El creciente uso de la figura del Convenio de colaboraci\u00f3n por parte de las Administraciones p\u00fablicas motiv\u00f3 que el Pleno del Tribunal de Cuentas aprobara una Moci\u00f3n proponiendo la configuraci\u00f3n de un nuevo marco legal para los Convenios de Colaboraci\u00f3n de las Administraciones P\u00fablicas.<\/p>\n
Como consecuencia de esta Moci\u00f3n, la Comisi\u00f3n mixta Congreso-Tribunal de Cuentas adopt\u00f3 el 18 de diciembre de 2012 una Resoluci\u00f3n instando al Gobierno a que promoviera la elaboraci\u00f3n y aprobaci\u00f3n de un marco jur\u00eddico sustantivo y de procedimiento para el empleo del Convenio de Colaboraci\u00f3n . Esta Resoluci\u00f3n se public\u00f3 en el BOE el 15 de marzo de 2013, y a la misma se acompa\u00f1a la Moci\u00f3n elaborada en su d\u00eda por el Tribunal de Cuentas.<\/p>\n
La lectura de la citada Moci\u00f3n ofrece reflexiones de inter\u00e9s tanto en la parte expositiva del problema de los Convenios de Colaboraci\u00f3n como en la parte relativa a las propuestas de reforma normativa.<\/p>\n
El Tribunal de Cuentas advierte en primer lugar que como consecuencia de la existencia de un marco legal poco preciso se recurre de forma creciente a la figura del Convenio\u00a0 de Colaboraci\u00f3n en supuestos en los que deber\u00eda aplicarse la normativa contractual. Esta pr\u00e1ctica comporta una gesti\u00f3n de fondos p\u00fablicos por cauces jur\u00eddicamente inseguros. Esta pr\u00e1ctica, a\u00f1ade, se lleva a cabo tanto en las relaciones interadministrativas como en las relaciones con persones f\u00edsicas o jur\u00eddicas sujetas al derecho privado.<\/p>\n
A partir de esta constataci\u00f3n, la Moci\u00f3n expone los principales problemas que se derivan de esta situaci\u00f3n, diferenciando los Convenios interadministrativos de los Convenios con particulares o entidades sujetas al derecho privado. Estos problemas consisten en la falta de un concepto legal, jurisprudencial y doctrinal preciso sobre la figura del Convenio, figura que se contempla en la legislaci\u00f3n de contratos, en la ley 30\/1993 y en normativa presupuestaria. La conclusi\u00f3n es que \u201cel marco jur\u00eddico por el que se rige la figura del Convenio es insuficiente y se encuentra disperso\u00a0 en diversidad de preceptos\u201d.<\/p>\n
Otros problemas son los relativos a la falta de precisi\u00f3n sobre cu\u00e1ndo procede el recurso al Convenio o sobre\u00a0 qu\u00e9 contenido y alcance tienen los principios de la legislaci\u00f3n de contratos aplicables a los convenios. Se reclama la necesidad de precisar el objeto y la concreta aportaci\u00f3n de la Administraci\u00f3n, as\u00ed como el respeto a la legalidad presupuestaria y contable, y el control de la ejecuci\u00f3n de lo convenio y la justificaci\u00f3n del gasto.<\/p>\n
Todas estas deficiencias llevan a plantear hasta 16 propuestas para una futura reforma legislativa que complete y sistematice\u00a0 el vigente marco legal, procedi\u00e9ndose a continuaci\u00f3n al desarrollo reglamentario de la ley.\u00a0<\/p>\n
La lectura de la Moci\u00f3n y de sus propuestas es de singular inter\u00e9s. Esperamos que la Resoluci\u00f3n de la Comisi\u00f3n Mixta anime a llevar a cabo la necesaria reforma legislativa.<\/p>\n
Barcelona, 07 de mayo de 2013<\/p>\n
Joaqu\u00edn Tornos
\nCatedr\u00e1tico de Derecho Administrativo y Abogado.<\/p>\n
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