En fecha 14 de noviembre de 2018, el Tribunal Supremo ha dictado Sentencia n\u00fam. 1615\/2018 en el Recurso de Casaci\u00f3n n\u00fam. 4753\/2017 interpuesto contra a la Sentencia 266\/2017, de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 1 de junio de 2017, reca\u00edda en el recurso n\u00fam. 4406\/2016.<\/p>\n
En la citada Sentencia, el Tribunal Supremo analiza el sentido y el alcance de la remisi\u00f3n que efect\u00faa el art\u00edculo 200.4 de la Ley 30\/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector P\u00fablico (actual art\u00edculo 216.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector P\u00fablico aprobado por Real Decreto Legislativo 3\/2011, de 14 de noviembre) a la Ley 3\/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas contra la morosidad en las operaciones comerciales, en relaci\u00f3n con el tipo de inter\u00e9s a aplicar a la demora en el pago del precio por parte de la Administraci\u00f3n P\u00fablica.<\/p>\n
Concretamente, la cuesti\u00f3n esencial que se debate es si el tipo de inter\u00e9s que debe abonar la Administraci\u00f3n en los casos de demora en el pago al contratista debe ser indefectiblemente el establecido en el art\u00edculo 7.2 de la Ley 3\/2004 o, por el contrario, puede ser pactado libremente entre las partes en el contrato (1)<\/strong>.<\/p>\n Este r\u00e9gimen aplicable, entiende el Tribunal Supremo, permite desestimar el recurso de casaci\u00f3n por cuanto \u201cNo existe en la Ley 3\/2004, ni en la Directiva comunitaria que la misma ejecutaba o traspon\u00eda en nuestro Derecho interno, ning\u00fan elemento que permita sostener que la libertad de pactos en materia de tipos de inter\u00e9s de demora es inaplicable a la contrataci\u00f3n p\u00fablica porque el art\u00edculo 5.2 de la Directiva 2000\/35\/CE dispuso que las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas nacionales se deb\u00edan aplicar en las mismas condiciones a todos los acreedores que establecidos en la Comunidad Europea, no existiendo en la Ley 3\/2004 ning\u00fan precepto que permita sostener que la libertad de pacto que se establece en el art\u00edculo 7.1 se debe limitar a la contrataci\u00f3n privada\u201d.<\/em><\/p>\n Sin perjuicio de lo anterior, la Sentencia del Tribunal Supremo termina se\u00f1alando que, actualmente, tras varias modificaciones de la Ley 3\/2004, los nuevos criterios que dimanan de la Directiva 2011\/7\/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero, contempla una regulaci\u00f3n entre empresas y poderes p\u00fablicos (art\u00edculo 4) distinta de la establecida a las relaciones entre empresas. Esta nueva regulaci\u00f3n se incorpora al ordenamiento jur\u00eddico espa\u00f1ol a trav\u00e9s de la modificaci\u00f3n operada por la Disposici\u00f3n final 6 de la Ley 17\/2014, de 30 de septiembre, por la que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciaci\u00f3n y reestructuraci\u00f3n de deuda empresarial (en adelante Ley 17\/2014):<\/p>\n \u201cTambi\u00e9n son nulas las cl\u00e1usulas y pr\u00e1cticas pactadas por las partes o las pr\u00e1cticas que excluyan el inter\u00e9s de demora, o cualquier otra sobre el tipo legal de inter\u00e9s de demora establecido con car\u00e1cter subsidiario en el apartado 2 del art\u00edculo 7, cuando tenga un contenido abusivo en perjuicio del acreedor, entendiendo que ser\u00e1 abusivo cuando el inter\u00e9s pactado sea un 70 por ciento inferior al inter\u00e9s legal de demora, salvo que atendiendo a las circunstancias previstas en este art\u00edculo, pueda probarse que el inter\u00e9s aplicado no resulta abusivo. Esta posible modificaci\u00f3n del inter\u00e9s de demora, de acuerdo con lo previsto en esta Ley, no ser\u00e1 de aplicaci\u00f3n a las operaciones comerciales realizadas con la Administraci\u00f3n<\/span>\u201d.<\/em><\/p>\n Por tanto, de conformidad con la Sentencia n\u00fam. 1615\/2018, dictada por el Tribunal Supremo, el tipo de inter\u00e9s a aplicar en la demora del pago por parte de la Administraci\u00f3n P\u00fablica, no es susceptible de pacto entre las partes en aquellos contratos formalizados con posterioridad a 2 de octubre de 2014 (fecha de entrada en vigor de la Ley 17\/2014).<\/p>\n Nota<\/strong> (1)<\/strong>:\u00a0Hay que tener en cuenta que la normativa aplicable al contrato litigioso, dada la fecha de adjudicaci\u00f3n y firma del mismo, es la redacci\u00f3n original del art\u00edculo 7 de la Ley 3\/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.<\/p>\n <\/p>\n Barcelona, a 6 de febrero de 2019<\/p>\n Mariana Ferroni<\/p>\n Abogada<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" En fecha 14 de noviembre de 2018, el Tribunal Supremo ha dictado Sentencia n\u00fam. 1615\/2018 en el Recurso de Casaci\u00f3n n\u00fam. 4753\/2017 interpuesto contra a la Sentencia 266\/2017, de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 1 de junio de 2017, reca\u00edda en el recurso n\u00fam. 4406\/2016. En la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[7],"tags":[],"boletin":[],"articulo-lcsp":[],"yoast_head":"\n