El pasado mes de julio nos hicimos eco de la Sentencia del Tribunal Constitucional por la cual se avalaba que se indemnizase a los presos preventivos que sean absueltos, una resoluci\u00f3n que declar\u00f3 inconstitucional el inciso final del art\u00edculo 294 de la Ley Org\u00e1nica del Poder Judicial (LOPJ).<\/p>\n
Dicho inciso limitaba los supuestos indemnizatorios a aquellos en los que la absoluci\u00f3n se hubiese producido \u201cpor inexistencia del hecho imputado o por esta misma causa haya sido dictado auto de sobreseimiento libre\u201d, aspecto que se consider\u00f3 discriminatorio y con consecuencias desproporcionadas bajo el prisma de la presunci\u00f3n de inocencia y el principio de igualdad.<\/p>\n
Pues bien, la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha dictado la primera sentencia en aplicaci\u00f3n de la nueva situaci\u00f3n normativa y, pese a la advertencia del Constitucional de la falta de automatismo en la indemnizaci\u00f3n, considera que la nueva redacci\u00f3n del precepto deja poco margen de actuaci\u00f3n.<\/p>\n
Esto es, con la nueva redacci\u00f3n del art\u00edculo 294 LOPJ, en todos los supuestos de absoluci\u00f3n por cualquier causa o de sobreseimiento libre, el perjudicado tiene derecho a la indemnizaci\u00f3n, salvo los supuestos en que no se hayan irrogado perjuicios, lo que es pr\u00e1cticamente imposible de sostener en el caso de haber padecido prisi\u00f3n injusta.<\/p>\n
Por lo tanto, a falta de una nueva redacci\u00f3n del precepto por parte del legislador, actualmente toda persona que haya sufrido una prisi\u00f3n preventiva y posteriormente haya sido declarado absuelto tendr\u00e1 derecho a una indemnizaci\u00f3n.<\/p>\n
La cuant\u00eda indemnizatoria depender\u00e1 de las circunstancias concretas, el tiempo de libertad que ha estado privado y las efectivas consecuencias personales y profesionales que se han causado. La Sentencia del Tribunal Supremo recuerda que recae sobre el reclamante la obligaci\u00f3n de aportar los datos y circunstancias concurrentes que han de servir para determinar los da\u00f1os efectivamente causados.<\/p>\n
En el supuesto de hecho concreto, el Tribunal Supremo reconoci\u00f3 una indemnizaci\u00f3n de 3.000 euros a una persona que estuvo en prisi\u00f3n preventiva un total de 351 d\u00edas (8,58 \u20ac\/d\u00eda). En este sentido subraya el Tribunal que la petici\u00f3n \u00fanicamente se sustent\u00f3 en la edad del reclamante y la carencia de antecedentes, sin que se hubiese realizado ninguna referencia a las circunstancias laborales y familiares.<\/p>\n
Por ello, los elementos para fijar la indemnizaci\u00f3n quedaron limitados al tiempo de privaci\u00f3n de libertad y el car\u00e1cter m\u00e1s o menos afrentoso del delito imputado, que en ese caso era un delito de violaci\u00f3n.<\/p>\n
La indemnizaci\u00f3n anterior se sum\u00f3 a la cantidad de 6.750 euros que ya se hab\u00edan reconocido al recurrente por dilaciones indebidas en el procedimiento penal, un retraso en la tramitaci\u00f3n procesal que tuvo como consecuencia directa una mayor duraci\u00f3n de la situaci\u00f3n en prisi\u00f3n.<\/p>\n
Barcelona, a 19 de diciembre de 2019<\/p>\n
Tornos Abogados<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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