La Sentencia del Tribunal Constitucional de 10 de abril de 2014 resuelve la cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad planteada por la Secci\u00f3n Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha respecto del art\u00edculo 46.1, segundo inciso, de la Ley 29\/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicci\u00f3n contencioso-administrativa (LJCA), por posible vulneraci\u00f3n del art. 24.1 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola (CE).<\/p>\n
La mencionada cuesti\u00f3n se formula en el seno de un proceso en el que se impugn\u00f3 una sanci\u00f3n administrativa respecto de la cual el sancionado interpuso un recurso ordinario que no fue resuelto por la Administraci\u00f3n y frente a cuya desestimaci\u00f3n presunta interpuso, m\u00e1s tarde, recurso contencioso administrativo. La Administraci\u00f3n opone la extemporaneidad del referido recurso contencioso al entender que se excedieron los seis meses que establece el art\u00edculo 46.1 de la LJCA, contados desde el vencimiento del plazo que ten\u00eda la Administraci\u00f3n para resolver el recurso planteado en v\u00eda administrativa.<\/p>\n
Una vez efectuado el correspondiente examen de constitucionalidad, el Tribunal Constitucional llega a la conclusi\u00f3n de que el art\u00edculo 46.1, segundo inciso, de la LJCA no vulnera el art\u00edculo 24.1 de la CE porque el plazo de caducidad de seis meses para interponer recurso a que se refiere dicho precepto no resulta aplicable a las desestimaciones por silencio.<\/p>\n
El Tribunal Constitucional llega a esa conclusi\u00f3n argumentando que:
\na)\u00a0En la redacci\u00f3n original de la Ley 30\/1992 la categor\u00eda de \u201cacto presunto\u201d englobaba tanto los supuestos estimatorios como los desestimatorios, siendo que a partir de la entrada en vigor de la Ley 4\/1999 se modific\u00f3 dicho r\u00e9gimen de silencio, previendo que la estimaci\u00f3n positiva tendr\u00eda la consideraci\u00f3n de acto finalizador del procedimiento (acto presunto), pero que la desestimaci\u00f3n por silencio tendr\u00eda los solos efectos de permitir a los interesados la interposici\u00f3n del recurso administrativo o contencioso administrativo correspondiente. En definitiva, a partir de la entrada en vigor de la Ley 4\/1999 la categor\u00eda de \u201cacto presunto\u201d dej\u00f3 de incluir los supuestos desestimatorios.<\/p>\n
b)\u00a0 Con independencia del sentido del silencio, la Administraci\u00f3n tiene igualmente la obligaci\u00f3n de resolver.<\/p>\n
Partiendo de esas dos premisas, y siendo que el art\u00edculo 46.1, segundo inciso, de la LJCA se ha mantenido inalterado y se continua refiriendo a los \u201cactos presuntos\u201d, el Tribunal entiende que dicho precepto no puede resultar aplicable a las desestimaciones por silencio porque,\u00a0 por los motivos que se acaban de indicar, las desestimaciones por silencio no se encuentran ya incluidas en la categor\u00eda de \u201cacto presunto\u201d.<\/p>\n
En consecuencia, y de acuerdo con la referida doctrina constitucional, el plazo para impugnar las desestimaciones por silencio quedar\u00e1 abierto hasta que, en su caso, la Administraci\u00f3n resuelva, y sin que resulte aplicable el plazo de seis meses previsto en el art\u00edculo 46.1, segundo inciso, de la LJCA.<\/p>\n
Barcelona, 5 de mayo de 2014<\/p>\n
Dr. Alfonso Arroyo\u00a0 D\u00edez<\/p>\n
Abogado<\/p>\n
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