En septiembre de 2016 el Ayuntamiento de Barcelona configur\u00f3 una tasa municipal sobre las actuaciones derivadas de la inspecci\u00f3n y el control sobre las viviendas declaradas vac\u00edas o permanentemente desocupadas (art. 2.9 de la Ordenanza Fiscal 3.1 de servicios generales de Barcelona).<\/p>\n
El hecho imponible a gravar era doble. Por un lado, por cada expediente incoado para la declaraci\u00f3n de uso an\u00f3malo de una vivienda o de un edificio de viviendas consistente en su desocupaci\u00f3n permanente e injustificada por m\u00e1s de dos a\u00f1os, el particular deb\u00eda pagar una tasa de 633 euros.<\/p>\n
Por otro, se deb\u00eda abonar un importe de 286 euros por cada requerimiento de cese de la situaci\u00f3n de uso an\u00f3malo de una vivienda consistente en su desocupaci\u00f3n permanente e injustificada por m\u00e1s de dos a\u00f1os.<\/p>\n
Dichas tasas se amparaban en las medidas de la Ley 18\/2007, del derecho a la vivienda en Catalu\u00f1a, que faculta a la Generalitat, en coordinaci\u00f3n con las administraciones locales, para perseguir y sancionar la desocupaci\u00f3n permanente de las viviendas (art. 42).<\/p>\n
El objeto de estas tasas era, en definitiva, sufragar los costes del control e inspecci\u00f3n sobre la desocupaci\u00f3n permanente de las viviendas.<\/p>\n
Pues bien, tras distintas impugnaciones, el Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad de dichas tasas al entender que el Ayuntamiento no es competente para aprobar disposiciones de car\u00e1cter general en esta materia y, en particular, que la actividad gravada por dicha tasa no es competencia municipal.<\/p>\n
Se confirman por tanto las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Catalu\u00f1a que declararon la nulidad de pleno derecho de dichas tasas al interpretar que la Ley 18\/2007 no otorga competencias al Ayuntamiento de Barcelona para realizar las actividades gravadas con dichas tasas.<\/p>\n
Tampoco se encuentra acomod\u00f3 competencial en el Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que si bien prev\u00e9 la posibilidad de gravar \u201ccualesquiera otras\u201d<\/em> actividades, estas deber\u00e1n respetar el principio de legalidad en materia tributaria y estar previstas en normas de rango legal, aunque no necesariamente se refieran a la Administraci\u00f3n local.<\/p>\n Al declarar su nulidad de pleno derecho dejar\u00e1n de ser exigibles a los obligados al pago desde la publicaci\u00f3n de la Sentencia y, todo aquel que la haya sufragado en los \u00faltimos cuatro a\u00f1os podr\u00eda iniciar un procedimiento de revisi\u00f3n en el caso de que hubiese dejado firme el tributo.<\/p>\n Barcelona, a 8 de julio de 2019<\/p>\n Iv\u00e1n Rodr\u00edguez Florido<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" En septiembre de 2016 el Ayuntamiento de Barcelona configur\u00f3 una tasa municipal sobre las actuaciones derivadas de la inspecci\u00f3n y el control sobre las viviendas declaradas vac\u00edas o permanentemente desocupadas (art. 2.9 de la Ordenanza Fiscal 3.1 de servicios generales de Barcelona). El hecho imponible a gravar era doble. Por un lado, por cada expediente […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[7],"tags":[],"boletin":[],"articulo-lcsp":[],"yoast_head":"\n