En fecha 18 de febrero de 2016, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado Sentencia n\u00fam. 350\/2016, por la que se estima el recurso contencioso administrativo interpuesto frente al Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de febrero de 2015, que desestim\u00f3 la reclamaci\u00f3n econ\u00f3mica fundamentada en la responsabilidad patrimonial del Estado Legislador por el incumplimiento del Derecho Europeo, declarada por Sentencia del Tribunal de Justicia de la Uni\u00f3n Europea (TJUE), de 27 de febrero de 2014 (C-82\/12, asunto Transportes Jordi Besora).<\/p>\n
El Tribunal Supremo centra el an\u00e1lisis del instituto de la responsabilidad patrimonial del Estado Legislador en la concurrencia o no del requisito de \u201cviolaci\u00f3n suficientemente caracterizada\u201d y, a efectos de dilucidar si dicho requisito concurre, analiza tres motivos:<\/p>\n
1. El contraste entre lo dispuesto por la norma infractora y por la norma infringida<\/span>.<\/p>\n 2. La jurisprudencia de aplicaci\u00f3n al caso<\/span>.<\/p>\n 3. Las circunstancias inmediatamente anteriores y posteriores a la creaci\u00f3n del controvertido Impuesto<\/span>.<\/p>\n Termina concluyendo el Tribunal Supremo que la violaci\u00f3n del Derecho comunitario ten\u00eda el grado de claridad suficiente para ser considerada como suficientemente caracterizada, por lo que se cumple con uno de los presupuestos necesarios para la determinaci\u00f3n de responsabilidad patrimonial del Estado Legislador.<\/p>\n Por lo que respecta a la relaci\u00f3n de causalidad<\/span>, el Tribunal Supremo entiende que la misma es directa porque la parte recurrente ha sufrido un da\u00f1o de car\u00e1cter econ\u00f3mico y que el mismo es antijur\u00eddico porque no tiene el deber de soportar, derivado de una actuaci\u00f3n de los poderes p\u00fablicos, que se concreta en la aplicaci\u00f3n de una norma legal contraria al Derecho de la Uni\u00f3n Europea. Asimismo, entiende que dicha relaci\u00f3n de causalidad es exclusiva del Estado Legislador, puesto que el da\u00f1o tiene su origen exclusivo en la Ley 24\/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.<\/p>\n Por \u00faltimo, el Tribunal recuerda que el instituto de la responsabilidad patrimonial es esencialmente distinto de la devoluci\u00f3n de ingresos indebidos, por lo que resulta ajustado a derecho que en el objeto de la reclamaci\u00f3n de responsabilidad patrimonial se incluyan ejercicios que han devenido firmes tanto si fueron impugnados como si ha prescrito el derecho a la devoluci\u00f3n de ingresos indebidos (Sentencia del Tribunal Supremo, de 15 de septiembre de 2010 \u2013recurso contencioso administrativo n\u00ba 653\/2009).<\/p>\n Por \u00faltimo, debe advertirse que la Sentencia contiene un voto particular que discrepando del voto mayoritario entiende que en el supuesto enjuiciado no concurre esa violaci\u00f3n suficientemente caracterizada.<\/p>\n Barcelona, 29 de marzo de 2016<\/p>\n TORNOS ABOGADOS<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" En fecha 18 de febrero de 2016, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado Sentencia n\u00fam. 350\/2016, por la que se estima el recurso contencioso administrativo interpuesto frente al Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de febrero de 2015, que desestim\u00f3 la reclamaci\u00f3n econ\u00f3mica fundamentada en la responsabilidad patrimonial del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[7],"tags":[],"boletin":[],"articulo-lcsp":[],"yoast_head":"\n