Uno de los pilares b\u00e1sicos de nuestro Estado de Derecho es la garant\u00eda patrimonial de los particulares frente a las actuaciones administrativas. En nuestro sistema, encontramos la instituci\u00f3n de la responsabilidad patrimonial de la administraci\u00f3n, constitucionalmente prevista y legalmente asentada, a grandes rasgos, sobre los requisitos de efectividad, antijuricidad e imputabilidad.<\/p>\n
Esta responsabilidad patrimonial surge, por ejemplo, en los casos en que una decisi\u00f3n administrativa, que genera unos da\u00f1os y que no se deb\u00eda soportar, es anulada posteriormente por parte de los tribunales. Trasladando dicho supuesto al \u00e1mbito de la contrataci\u00f3n p\u00fablica, cabe plantear: \u00bfes posible instar la responsabilidad patrimonial de los tribunales en materia de contrataci\u00f3n p\u00fablica? La respuesta es s\u00ed.<\/p>\n
Interesa destacar este tema al hilo del Dictamen de la Comissi\u00f3 Jur\u00eddica Assessora (CJA) n\u00fam. 170\/2019, de 13 de junio (Ponente: Alfredo Gal\u00e1n) relativo a la reclamaci\u00f3n de responsabilidad patrimonial instada por el Ayuntamiento de Cunit, contra la Generalitat de Catalunya, por la anulaci\u00f3n de una resoluci\u00f3n del \u00d3rgano Administrativo de Recursos Contractuales de Catalunya \u2013OARCC\u2013 (actualmente Tribunal Catal\u00e1n de Contratos del Sector P\u00fablico).<\/p>\n
El supuesto de hecho es el siguiente: en julio de 2013 la Agencia Catalana de Residuos interpuso recurso especial en materia de contrataci\u00f3n ante el OARCC contra al acuerdo del Ayuntamiento de Cunit de adjudicaci\u00f3n del contrato para la gesti\u00f3n municipal de residuos.<\/p>\n
El OARCC estim\u00f3 el recurso en octubre de 2013, anulando la adjudicaci\u00f3n al considerar que la adjudicataria no ten\u00eda plenas capacidades para llevar a cabo su ejecuci\u00f3n. En ejecuci\u00f3n de dicha resoluci\u00f3n, el Ayuntamiento de Cunit debi\u00f3 adjudicar el contrato a la segunda mejor oferta.<\/p>\n
Sin embargo, en noviembre de 2016, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJCat) estim\u00f3 el recurso contencioso del Ayuntamiento contra la decisi\u00f3n del OARCC, comportando su revocaci\u00f3n y la confirmaci\u00f3n del acuerdo municipal de adjudicaci\u00f3n de 2013.<\/p>\n
En vista de lo anterior, el Ayuntamiento present\u00f3 ante la Generalitat de Catalunya una reclamaci\u00f3n de responsabilidad patrimonial, por importe de 406.221,44 euros, por los da\u00f1os y perjuicios que le ocasion\u00f3 la resoluci\u00f3n del OARCC posteriormente anulada judicialmente.<\/p>\n
Dicho importe se calcul\u00f3 en base al diferencial del precio que debi\u00f3 de pagar a la segunda mejor oferta con relaci\u00f3n al adjudicatario inicial, cuya oferta era m\u00e1s baja, y la reclamaci\u00f3n se fundamentaba en un \u201cerror manifiesto\u201d por parte del OARCC en su resoluci\u00f3n.<\/p>\n
Pues bien, la CJA en su interesante y did\u00e1ctico dictamen, analiza la viabilidad jur\u00eddica de esta reclamaci\u00f3n de responsabilidad patrimonial, recordando que aunque en la pr\u00e1ctica no se han dado muchos supuestos, es una reclamaci\u00f3n legalmente posible. Por destacar algunos casos, la reclamaci\u00f3n se ha llegado a reconocer por el retraso en la resoluci\u00f3n de un recurso especial (STSJ del Pa\u00eds Vasco n\u00fam. 44\/2017).<\/p>\n
Sin embargo, en este caso el dictamen de la CJA es desfavorable al considerar, en primer lugar, que no se han acreditado suficientemente los da\u00f1os econ\u00f3micos, pues el Ayuntamiento part\u00eda, exclusivamente, de un baremo-comparativo adjunto a la reclamaci\u00f3n sin identificaci\u00f3n alguna, as\u00ed como no hab\u00eda aportado a la Generalitat los datos relativos a la adjudicaci\u00f3n del contrato a la segunda mejor oferta, entre otros certificados municipales requeridos. En definitiva, no se ha acreditado suficientemente la existencia del da\u00f1o.<\/p>\n
En segundo lugar, la CJA entra a analizar el elemento de la antijuricidad, otro de los requisitos necesarios para la apreciaci\u00f3n de la responsabilidad patrimonial. No toda decisi\u00f3n administrativa anulada comporta la obligaci\u00f3n de indemnizar, y es precisamente lo que se aprecia tambi\u00e9n en este caso. La CJA, analizando la propia sentencia del TSJCat, considera que el OARCC ni incurri\u00f3 en una \u201cdesatenci\u00f3n normativa flagrante\u201d ni que su resoluci\u00f3n se pueda situar fuera de los m\u00e1rgenes de apreciaci\u00f3n razonables. De hecho, se aprecia que los propios informes municipales relativos a la adjudicaci\u00f3n de 2013 no eran lo suficientemente claros, aspecto que redunda en esta falta de responsabilidad del OARCC.<\/p>\n
M\u00e1s all\u00e1 del concreto supuesto de hecho resultan de especial inter\u00e9s las bases sentadas por la CJA para supuestos similares, as\u00ed como la reflexi\u00f3n acerca de la posibilidad de instar una reclamaci\u00f3n de responsabilidad patrimonial ante los tribunales en materia de contrataci\u00f3n p\u00fablica, siempre que concurran los requisitos legalmente exigidos.<\/p>\n
<\/p>\n
Barcelona,\u00a0 17 de septiembre de 2019<\/p>\n
Iv\u00e1n Rodr\u00edguez Florido<\/p>\n
Abogado<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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