El pasado 7 de abril se public\u00f3 en el BOE el Real Decreto 183\/2015, de 13 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26\/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, aprobado por el Real Decreto 2090\/2008, de 22 de diciembre (en adelante RD).<\/p>\n
La Directiva 2004\/35\/CE sobre responsabilidad medioambiental no exig\u00eda strictu sensu la prestaci\u00f3n de una garant\u00eda financiera, dej\u00e1ndolo al criterio de los Estados miembros. Sin embargo, Espa\u00f1a fue pionera en la imposici\u00f3n de esta obligaci\u00f3n a los operadores y estableci\u00f3 que para calcular la cuant\u00eda de la garant\u00eda se atender\u00e1 a los posibles riesgos y costes de reparaci\u00f3n asociados a las actividades contenidas en el anexo III de la Ley 26\/2007 de Responsabilidad Medioambiental.<\/p>\n
El primero en rebajar esta obligaci\u00f3n fue el RDL 8\/2011, de 1 de julio, que introdujo la posibilidad de eximir, v\u00eda reglamentaria, de la obligaci\u00f3n de constituir garant\u00eda financiera, posteriormente, \u00e9ste se vio matizado por la Ley 11\/2014, de 3 de julio, que estableci\u00f3 que para fijar las exenciones deber\u00eda atenderse a criterios basados en el potencial de las actividades de generar da\u00f1os\u00a0ambientales.<\/p>\n
Finalmente, con el RD se consolida la dispensa de este deber para los operadores de las actividades con escaso potencial de generar da\u00f1os ambientales y bajo nivel de accidentalidad. Consecuentemente, las categor\u00edas excluidas tampoco quedan obligadas a realizar el an\u00e1lisis de riesgos ambientales.<\/p>\n
Obviamente, ello no implica la supresi\u00f3n del r\u00e9gimen de responsabilidad objetiva e ilimitada, recordemos, quien contamina paga. As\u00ed pues, persiste la obligaci\u00f3n de adoptar las medidas necesarias para prevenir la causaci\u00f3n o, en su caso, reparaci\u00f3n del da\u00f1o. Lo cual tiene una estrecha relaci\u00f3n con la compliance<\/em> penal.<\/p>\n Del an\u00e1lisis de las actividades del anexo III, puede concluirse que los operadores con mayor riesgo y, por tanto, sujetos todav\u00eda a la obligaci\u00f3n de prestar garant\u00eda, son los siguientes:<\/p>\n 1. Los incluidos del Real Decreto 1254\/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.<\/p>\n 2. Los incluidos en la Ley 16\/2002, de 1 de julio, de prevenci\u00f3n y control integrados de la contaminaci\u00f3n.<\/p>\n 3. Los implicados en los hechos ocurridos en instalaciones dedicadas a la gesti\u00f3n de los residuos derivados de las industrias extractivas.<\/p>\n Otra de las medidas encaminadas a reducir las cargas administrativas y simplificar procesos es la supresi\u00f3n de verificaci\u00f3n del an\u00e1lisis de riesgos por organismos acreditados; basta con una declaraci\u00f3n responsable de haberlo llevado a cabo.<\/p>\n Por \u00faltimo, se altera el m\u00e9todo para calcular la cuant\u00eda de la garant\u00eda financiera.<\/p>\n Barcelona, 4 de mayo de 2015<\/p>\n Judit Lig\u00fcerre El pasado 7 de abril se public\u00f3 en el BOE el Real Decreto 183\/2015, de 13 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26\/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, aprobado por el Real Decreto 2090\/2008, de 22 de diciembre (en adelante RD). La Directiva 2004\/35\/CE […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[7],"tags":[],"boletin":[],"articulo-lcsp":[],"yoast_head":"\n
\nAbogada<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"