Promulgado un nuevo r\u00e9gimen jur\u00eddico del Sector P\u00fablico, tras la aprobaci\u00f3n de la Ley 40\/2015, de 1 de octubre, y una vez superado el primer impacto que nos causa la reforma normativa que dicha Ley lleva a cabo -conjuntamente con la Ley 39\/2015, de Procedimiento Administrativo Com\u00fan- debe quedar tiempo, tambi\u00e9n, para tomar en consideraci\u00f3n la parte final de la misma, dado que, siguiendo la defectuosa t\u00e9cnica legislativa imperante en los \u00faltimos tiempos, diez de sus dieciocho Disposiciones Finales est\u00e1n dedicadas a modificar, con mayor o menor intensidad, seg\u00fan los casos, hasta once Leyes sectoriales.<\/p>\n
Vayamos por partes.<\/p>\n
La 1\u00aa de las D. F de la LRJSP modifica la Ley 23\/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional. En particular, su Art\u00edculo 8.1, relativo a la composici\u00f3n del Consejo de Administraci\u00f3n del Patrimonio Nacional, Entidad de Derecho P\u00fablico dependiente de la Presidencia del Gobierno. Por su parte, la D.F. 2\u00aa modifica el Real Decreto-Ley 12\/1995, de 28 de diciembre, sobre medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera, previendo que el Instituto de Cr\u00e9dito Oficial pasar\u00e1 a disponer de un Consejo General y regul\u00e1ndose su composici\u00f3n. Y la D.F. 3\u00aa procede a la modificaci\u00f3n, de la Ley 50\/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, modificaci\u00f3n que en este caso aparecer\u00eda un tanto m\u00e1s justificada que el resto de las contenidas en dicha Ley, dada la eminente relaci\u00f3n existente entre Gobierno y Administraci\u00f3n y que b\u00e1sicamente se reconduce a remitirse a la LPAC en lo relativo al procedimiento por el que se ejercen la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, y a cambiar la ubicaci\u00f3n sistem\u00e1tica del art\u00edculo dedicado al control del Gobierno.<\/p>\n
Del mismo modo, la D.F. 4\u00aa modifica la Ley 50\/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, en concreto, su Art\u00edculo 34.2, a los efectos de especificar que en las fundaciones de competencia estatal las funciones del Protectorado ser\u00e1n ejercidas por la Administraci\u00f3n General del Estado en la forma que reglamentariamente se determine pero especific\u00e1ndose ahora que dichas funciones del Protectorado se ejercer\u00e1n \u201ca trav\u00e9s de un \u00fanico \u00f3rgano administrativo\u201d.<\/em><\/p>\n A continuaci\u00f3n, la D.F. 5\u00aa modifica, tambi\u00e9n, la Ley 22\/2003, de 9 de julio, Concursal, debiendo destacarse a este respecto que, entre otras reformas, se modifica la definici\u00f3n de Cr\u00e9ditos con privilegio especial de su Art\u00edculo 90.1, Sexto, especific\u00e1ndose con respecto a los cr\u00e9ditos garantizados con prenda constituida sobre cr\u00e9ditos futuros, que, en el caso de cr\u00e9ditos derivados de la resoluci\u00f3n de contratos de concesi\u00f3n de obras o de gesti\u00f3n de servicios p\u00fablicos, s\u00f3lo gozar\u00e1n de dicho privilegio cuando, adem\u00e1s de cumplir el resto de requisitos contemplados en la nueva redacci\u00f3n del precepto, cumplan tambi\u00e9n con lo exigido en el Art\u00edculo 261.3 del TRLCSP \u2013este \u00faltimo tambi\u00e9n introducido en el TRLSCP por la D.F. de la misma Ley 40\/2015-.<\/p>\n Seguidamente, la D.F. 6\u00aa modifica, tambi\u00e9n, dos preceptos de la Ley 33\/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones P\u00fablicas, en particular, sus Art\u00edculos 166.1 y 167.2, relativos al \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n del Patrimonio Empresarial de la Administraci\u00f3n General del Estado. Asimismo, la D.F. 7\u00aa modifica la Ley 38\/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones en cuanto a los \u00f3rganos competentes para la concesi\u00f3n de subvenciones \u2013Art\u00edculo 10 y nueva D.T. 3\u00aa- y en cuanto a la concesi\u00f3n de subvenciones por parte de las fundaciones del sector p\u00fablico \u2013D. A. 16\u00aa, 1r p\u00e1rrafo-. Adem\u00e1s, se crea, a trav\u00e9s de una nueva D.A. 25\u00aa, el Servicio Nacional de Coordinaci\u00f3n Antifraude para la protecci\u00f3n de los intereses financieros de la Uni\u00f3n Europea.<\/p>\n Por su parte, la D.F. 8\u00aa modifica la Ley 47\/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, dando nueva redacci\u00f3n a la definici\u00f3n de \u201cSector p\u00fablico estatal\u201d contenida en su Art\u00edculo 2 y dando nueva redacci\u00f3n, asimismo, a su Art\u00edculo 3, en cuanto a la definici\u00f3n de \u201cSector p\u00fablico administrativo, empresarial y fundacional\u201d.<\/p>\n Y, c\u00f3mo no, tampoco el Real Decreto Legislativo 3\/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector P\u00fablico pod\u00eda quedar al margen de este conjunto de modificaciones sectoriales, conteni\u00e9ndose en la D.F. 9\u00aa de la LRJSP, una en\u00e9sima reforma de dicho TRLCSP. En concreto, se modifican determinadas cuestiones sobre las prohibiciones de contratar, tipific\u00e1ndose algunas nuevas causas de prohibici\u00f3n como el haber dejado de formalizar el contrato en plazo por causa imputable al adjudicatario o el incumplimiento de la cuota de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad \u2013aunque la nueva D.T. 10\u00aa tambi\u00e9n introducida en el TRLCSP, difiere su aplicaci\u00f3n hasta que se haya desarrollado reglamentariamente esta nueva previsi\u00f3n-.<\/p>\n Asimismo, esta prohibici\u00f3n del Art\u00edculo 60.1 d) se desarrolla en el sentido de especificar que se considerar\u00e1 que las empresas se encuentran al corriente con el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o de la Seguridad Social cuando las deudas est\u00e9n aplazadas, fraccionadas o se hubiera acordado su suspensi\u00f3n con ocasi\u00f3n de la impugnaci\u00f3n de tales deudas. Igualmente, se ampl\u00eda el \u00e1mbito de la prohibici\u00f3n de contratar por incompatibilidad, incluyendo la menci\u00f3n al conflicto de intereses, se modifica, tambi\u00e9n, el Art\u00edculo 61, sobre la acreditaci\u00f3n de la prohibici\u00f3n, competencia y procedimiento y se introduce un Art\u00edculo 61 bis, que regula los efectos de la prohibici\u00f3n de contratar, ahora ya con independencia de la declaraci\u00f3n de la prohibici\u00f3n.<\/p>\n Se reforma, tambi\u00e9n, el Art\u00edculo 150.2 del TRLCSP, relativo a los criterios de valoraci\u00f3n de las ofertas, para introducir la previsi\u00f3n de que cuando en los contratos de concesi\u00f3n de obra p\u00fablica o gesti\u00f3n de servicios p\u00fablicos se prevea la posibilidad de que se efect\u00faen aportaciones p\u00fablicas a la construcci\u00f3n o explotaci\u00f3n as\u00ed como cualquier tipo de garant\u00edas, avales u otro tipo de ayudas a la empresa, en todo caso figurar\u00e1 como un criterio de adjudicaci\u00f3n evaluable de forma autom\u00e1tica la cuant\u00eda de la reducci\u00f3n que oferten los licitadores sobre las aportaciones previstas en el expediente de contrataci\u00f3n.<\/p>\n Asimismo, se reforma el Art\u00edculo 254, relativo a las aportaciones p\u00fablicas a la construcci\u00f3n y garant\u00edas de la financiaci\u00f3n, el Art\u00edculo 256, sobre aportaciones p\u00fablicas a la explotaci\u00f3n, el Art\u00edculo 261 sobre el objeto de la hipoteca de la concesi\u00f3n y pignoraci\u00f3n de derechos y el Art\u00edculo 271 sobre los efectos de la resoluci\u00f3n de los contratos de concesi\u00f3n. Paralelamente, se modifica, tambi\u00e9n, el Art\u00edculo 288 sobre los efectos de la resoluci\u00f3n de los contratos de gesti\u00f3n de servicios p\u00fablicos. Adem\u00e1s, y siguiendo con las reformas en sede contratos de concesi\u00f3n de obras, se introduce un nuevo Art\u00edculo 271 bis, relativo al nuevo proceso de adjudicaci\u00f3n en concesi\u00f3n de obras en los casos en los que la resoluci\u00f3n obedezca a causas no imputables a la Administraci\u00f3n y un nuevo Art\u00edculo 271 ter, referido a la determinaci\u00f3n del tipo de licitaci\u00f3n de la concesi\u00f3n de obras en los casos en los que la resoluci\u00f3n obedezca a causas no imputables a la Administraci\u00f3n.<\/p>\n Y, ya en relaci\u00f3n tanto con los contratos de concesiones de obras como con los de servicios p\u00fablicos, se introduce una nueva D.A. 36\u00aa por la que se crea la Oficina Nacional de Evaluaci\u00f3n, a los efectos de analizar la sostenibilidad financiera de tales contratos.<\/p>\n Por \u00faltimo, mencionar, tambi\u00e9n, que la D.F. 10\u00aa de la LRJSP modifica la Ley 17\/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el a\u00f1o 2013 y que la D. F. 11\u00aa hace lo mismo con respecto a la Ley 20\/2015, de ordenaci\u00f3n, supervisi\u00f3n y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras.<\/p>\n La entrada en vigor de estas modificaciones se fija en fechas distintas en funci\u00f3n de la Ley y de los preceptos modificados en cada caso, si bien por lo que respecta, en particular, a las modificaciones del TRLCSP \u00e9stas entrar\u00e1n en vigor a los 20 d\u00edas de su publicaci\u00f3n en el BOE, salvo la relativa a la Oficina Nacional de Evaluaci\u00f3n, que lo har\u00e1 al a\u00f1o de dicha publicaci\u00f3n.<\/p>\n Barcelona, a 7 de octubre de 2015.<\/p>\n Victoria Cord\u00f3n Procter Promulgado un nuevo r\u00e9gimen jur\u00eddico del Sector P\u00fablico, tras la aprobaci\u00f3n de la Ley 40\/2015, de 1 de octubre, y una vez superado el primer impacto que nos causa la reforma normativa que dicha Ley lleva a cabo -conjuntamente con la Ley 39\/2015, de Procedimiento Administrativo Com\u00fan- debe quedar tiempo, tambi\u00e9n, para tomar en consideraci\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[7],"tags":[],"boletin":[],"articulo-lcsp":[],"yoast_head":"\n
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