIVAS DEL MES DE MARZO
\nA)\u00a0ESTADO<\/p>\n
\u2022\u00a0Resoluci\u00f3n de 25 de enero de 2012, de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, por la que se modifica el Reglamento de Organizaci\u00f3n y Funcionamiento del Defensor del Pueblo (BOE n\u00fam. 52, de fecha 1 de marzo de 2012).
\n\u2022\u00a0Real Decreto 451\/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el r\u00e9gimen retributivo de los m\u00e1ximos responsables y directivos en el sector p\u00fablico empresarial y otras entidades (BOE n\u00fam. 56, de fecha 6 de marzo de 2012).
\n\u2022\u00a0Real Decreto-ley 5\/2012, de 5 de marzo, de mediaci\u00f3n en asuntos civiles y mercantiles (BOE n\u00fam. 56, de fecha 6 de marzo de 2012).
\n\u2022\u00a0Real Decreto-ley 6\/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protecci\u00f3n de deudores hipotecarios sin recursos (BOE n\u00fam. 60, de fecha 10 de marzo de 2012).
\n\u2022\u00a0Real Decreto-ley 7\/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiaci\u00f3n de los pagos a proveedores (BOE n\u00fam. 60, de fecha 10 de marzo de 2012).
\n\u2022\u00a0Orden HAP\/537\/2012, de 9 de marzo, por la que se aprueban el modelo de certificado individual, el modelo para su solicitud y el modelo de plan de ajuste, previstos en el Real Decreto-ley 4\/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de informaci\u00f3n y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiaci\u00f3n para el pago a los proveedores de las entidades locales (BOE n\u00fam. 65, de fecha 16 de marzo de 2012).
\n\u2022\u00a0Real Decreto-ley 8\/2012, de 16 de marzo, de contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso tur\u00edstico, de adquisici\u00f3n de productos vacacionales de larga duraci\u00f3n, de reventa y de intercambio (BOE n\u00fam. 66, de fecha 17 de marzo de 2012).
\n\u2022\u00a0Orden HAP\/583\/2012, de 20 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de marzo de 2012, por el que se aprueba el plan de reestructuraci\u00f3n y racionalizaci\u00f3n del sector p\u00fablico empresarial y fundacional estatal (BOE n\u00fam. 72, de fecha 24 de marzo de 2012).
\n\u2022\u00a0Real Decreto-ley 12\/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducci\u00f3n del d\u00e9ficit p\u00fablico (BOE n\u00fam. 78, de 31 de marzo de 2012).<\/p>\n
\u00a0PROYECTOS DE LEY<\/p>\n
\u2022\u00a0Proyecto de Ley Org\u00e1nica por la que se excluye del \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n de la disposici\u00f3n adicional de la Ley Org\u00e1nica 3\/2006, de 26 de mayo, de reforma de la Ley Org\u00e1nica 5\/2001, de 13 de diciembre, complementaria de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, a determinados mecanismos de financiaci\u00f3n.
\n\u2022\u00a0Proyecto de Ley Org\u00e1nica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
\n\u2022\u00a0Proyecto de Ley de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral (procedente del Real Decreto-Ley 3\/2012, de 10 de febrero).
\n\u2022\u00a0Proyecto de Ley de mediaci\u00f3n en asuntos civiles y mercantiles (procedente del Real Decreto-Ley 5\/2012, de 5 de marzo).
\n\u2022\u00a0Proyecto de Ley de contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso tur\u00edstico, de adquisici\u00f3n de productos vacacionales de larga duraci\u00f3n, de reventa y de intercambio (procedente del Real Decreto-Ley 8\/2012, de 16 de marzo).
\n\u2022\u00a0Proyecto de Ley de simplificaci\u00f3n de las obligaciones de informaci\u00f3n y documentaci\u00f3n de fusiones y escisiones de sociedades de capital (procedente del Real Decreto-Ley 9\/2012, de 16 de marzo).
\n\u2022\u00a0Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el a\u00f1o 2012.<\/p>\n
PROPOSICIONES DE LEY<\/p>\n
\u2022\u00a0Proposici\u00f3n de Ley de modificaci\u00f3n de la Ley General de la Seguridad Social, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1\/1994, de 20 de junio, para extender la cobertura de las pensiones de orfandad.
\n\u2022\u00a0Proposici\u00f3n de Ley de modificaci\u00f3n de la Ley 46\/1977, de 15 de octubre, de Amnist\u00eda.
\n\u2022\u00a0Proposici\u00f3n de Ley Org\u00e1nica de modificaci\u00f3n de la Ley Org\u00e1nica 2\/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.<\/p>\n
B)\u00a0CATALU\u00d1A<\/p>\n
\u2022\u00a0Ley 4\/2012, de 5 de marzo, del recurso de casaci\u00f3n en materia de derecho civil en Catalu\u00f1a (DOGC n\u00fam. 6083, de fecha 8 de marzo de 2012).
\n\u2022\u00a0Decreto 29\/2012, de 13 de marzo, del Reglamento del Consejo de Seguridad de Catalu\u00f1a (DOGC n\u00fam. 6088, de fecha 15 de marzo de 2012).
\n\u2022\u00a0Orden ECO\/58\/2012, de 22 de febrero, de modificaci\u00f3n de la Orden ECF\/313\/2008, de 23 de junio, por la que se aprueba la aplicaci\u00f3n de la\u00a0 Plataforma de servicios de contrataci\u00f3n p\u00fablica, y se incorpora el servicio de sobre digital (DOGC n\u00fam. 6088, de fecha 15 de marzo de 2012).
\n\u2022\u00a0Ley 5\/2012, de 20 de marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas y de creaci\u00f3n del impuesto sobre las estancias en establecimientos tur\u00edsticos (DOGC n\u00fam. 6094, de fecha 23 de marzo de 2012).
\n\u2022\u00a0Decreto 33\/2012 de 27 de marzo, de modificaci\u00f3n del Decreto 37\/2010, de 16 de marzo, de aprobaci\u00f3n del Reglamento de salones recreativos y de juego (DOGC n\u00fam. 6098, de 29 de marzo de 2012).
\nPROYECTOS DE LEY<\/p>\n
No se han tramitado.<\/p>\n
PROPOSICIONES DE LEY<\/p>\n
No se han tramitado.<\/p>\n
<\/p>\n
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