{"id":6719,"date":"2018-02-27T08:35:46","date_gmt":"2018-02-27T08:35:46","guid":{"rendered":"https:\/\/www.tornosabogados.com\/?p=6719"},"modified":"2018-05-15T10:36:05","modified_gmt":"2018-05-15T10:36:05","slug":"la-fallida-potestad-discrecional-de-los-poderes-adjudicadores-no-administracion-publica-en-la-eleccion-del-procedimiento-de-contratacion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.tornosabogados.com\/ca\/la-fallida-potestad-discrecional-de-los-poderes-adjudicadores-no-administracion-publica-en-la-eleccion-del-procedimiento-de-contratacion\/","title":{"rendered":"N\u00ba7\/2018  La fallida potestad discrecional de los poderes adjudicadores, no administraci\u00f3n p\u00fablica en la elecci\u00f3n del procedimiento de contrataci\u00f3n"},"content":{"rendered":"<p><strong>Comentarios a la Ley 9\/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector P\u00fablico. Comentario n\u00ba2<\/strong><\/p>\n<p><strong>Art\u00edculos relacionados: 77, 107, 140, 159 y 318 de la LCSP<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si en el primer comentario a la Ley 9\/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector P\u00fablico (LCSP) analiz\u00e1bamos la discutible interpretaci\u00f3n de la Abogac\u00eda General del Estado sobre la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 118 de la norma al r\u00e9gimen de adjudicaci\u00f3n directa de poderes adjudicadores, no Administraci\u00f3n P\u00fablica (en adelante PANAP\u2019s), en el presente cuestionaremos su interpretaci\u00f3n respecto al r\u00e9gimen de contrataci\u00f3n de los PANAP\u2019s, relativo a los procedimientos de contrataci\u00f3n no sujetos a regulaci\u00f3n armonizada cuyo valor estimado sea superior a los umbrales fijados para contratos susceptibles de adjudicaci\u00f3n directa. En este sentido, el art\u00edculo 318.b) de la LCSP establece:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>\u201cLos contratos de obras, concesiones de obras y concesiones de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a 40.000 euros e inferior a 5.225.000 euros y los contratos de servicios y suministros de valor estimado superior a 15.000 euros e inferior a 209.000 euros, se podr\u00e1n adjudicar por cualquiera de los procedimientos previstos en la Secci\u00f3n 2\u00aa del Cap\u00edtulo I del T\u00edtulo I del Libro Segundo de la presente Ley, con excepci\u00f3n del procedimiento negociado sin publicidad, que \u00fanicamente se podr\u00e1 utilizar en los casos previstos en el art\u00edculo 168\u201d.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La literalidad del precepto permite la siguiente interpretaci\u00f3n: Si bien los PANAP\u2019s tienen que remitirse a los procedimientos regulados en la LCSP, el legislador habilita que puedan elegir libremente el procedimiento de contrataci\u00f3n al que atenerse, a excepci\u00f3n del negociado sin publicidad cuya utilizaci\u00f3n, \u00fanicamente, puede deberse a causas previstas en el art\u00edculo 168 de la LCSP, diferencia esta con el r\u00e9gimen de contrataci\u00f3n de las Administraciones P\u00fablicas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">No obstante, como ya sucediera con las adjudicaciones directas, la Abogac\u00eda General del Estado ha optado por una interpretaci\u00f3n m\u00e1s restrictiva del r\u00e9gimen de contrataci\u00f3n de los PANAP\u2019s y, as\u00ed, en su Informe 2\/2018, de 17 de enero, limita esa potestad de elecci\u00f3n a los procedimientos abierto, restringido, di\u00e1logo competitivo y asociaci\u00f3n para la innovaci\u00f3n, pero no para los procedimientos negociado, abierto simplificado y el denominado coloquialmente \u201csupersimplificado\u201d, los cuales deben cumplir con los requisitos y condiciones establecidos en la LCSP.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ya podemos adelantar que a fundamentaci\u00f3n de la tesis de la Abogac\u00eda General resulta cuanto menos cuestionable. Y es que se insiste en <em>\u201cla voluntad del legislador en aproximar la contrataci\u00f3n de los poderes adjudicadores que no sean Administraciones P\u00fablicas al r\u00e9gimen de contrataci\u00f3n propio de \u00e9stas\u201d<\/em>. El problema es que, tras el Informe 2\/2018, de 17 de enero, se ha pasado de una aproximaci\u00f3n a una autentica fusi\u00f3n de reg\u00edmenes de contrataci\u00f3n. Pr\u00e1cticamente no existe distinci\u00f3n entre Administraciones P\u00fablicas y los PANAP\u2019s.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Resulta significativo el pretender justificar que cuando el art\u00edculo 318.b) de la LCSP habla de la potestad de elegir procedimiento, ello se refiere a la elecci\u00f3n entre los procedimientos abierto, restringido, di\u00e1logo competitivo y asociaci\u00f3n para la innovaci\u00f3n. La propia naturaleza de estos procedimientos de contrataci\u00f3n conlleva per s\u00e9 su libre elecci\u00f3n, dependiendo de las necesidades a contratar, pero no s\u00f3lo para PANAP\u2019s, sino tambi\u00e9n para Administraciones P\u00fablicas, por lo que el legislador en el art\u00edculo 318.b) podr\u00eda haber obviado esta \u201cposibilidad\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Por otro lado, obvia la Abogac\u00eda General la consecuencia de su interpretaci\u00f3n respecto de la excepci\u00f3n relativa al negociado sin publicidad. Si el PANAP debe utilizar los procedimientos de contrataci\u00f3n, de conformidad con los requisitos y condiciones establecidos en la Secci\u00f3n 2\u00aa del Cap\u00edtulo I del T\u00edtulo I del Libro Segundo de la Ley, ning\u00fan sentido tiene la excepci\u00f3n que el legislador hace de los procedimientos negociados sin publicidad.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La interpretaci\u00f3n del precepto m\u00e1s ajustada a la literalidad de la norma, es aquella en la que los PANAP\u2019s pueden escoger libremente el procedimiento de adjudicaci\u00f3n de entre los recogidos en la Secci\u00f3n 2\u00aa del Cap\u00edtulo I del T\u00edtulo I del Libro Segundo con independencia del valor estimado del contrato y otros requisitos o condiciones marcados por Ley. Ahora bien, una vez escogido el procedimiento el \u00f3rgano de contrataci\u00f3n debe seguir la tramitaci\u00f3n marcada en la Ley y ello, en aras de la seguridad jur\u00eddica de los licitadores.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Y es que el legislador permite a los PANAP\u2019s escoger libremente el procedimiento por cuanto su tramitaci\u00f3n, de conformidad con la Ley, permite salvaguardar los principios tradicionales de la contrataci\u00f3n p\u00fablica, a excepci\u00f3n del negociado sin publicidad, \u00fanico procedimiento que no garantiza la libre concurrencia de los licitadores.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">No se quiere concluir el presente comentario sin hacer menci\u00f3n de la conclusi\u00f3n de la Abogac\u00eda General sobre este tema:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>\u201cNo parece que sea el designio del legislador que contratos de los poderes adjudicadores de un valor estimado muy pr\u00f3ximo al de los contratos sujetos a regulaci\u00f3n armonizada terminen, a la postre, adjudic\u00e1ndose por un procedimiento (el del art\u00edculo 159.6 de la LCSP) legalmente concebido para ser tramitado con extrema agilidad por raz\u00f3n, precisamente, del reducido valor estimado de los contratos que pueden acogerse a \u00e9l, ni que se termine generalizando la aplicaci\u00f3n de reglas especiales (eximir a los licitadores de la acreditaci\u00f3n de la solvencia econ\u00f3mica y financiera, t\u00e9cnica o profesional, no exigencia de garant\u00eda definitiva\u2026), que solo se han previsto y admitido el legislador en atenci\u00f3n a la escasa cuant\u00eda del contrato\u201d.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Olvida el legislador que para paliar ese hipot\u00e9tico problema que pudiera darse de una interpretaci\u00f3n como la defendida en este comentario, el legislador ya ha procurado mecanismos en distintos art\u00edculos que si resultan de aplicaci\u00f3n a los PANAP\u2019s. As\u00ed, por ejemplo, y entre otros, el art\u00edculo 77 de la LCSP, el cual establece que \u201cpara los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros ser\u00e1 requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de los poderes adjudicadores\u201d. Por lo que en contratos de obras superiores a 500.000 euros no podr\u00e1 utilizarse el procedimiento supersimplifcado al ser exigible la clasificaci\u00f3n.<\/p>\n<p>En Barcelona, a 27 de febrero de 2018.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Juan Irala Tihista<br \/>\nAbogado<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Comentarios a la Ley 9\/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector P\u00fablico. 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