El Consejo de Ministros, en su sesi\u00f3n de 27 de septiembre de 2013, aprob\u00f3 el Anteproyecto de Ley de Desindexaci\u00f3n de la Econom\u00eda Espa\u00f1ola, que someti\u00f3 a audiencia p\u00fablica hasta el pasado 23 de octubre de 2013. Dentro de ese per\u00edodo, varias organizaciones han formulado sus observaciones, que deber\u00e1n ser analizadas por el Gobierno antes de remitir el documento al Congreso de los Diputados.<\/p>\n
El objetivo de este Anteproyecto de Ley es, seg\u00fan reza su exposici\u00f3n de motivos, establecer una nueva disciplina no indexadora en el \u00e1mbito de la contrataci\u00f3n p\u00fablica, eliminando los llamados \u201cefectos de segunda ronda\u201d, entendidos como aquellos que se producen cuando el aumento del precio de un producto hace aumentar el precio del IPC y ello repercute en el precio de bienes cuyo coste de producci\u00f3n no tiene nada que ver con esos bienes. Con ello, lo que se pretende es introducir en la contrataci\u00f3n p\u00fablica criterios propios de la contrataci\u00f3n privada, previendo una nueva disciplina de precios basada en los costes efectivos y estableciendo, cuando as\u00ed proceda, nuevos sistemas de revisi\u00f3n de precios distintos a los que se ven\u00edan aplicando hasta ahora.<\/p>\n
El art\u00edculo 1 de la Ley establece que el nuevo r\u00e9gimen de indexaci\u00f3n resultar\u00e1 aplicable a todos los conceptos objeto de actualizaci\u00f3n, tales como precios de contratos p\u00fablicos, precios, tasas y tarifas regulados, subvenciones, prestaciones, ayudas, multas y sanciones o valores referenciales.<\/p>\n
Por otro lado, el art\u00edculo 3 prev\u00e9 que el r\u00e9gimen de revisi\u00f3n y variaci\u00f3n previsto en la Ley ser\u00e1 preceptivo cuando una de las partes sea p\u00fablica e indicativo para los contratos privados. Asimismo, se excluye del \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n de esta Ley la negociaci\u00f3n colectiva, las pensiones y los contratos relativos a instrumentos financieros.<\/p>\n
El cap\u00edtulo II -art. 4- se refiere a los contratos entre partes privadas, estableciendo que en estos casos s\u00f3lo a falta de pacto expl\u00edcito en materia de revisi\u00f3n se aplicar\u00e1 la regla de la no indexaci\u00f3n. Si hubiesen acordado la aplicaci\u00f3n de alg\u00fan mecanismo de revisi\u00f3n, pero sin especificarlo, se aplicar\u00e1 el \u00cdndice de Garant\u00eda de la Competitividad (IGC), que publicar\u00e1 el INE mensualmente.<\/p>\n
El Cap\u00edtulo III se refiere a las revisiones y variaciones de los valores monetarios del sector p\u00fablico, de donde se infiere que se impide que las mismas se puedan realizar\u00a0 seg\u00fan un \u00edndice general de precios o f\u00f3rmula que lo contenga, a excepci\u00f3n de los valores monetarios la naturaleza de los cuales haga necesario reflejar de forma regular la evoluci\u00f3n de los costes -sin incluir mano de obra, costes financieros, gastos generales o de estructura, ni el beneficio industrial, cuando sean imputables a decisiones de las propias empresas o agentes econ\u00f3micos-. En esos casos, se prev\u00e9 que mediante Orden del Ministerio de Presidencia se establecer\u00e1n las materias sobre las que podr\u00e1n realizarse revisiones, as\u00ed como las condiciones necesarias y los precios de referencia que ser\u00e1n admisibles en las mismas. La aprobaci\u00f3n de un r\u00e9gimen de revisi\u00f3n deber\u00e1 estar justificada.<\/p>\n
No se establecen criterios objetivos que permitan determinar cu\u00e1les ser\u00e1n esas materias y las condiciones de la revisi\u00f3n, lo que ya ha sido criticado por varias organizaciones empresariales.<\/p>\n
Adem\u00e1s, se concreta que para los precios regulados -el anexo 1 de la Ley incluye una lista de sectores con precios regulados- conforme a normativa sectorial o general, la indexaci\u00f3n podr\u00eda estar justificada en el caso de servicios cuyo coste est\u00e1 plenamente vinculado a una cotizaci\u00f3n internacional. En esos casos se podr\u00e1n autorizar -previa solicitud por parte del \u00f3rgano competente- mecanismos de revisi\u00f3n peri\u00f3dica que tomen como referencia \u00edndices espec\u00edficos de precios de bienes y servicios que reflejen la evoluci\u00f3n efectiva de los costes, evaluados con arreglo a la eficiencia econ\u00f3mica y buena gesti\u00f3n empresarial.<\/p>\n
Para el caso de los contratos de obras y los contratos de suministro de fabricaci\u00f3n adjudicados por las entidades del sector p\u00fablico, se establece que las revisiones se regir\u00e1n por lo dispuesto en esta Ley con las especialidades previstas en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector P\u00fablico.<\/p>\n
El art\u00edculo 6 -r\u00e9gimen aplicable a las variaciones de los valores monetarios- prev\u00e9 que las variaciones puntuales de valores monetarios del sector p\u00fablico no podr\u00e1n indexarse y establece la obligaci\u00f3n de que aquellas variaciones que puedan producirse reflejen correctamente los costes de cada situaci\u00f3n, para cuya fijaci\u00f3n tampoco se establecen criterios objetivos.<\/p>\n
En cuanto al \u00e1mbito temporal de aplicaci\u00f3n de la Ley, la Disposici\u00f3n Transitoria 1\u00aa establece, con car\u00e1cter general, que la misma ser\u00e1 de aplicaci\u00f3n a las relaciones jur\u00eddicas perfeccionadas con posterioridad a su entrada en vigor y que el r\u00e9gimen de revisi\u00f3n de precios de los contratos del sector p\u00fablico cuyo expediente se haya iniciado antes de la entrada en vigor de esta Ley ser\u00e1 el previsto en los pliegos o contrato.<\/p>\n
No obstante, se prev\u00e9 una excepci\u00f3n, al establecerse que lo previsto en el art\u00edculo 5 -r\u00e9gimen aplicable a las revisiones de valores monetarios en el sector p\u00fablico- ser\u00e1 de aplicaci\u00f3n a las revisiones de los precios de los servicios enumerados en el anexo 1 \u2013sectores regulados-, que se deriven de relaciones jur\u00eddicas perfeccionadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley. La aplicaci\u00f3n retroactiva del r\u00e9gimen de revisi\u00f3n de precios se ha criticado tambi\u00e9n por parte de las patronales, que consideran que resulta totalmente contraria al principio de seguridad jur\u00eddica.<\/p>\n
Por \u00faltimo, conviene destacar que el nuevo r\u00e9gimen de desindexaci\u00f3n implicar\u00eda la modificaci\u00f3n de los art\u00edculos, 87, 89 y 90 y la derogaci\u00f3n de los art\u00edculos 91 y 92 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector P\u00fablico.<\/p>\n
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Barcelona, 11 de noviembre de 2013
\nAlfonso Arroyo<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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