En el BOE del pasado s\u00e1bado 25 de julio, se public\u00f3 el Real Decreto Legislativo 1\/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Garant\u00edas y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.<\/p>\n
Lo cierto es que no hay demasiado que contar al respecto; por ello, no es el objeto de esta nota realizar un an\u00e1lisis pormenorizado de la refundici\u00f3n llevada a cabo por el Gobierno, sino simplemente transmitir algunas reflexiones que se le ocurren a la que suscribe.<\/p>\n
Conforme al art\u00edculo 82.5 de la Constituci\u00f3n \u201cLa autorizaci\u00f3n para refundir textos legales determinar\u00e1 el \u00e1mbito normativo a que se refiere el contenido de la delegaci\u00f3n, especificando si se circunscribe a la mera formulaci\u00f3n de un texto \u00fanico o si se incluye la de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales<\/strong> que han de ser refundidos\u201d<\/em>. Partiendo de esta base, la Ley 10\/2013, de 24 de julio, en su Disposici\u00f3n Adicional Cuarta, al efecto de consolidar en un texto \u00fanico las modificaciones incorporadas, desde su entrada en vigor en la Ley 29\/2006, de 26 de julio, de Garant\u00edas y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, autoriza al Gobierno para elaborar y aprobar, en un plazo de dos a\u00f1os, un texto refundido de dicha Ley, incluyendo esta autorizaci\u00f3n \u201cla facultad de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que deban ser refundidos\u201d<\/em>.<\/p>\n Pues bien, salvo la referencia a entidades de distribuci\u00f3n (en vez de almacenes mayoristas), la refundici\u00f3n de algunos art\u00edculos y los necesarios cambios de concordancias, numeraci\u00f3n, orden y referencias temporales ya superadas (sobre todo en disposiciones adicionales-transitorias) poco m\u00e1s ha aportado la nueva norma.<\/p>\n Como indica la Comisi\u00f3n Nacional de los Mercados y la Competencia en su Informe sobre el Proyecto de Real Decreto Legislativo, el Tribunal Constitucional ha interpretado la facultad habilitada por el art\u00edculo 82.5 de la Constituci\u00f3n en t\u00e9rminos amplios; se\u00f1alando, entre otras, en su Sentencia 166\/2007, de 4 de julio, sobre el Texto refundido de la Ley de Propiedad intelectual, que \u201cla labor refundidora que el Legislador encomienda al Gobierno aporta tambi\u00e9n un contenido innovador, sin el cual carecer\u00eda de sentido la delegaci\u00f3n legislativa<\/strong>. De este modo, el texto refundido que sustituye a partir de su entrada en vigor a las disposiciones legales refundidas [\u2026] supone siempre un juicio de fondo sobre la interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica de los preceptos refundidos,<\/strong> sobre todo en el segundo tipo de refundici\u00f3n prevista en el art\u00edculo 82.5 CE, es decir, el que incluye la facultad \u201cde regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos\u201d [\u2026] pues ello permite al Gobierno [\u2026] la explicitaci\u00f3n de normas complementarias a las que son objeto de refundici\u00f3n\u201d.<\/em><\/p>\n Teniendo en cuenta lo anterior, el resultado final llama la atenci\u00f3n sobre todo si se acude al pre\u00e1mbulo de la norma en el que se citan hasta 15 modificaciones de las que ha sido objeto la Ley 29\/2006, lo que sin duda hubiese merecido un mayor esfuerzo de \u201cinnovaci\u00f3n\u201d, en palabras del Tribunal Constitucional, o de \u201caclaraci\u00f3n y armonizaci\u00f3n\u201d, en sede del art\u00edculo 82.5 CE.<\/p>\n Ha de reconocerse que es complejo alcanzar un equilibrio entre aclarar y armonizar y legislar, lo que supondr\u00eda una extralimitaci\u00f3n del Gobierno en sus competencias, y as\u00ed lo puso de relieve el Consejo Econ\u00f3mico y Social en su Informe sobre el Proyecto de Real Decreto Legislativo, en el que achaca al Gobierno ir m\u00e1s all\u00e1 de la autorizaci\u00f3n refundidora al innovar la Ley en varios preceptos. Sin embargo, se ha perdido la oportunidad de clarificar algunos aspectos, muy especialmente los relativos a la financiaci\u00f3n p\u00fablica de medicamentos y productos sanitarios, y en general de cohesionar de un modo claro y armonizado la sucesi\u00f3n de modificaciones que desde su entrada en vigor ha experimentado la Ley 29\/2006; sin duda es una cuesti\u00f3n de justo equilibrio.<\/p>\n Madrid, 30 de julio de 2015<\/p>\n Noelia de Miguel En el BOE del pasado s\u00e1bado 25 de julio, se public\u00f3 el Real Decreto Legislativo 1\/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Garant\u00edas y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Lo cierto es que no hay demasiado que contar al respecto; por ello, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[7],"tags":[],"boletin":[],"articulo-lcsp":[],"yoast_head":"\n
\nAbogado<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"