El pasado d\u00eda 10 de noviembre de 2018 se public\u00f3 en el BOE el Real Decreto-ley 17\/2018, de 8 de noviembre, por el que se modifica el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur\u00eddicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1\/1993, de 24 de septiembre.<\/p>\n
La norma, cuya vigencia se inici\u00f3 a partir del d\u00eda siguiente de su publicaci\u00f3n, viene a dar respuesta a la pol\u00e9mica suscitada por la Sentencia de la Sala de Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo n\u00fam. 1505\/2018, de 16 de octubre y el precipitado cambio de su criterio por el Pleno de la misma Sala, reunido de forma inaudita para la revisi\u00f3n expresa de la sentencia el 6 de noviembre, pocos d\u00edas despu\u00e9s de la publicaci\u00f3n de la resoluci\u00f3n, “por su impacto econ\u00f3mico y social<\/em>“.<\/p>\n La Sentencia 1505\/2018 anulaba lo dispuesto en el art\u00edculo 68 del Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, estableciendo que, ante la constituci\u00f3n de contratos hipotecarios, deb\u00edan ser los prestamistas \u2013estos son, los bancos\u2013 los que deb\u00edan soportar el pago del Impuesto sobre Actos Jur\u00eddicos Documentados. As\u00ed las cosas, el Pleno de la Sala revis\u00f3 y anul\u00f3 el nuevo criterio jurisprudencial, volviendo al anterior por el que recae sobre los prestatarios \u2013estos son, los hipotecados\u2013 el pago del impuesto.<\/p>\n Al no contar con apenas precedentes y al alinearse con los intereses de las entidades financieras, la atropellada decisi\u00f3n del Alto Tribunal ha provocado una avalancha de cr\u00edticas, as\u00ed como una airada reacci\u00f3n no s\u00f3lo por parte de colectivos sociales y pol\u00edticos, sino tambi\u00e9n por un n\u00famero notable de juristas e incluso \u2013lo cual es ins\u00f3lito\u2013 de organizaciones representativas del poder judicial.<\/p>\n Ante la alarma social y la inseguridad jur\u00eddica provocada, mediante este Real-decreto ley el Gobierno fija normativamente la obligaci\u00f3n de pago del impuesto a los bancos<\/strong>, modificando para ello los art\u00edculos 29 y 45 del Real Decreto Legislativo 1\/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur\u00eddicos Documentados. En concreto, se establece, en el art\u00edculo 29, que:<\/p>\n “Ser\u00e1 sujeto pasivo el adquirente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyo inter\u00e9s se expidan. Cuando se trate de escrituras de pr\u00e9stamo con garant\u00eda hipotecaria, se considerar\u00e1 sujeto pasivo al prestamista<\/em>“.<\/p>\n Tambi\u00e9n se modifica el art\u00edculo 45 para que aquellos supuestos en los que el prestatario venga gozando de una exenci\u00f3n subjetiva sigan quedando exceptuados de gravamen sin que se vean afectados por la reforma del art\u00edculo 29. Por otro lado, se modifica la Ley 27\/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades para impedir que las entidades financieras se deduzcan el pago del impuesto<\/strong> en la liquidaci\u00f3n del impuesto de sociedades.<\/p>\n El Real-Decreto ley, aun habiendo sido por lo general bien recibido, incluso por la mayor\u00eda de grupos parlamentarios, ha sido objeto de cr\u00edticas por no prever el efecto retroactivo. Tambi\u00e9n se debate la posibilidad de que los bancos repercutan de alg\u00fan modo el pago del impuesto a los hipotecados, ante lo que el Gobierno \u201capela a la responsabilidad de los bancos para que no trasladen el coste del impuesto a los ciudadanos<\/em>\u201d.<\/p>\n Otra de las objeciones planteadas es la ventaja competitiva para las cajas de ahorro y cooperativas de cr\u00e9dito que ofrece la norma, al estar exentas del pago del impuesto. Si bien esa exenci\u00f3n s\u00f3lo se previ\u00f3 ante la solicitud de cr\u00e9ditos, la redacci\u00f3n de la Ley 20\/1990, de 19 de diciembre, sobre R\u00e9gimen Fiscal de las Cooperativas, podr\u00eda dar cabida a aplicarse tambi\u00e9n a su suscripci\u00f3n.<\/p>\n En definitiva, para la resoluci\u00f3n de este escenario, se deber\u00e1 estar a la evoluci\u00f3n de la redacci\u00f3n del Real Decreto-ley a lo largo de su tramitaci\u00f3n parlamentaria y a su aplicaci\u00f3n en la pr\u00e1ctica.<\/p>\n Alfonso Arroyo<\/a>\u00a0\/ Juan Ambr\u00f3s<\/a><\/p>\n Abogado<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El pasado d\u00eda 10 de noviembre de 2018 se public\u00f3 en el BOE el Real Decreto-ley 17\/2018, de 8 de noviembre, por el que se modifica el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur\u00eddicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1\/1993, de 24 de septiembre. La norma, cuya […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[7],"tags":[],"boletin":[],"articulo-lcsp":[],"yoast_head":"\n