La Ley 36\/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicci\u00f3n social introdujo la posibilidad de que los funcionarios acudieran a dicho orden jurisdiccional para impugnar las actuaciones de las Administraciones p\u00fablicas en materia de riesgos laborales, y tambi\u00e9n para formular reclamaciones de responsabilidad derivadas de da\u00f1os sufridos como consecuencia del incumplimiento de la normativa en materia de prevenci\u00f3n de riesgos laborales \u2013art. 2.e) de la Ley 36\/2011-.<\/p>\n
As\u00ed, hasta la entrada en vigor de la Ley 36\/2011, los funcionarios s\u00f3lo pod\u00edan acudir a la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa, menos \u00e1gil que la jurisdicci\u00f3n social.<\/p>\n
Ampar\u00e1ndose en la nueva Ley 36\/2011, una funcionaria de la Mancomunidad de Municipios de las Encartaciones (Pa\u00eds Vasco) formul\u00f3 ante el Juzgado de lo Social n\u00fam. 2 de Bilbao una demanda por considerar que hab\u00eda sido v\u00edctima de \u201cmobbing\u201d, alegando que la Administraci\u00f3n hab\u00eda vulnerado la legislaci\u00f3n en materia de prevenci\u00f3n de riesgos laborales y que hab\u00eda ignorado las recomendaciones del Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laboral.<\/p>\n
Dicho Juzgado, que se declar\u00f3 competente y admiti\u00f3 a tr\u00e1mite la demanda formulada por la funcionaria, consider\u00f3 acreditado que la misma hab\u00eda sufrido un vaciamiento absoluto del contenido y las funciones de su puesto y que la inexistencia de un plan de prevenci\u00f3n que contemplara los riesgos psicosociales vulneraba la normativa en materia de riegos laborales, teniendo especial incidencia en aquellas organizaciones fuertemente jerarquizadas, como puede ser cualquier Administraci\u00f3n P\u00fablica, donde los mandos pueden desarrollar conductas de maltrato susceptibles de generar alteraciones ps\u00edquicas en los subordinados.<\/p>\n
La importancia de esta Sentencia radica, por lo dem\u00e1s, en que constituye el primer pronunciamiento en el orden jurisdiccional social sobre un caso de acoso laboral a una funcionaria.<\/p>\n
Barcelona, a 28 de noviembre de 2012<\/p>\n
Alfonso Arroyo
\nAbogado<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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