El pasado 13 de noviembre de 2019 fue objeto de publicaci\u00f3n \u00edntegra la Sentencia del Tribunal Constitucional que resuelve la cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad n\u00fam. 1020-2019, promovida por el Juzgado n\u00fam. 32 de Madrid, respecto de los arts. 107 y 108 del Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2\/2002, de 5 de marzo (en adelante, TRLHL) por una posible vulneraci\u00f3n de los principios de capacidad econ\u00f3mica y de progresividad, as\u00ed como de la prohibici\u00f3n de confiscatoriedad del art\u00edculo 31.1 de la CE.
\nLos antecedentes de hecho con base en los cuales el Tribunal Constitucional resuelve la cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad son los siguientes:<\/p>\n
i.<\/strong> En fecha 30 de enero de 2003, se adquiri\u00f3 una vivienda en el t\u00e9rmino municipal de Majadahonda por importe de 66.111,33 euros, que luego fue transmitida en fecha 15 de febrero de 2017, por un importe de 70.355,00 euros, obteni\u00e9ndose de esta forma una ganancia patrimonial bruta de 4.343,67 euros. Descontados los gastos tributarios soportados tanto en el momento de la adquisici\u00f3n como en el de la transmisi\u00f3n (un total de 769,77 euros), la ganancia neta real fue de 3.473,90 euros.<\/p>\n ii.<\/strong> En fecha 2 de mayo de 2018, el Ayuntamiento procedi\u00f3 a practicar una liquidaci\u00f3n sobre una base imponible de 17.800,12 euros. Dicho importe resultaba de la aplicaci\u00f3n de un porcentaje de incremento del 44,80 por ciento sobre el valor catastral del suelo \u2013que era de 39.732,41 euros-, porcentaje que se obten\u00eda a raz\u00f3n de multiplicar el 3,2 por ciento de incremento por cada uno de los 14 a\u00f1os de permanencia. De esta forma, la cuota tributaria resultante ascend\u00eda a 3.560,02 euros (tras la aplicaci\u00f3n del porcentaje del 20 por ciento).<\/p>\n Como puede observarse, la cuota tributaria liquidada por la Administraci\u00f3n local era superior al importe de la ganancia patrimonial obtenida, lo cual motiv\u00f3 que, una vez concluso el procedimiento contencioso-administrativo, el Juzgado de lo Contencioso-administrativo n\u00fam. 32 de Madrid planteara la referida cuesti\u00f3n de ilegalidad mediante auto de 8 de febrero de 2019. As\u00ed pues, no se somete al conocimiento del Tribunal Constitucional un caso en que se grava una situaci\u00f3n de no incremento en el valor de un terreno de naturaleza urbana, ni tampoco la de un decremento, sino que el supuesto de hecho que motiva la cuesti\u00f3n de constitucionalidad se basa en que, tras\u00a0aplicar el tipo de gravamen previsto en el art. 108.1 del TRLHL a la base imponible calculada conforme al art. 107.4 del TRLHL, la cuota tributaria derivada superaba el cien por cien de la riqueza efectivamente generada.<\/p>\n Ante esta situaci\u00f3n, el Tribunal Constitucional viene a reiterar pronunciamientos anteriores en los que se constata que \u201cuna cosa es gravar una renta potencial (el incremento de valor que presumiblemente se produce con el paso del tiempo en todo terreno de naturaleza urbana) y otra muy distinta es someter a tributaci\u00f3n una renta irreal, diferencia esta que es importante subrayar porque, si as\u00ed fueses, es evidente que el precepto cuestionado ser\u00eda contrario al principio constitucional de capacidad econ\u00f3mica, dado que (\u2026) dicho principio quiebra en aquellos supuestos en los que la capacidad econ\u00f3mica gravada por el tributo sea no ya potencial sino inexistente o ficticia\u201d.<\/em><\/p>\n En este sentido, interpreta el Tribunal que, \u201c(\u2026) en aquellos supuestos en los que de la aplicaci\u00f3n de la regla de c\u00e1lculo prevista en el art. 107.4 TRLHL (porcentaje anual aplicable al valor catastral del terreno al momento del devengo) se derive un incremento de valor superior al efectivamente obtenido por el sujeto pasivo, la cuota tributaria resultante, en la parte que excede del beneficio realmente obtenido, se corresponde con el gravamen il\u00edcito de una renta inexistente en contra del principio de capacidad econ\u00f3mica y de la prohibici\u00f3n de confiscatoriedad que deben operar, en todo caso, respectivamente, como instrumento legitimador del gravamen y como l\u00edmite del mismo (art. 31.1 CE)\u201d<\/em>. En definitiva, entiende el Tribual que suponen una vulneraci\u00f3n del principio de capacidad econ\u00f3mica y de prohibici\u00f3n de confiscatoriedad consagrados en el art. 31.1 CE aquellos supuestos en los que de la aplicaci\u00f3n del art. 107.4\u00a0del TRLHL\u00a0deriva una cuota a pagar superior al incremento patrimonial realmente obtenido por el contribuyente.<\/p>\n Y en consecuencia con lo expuesto, procede a declarar la inconstitucionalidad parcial del art\u00edculo 107.4 del TRLHL, limit\u00e1ndola para aquellos casos en los que la cuota a satisfacer tras la aplicaci\u00f3n del art. 107.4 del TRLHL es superior al incremento patrimonial realmente obtenido por el contribuyente. Sin embargo, aclara expresamente que dicha inconstitucionalidad no puede extenderse al tipo de gravamen del art. 108.1 del TRLHL, pues entiende que el vicio se halla exclusivamente en la forma de determinar la base imponible y no en la de calcular la cuota tributaria.<\/p>\n Por otro lado y para evitar ulteriores conflictos sobre el alcance concreto del fallo, se\u00f1ala expresamente el Tribunal que, en aplicaci\u00f3n del principio de seguridad jur\u00eddica, solo podr\u00e1n revisarse con fundamento a esta Sentencia \u201caquellas situaciones que no hayan adquirido firmeza por haber sido impugnadas en tiempo y forma, y no haber reca\u00eddo todav\u00eda en ellas una resoluci\u00f3n administrativa o judicial firme\u201d<\/em>. Barcelona, a 25 de noviembre de 2019<\/p>\n Sandra Nicol\u00e1s<\/p>\n Abogada<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El pasado 13 de noviembre de 2019 fue objeto de publicaci\u00f3n \u00edntegra la Sentencia del Tribunal Constitucional que resuelve la cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad n\u00fam. 1020-2019, promovida por el Juzgado n\u00fam. 32 de Madrid, respecto de los arts. 107 y 108 del Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas locales, aprobado por el Real […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[7],"tags":[],"boletin":[],"articulo-lcsp":[],"yoast_head":"\n
\nFinalmente, es importante destacar que, en el \u00faltimo inciso de la sentencia, el Tribunal Constitucional recuerda al legislador que, tras la declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad de los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4 del TRLHL \u2013en virtud de la STC 59\/2017, de 11 de mayo-, y del art. 107.4 del TRLHL -por la sentencia que se analiza-, deber\u00eda proceder a acomodar la legislaci\u00f3n vigente a las exigencias constitucionales expuestas en ambas resoluciones.<\/p>\n