El BOE de 10 de diciembre de 2013 ha publicado la ley 20\/2013 de 9 de diciembre, de garant\u00eda de la unidad de mercado, aprobada con los votos del Partido Popular y la oposici\u00f3n mayoritaria del resto de partidos pol\u00edticos.<\/p>\n
La ley se justifica con el fin de dar contenido el principio constitucional de unidad de mercado consagrado en el art\u00edculo 139 de la Constituci\u00f3n, para lo cual se arbitran una serie de medidas que corrijan los defectos de la fragmentaci\u00f3n del mercado espa\u00f1ol derivada de la legislaci\u00f3n estatal y las 17 legislaciones auton\u00f3micas. El objetivo final\u00a0 es eliminar los obst\u00e1culos y trabas derivados del\u00a0 crecimiento de la regulaci\u00f3n en el ejercicio de la libertad de iniciativa econ\u00f3mica dentro de un mercado que se quiere \u00fanico.<\/p>\n
Con este fin la ley adopta tres grandes tipos de medidas. Por un lado se establecen unos principios generales\u00a0 en garant\u00eda de la libertad de establecimiento y libertad de circulaci\u00f3n que tratan de vincular a los legisladores y \u201creglamentadores\u201d posteriores ( con el problema de que\u00a0 una ley\u00a0 ordinaria estatal no puede vincular al legislador estatal posterior, aunque si al legislador auton\u00f3mico). Estos principios se inspiran en el contenido de la Directiva 123\/2006 y se concretan en el cap\u00edtulo V de la ley, a\u00f1adiendo algunas\u00a0 novedades muy significativas respecto de la norma comunitaria. Se extienden las actividades para las que rige el principio de libre acceso y cuyo control previo\u00a0 se limita a la concurrencia de razones imperiosas de inter\u00e9s general. Adem\u00e1s se limitan los supuestos en los que podr\u00e1 apreciarse que concurren estas razones de inter\u00e9s general ( art\u00edculo 17,1), y se exige tambi\u00e9n la justificaci\u00f3n de este tipo de razones para poder exigir una declaraci\u00f3n responsable o la presentaci\u00f3n de una comunicaci\u00f3n previa.\u00a0 Tambi\u00e9n se amplia y detalla la lista negra de requisitos que no pueden exigirse para el inicio de una actividad econ\u00f3mica ( art\u00edculo 18).<\/p>\n
El segundo tipo de medidas, el que a nuestro juicio es el m\u00e1s problem\u00e1tico, se incluyen dentro del llamado principio de \u201ceficacia en todo el territorio nacional\u201d ( cap\u00edtulo V). Es te principio comporta que desde que el operador econ\u00f3mico est\u00e9 legalmente establecido en un lugar del territorio espa\u00f1ol podr\u00e1 ejercer su actividad econ\u00f3mica en todo el territorio mediante establecimiento f\u00edsico o sin \u00e9l, siempre que cumpla los requisitos de acceso a la actividad del lugar de origen, incluso cuando la actividad econ\u00f3mica no est\u00e9 sometida a requisito en dicho lugar. Prestemos atenci\u00f3n a lo que se deriva de este precepto (art\u00edculo 19,1). Seg\u00fan lo dispuesto en este art\u00edculo no se trata de extender a\u00a0 todo el territorio nacional\u00a0 la eficacia de unas autorizaciones sujetas a un r\u00e9gimen jur\u00eddico uniforme,\u00a0 evitando as\u00ed tener que pedir nuevas autorizaciones en cada Comunidad Aut\u00f3noma si ya se ha obtenido una, lo que ser\u00eda razonable. El principio de eficacia va mucho m\u00e1s all\u00e1. Se establece que el marco regulatorio de cada Comunidad Aut\u00f3noma extiende sus efectos en todo el territorio del Estado a partir del principio seg\u00fan el cual se generaliza el r\u00e9gimen menos intervencionista.\u00a0 Si en Castilla la Mancha no se exige nada para el inicio de una actividad, el operador all\u00ed establecido ( la disposici\u00f3n adicional d\u00e9cima trata de precisar qu\u00e9 se entiende por autoridad de origen) podr\u00e1 actuar en todo el territorio nacional sin que se le pueda exigir ning\u00fan requisito previo.<\/p>\n
Como se critic\u00f3 en el debate parlamentario, creemos que con raz\u00f3n, esta reforma supone favorecer el dumping regulatorio con el fin de atraer instalaciones de empresas que, posteriormente pasan a actuar libremente en todo el Estado. Adem\u00e1s supone un trato discriminatorio para las empresas comunitarias, que no podr\u00e1n favorecerse de este dumping interno.<\/p>\n
Por \u00faltimo, con el fin de garantizar la aplicaci\u00f3n de los principios de la ley se crea una Comisi\u00f3n Nacional de los Mercados y la Competencia, y se habilita un recurso administrativo previo singular\u00a0 y alternativo a los ordinarios ( art\u00edculo 26) al que podr\u00e1n acudir los interesados y las entidades representativas de intereses colectivos.<\/p>\n
La aplicaci\u00f3n del nuevo texto legal se nos antoja altamente conflictiva, en particular por la oposici\u00f3n de las Comunidades Aut\u00f3nomas que han visto en esta ley un ataque frontal a su autonom\u00eda reguladora, ya que a trav\u00e9s del principio de eficacia ver\u00e1n como su ordenamiento regulador queda superado por lo que se disponga en otras Comunidades Aut\u00f3nomas. Adem\u00e1s, deber\u00e1n sujetarse a los principios de m\u00ednima intervenci\u00f3n general m\u00e1s all\u00e1 de los casos establecidos en la Directiva 123\/2006. El recurso ante el Tribunal Constitucional creemos que est\u00e1 asegurado.<\/p>\n
Barcelona, 12 de diciembre de 2013<\/p>\n
Dr. Joaqu\u00edn Tornos<\/p>\n
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