A principios del mes de febrero os informamos que la Generalitat de Catalu\u00f1a, mediante la aprobaci\u00f3n del Decreto Ley 4\/2019, regul\u00f3 la actividad de transporte de viajeros mediante el alquiler de veh\u00edculos con conductor (VTC), imponiendo una serie de restricciones al servicio tal y como se ven\u00eda prestando.
\nSobre este Decreto Ley, el Consell de Garanties Estatut\u00e0ries (CGE) ha emitido, recientemente, el dictamen n\u00fam. 2\/2019, de 22 de febrero, siendo la principal cuesti\u00f3n el respeto al principio constitucional de la libertad de empresa (art. 38 Constituci\u00f3n), que incluye el de libre competencia. La precontrataci\u00f3n se considera una medida que obedece a una finalidad constitucionalmente leg\u00edtima, como podr\u00eda ser el derecho de los usuarios del servicio, la preservaci\u00f3n de la movilidad urbana, del medio ambiente o la organizaci\u00f3n del dominio p\u00fablico viario, as\u00ed como la garant\u00eda y la calidad del servicio, pero seg\u00fan el CGE no supera el test de proporcionalidad en sentido estricto. Tales fines se podr\u00edan conseguir con medidas menos gravosas y respetuosas con la libertad de empresa.
\nTeniendo en cuenta la finalidad perseguida, el CGE considera que el legislador no ha acreditado la adecuaci\u00f3n ni la necesidad de la medida, as\u00ed como que no haya medios menos gravosos y proporcionales para alcanzar dicho fin.
\nEn este sentido, introducir un tiempo de espera perjudica a la libertad de empresa en tanto es una medida constrictiva que no protege ni favorece el inter\u00e9s general de los ciudadanos como potenciales usuarios del servicio. Por todo ello se reputa como inconstitucional la exigencia de 15 minutos previos de precontrataci\u00f3n, por causar un perjuicio ileg\u00edtimo al r\u00e9gimen de unas autorizaciones v\u00e1lidamente adquiridas, as\u00ed como la posibilidad de que los entes locales o la propia Generalitat, por v\u00eda reglamentaria, ampl\u00eden dicho lapso de tiempo por ser una medida inadecuada, innecesaria y desproporcionada.
\nSobre la restricci\u00f3n que limita la posibilidad de circular y ocupar las v\u00edas p\u00fablicas a las VTC, el CGE considera que es una medida adecuada al fin perseguido, que es evitar la captaci\u00f3n de clientes en las v\u00edas p\u00fablicas, una finalidad que se considera leg\u00edtima. As\u00ed mismo, se considera \u00fatil, necesaria y proporcionada, que adem\u00e1s supone tener en cuenta los problemas de movilidad, congesti\u00f3n del tr\u00e1fico, estacionamiento en las v\u00edas p\u00fablicas y medioambientales.
\nPor \u00faltimo, sobre la prohibici\u00f3n del uso de la geolocalizaci\u00f3n, el CGE lo considera constitucional y que no lesiona el principio de la libertad de empresa, siempre y cuando se proh\u00edba respecto a los veh\u00edculos en circulaci\u00f3n y en la v\u00eda p\u00fablica, no siendo aplicable tal restricci\u00f3n para aquellos veh\u00edculos que est\u00e1n estacionados en garajes o aparcamientos.
\nEste dictamen no es vinculante, circunstancia por la cual el Parlament de Catalunya ha podido convalidar el pasado jueves el Decreto Ley 4\/2019 pese a ser altamente cuestionado tanto por el CGE como por la ACCO.<\/p>\n
Barcelona, a 11 de marzo de 2019<\/p>\n
Iv\u00e1n Rodr\u00edguez<\/p>\n
Abogado<\/p>\n
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