La ley 54\/1997 de 27 de noviembre del Sector El\u00e9ctrico regul\u00f3 la producci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica en r\u00e9gimen especial, disponiendo que la misma se regir\u00eda por sus disposiciones espec\u00edficas.<\/p>\n
Diversas normas han ido modificando en el tiempo el r\u00e9gimen tarifario aplicable a las energ\u00edas renovables , introduciendo reducciones a las tarifas previamente establecidas, con el fin de tratar de hacer frente al d\u00e9ficit tarifario general del sistema el\u00e9ctrico que se imputa al sistema de primas a favor de las energ\u00edas renovables.<\/p>\n
Estas normas han sido objeto de diversas impugnaciones ante el Tribunal Supremo en las que, en s\u00edntesis, se ha alegado que su contenido vulneraba los principios de seguridad jur\u00eddica, confianza leg\u00edtima y prohibici\u00f3n de retroactividad de las normas limitativas de derechos.<\/p>\n
La Secci\u00f3n Tercera de la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha rechazado estos recursos en base a la teor\u00eda del riesgo regulatorio. Para el Tribunal Supremo quien acepta entrar en un r\u00e9gimen tarifario especial asume el riesgo de su posible modificaci\u00f3n, sin que pueda alegar que un cambio normativo supone vulnerar los principios de seguridad jur\u00eddica y confianza leg\u00edtima, y siendo por otra parte la modificaci\u00f3n de las normas una retroactividad impropia.<\/p>\n
Los inversores extranjeros han planteado sus litigios ante \u00e1rbitros internacionales de conformidad con la Carta Europea de la Energ\u00eda, sin que hasta el presente se haya dictado ning\u00fan laudo arbitral.<\/p>\n
La modificaci\u00f3n introducida por el Real Decreto Ley 9\/2013 supuso un cambio de sistema en el r\u00e9gimen retributivo que fue m\u00e1s all\u00e1 de una simple alteraci\u00f3n del r\u00e9gimen tarifario anterior. Este nuevo sistema comporta el fin del r\u00e9gimen de tarifas y primas garantizado obligando a los operadores econ\u00f3micos del sector a estar y pasar por el sistema de ingresos derivados de la participaci\u00f3n en el mercado, con abono, en su caso, de una retribuci\u00f3n adicional s\u00f3lo en los casos en que fuera necesario para cubrir los costes que una empresa eficiente y bien gestionada ha recuperado en el mercado.<\/p>\n
Este nuevo sistema llev\u00f3 al Tribunal Supremo a entender que en este caso, a diferencia de las anteriores reformas del sistema retributivo de las renovables, si pod\u00eda darse una vulneraci\u00f3n de los principios constitucionales de seguridad jur\u00eddica, confianza leg\u00edtima y prohibici\u00f3n de retroactividad de las normas, e inici\u00f3 los tr\u00e1mites para plantear una cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad ( Providencia de 21 de diciembre de 2015).<\/p>\n
As\u00ed las cosas, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado ya sobre la constitucionalidad del Real Decreto ley 9\/2013 en su sentencia de 17 de diciembre de 2015, dictada en virtud de un recurso directo interpuesto por la Comunidad Aut\u00f3noma de Murcia.<\/p>\n
En su sentencia el Tribunal Constitucional rechaza en primer lugar las alegaciones basadas en la falta de presupuesto de hecho habilitante del Real Decreto ley, de acuerdo con su doctrina muy deferente a favor del Gobierno para recurrir a esta figura normativa en principio excepcional ( FFJJ 3 a 5). Tambi\u00e9n rechaza los argumentos basados en la vulneraci\u00f3n de la Carta Europea de la Energ\u00eda, FJ 6, al recordar que los Tratados Internacionales no constituyen por si mismos par\u00e1metros de contraste en un recurso de inconstitucionalidad.<\/p>\n
La cuesti\u00f3n de fondo se aborda en el FJ 7. Para el Tribunal el recurso debe ser desestimado ya que la modificaci\u00f3n del r\u00e9gimen retributivo era previsible y por tanto no vulneraba los principios de seguridad jur\u00eddica y confianza leg\u00edtima. Tampoco aprecia retroactividad, ya que el Real Decreto ley incide en situaciones no concluidas pro futuro, por tanto, se trata de un caso no prohibido de retroactividad impropia.<\/p>\n
En definitiva, la cuesti\u00f3n planteada ante el Tribunal Constitucional era la siguiente: el nuevo cambio de retribuci\u00f3n de las energ\u00eda renovables, que de hecho era un verdadero cambio de sistema \u00bfera un cambio razonablemente previsible, pod\u00eda encuadrarse dentro de la teor\u00eda del riesgo regulatorio y, por tanto, deb\u00eda ser soportado por las empresas del sector?.<\/p>\n
El Tribunal Constitucional, con un razonamiento sucinto, entiende que el recurso debe ser desestimado ya que la modificaci\u00f3n del r\u00e9gimen retributivo era previsible y por tanto no vulnera los principios de seguridad jur\u00eddica y confianza leg\u00edtima. Tampoco aprecia retroactividad, ya que el Real Decreto ley incide en situaciones no concluidas pro futuro, por lo que se trata de un supuesto de retroactividad impropia. De este modo el Tribunal concluye que en este caso, en el que realmente hay un cambio del sistema regulatorio, tambi\u00e9n estamos ante una modificaci\u00f3n del r\u00e9gimen retributivo cuya validez que puede ampararse en la teor\u00eda del riesgo regulatorio, confirmando y ampliando de este modo la doctrina del Tribunal Supremo en relaci\u00f3n a otros supuestos no id\u00e9nticos.<\/p>\n
La sentencia cuenta con un Voto Particular del Magistrado Xiol Rius al que se adhieren la Magistrada Asua Batarrita y el Magistrado Vald\u00e9s Dal-Re. La discrepancia fundamental con la sentencia de la mayor\u00eda se centra en la interpretaci\u00f3n que se hace de los principios de seguridad jur\u00eddica y de confianza leg\u00edtima, interpretaci\u00f3n que se estima excesivamente somera dada la trascendencia jur\u00eddica y econ\u00f3mica del caso enjuiciado. No se discute la conclusi\u00f3n de la sentencia, pero si el razonamiento.<\/p>\n
De este modo, y sin perjuicio de que est\u00e1n pendientes otros recurso directos contra el mismo Real Decreto ley, el Tribunal Constitucional creemos que ha dejado sin contenido las cuestiones de inconstitucionalidad que pudiera plantear el Tribunal Supremo, al confirmar la doctrina del propio Tribunal Supremo del riesgo regulatorio en el caso del nuevo r\u00e9gimen retributivo de las energ\u00edas renovables dise\u00f1ado por el Real Decreto ley 9\/2013. Ya s\u00f3lo cabe esperar a los laudos arbitrales planteados por los inversores extranjeros que se dicten de acuerdo con la Carta Europea de la Energ\u00eda.<\/p>\n
Barcelona, 19 de enero de 2016<\/p>\n
Dr. Joaqu\u00edn Tornos
\nCatedr\u00e1tico de Derecho Administrativo<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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