1. La disposici\u00f3n final 3.1 de la LO 7\/2015 de 21 de julio derog\u00f3 el art\u00edculo 99 de la ley de la jurisdicci\u00f3n contencioso-administrativa de 1998 en el que se conten\u00eda el llamado recurso casacional auton\u00f3mico, es decir, el recurso para la unificaci\u00f3n de doctrina en caso de sentencias contradictorias, dictadas por las Salas de los Tribunales Superiores de Justicia de una misma Comunidad Aut\u00f3noma o por las secciones de una misma Sala del TSJ, cuando dichas sentencias no pudieran ser objeto de recurso de casaci\u00f3n ante el Tribunal Supremo.<\/p>\n
Debemos recordar que la nueva regulaci\u00f3n cuestionada crea un nuevo recurso de casaci\u00f3n auton\u00f3mico en su art\u00edculo 86,3, o m\u00e1s propiamente, crea una Secci\u00f3n en la Sala de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia a la que se encomienda la resoluci\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n cuando el recurso se funde en infracci\u00f3n de normas emanadas de las Comunidad Aut\u00f3noma.<\/p>\n
Esta sucinta regulaci\u00f3n hab\u00eda generado diversas interpretaciones por parte de los diferentes Tribunales Superiores de Justicia, y hab\u00eda dado lugar a un recurso de amparo que fue inadmitido por Auto de 16 de abril de 2018.<\/p>\n
El Tribunal Superior de Justicia de Catilla la Mancha plante\u00f3 cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad frente a los p\u00e1rrafos 2 y 3 del citado art\u00edculo 86 en base a cuatro motivos: carencia del rango de ley org\u00e1nica que exigir\u00eda el art\u00edculo 122,1 de la Constituci\u00f3n; vulneraci\u00f3n del principio de seguridad jur\u00eddica, art\u00edculo 9,3 CE; del principio de igualdad en la ley, art\u00edculo 14 CE, y del derecho a la tutela judicial efectiva, art\u00edculo 24 CE. El Tribunal Constitucional, en su sentencia de 29 de noviembre de 2018, ha desestimado la cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad.<\/p>\n
2. El argumento formal.<\/strong> La necesidad de que la nueva regulaci\u00f3n estuviera contenida en una Ley Org\u00e1nica de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 122,1 CE.<\/p>\n El Tribunal Constitucional rechaza este primer argumento en los fundamentos jur\u00eddicos 3 y 4. Con cita de su propia doctrina concluye que se ha evitado una interpretaci\u00f3n r\u00edgida del significado y alcance de la reserva de ley org\u00e1nica del art\u00edculo 122,1 CE, de modo que s\u00f3lo debe exigirse Ley Org\u00e1nica para la instituci\u00f3n de los diferentes \u00f3rdenes jurisdiccionales y la definici\u00f3n gen\u00e9rica de su \u00e1mbito de conocimiento litigioso. A partir de aqu\u00ed, sostiene el TC que las nuevas secciones que crea el art\u00edculo 86,3 son meras secciones funcionales y no org\u00e1nicas, que act\u00faan como divisiones funcionales de las Salas de lo contencioso administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, sin ser \u00f3rganos jurisdiccionales con una composici\u00f3n y un \u00e1mbito competencial singularizado con respecto a dichas Salas de los TSJ. Por ello concluye que no se requer\u00eda su regulaci\u00f3n en una Ley Org\u00e1nica ( este argumento no se comparte en los votos particulares de los magistrados Xiol Rios y Enriquez Sancho, seg\u00fan los que la cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad debi\u00f3 admitirse). 3. Se rechaza tambi\u00e9n que exista infracci\u00f3n del principio de seguridad jur\u00eddica. Para el TC la falta de menci\u00f3n de qu\u00e9 resoluciones pueden ser objeto del nuevo recurso, y la disparidad existente en los criterios de aplicaci\u00f3n de las disposiciones por parte de los TSJ, pone de relieve la falta de precisi\u00f3n de la norma cuestionada, pero la simple constataci\u00f3n de problemas interpretativos en relaci\u00f3n con una norma legal no supone necesariamente una infracci\u00f3n del principio de seguridad jur\u00eddica. A\u00f1ade que los p\u00e1rrafos 2 y 3 del art\u00edculo 86 son susceptibles de interpretaci\u00f3n arm\u00f3nica con la regulaci\u00f3n contenida en los art\u00edculos 87, 87 bises, 88, 89 y siguientes de la ley jurisdiccional. Si hay interpretaciones irracionales, concluye el TC, se podr\u00e1 acudir en amparo. Pero la falta de contenido regulatorio en aspectos b\u00e1sicos del nuevo recurso casacional auton\u00f3mico no supone vulneraci\u00f3n del principio de seguridad jur\u00eddica.<\/p>\n 4. Tambi\u00e9n se rechaza que exista vulneraci\u00f3n del principio de igualdad. Para el TC esta vulneraci\u00f3n deber\u00eda darse, en su caso, por la existencia de aplicaciones desiguales de la norma, pero el vicio no est\u00e1 en la norma. Por otro lado, a\u00f1ade el TC, la desigualdad que proh\u00edbe el art\u00edculo 14 CE es la que se origina en la funci\u00f3n jurisdiccional de un mismo \u00f3rgano al aplicar de forma diversa un mismo precepto, no la que pueda producirse por qu\u00e9 diferentes TSJ apliquen de forma diferente una misma norma legal.<\/p>\n 5. Por \u00faltimo, tampoco se aprecia que exista vulneraci\u00f3n de la tutela judicial efectiva, pues la norma cuestionada no impide una interpretaci\u00f3n l\u00f3gica y coherente, ni vulnera el derecho al juez predeterminado por la ley, ya que la nueva regulaci\u00f3n est\u00e1 contenida en una norma con rango de ley.<\/p>\n 6. Salvada la constitucionalidad de la reforma legal, no podemos dejar de manifestar nuestra cr\u00edtica a una reforma legal tan imprecisa, \u201cdesnuda del ropaje necesario\u201d, como se dice en el escrito que plantea la cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad, cuando adem\u00e1s se ocupa de una instituci\u00f3n tan importante como el recurso de casaci\u00f3n.<\/p>\n M\u00e1s all\u00e1 del tema formal, reserva o no de ley org\u00e1nica, lo que no parece admisible es que la reforma vaya a permitir que exista o no recurso de casaci\u00f3n auton\u00f3mico en funci\u00f3n de la estructura de los diversos Tribunales Superiores de Justicia, y que estos puedan configurar recursos de casaci\u00f3n diversos en funci\u00f3n de c\u00f3mo integren el art\u00edculo 86,3 en el conjunto de los nuevos preceptos que regulan el recurso de casaci\u00f3n. El justiciable espera un mayor esfuerzo del legislador en el momento de regular instituciones b\u00e1sicas del sistema procesal, de modo que se cree un sistema jur\u00eddico que no permita interpretaciones tan amplias al poder judicial. Por ello creemos inaplazable una reforma legal, con o sin ley org\u00e1nica, del precepto cuestionado y hoy validado.<\/p>\n Barcelona, a 8 de enero de 2019<\/p>\n Tornos Abogados<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" 1. 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\nDentro del FJ 4 se aborda otra cuesti\u00f3n. La discordancia entre la nueva regulaci\u00f3n y las previsiones del art\u00edculo 74, 5 y 6 de la LOPJ, que siguen atribuyendo a las Salas contencioso-administrativas de los TSJ los recursos de casaci\u00f3n para unificaci\u00f3n de doctrina y en inter\u00e9s de la ley. El TC salva esta contradicci\u00f3n diciendo que la reforma de la casaci\u00f3n de 2015 \u201clleva a cabo una sustituci\u00f3n funcional de dos recursos de casaci\u00f3n de \u00e1mbito restringido por un \u00fanico recurso de casaci\u00f3n de car\u00e1cter general\u201d.<\/p>\n