El pasado viernes 29 de julio se public\u00f3 la Sentencia del Tribunal Constitucional que resuelve el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la Ley 10\/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el \u00e1mbito de la Administraci\u00f3n de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicolog\u00eda y Ciencias Forenses (Ley 10\/2012).<\/p>\n
El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado parcialmente, por unanimidad, el recurso presentado por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados contra la referida Ley, que establec\u00eda la exigencia, a la generalidad de personas f\u00edsicas y jur\u00eddicas, de determinadas tasas por el ejercicio de la potestad jurisdiccional.<\/p>\n
El Tribunal analiza las finalidades que persigue la regulaci\u00f3n de las tasas judiciales y las somete al test de la proporcionalidad, analizando su idoneidad y su necesariedad. El Tribunal examina los dos m\u00f3dulos que determinaba la norma para el c\u00e1lculo de la cuota a pagar: la cantidad fija (art. 7.1) y la variable (art. 7.2), tanto para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n judicial como para los recursos de las diversas resoluciones.<\/p>\n
Al respecto considera, en cuanto al orden jurisdiccional contencioso-administrativo, que las tasas – tanto la cuant\u00eda fija como la variable -, resultan desproporcionadas y que pueden producir un efecto disuasorio en los ciudadanos al acudir a los Tribunales, que adem\u00e1s es la \u00fanica v\u00eda que tienen estos para lograr el control de la actividad administrativa contraria a Derecho. Declarada la inconstitucionalidad de los mencionados preceptos, la Sentencia determina que son nulas, en el orden contencioso administrativo<\/p>\n
– Las cuotas fijas de 200 y 350 euros para interponer el recurso contencioso-administrativo abreviado y ordinario respectivamente;<\/p>\n
– La cuota fija de 800 euros para para el recurso de apelaci\u00f3n y 1.200 euros para el recurso de casaci\u00f3n;<\/p>\n
– La cuant\u00eda variable del art\u00edculo 7.2 en su totalidad.<\/p>\n
Por \u00faltimo, declara el Tribunal los efectos pro futuro de tal inconstitucionalidad y, en consecuencia, declara que no procede ordenar la devoluci\u00f3n de las cantidades pagadas pese a la nulidad por inconstitucionalidad de las tasas judiciales.<\/p>\n
Barcelona, a 5 de septiembre de 2016<\/p>\n
Dr. Alfonso Arroyo<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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