Se ha publicado en el Bolet\u00edn Oficial del Estado n\u00fam. 295, de fecha 10 de diciembre de 2013, la Ley 19\/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la informaci\u00f3n y buen gobierno.<\/p>\n
Seg\u00fan dispone su pre\u00e1mbulo, esta Ley tiene un triple cometido: 1) incrementar y reforzar la transparencia en la actividad p\u00fablica, 2) reconocer y garantizar el acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica y 3) establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables p\u00fablicos as\u00ed como las consecuencias jur\u00eddicas derivadas de su incumplimiento.<\/p>\n
La transparencia de la actividad p\u00fablica<\/b> se pretende garantizar mediante la regulaci\u00f3n de obligaciones de publicidad activa que complementan las medidas ya existentes en la normativa sectorial (contratos p\u00fablicos, subvenciones, etc.) y que obligan a un gran n\u00famero de sujetos, entre los que se encuentran las Administraciones P\u00fablicas y los entes que forman parte del sector p\u00fablico (art\u00edculo 2), pero tambi\u00e9n otros sujetos, como las entidades privadas que perciban durante el per\u00edodo de un a\u00f1o ayudas o subvenciones p\u00fablicas en una cuant\u00eda superior a 100.000 euros o cuando al menos el 40 % del total de sus ingresos anuales tengan car\u00e1cter de ayuda o subvenci\u00f3n p\u00fablica, siempre que alcancen como m\u00ednimo la cantidad de 5.000 euros.<\/p>\n
Dichas obligaciones de publicidad comprender\u00e1n distintos \u00e1mbitos, como la informaci\u00f3n institucional, organizativa y de planificaci\u00f3n (art\u00edculo 6), la informaci\u00f3n de relevancia jur\u00eddica (art\u00edculo 7) o la informaci\u00f3n econ\u00f3mica, presupuestaria o estad\u00edstica (art\u00edculo 8).<\/p>\n
El principal canal que se utilizar\u00e1 para publicar toda esta informaci\u00f3n ser\u00e1 el electr\u00f3nico o web, debi\u00e9ndose hacer de forma clara y accesible. En este sentido, se crea el Portal de la Transparencia, que incluir\u00e1 la informaci\u00f3n de la Administraci\u00f3n General del Estado. Las Administraciones de las Comunidades Aut\u00f3nomas y las Entidades Locales podr\u00e1n adoptar medidas complementarias (art\u00edculo 10), todo ello bajo el control del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.<\/p>\n
El derecho de<\/b> acceso a la<\/b> informaci\u00f3n p\u00fablica<\/b> viene regulado en el Cap\u00edtulo III del T\u00edtulo I de la Ley y complementa el derecho de acceso a los registros y documentos p\u00fablicos previsto en la Ley 30\/1992 y lo regulado sectorialmente en esta materia.\u00a0<\/p>\n
Ser\u00e1n titulares de este derecho todas las personas (art\u00edculo 12), existiendo unos l\u00edmites a su ejercicio que actuar\u00e1n cuando se pueda provocar un perjuicio sobre determinadas materias o \u00e1mbitos (art\u00edculo 14), como la seguridad nacional o la defensa. Asimismo, no ser\u00e1 necesario que la solicitud de acceso est\u00e9 motivada (art\u00edculo 17). Solicitud \u00a0que el \u00f3rgano administrativo o entidad que posea la informaci\u00f3n deber\u00e1 resolver, denegando o concediendo dicho acceso (art\u00edculo 20). Frente a toda resoluci\u00f3n en materia de acceso podr\u00e1 interponerse una reclamaci\u00f3n ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (art\u00edculo 24).<\/p>\n
El T\u00edtulo II de la Ley regula el Buen gobierno<\/b>, al que se sujetan, en el \u00e1mbito de la Administraci\u00f3n General del Estado, los miembros del Gobierno, los Secretarios de Estado y al resto de los altos cargos de la Administraci\u00f3n General del Estado y de las entidades del sector p\u00fablico estatal, de Derecho p\u00fablico o privado, vinculadas o dependientes de aquella. Tambi\u00e9n resultar\u00e1 de aplicaci\u00f3n a los altos cargos o asimilados que, de acuerdo con la normativa auton\u00f3mica o local que sea de aplicaci\u00f3n, tengan tal consideraci\u00f3n, incluidos los miembros de las Juntas de Gobierno de las Entidades Locales (art\u00edculo 25).<\/p>\n
El art\u00edculo 26 enumera los principios de Buen Gobierno, que se dividen en principios generales y principios de actuaci\u00f3n.<\/p>\n
Por otro lado, los art\u00edculos 27 a 32 de la Ley regulan el r\u00e9gimen sancionador que les resulta de aplicaci\u00f3n a los sujetos enumerados en el art\u00edculo 25. Este r\u00e9gimen sancionador se estructura en tres \u00e1mbitos: infracciones en materia de conflicto de intereses, en materia de gesti\u00f3n econ\u00f3mico-presupuestaria y en materia disciplinaria.<\/p>\n
Destaca la incorporaci\u00f3n de infracciones derivadas del incumplimiento de la Ley Org\u00e1nica 2\/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En este sentido, se impondr\u00e1n sanciones, entre otros, a quienes comprometan gastos, liquiden obligaciones y ordenen pagos sin cr\u00e9dito suficiente para realizarlos o con infracci\u00f3n de lo dispuesto en la normativa presupuestaria, o no justifiquen la inversi\u00f3n de los fondos a los que se refieren la normativa presupuestaria equivalente.<\/p>\n
El T\u00edtulo III de la Ley crea y regula el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno<\/b>, un \u00f3rgano independiente al que se le otorgan competencias de promoci\u00f3n de la cultura de transparencia en la actividad de la Administraci\u00f3n P\u00fablica, de control del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, as\u00ed como de garant\u00eda del derecho de acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica y de la observancia de las disposiciones de Buen Gobierno.<\/p>\n
Las disposiciones adicionales tratan cuestiones como la revisi\u00f3n y simplificaci\u00f3n normativa y la colaboraci\u00f3n entre el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Agencia Espa\u00f1ola de Protecci\u00f3n de Datos.<\/p>\n
Mediante las disposiciones finales se modifica la regulaci\u00f3n del derecho de acceso a los archivos y registros administrativos contenida en la Ley 30\/1992, de 26 de noviembre, se ampl\u00eda la publicidad de determinada informaci\u00f3n que figura en el Registro de bienes y derechos patrimoniales de los altos cargos de la Administraci\u00f3n General del Estado y la obligaci\u00f3n de publicidad prevista en el apartado 4 del art\u00edculo 136 de la Ley 47\/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.<\/p>\n
La entrada en vigor de la Ley se prev\u00e9 para el d\u00eda siguiente al de su publicaci\u00f3n en el \u00abBolet\u00edn Oficial del Estado\u00bb, a excepci\u00f3n de la entrada en vigor de su T\u00edtulo I y III, que se producir\u00e1 en el plazo de un a\u00f1o desde su publicaci\u00f3n en el BOE. Asimismo, se prev\u00e9 que los \u00f3rganos de las Comunidades Aut\u00f3nomas y Entidades Locales dispondr\u00e1n de un plazo m\u00e1ximo de dos a\u00f1os para adaptarse a las obligaciones contenidas en esta Ley.<\/p>\n
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Barcelona, 10 de diciembre de 2013<\/p>\n
Dr. Alfonso Arroyo<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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