Los convenios urban\u00edsticos son instrumentos convencionales, suscritos entre las administraciones p\u00fablicas y los distintos sujetos privados que participan en un proceso urban\u00edstico, propios de la concepci\u00f3n del \u201curbanismo concertado\u201d, presente en nuestro ordenamiento desde el a\u00f1o 1956. A esta naturaleza contractual debemos a\u00f1adir el car\u00e1cter jur\u00eddico-administrativo de los mismos, circunstancia que comporta que todas las cuestiones que surjan en cuanto a ellos se deban dilucidar en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.<\/p>\n
Pues bien, sobre esta materia exist\u00eda la duda respecto de cu\u00e1l debe ser la norma reguladora del plazo de prescripci\u00f3n de las reclamaciones dinerarias basadas en incumplimientos de convenios urban\u00edsticos.<\/p>\n
La duda pivotaba sobre si se deb\u00eda aplicar el plazo de prescripci\u00f3n de 4 a\u00f1os, previsto en el art\u00edculo 25.1 de la Ley General Presupuestaria, o bien el plazo del art. 1964.2 del C\u00f3digo Civil, que hasta el a\u00f1o 2015 era de 15 a\u00f1os y que actualmente es de 5 a\u00f1os.<\/p>\n
El Tribunal Supremo, mediante la reciente Sentencia de 29 de enero de 2020 (rec. 694\/2018), ha aclarado que la norma de aplicaci\u00f3n es el C\u00f3digo Civil.<\/p>\n
El supuesto de hecho enjuiciado surge de una reclamaci\u00f3n formulada por parte de distintas promotoras en el a\u00f1o 2010 que alegaban el incumplimiento de los convenios urban\u00edsticos suscritos con el Ayuntamiento de Marbella (en fechas de 14 de octubre de 1996, as\u00ed como 4 de agosto y 16 de septiembre de 1997), y el enriquecimiento injusto de dicha Corporaci\u00f3n.<\/p>\n
En primera instancia el Ayuntamiento de Marbella invoc\u00f3 la prescripci\u00f3n del derecho a reclamar por cuanto entend\u00eda que deb\u00eda aplicarse el plazo de la normativa presupuestaria de 4 a\u00f1os, por lo que la reclamaci\u00f3n en 2010 deb\u00eda reputarse como extempor\u00e1nea y, por ende, desestimarse. As\u00ed lo apreci\u00f3 el Tribunal Superior de Justicia de Andaluc\u00eda que desestim\u00f3 la reclamaci\u00f3n.<\/p>\n
Sin embargo, los recurrentes acudieron en casaci\u00f3n ante el Tribunal Supremo que, tras apreciar inter\u00e9s casacional objetivo en la materia, ha estimado el recurso, clarificando que el plazo adecuado y aplicable, en los supuestos de incumplimiento de los convenios urban\u00edsticos, es el previsto en el art\u00edculo 1964.2 del C\u00f3digo Civil (que era de quince a\u00f1os en el a\u00f1o 2010, y hoy es de cinco a\u00f1os, desde la Ley 42\/2015, de 5 de octubre, de Modificaci\u00f3n de la Ley 1\/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento civil), y no el de cuatro a\u00f1os que contempla el art\u00edculo 25.1 de la Ley General Presupuestaria.<\/p>\n
Para sentar dicha jurisprudencia, el Tribunal Supremo realiza un loable y did\u00e1ctico repaso sobre la figura de los convenios urban\u00edsticos, recalcando los rasgos de (i) naturaleza convencional, (ii) indisponibilidad de la potestad de planteamiento y (iii) la posibilidad de exigencia de indemnizaci\u00f3n ante un incumplimiento.<\/p>\n
Expuesto lo anterior, detecta una laguna en la materia, la cual entiende que se debe colmar considerando que, cuando se produce alguna quiebra del convenio o contrato en aspectos que no afectan a su esfera jur\u00eddico-administrativa, ning\u00fan obst\u00e1culo hay para que se aplique la doctrina del Derecho Com\u00fan en materia de contratos y, en consecuencia, se deba acudir al plazo previsto en el C\u00f3digo Civil, por cuanto la norma presupuestaria \u201cno colma, no llena, no integra el vac\u00edo normativo dejado por la legislaci\u00f3n contractual p\u00fablica\u201d.<\/p>\n
Por lo tanto, en defecto de plazo pactado entre las partes, cabe acudir al C\u00f3digo Civil y su plazo actualmente previsto de 5 a\u00f1os en el art\u00edculo 1.964.2 y que en el momento de la reclamaci\u00f3n (2010) era de 15 a\u00f1os, por lo que estaba formulada en tiempo.<\/p>\n
Estimado el recurso en casaci\u00f3n el Tribunal Supremo ordena la retroacci\u00f3n de las actuaciones, por tal que el Tribunal Superior de Justicia de Andaluc\u00eda se pronuncie en cuanto al fondo de la reclamaci\u00f3n.<\/p>\n
Barcelona, a 9 de marzo de 2020<\/p>\n
Iv\u00e1n Rodr\u00edguez Florido<\/p>\n
Abogado<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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