La Ley 19\/2014, de 19 de diciembre, de transparencia, acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica y buen gobierno de Catalu\u00f1a (en adelante, Ley 19\/2014) prev\u00e9 diversas obligaciones en materia de transparencia que afectan al \u00e1mbito de la contrataci\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n
El art\u00edculo dedicado de forma \u00edntegra a regular esas obligaciones de transparencia es el 13, que se encuentra ubicado en el T\u00edtulo II de la Ley, relativo a la transparencia y, m\u00e1s en concreto, en su Cap\u00edtulo III, relativo a la transparencia en la gesti\u00f3n administrativa.<\/p>\n
El mencionado precepto resulta aplicable a todos los sujetos obligados, aunque los mismos no tengan la consideraci\u00f3n de Administraci\u00f3n P\u00fablica a los efectos de la referida Ley y siempre y cuando act\u00faen como poderes adjudicadores, y no como contratistas. En este sentido, conviene destacar que la Ley 19\/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica y buen gobierno (Ley 19\/2013) s\u00ed concreta obligaciones dirigidas a los sujetos previstos en su art\u00edculo 3(1)<\/strong> en relaci\u00f3n con los contratos que formalicen con una Administraci\u00f3n P\u00fablica, cuando act\u00faen como contratistas de esta. Las obligaciones previstas, tanto en la normativa catalana como en la estatal, afectan a todos los contratos, incluidos los menores y los patrimoniales y la informaci\u00f3n que, a grandes rasgos, se deber\u00e1 difundir sobre los mismos consiste en el objeto, la duraci\u00f3n, el importe de licitaci\u00f3n y de adjudicaci\u00f3n, el procedimiento utilizado para su celebraci\u00f3n, los instrumentos a trav\u00e9s de los que, en su caso, se haya publicitado, el n\u00famero de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario, as\u00ed como las modificaciones del contrato. Tambi\u00e9n las decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos.<\/p>\n La Ley catalana en este punto resulta m\u00e1s exigente y prev\u00e9, tambi\u00e9n, la obligaci\u00f3n de publicar las resoluciones de los recursos especiales y las cuestiones de nulidad, una relaci\u00f3n de las preguntas m\u00e1s frecuentes en las consultas en materia de contrataci\u00f3n que se formulen o la publicaci\u00f3n de determinada informaci\u00f3n destinada a los usuarios en el caso de los contratos de gesti\u00f3n de servicios p\u00fablicos o de concesi\u00f3n de obra p\u00fablica.<\/p>\n En cualquier caso, conviene tener en cuenta esa divergencia en la regulaci\u00f3n del r\u00e9gimen de transparencia, que en el caso de la Ley 19\/2013 se extiende a los contratistas de la Administraci\u00f3n P\u00fablica. Ante esa situaci\u00f3n, deber\u00e1 plantearse si se aplica \u00fanicamente la Ley catalana y, por tanto, se entiende que los contratistas no deben difundir la informaci\u00f3n contenida en el art\u00edculo 13 de la Ley 19\/2014 o si, por el contrario, debe hacerse una aplicaci\u00f3n conjunta con la Ley estatal y conviene extender esas obligaciones a determinados contratistas. As\u00ed, por ejemplo, en el caso de los sujetos previstos en los apartados 1.d y e(2)<\/strong> del art\u00edculo 3 de la Ley 19\/2014, se prev\u00e9 que deban informar a su Administraci\u00f3n responsable de la gesti\u00f3n de los servicios p\u00fablicos que presten -se entiende que en su condici\u00f3n de contratistas-. Finalmente, conviene hacer referencia al art\u00edculo 55.2 de la Ley, que aunque se refiere a los principios \u00e9ticos y las reglas de conducta que deben observar los altos cargos sujetos al r\u00e9gimen de buen gobierno, se prev\u00e9 que las administraciones y los organismos comprendidos en el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n de la presente ley deben incluir, en los pliegos de cl\u00e1usulas contractuales y en las bases de convocatoria de subvenciones o ayudas, los principios \u00e9ticos y las reglas de conducta a los que deben adecuar su actividad los contratistas y las personas beneficiarias, y deben determinar los efectos de un eventual incumplimiento de dichos principios. Se trata, en consecuencia, de una obligaci\u00f3n que aunque situada en el T\u00edtulo relativo al buen gobierno, resultar\u00e1 de aplicaci\u00f3n tambi\u00e9n a los contratistas del sector p\u00fablico.<\/p>\n Barcelona, 27 de marzo de 2015<\/p>\n Dr. Alfonso Arroyo<\/p>\n \n \n (1)<\/strong> a) Los partidos pol\u00edticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales. (2)<\/strong> d) A las personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas que ejercen funciones p\u00fablicas o potestades administrativas, que prestan servicios p\u00fablicos o que perciben fondos p\u00fablicos para funcionar o para llevar a cabo sus actividades por cualquier t\u00edtulo jur\u00eddico. La Ley 19\/2014, de 19 de diciembre, de transparencia, acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica y buen gobierno de Catalu\u00f1a (en adelante, Ley 19\/2014) prev\u00e9 diversas obligaciones en materia de transparencia que afectan al \u00e1mbito de la contrataci\u00f3n p\u00fablica. El art\u00edculo dedicado de forma \u00edntegra a regular esas obligaciones de transparencia es el 13, que se […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[7],"tags":[],"boletin":[],"articulo-lcsp":[],"yoast_head":"\n
\nEn cualquier caso, aunque no se encuentren previstas expresamente en el art\u00edculo 13, existen otros preceptos ubicados a lo largo de la Ley que determinan diversas obligaciones destinadas a los contratistas.<\/p>\n
\nTambi\u00e9n conviene hacer referencia al art\u00edculo 3.5 de la misma Ley, que prev\u00e9 que los contratos del sector p\u00fablico deben incluir las obligaciones de los adjudicatarios de facilitar la informaci\u00f3n establecida por la presente ley, sin perjuicio del cumplimiento de las de transparencia. Se entiende que en los pliegos, los poderes adjudicadores podr\u00e1n concretar la informaci\u00f3n que deber\u00e1n facilitar los contratistas a efectos de su difusi\u00f3n, relacionada con los aspectos que hemos visto, o incluso ampli\u00e1ndola a otros aspectos, si ello no contraviene lo dispuesto en la Ley.<\/p>\n
\nb) Las entidades privadas que perciban durante el per\u00edodo de un a\u00f1o ayudas o subvenciones p\u00fablicas en una cuant\u00eda superior a 100.000 euros o cuando al menos el 40\u2009% del total de sus ingresos anuales tengan car\u00e1cter de ayuda o subvenci\u00f3n p\u00fablica, siempre que alcancen como m\u00ednimo la cantidad de 5.000 euros.<\/p>\n
\ne) A las personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas que realizan actividades calificadas legalmente como servicios de inter\u00e9s general o universal.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"