Entre las novedades incorporadas por la Ley 40\/2015, de 1 de octubre, de R\u00e9gimen Jur\u00eddico del Sector P\u00fablico (\u201cLey 40\/2015\u201d), merece especial referencia la regulaci\u00f3n de los convenios en los art\u00edculos 47 y siguientes de la norma.<\/p>\n
La necesidad de esta regulaci\u00f3n ya hab\u00eda sido puesta de manifiesto por el Tribunal de Cuentas en noviembre de 2010 en su Moci\u00f3n a las Cortes Generales sobre la necesidad de establecer un adecuado marco legal para el empleo del Convenio de Colaboraci\u00f3n por las Administraciones P\u00fablicas, ya que en palabras del propio Tribunal \u201cel marco jur\u00eddico por el que se rige la figura del convenio es insuficiente y se encuentra disperso en diversidad de preceptos, algunos de los cuales revisten naturaleza de meros principio, lo que provoca dudas y lagunas, que afectan a ambos tipos, los interadministrativos y los convenios con administrados<\/em>\u201d.<\/p>\n La Ley 40\/2015, viene a suplir esta laguna estableciendo los requisitos para la validez y eficacia de los convenios, su contenido, los tr\u00e1mites preceptivos para su suscripci\u00f3n, las causas de extinci\u00f3n y los efectos de su resoluci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n En primer lugar se definen como \u201clos acuerdos con efectos jur\u00eddicos adoptados por las Administraciones P\u00fablicas, los organismos p\u00fablicos y entidades de derecho p\u00fablico vinculados o dependientes o las Universidades p\u00fablicas entre s\u00ed o con sujetos de derecho privado para un fin com\u00fan<\/strong><\/em>\u201d, sin que puedan tener por objeto las prestaciones propias de los contratos, ya que en tal caso, su r\u00e9gimen jur\u00eddico se ajustar\u00e1 a lo previsto en la legislaci\u00f3n de contratos del sector p\u00fablico.<\/p>\n Los convenios deber\u00e1n ajustarse a alguno de los siguientes tipos:<\/p>\n La suscripci\u00f3n de los convenios deber\u00e1 mejorar la eficiencia de la gesti\u00f3n p\u00fablica, facilitar la utilizaci\u00f3n conjunta de medios y servicios p\u00fablicos, contribuir a la realizaci\u00f3n de actividades de utilidad p\u00fablica y cumplir con la legislaci\u00f3n de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.<\/p>\n El art\u00edculo 49 de la Ley 40\/2015 determina el contenido m\u00ednimo de los convenios, aludiendo a: los sujetos, la competencia en la que se fundamenta la actuaci\u00f3n de la Administraci\u00f3n u organismo p\u00fablico, objeto, obligaciones asumidas por las partes, consecuencias del incumplimiento, sistema de seguimiento, r\u00e9gimen de modificaci\u00f3n y plazo de vigencia.<\/p>\n Por lo que se refiere a este \u00faltimo punto, la Ley 40\/2015 establece un plazo m\u00e1ximo de cuatro a\u00f1os<\/strong>, siendo posible que, en cualquier momento antes de la finalizaci\u00f3n de dicho plazo los firmantes acuerden un\u00e1nimemente su pr\u00f3rroga por un per\u00edodo de hasta cuatro a\u00f1os adicionales o su extinci\u00f3n. La Disposici\u00f3n adicional octava, prev\u00e9 la adaptaci\u00f3n autom\u00e1tica al per\u00edodo m\u00e1ximo de cuatro a\u00f1os, desde la entrada en vigor de la Ley, para los convenios ya suscritos que no tuvieran determinado un plazo de vigencia o, existiendo, tuvieran establecida una pr\u00f3rroga t\u00e1cita por tiempo indefinido.<\/strong><\/p>\n Tras regular los tr\u00e1mites preceptivos para la suscripci\u00f3n (entro otros, memoria justificativa e informes preceptivos), las causas de extinci\u00f3n y los efectos de su resoluci\u00f3n, la Ley determina la necesidad de remitir<\/strong>, en el plazo de tres meses desde su suscripci\u00f3n, al Tribunal de Cuentas u \u00f3rgano externo de fiscalizaci\u00f3n de la Comunidad Aut\u00f3noma<\/strong>, los convenios cuyos compromisos econ\u00f3micos superen los 60.000 euros.<\/p>\n Dr. Alfonso Arroyo Entre las novedades incorporadas por la Ley 40\/2015, de 1 de octubre, de R\u00e9gimen Jur\u00eddico del Sector P\u00fablico (\u201cLey 40\/2015\u201d), merece especial referencia la regulaci\u00f3n de los convenios en los art\u00edculos 47 y siguientes de la norma. La necesidad de esta regulaci\u00f3n ya hab\u00eda sido puesta de manifiesto por el Tribunal de Cuentas en noviembre […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[7],"tags":[],"boletin":[],"articulo-lcsp":[],"yoast_head":"\n\n
\nBarcelona, 17 de octubre de 2016<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"