{"id":7726,"date":"2019-05-13T14:48:10","date_gmt":"2019-05-13T14:48:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.tornosabogados.com\/?p=7726"},"modified":"2019-05-13T17:09:25","modified_gmt":"2019-05-13T17:09:25","slug":"la-transformacion-fusion-absorcion-o-escision-de-una-persona-juridica-extingue-su-responsabilidad-penal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.tornosabogados.com\/ca\/la-transformacion-fusion-absorcion-o-escision-de-una-persona-juridica-extingue-su-responsabilidad-penal\/","title":{"rendered":"La transformaci\u00f3n, fusi\u00f3n, absorci\u00f3n o escisi\u00f3n de una persona jur\u00eddica: \u00bfExtingue su responsabilidad penal?"},"content":{"rendered":"

El pasado 20 de marzo de 2019<\/strong>, el Juzgado Central de Instrucci\u00f3n n\u00fam. 4 (JCI) dict\u00f3 Auto por el cual, resolviendo el recurso de reforma interpuesto por la representaci\u00f3n de Banco Santander, S.A. (Santander), confirmaba su condici\u00f3n de investigado.<\/p>\n

El JCI investiga las Diligencias Previas 42\/2017, incoadas inicialmente frente a Banco Popular Espa\u00f1ol, S.A.U. (Popular). Tras la fusi\u00f3n por absorci\u00f3n habida entre Santander y Popular, entre otras, el JCI acord\u00f3 la sucesi\u00f3n procesal de Popular por Santander.<\/strong><\/p>\n

El Auto de 20 de marzo de 2019 analiza el controvertido art\u00edculo 130.2 del C\u00f3digo Penal<\/strong> por el cual, en sede extinci\u00f3n de la responsabilidad criminal, se\u00f1ala que la responsabilidad penal de la persona jur\u00eddica no se extingue en los casos de transformaci\u00f3n, fusi\u00f3n, absorci\u00f3n o escisi\u00f3n de una persona jur\u00eddica, la cual se extender\u00e1 a la persona jur\u00eddica resultante.<\/p>\n

La extensi\u00f3n de la responsabilidad penal es una cuesti\u00f3n controvertida, pudiendo identificarse tres posicionamientos doctrinales claros<\/strong>. En primer lugar, aquellos que niegan que pueda darse la extensi\u00f3n de forma autom\u00e1tica<\/strong>, por entender que conculca el principio de personalidad de la pena y el de culpabilidad, pilares fundamentales del derecho penal. Solo cabr\u00e1 la extensi\u00f3n de la responsabilidad penal cuando la transformaci\u00f3n, fusi\u00f3n, absorci\u00f3n o escisi\u00f3n se lleve a cabo con el \u00e1nimo de eludir la responsabilidad penal. En segundo lugar, aquellos que se manifiestan completamente a favor de la extensi\u00f3n de responsabilidad<\/strong> penal como \u00fanico mecanismo para garantizar el esp\u00edritu de la responsabilidad penal de la persona jur\u00eddica y la voluntad del legislador. En tercer lugar, aquellos que, desde una posici\u00f3n intermedia, defienden que la extensi\u00f3n<\/strong> de la responsabilidad solo cabr\u00e1<\/strong> cuando la entidad fusionante, absorbente o resultante de la fusi\u00f3n o transformaci\u00f3n, no haya puesto en marcha, durante el proceso, los mecanismos de control necesario para identificar y, en su caso, evitar, la comisi\u00f3n de hechos delictivos<\/strong>. Solo as\u00ed, seg\u00fan estos autores, se genera un momento de responsabilidad subjetiva en la nueva entidad que permite salvar los principios b\u00e1sicos del derecho penal, antes dichos.<\/p>\n

En nuestra opini\u00f3n, como concluye el JCI<\/strong>, debe extenderse la responsabilidad penal a la nueva entidad, por los siguientes motivos:<\/p>\n

(i)<\/strong> La transformaci\u00f3n, fusi\u00f3n, absorci\u00f3n y escisi\u00f3n, suponen presupuestos de subrogaci\u00f3n en la responsabilidad civil, mercantil, administrativa y fiscal, consecuentemente, no hay raz\u00f3n para excluir la responsabilidad penal.
\n(ii)<\/strong> No se conculca ni el principio de culpabilidad ni el de personalidad de las penas pues, en principio, si la nueva entidad hubiera puesto en marcha los mecanismos de control necesarios en el marco del proyecto de transformaci\u00f3n, fusi\u00f3n, absorci\u00f3n y escisi\u00f3n (DUE DILIGENCE<\/em>), deber\u00eda haber detectado el riesgo penal. Consecuentemente, la responsabilidad subjetiva de la nueva entidad se asienta en la falta de diligencia en la detecci\u00f3n de riesgos penales.
\n(iii)<\/strong> El Juez debe valorar, en el marco de la aplicaci\u00f3n conjunta de los art\u00edculos 31 bis y 130.2 del C\u00f3digo Penal, el proyecto de transformaci\u00f3n, fusi\u00f3n, absorci\u00f3n y escisi\u00f3n, en lo que se refiere a la valoraci\u00f3n de riesgos legales, especialmente, en los de car\u00e1cter penal.
\n(iv)<\/strong> El art\u00edculo 130.2, inciso final, llama al Juez a moderar el traslado de la pena a la nueva persona jur\u00eddica en funci\u00f3n de la proporci\u00f3n que la persona jur\u00eddica originaria tenga en la resultante. Lo cual solo puede suceder estando la nueva persona jur\u00eddica incursa en el proceso penal.<\/p>\n

En definitiva, como manifiesta el citado Auto:<\/p>\n

\u201cEs lo cierto, que la instrucci\u00f3n, entre otras cuestiones, deber\u00e1 analizar el apartado de riesgos legales contemplados en el proyecto de fusi\u00f3n, con especial detenimiento en los de naturaleza penal<\/strong> y tras ello, ponderar la posible culpabilidad [\u2026]\u201d.<\/p>\n

No obstante todo lo anterior, este no es el criterio de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional<\/strong> quien, por Auto de 30 de abril de 2019, revoca la decisi\u00f3n del JCI<\/strong>, por lo siguiente:<\/p>\n

i.<\/strong> Considera que el art\u00edculo 130.2 del C\u00f3digo Penal est\u00e1 pensado para los supuestos destinados a eludir la responsabilidad penal a trav\u00e9s de operaciones fraudulentas<\/strong>. En este sentido, la Audiencia Nacional llama la atenci\u00f3n del legislador por cuanto considera que:<\/p>\n

\u201cdebi\u00f3 matizar la redacci\u00f3n del citado precepto, a fin de delimitar la transmisi\u00f3n de la responsabilidad penal entre las entidades part\u00edcipes de la operaci\u00f3n societaria de que se trate, a los supuestos de fraude o similares, en los que la misma se lleva a cabo con la finalidad de eludir las responsabilidad penales o civiles derivadas del delito de las entidades sucedidas\u201d.<\/p>\n

Consecuentemente, entiende que el comportamiento de la entidad resultante tras la fusi\u00f3n ser\u00e1 un indicio importante a la hora de valorar la finalidad de la operaci\u00f3n, y si la misma se llev\u00f3 a cabo por \u201cm\u00f3viles espurios, acreedores de alg\u00fan tipo de responsabilidad penal\u201d. Ello debe conllevar, seg\u00fan el criterio de la Audiencia Nacional, que no se pueda hacer responder a entidades que nada tienen que ver con los delitos cometidos por las sociedades fusionadas, cuando la operaci\u00f3n mercantil obedezca a par\u00e1metros legalmente previstos.<\/p>\n

ii.<\/strong> En lo que se refiere al caso concreto de autos, la Audiencia Nacional hace dos reconocimientos en favor del Santander<\/strong>:<\/p>\n

a. En primer lugar, justifica que no pueden ser trasladados sin m\u00e1s los posibles defectos de organizaci\u00f3n de la entidad absorbida<\/strong> (el Popular) ni la inexistencia de una cultura de cumplimiento de la norma, ya que ello vulnerar\u00eda el principio de personalidad de las penas y el de culpabilidad, m\u00e1s cuando, seg\u00fan la Audiencia Nacional, se puede argumentar que el Santander tuvo en cuenta los riesgos evidentes que una operaci\u00f3n de este tipo implicaba y no actu\u00f3 de forma negligente<\/strong> a la hora de cumplimentar su deber de informaci\u00f3n.<\/p>\n

A m\u00e1s decir, la Audiencia Nacional afirma que la desconexi\u00f3n entre el comportamiento del Santander y los supuestos delitos cometidos por los administradores de Popular con anterioridad a la fusi\u00f3n, se demuestra debido a la<\/p>\n

\u201cactitud adoptada por la entidad absorbente, que ha cambiado no s\u00f3lo por completo los \u00f3rganos de administraci\u00f3n de la entidad, sino tambi\u00e9n la estructura y el sistema de toma de decisiones, imponiendo la suya propia, y estableciendo los programas de cumplimiento normativos y de prevenci\u00f3n adecuados\u201d.<\/p>\n

b. En segundo lugar, la Audiencia Nacional descarta tambi\u00e9n la intenci\u00f3n de enriquecimiento injusto por parte del Santander mediante la operaci\u00f3n de absorci\u00f3n del Popular<\/strong>, ya que desde su parecer, el Santander<\/p>\n

\u201ctuvo en cuenta su valoraci\u00f3n econ\u00f3mica en el momento de efectuar la compra por un euro, a la vista del deterioro del valor de aquella, pero despu\u00e9s inyect\u00f3 liquidez y capital en el Banco Popular Espa\u00f1ol, S.A., para asegurar su viabilidad y solvencia.\u201d<\/p>\n

Hasta el momento pues, esta es la \u00fanica doctrina sentada respecto a la interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 130.2 del C\u00f3digo Penal, introducido en el 2010 por la Ley Org\u00e1nica 5\/2010, de 22 de junio, restando pendiente la ex\u00e9gesis de dicho precepto por parte del Tribunal Supremo.<\/strong><\/p>\n

 <\/p>\n

Barcelona, a 13 de mayo de 2019<\/p>\n

Daniel Ben\u00edtez Rodr\u00edguez<\/p>\n

Abogado<\/p>\n

 <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

El pasado 20 de marzo de 2019, el Juzgado Central de Instrucci\u00f3n n\u00fam. 4 (JCI) dict\u00f3 Auto por el cual, resolviendo el recurso de reforma interpuesto por la representaci\u00f3n de Banco Santander, S.A. (Santander), confirmaba su condici\u00f3n de investigado. El JCI investiga las Diligencias Previas 42\/2017, incoadas inicialmente frente a Banco Popular Espa\u00f1ol, S.A.U. (Popular). 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