La introducci\u00f3n por la Ley Org\u00e1nica 7\/2015 del art\u00edculo 108.3 en la Ley 29\/1998 Reguladora de la Jurisdicci\u00f3n Contenciosa Administrativa supuso la introducci\u00f3n de un mecanismo que permit\u00eda garantizar los derechos de los \u201cterceros de buena fe\u201d titulares de una vivienda declarada ilegal mediante sentencia firme mediante la \u201cprestaci\u00f3n de garant\u00edas suficientes\u201d para responder al pago de las indemnizaciones correspondientes y derivadas de la demolici\u00f3n del inmueble.<\/p>\n
Dicho precepto pretend\u00eda solventar la cuesti\u00f3n suscitada en relaci\u00f3n con la declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad de las leyes c\u00e1ntabras y gallegas de vivienda y, en general, configuraba un escenario procesal nuevo para garantizar el derecho a obtener un resarcimiento econ\u00f3mico derivado del perjuicio causado por la demolici\u00f3n de una vivienda, en la mayor\u00eda de los casos, construida al amparo de una licencia otorgada por el Ayuntamiento y, por tanto, que se presum\u00eda legal o bien adquirida desconociendo que la misma hab\u00eda sido construida infringiendo el ordenamiento urban\u00edstico de aplicaci\u00f3n.<\/p>\n
Sin embargo, la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 108.3 de la Ley de la Jurisdicci\u00f3n ha resultado muy controvertido, principalmente en lo relativo a la determinaci\u00f3n de (i) el alcance y determinaci\u00f3n del procedimiento que deriva del precepto, en tanto que procedimiento contradictorio del propio incidente de ejecuci\u00f3n de sentencia o bien previo, paralelo o asimilado al procedimiento de responsabilidad patrimonial; (ii) su finalidad y alcance en cuanto a la determinaci\u00f3n del contenido econ\u00f3mico de la indemnizaci\u00f3n; (iii) la delimitaci\u00f3n del concepto \u201cgarant\u00edas suficientes\u201d y (iv) la construcci\u00f3n jur\u00eddica de su \u00e1mbito subjetivo y, por tanto, del concepto \u201cterceros de buena fe\u201d como titulares de los derechos reconocidos por el precepto.<\/p>\n
Pues bien, la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de marzo de 2018 resuelve, en parte, las anteriores cuestiones de acuerdo con lo siguiente:<\/p>\n
(i) en cuanto al alcance y determinaci\u00f3n del procedimiento: el Tribunal Supremo considera que el mismo se configura como un tr\u00e1mite integrado en el incidente de ejecuci\u00f3n del derecho declarado en la sentencia y lo distingue del procedimiento de responsabilidad patrimonial cuyo objeto consiste en la determinaci\u00f3n de la eventual responsabilidad en la que hubiera incurrido la Administraci\u00f3n y, por tanto, ajeno al incidente de ejecuci\u00f3n.
\n(ii) en cuanto a su finalidad y alcance: su objeto no tiene como finalidad la determinaci\u00f3n l\u00edquida de la indemnizaci\u00f3n sino solamente la adopci\u00f3n de las medidas que permitan asegurar el pago de las eventuales indemnizaciones que pudiesen reconocerse al margen de este procedimiento. Por tanto, no se presupone el reconocimiento del derecho a indemnizaci\u00f3n.<\/p>\n
(iii) en cuanto a la determinaci\u00f3n del concepto \u201cgarant\u00edas suficientes\u201d: se conciben como medidas cautelares asimiladas a las reconocidas por el art\u00edculo 133 de la Ley de la Jurisdicci\u00f3n.<\/p>\n
(iv) en cuanto a la delimitaci\u00f3n del concepto de \u201cterceros de buena fe\u201d: se ampl\u00eda el concepto de terceros de buena fe del art\u00edculo 34 de la Ley Hipotecaria incluyendo a los terceros que pudieran resultar beneficiarios de la indemnizaci\u00f3n, es decir, aquellos que puedan invocar o instar el reconocimiento de su condici\u00f3n de perjudicados.<\/p>\n
En definitiva, la anterior interpretaci\u00f3n supone la conceptualizaci\u00f3n de la garant\u00eda prevista por el referido precepto en el marco de la justicia cautelar que deber\u00e1 garantizarse en sede de ejecuci\u00f3n para asegurar el cobro de la indemnizaci\u00f3n que, en su caso, se reconozca en el procedimiento de responsabilidad patrimonial. Indemnizaci\u00f3n que, previsiblemente, se har\u00e1 efectiva en un segmento temporal muy posterior al momento en el que los terceros de buena fe, en sentido amplio en cuanto ostenten la condici\u00f3n de perjudicados, hayan tenido que abandonar sus viviendas y se haya procedido a su efectiva demolici\u00f3n.<\/p>\n
Silvia Ma\u00f1\u00e1
\nDirectora del Departamento de Urbanismo<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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