Con inusitada celeridad, mediante Sentencia de 9 de mayo de 2019, el Tribunal Constitucional ha resuelto el recurso de inconstitucionalidad, interpuesto, el 8 de febrero de 2018, por el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos, En Com\u00fa y En Marea, contra los preceptos de la Ley 9\/2917 de Contratos del Sector P\u00fablico \u2013LCSP\u2013 que regulan las tarifas como prestaciones patrimoniales p\u00fablicas de car\u00e1cter no tributario. Concretamente, se trata del art. 289.2 y la DA 43\u00aa, y las DDFF 9\u00aa, 11\u00aa y 12\u00aa que modifican, respectivamente, la Ley 8\/1989 de Tasas y Precios P\u00fablicos \u2013LTPP\u2013, la Ley 58\/2003 General Tributaria \u2013LGT \u2013LTPP\u2013, y el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales \u2013TRLHL\u2013 aprobado por el Real Decreto Legislativo 2\/2004. Ha sido ponente la magistrada do\u00f1a Encarnaci\u00f3n Roca Tr\u00edas.<\/p>\n
Los recurrentes alegan que la contraprestaci\u00f3n de los usuarios por la utilizaci\u00f3n de obras y de servicios p\u00fablicos de recepci\u00f3n coactiva ha de tener necesariamente la naturaleza tributaria de tasa y, por lo tanto, ha de ser un ingreso p\u00fablico. Y si la Administraci\u00f3n gestiona la obra o servicio p\u00fablico mediante empresas p\u00fablicas, mixtas o concesionarias, las ha de financiar o retribuir directamente, sin que perjuicio de que, con el producto de la recaudaci\u00f3n de las tasas satisfechas por los usuarios, la Administraci\u00f3n financie o retribuya a los gestores. El fundamento de todo ello ser\u00eda la doctrina del Tribunal Constitucional a partir de la STC 185\/1995 sobre la LTPP; la infracci\u00f3n de la reserva de ley del art. 31.3 de la Constituci\u00f3n espa\u00f1ola \u2013CE\u2013 que, adem\u00e1s y seg\u00fan los recurrentes, impone la naturaleza tributaria de tasa de toda contraprestaci\u00f3n de un servicio coactivo; la infracci\u00f3n del art. 134.2 CE que impone que los Presupuestos han de incluir todos los gastos e ingresos p\u00fablicos; y la infracci\u00f3n del principio de igualdad del art. 14 CE, en la medida que las tasas tienen como l\u00edmite el coste del servicio y las tarifas no, con lo que la elecci\u00f3n de la modalidad de gesti\u00f3n del servicio tendr\u00eda el efecto de generar esa supuesta desigualdad.<\/p>\n
Con respecto a la doctrina del TC sobre las prestaciones patrimoniales p\u00fablicas de car\u00e1cter no tributario, la Sentencia empieza por negar que la Sentencia 185\/1995 afecte a las tarifas ingresadas por empresas p\u00fablicas con personificaci\u00f3n privada, mixtas o concesionarias, sino que trata de ingresos p\u00fablicos tributarios \u2013las tasas\u2013 o no tributarios \u2013los precios p\u00fablicos\u2013, limit\u00e1ndose a corregir el l\u00edmite que la LTPP establec\u00eda entre ellos en funci\u00f3n de su car\u00e1cter coactivo a no. Y recuerda que, expresamente, el art. 2 b) LTPP ya exclu\u00eda de su \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n las contraprestaciones de las entidades p\u00fablicas empresariales y de la sociedades mercantiles p\u00fablicas; y que tanto el legislador como la jurisprudencia han diferenciado tradicionalmente entre la financiaci\u00f3n de servicios por parte de la propia Administraci\u00f3n mediante tributos, o por parte del gestor diferenciado mediante ingresos sin car\u00e1cter tributario, habitualmente denominados tarifas. Planteamiento que ya hac\u00eda \u2013se recuerda tambi\u00e9n\u2013 el art. 2 de la Ley de Tasas y Exacciones Parafiscales de 1958, y que solo se rompi\u00f3 con el segundo p\u00e1rrafo del art. 2.2 a) de la LGT de 2003, suprimido por la Ley 2\/2011 de econom\u00eda sostenible.<\/p>\n
Por lo que se refiere a la reserva de ley del art. 31.3 CE, se precisa que su intensidad es variable incluso con respecto a los tributos. As\u00ed es estricta con respecto a los \u201ccausales\u201d o impuestos, y mucho m\u00e1s laxa en los que obedecen al concepto de \u201cequivalencia\u201d, las tasas y, sobre todo, las contribuciones especiales. Por lo tanto y con respecto a las tarifas, lo esencial es que est\u00e9n establecidas conforme a la ley \u2013es decir, la LCSP\u2013, y reguladas por ordenanza o reglamento local, en virtud de la potestad de auto-disposici\u00f3n de la comunidad sobre s\u00ed misma, repetidamente reconocida por la jurisprudencia constitucional.<\/p>\n
En cuanto a la supuesta obligaci\u00f3n de las Administraciones de financiar, necesariamente, los servicios p\u00fablicos coactivos mediante ingresos presupuestarios, la Sentencia establece que ello no se desprende en absoluto del art. 134.2 CE; que el legislador y la Administraci\u00f3n titular de cada servicio, por m\u00e1s coactivo que sea, son libres de configurar las formas de gesti\u00f3n y de financiaci\u00f3n que entienda m\u00e1s oportunas, incluidas las prestaciones patrimoniales p\u00fablicas de car\u00e1cter no tributarias; y que no corresponde a la jurisdicci\u00f3n constitucional establecer cu\u00e1l deba ser el modelo a seguir. Adem\u00e1s precisa, luego, que las prestaciones patrimoniales de car\u00e1cter p\u00fablico no tributarias no son necesariamente un ingreso p\u00fablico en sentido estricto lo que, l\u00f3gicamente, implica que no figuren en el estado de ingresos de los presupuestos p\u00fablicos.<\/p>\n
Finalmente y por lo que se refiere a la supuesta vulneraci\u00f3n del principio de igualdad del art. 14 CE, indica la Sentencia que la referencia gen\u00e9rica al principio de igualdad, en relaci\u00f3n con la forma de gesti\u00f3n y de financiaci\u00f3n no puede ser atendida, puesto que parte de una premisa no demostrada y con respecto a la cual no se aporta ning\u00fan dato ni t\u00e9rmino de comparaci\u00f3n; y que la menci\u00f3n del supuesto impacto sobre el abastecimiento de agua potable no se concreta en t\u00e9rminos que permitan su enjuiciamiento constitucional. El razonamiento se remata observando que el car\u00e1cter tributario o de tarifa de la participaci\u00f3n de los usuarios en el coste del servicio depende de la previa decisi\u00f3n del legislador de c\u00f3mo deba prestarse y financiarse el servicio; opci\u00f3n que, formulada en t\u00e9rminos gen\u00e9ricos \u2013como hace la LCSP\u2013 no puede calificarse de irrazonable, arbitraria o carente de justificaci\u00f3n sino que, por el contrario, entra dentro del margen de configuraci\u00f3n del que goza el legislador y del que luego este otorga a la Administraci\u00f3n.<\/p>\n
Para terminar, destacaremos una frase que, si no resume toda la Sentencia, s\u00ed que es expresiva de su sentido [FJ 6 b)], cuando afirma que la reforma de la LCSP de 2017 \u201c\u2026 consolida la diferenciaci\u00f3n entre una financiaci\u00f3n tributaria y una financiaci\u00f3n que se denomina \u201ctarifaria\u201d de los servicios p\u00fablicos, que en todo caso ya estaba presente en el r\u00e9gimen anterior, como ha quedado expuesto, de manera que la novedad introducida no es sustancial.\u201d<\/p>\n