Un reciente Auto de fecha 14 de febrero de 2013 del Departamento 1\u00ba de\u00a0 la Secci\u00f3n de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, dictado en las actuaciones iniciadas a ra\u00edz de las presuntas irregularidades relativas a jubilaciones anticipadas e incentivos del personal docentes e investigador funcionario de una Universidad, acuerda que no procede la incoaci\u00f3n del juicio en el procedimiento de reintegro por alcance.<\/p>\n
La Secci\u00f3n de Enjuiciamiento llega a esta conclusi\u00f3n en aplicaci\u00f3n de la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 28 de noviembre de 2012, considerando que los pagos que emanan de los \u00f3rganos competentes para aprobarlos y no fueron impugnados, no pueden ser considerados como indebidos.<\/p>\n
La Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (secci\u00f3n 7\u00aa) del Tribunal Supremo de fecha 28 de noviembre de 2012 supone, desde nuestro punto de vista, un cambio respecto a lo que el Tribunal de Cuentas consideraba pagos indebidos y, por tanto, causantes de responsabilidad contable. Es decir, el Tribunal Supremo entiende que el concepto de alcance debe ser interpretado de forma estricta atendiendo a la definici\u00f3n que aparece en la LFTCu (art. 72.1).<\/p>\n
El supuesto analizado por el Tribunal Supremo en la citada Sentencia tiene por objeto los complementos de paga extra del Ayuntamiento de Boadilla del Monte reconocidos en el Convenio Colectivo de su personal funcionario (en realidad deber\u00eda denominarse Acuerdo de Condiciones de trabajo de los funcionario) y su adecuaci\u00f3n a la normativa presupuestaria.<\/p>\n
La Sala de justica del Tribunal de Cuentas (Departamento Segundo de la Secci\u00f3n de Enjuiciamiento), en segunda instancia, declar\u00f3 la existencia responsabilidad contable por alcance al considerar que el complemento de paga extra reconocido en el Convenio Colectivo, aunque \u00e9ste hubiera sido debidamente aprobado por el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, contraven\u00eda la legislaci\u00f3n presupuestaria que tiene el car\u00e1cter de legislaci\u00f3n b\u00e1sica. En consecuencia dictamin\u00f3 que su pago constitu\u00eda un menoscabo en los caudales p\u00fablicos de la Corporaci\u00f3n trat\u00e1ndose de un supuesto de responsabilidad contable por alcance. Todo ello al considerar que el Tribunal de Cuentas puede valorar si el Acuerdo de aprobaci\u00f3n del Convenio Colectivo se ajustaba a Derecho como cuesti\u00f3n prejudicial (art. 17.2 de la Ley Org\u00e1nica 2\/1982, del Tribunal de Cuentas). El Tribunal de Cuentas se\u00f1al\u00f3 que el Convenio Colectivo deb\u00eda interpretarse a la luz de la normativa presupuestaria de car\u00e1cter imperativo aplicable al per\u00edodo de aplicaci\u00f3n del Convenio, manifestando que \u201cLa mera existencia material de un contrato, convenio, pacto, resoluci\u00f3n o acuerdo no implica necesariamente la correcci\u00f3n jur\u00eddica de los pagos que se derivan de ellos pues, si dichos t\u00edtulos adolecen de vicios jur\u00eddicos relevantes, no podr\u00e1n constituirse en causa legal, justificativa de las salidas de fondos que sean consecuencia de ellos.\u201d<\/em><\/p>\n El Tribunal Supremo rechaza este argumento del Tribunal de Cuentas, casando y anulando la sentencia recurrida, argumentando que \u201cEs evidente que no ha habido un alcance en este caso, en los t\u00e9rminos estrictos en los que, para no vaciar de contenido el juicio de cuentas y respetar sus garant\u00edas procesales (art\u00edculo 71 inciso inicial de la LFTCu), el mismo debe ser entendido, conforme a lo que dispone el art\u00edculo 72 de la LFTCu y que la nulidad a efectos prejudiciales de un Convenio colectivo ha sido declarada en forma indebida y no determinar\u00eda adem\u00e1s la nulidad de los actos firmes dictados en su aplicaci\u00f3n\u201d.<\/em><\/p>\n El Tribunal Supremo analiza el concepto de \u201cpagos indebidos\u201d a efectos de responsabilidad contable con el concepto de \u201calcance\u201d que est\u00e1 definido en el art. 72.1 de la LFTCu, para concluir que el concepto de \u201cpagos indebidos\u201d no puede identificarse gen\u00e9ricamente, a los efectos derivados de la eventual exigencia de responsabilidades contables, con el alcance o malversaci\u00f3n de fondos p\u00fablicos. Igualmente, considera que la Sala de Apelaci\u00f3n del Tribunal de Cuentas ha aplicado en forma indebida el art. 17.2 de la LOTCu, \u201cal declarar la disconformidad a Derecho del art\u00edculo 33 del repetido Convenio Colectivo en un procedimiento de reintegro por alcance\u201d<\/em>.<\/p>\n El Tribunal Supremo entiende que \u201cla nulidad del convenio colectivo no era en ese caso antecedente l\u00f3gico-jur\u00eddico de la declaraci\u00f3n de alcance de cuentas por lo que su examen, que no condicionaba la resoluci\u00f3n del proceso principal, correspond\u00eda a la jurisdicci\u00f3n del orden contencioso-administrativo, ante la que no consta que haya sido impugnado y no al \u00e1mbito de la jurisdicci\u00f3n contable como cuesti\u00f3n prejudicial no devolutiva\u201d<\/em>. Asimismo, tambi\u00e9n se\u00f1ala que la declaraci\u00f3n de nulidad del art. 33 del convenio colectivo de funcionarios, incluso en el caso de ser aceptable, \u201cresultar\u00eda inane porque no alcanzar\u00eda a los actos administrativos de aplicaci\u00f3n de dicho convenio que autorizaron en puridad el abono de los complementos retributivos de los funcionarios que se hicieron al amparo de normas \u2013las dimanantes del Convenio Colectivo- que adem\u00e1s estaban en vigor, y resultaban plenamente v\u00e1lidas y efectivas al tiempo en que se dictaron y ejecutaron.\u201d<\/em><\/p>\n Por todo ello, el Tribunal Supremo considera que en el caso analizado falt\u00f3 uno de los presupuestos determinantes de la eventual comisi\u00f3n de un il\u00edcito presupuestario y contable de los recurrentes, lo que impide apreciar la concurrencia de responsabilidad contable. Es decir, considera que los actos administrativos que autorizaron el abono de los complementos retributivos eran v\u00e1lidos y eficaces al tiempo en que fueron dictados ya que se fundamentaron en el art\u00edculo 33 de un Convenio Colectivo aprobado por el Pleno de una Entidad Municipal.<\/p>\n Barcelona, mayo de 2013.<\/p>\n <\/p>\n Tornos Abogados<\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Un reciente Auto de fecha 14 de febrero de 2013 del Departamento 1\u00ba de\u00a0 la Secci\u00f3n de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, dictado en las actuaciones iniciadas a ra\u00edz de las presuntas irregularidades relativas a jubilaciones anticipadas e incentivos del personal docentes e investigador funcionario de una Universidad, acuerda que no procede la incoaci\u00f3n del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[7],"tags":[],"boletin":[],"articulo-lcsp":[],"yoast_head":"\n