Como advertimos en nuestro anterior comentario legal, las medidas normativas de urgencia para paliar los efectos de la crisis sanitaria actual se suceden a diario.<\/p>\n
En este sentido, en fecha 18 de marzo de 2020 se ha publicado en el BOE el Real Decreto-ley 8\/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto econ\u00f3mico y social del COVID-19<\/span> (en adelante, \u201cRDL 8\/2020\u201d<\/strong>). En consonancia con las normas anteriores, la norma presenta una bater\u00eda variada de medidas y, entre ellas, algunas relativas a la contrataci\u00f3n p\u00fablica. Seg\u00fan dispone la disposici\u00f3n de motivos de la norma, pretende ofrecer mecanismos para evitar los efectos negativos sobre el empleo y la viabilidad empresarial que pudieran derivarse de la suspensi\u00f3n de contratos del sector p\u00fablico, as\u00ed como evitar su resoluci\u00f3n.<\/p>\n Las medidas son las previstas en su art\u00edculo 34. \u00c9stas afectan a todos los contratos licitados por cualquier entidad adjudicadora e independientemente del car\u00e1cter p\u00fablico o privado del contrato.<\/p>\n Se establecen previsiones espec\u00edficas para los siguientes contratos, que a continuaci\u00f3n expondremos: Tambi\u00e9n haremos menci\u00f3n al Decreto Ley 7\/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes en materia de contrataci\u00f3n p\u00fablica, de salud y gesti\u00f3n de residuos sanitarios, de transparencia, de transporte p\u00fablico y en materia tributaria y econ\u00f3mica<\/span>, norma de \u00e1mbito auton\u00f3mico catal\u00e1n, publicada en el DOGC el 19 de marzo, que incluye medidas en materia de contrataci\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n REAL DECRETO-LEY 8\/2020 DE 17 DE MARZO<\/strong><\/p>\n 1. Suspensi\u00f3n de la vigencia de los contratos de prestaci\u00f3n sucesiva:<\/p>\n As\u00ed, mientras que en el anterior comentario legal dec\u00edamos que, en lo que se refer\u00eda a contratos en ejecuci\u00f3n, por el momento su vigencia no se ve\u00eda suspendida, el art\u00edculo 34 del RDL 8\/2020 establece la suspensi\u00f3n autom\u00e1tica de aquellos contratos vigentes de servicios y suministros de prestaci\u00f3n sucesiva cuya ejecuci\u00f3n devenga imposible a causa de la actual crisis sanitaria<\/strong><\/span> y, por extensi\u00f3n, a causa de los efectos derivados de la declaraci\u00f3n del estado de alarma. Dicha suspensi\u00f3n se extender\u00e1 \u201cdesde la situaci\u00f3n de hecho que impide su prestaci\u00f3n y hasta que dicha prestaci\u00f3n pueda reanudarse\u201d<\/em>. En cualquier caso, la prestaci\u00f3n podr\u00e1 reanudarse cuando cese la situaci\u00f3n impeditiva y se haya notificado al contratista el final de dicha suspensi\u00f3n. As\u00ed las cosas, el contratista deber\u00e1 presentar solicitud al \u00f3rgano de contrataci\u00f3n en la que se haga constar:<\/p>\n – Las razones por las que la ejecuci\u00f3n del contrato ha devenido imposible.<\/p>\n – El personal, las dependencias, los veh\u00edculos, la maquinaria, las instalaciones y los equipos adscritos a la ejecuci\u00f3n del contrato en ese momento.<\/p>\n – Los motivos que imposibilitan el empleo por el contratista de los medios citados en otro contrato.<\/p>\n Todos esos extremos podr\u00e1n ser revisados posteriormente por parte del \u00f3rgano. Ante dicha solicitud se fija normativamente el silencio negativo. Es decir, de no recibir respuesta en el plazo de 5 d\u00edas naturales, se entender\u00e1 desestimada. Este extremo colisionar\u00eda con el car\u00e1cter autom\u00e1tico<\/em> de la suspensi\u00f3n.<\/p>\n En el caso de estimarse la suspensi\u00f3n, el contratista tendr\u00e1 derecho a la indemnizaci\u00f3n por da\u00f1os y perjuicios en los t\u00e9rminos del tercer apartado de la presente nota.<\/p>\n Para estos contratos tambi\u00e9n se prev\u00e9 la posibilidad de aplicar el art\u00edculo 29.4 de la LCSP. Recordemos que este art\u00edculo prev\u00e9 un mecanismo para la continuaci\u00f3n de prestaciones de tracto sucesivo cuando, llegada la finalizaci\u00f3n de la vigencia del contrato, no se hubiera podido adjudicar uno nuevo que cubriera su necesidad. La ley prev\u00e9 la pr\u00f3rroga autom\u00e1tica del contrato hasta la nueva adjudicaci\u00f3n. Aun as\u00ed, existe un requisito: \u201csiempre que el anuncio de licitaci\u00f3n del nuevo contrato se haya publicado con una antelaci\u00f3n m\u00ednima de tres meses respecto de la fecha de finalizaci\u00f3n del contrato originario\u201d<\/em>. Pues bien, el RDL 8\/2020 suprime este requisito, pudi\u00e9ndose aplicar esta pr\u00f3rroga autom\u00e1tica independientemente de la fecha de publicaci\u00f3n<\/strong><\/span> del anuncio de licitaci\u00f3n.<\/p>\n 2. Particularidades en el caso de contratos de obras:<\/strong><\/p>\n En el apartado 3 del art\u00edculo 34 se establece, desde nuestro punto de vista, un doble r\u00e9gimen para el caso de contratos de obras, a saber, la suspensi\u00f3n y la ampliaci\u00f3n del plazo de vigencia\/pr\u00f3rroga.<\/p>\n Ello no obstante, debemos se\u00f1alar que la interpretaci\u00f3n literal del apartado 3 del art\u00edculo 34, se desprende que lo dispuesto en este apartado s\u00f3lo resultar\u00eda de aplicaci\u00f3n a aquellos contratos en los que, de acuerdo con el \u201cprograma de desarrollo de los trabajos o plan de obras\u201d estuviese prevista la finalizaci\u00f3n de su plazo de ejecuci\u00f3n entre el 14 de marzo y durante el per\u00edodo que dure el estado de alarma y que, como consecuencia de la situaci\u00f3n creada no pueda tener lugar la entrega de la obra. Se se\u00f1ala que en estos casos el contratista podr\u00e1 solicitar una pr\u00f3rroga en el plazo de entrega final, siempre y cuando ofrezca el cumplimiento de sus compromisos pendientes si se le ampl\u00eda el plazo inicial.<\/p>\n – Suspensi\u00f3n de los contratos de obras:<\/span><\/p>\n Existe la posibilidad de que el contratista solicite<\/strong><\/span> la suspensi\u00f3n del contrato, sin que opere autom\u00e1ticamente. El Decreto-Ley catal\u00e1n, al que haremos referencia m\u00e1s adelante, s\u00ed acuerda la suspensi\u00f3n autom\u00e1tica, con car\u00e1cter general, de los contratos de obra, sin que haya necesidad de solicitud previa.<\/p>\n Volviendo al RDL 8\/2020, esta suspensi\u00f3n podr\u00e1 operar en aquellos contratos que no hubieran perdido su finalidad como consecuencia de la situaci\u00f3n actual y cuando \u00e9sta genere la imposibilidad de continuar la ejecuci\u00f3n del contrato. La suspensi\u00f3n se alargar\u00e1 desde que se produjera la situaci\u00f3n de hecho que impide su prestaci\u00f3n y hasta que dicha prestaci\u00f3n pueda reanudarse.<\/p>\n La suspensi\u00f3n s\u00f3lo operar\u00e1 cuando el \u00f3rgano de contrataci\u00f3n, a instancia del contratista y en el plazo de cinco d\u00edas naturales, hubiera apreciado la imposibilidad de ejecuci\u00f3n del contrato. El contratista deber\u00e1, pues, presentar una solicitud para la suspensi\u00f3n del contrato, en los mismos t\u00e9rminos que en el caso de los contratos de servicios y suministros de prestaci\u00f3n sucesiva.<\/p>\n – Ampliaci\u00f3n\/pr\u00f3rroga de la vigencia del contrato:<\/span><\/p>\n Como hemos indicado, el contratista podr\u00e1 solicitar una pr\u00f3rroga en el plazo de entrega final de la obra en (i) aquellos contratos en los que, de acuerdo con el \u00abprograma de desarrollo de los trabajos o plan de obra\u00bb estuviese prevista la finalizaci\u00f3n de su plazo de ejecuci\u00f3n entre el 14 de marzo, fecha de inicio del estado de alarma, y durante el per\u00edodo que dure el mismo\u201d<\/span><\/em>; y (ii) cuando no pueda tener lugar la entrega de la obra como consecuencia de la crisis sanitaria.<\/span> Para otorgar la ampliaci\u00f3n, el contratista deber\u00e1 ofrecer el cumplimiento de sus compromisos pendientes.<\/p>\n 3. Indemnizaci\u00f3n por da\u00f1os y perjuicios:<\/span><\/strong><\/p>\n El precepto establece, tambi\u00e9n, la posibilidad de exigir, por parte del contratista, la oportuna indemnizaci\u00f3n por los da\u00f1os y perjuicios derivados de la suspensi\u00f3n, en el caso de contratos de servicios y suministros de prestaci\u00f3n sucesiva y contratos de obras. En estos \u00faltimos se incluir\u00eda, tambi\u00e9n, la ampliaci\u00f3n del plazo de vigencia del contrato. No obstante, se establece un listado cerrado de posibles da\u00f1os resarcibles, cuyos conceptos son los mismos para el contrato de servicios y suministros de prestaci\u00f3n sucesi\u00f3n y para el contrato de obra, pero con algunas matizaciones respecto al contrato de obras. As\u00ed, los conceptos indemnizables son:<\/p>\n – Los gastos salariales<\/strong><\/span> que efectivamente abone el contratista al personal adscrito a la ejecuci\u00f3n del contrato, durante el per\u00edodo de suspensi\u00f3n.<\/p>\n En el caso de contratos de obras se deber\u00e1 tener en cuenta lo establecido respecto a los convenios colectivos de aplicaci\u00f3n.<\/p>\n – Los gastos por mantenimiento de la garant\u00eda definitiva<\/strong><\/span>, relativos al per\u00edodo de suspensi\u00f3n del contrato.<\/p>\n – Los gastos de alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos adscritos al contrato<\/span><\/strong>, siempre que el contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados para otros fines distintos durante la suspensi\u00f3n del contrato. En el caso del contrato de obras, se deber\u00e1 acreditar tambi\u00e9n que su importe sea inferior al coste de resoluci\u00f3n de tales contratos.<\/p>\n – Los gastos correspondientes a las p\u00f3lizas de seguro<\/strong><\/span> previstas en el pliego y vinculadas al objeto del contrato que hayan sido suscritas por el contratista y est\u00e9n vigentes en el momento de la suspensi\u00f3n del contrato.<\/p>\n Tal y como se prev\u00e9 expresamente en el RDL 8\/2020, para estos contratos no resultar\u00e1n de aplicaci\u00f3n las reglas para abonar al contratista los da\u00f1os y perjuicios establecidas en el art\u00edculo 208.2.a) de la LCSP para la suspensi\u00f3n de los contratos. Estamos pues, ante una regulaci\u00f3n excepcional que desplaza el citado precepto.<\/p>\n Tambi\u00e9n se except\u00faa la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 239 de la LCSP, relativo a la fuerza mayor. En cualquier caso, s\u00f3lo podr\u00e1n aspirar a la indemnizaci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 34 de la norma aquellos contratistas que cumplan las siguientes condiciones (en principio prevista en el apartado 3 relativo al contrato de obras, pero parece que aplicable a todos los contratos, por cuanto el p\u00e1rrafo relativo al reconocimiento del derecho a las indemnizaciones y al resarcimiento de da\u00f1os y perjuicios hace referencia al art\u00edculo, y no al apartado tercero):<\/p>\n – Que el contratista principal, los subcontratistas, proveedores y suministradores que hubiera contratado para la ejecuci\u00f3n del contrato estuvieran al corriente del cumplimiento de sus obligaciones laborales y sociales, a fecha 14 de marzo de 2020.<\/p>\n – Que el contratista principal estuviera al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de pago a sus subcontratistas y suministradores en los t\u00e9rminos previstos en los art\u00edculos 216 y 217 de la LCSP.<\/p>\n 4. Afectaciones a los contratos de servicios y suministros de prestaci\u00f3n no sucesiva:<\/span><\/strong><\/p>\n Antes nos refer\u00edamos a los contratos de servicios y suministros de prestaci\u00f3n sucesiva, ahora lo haremos al resto de contratos de servicios y suministros distintos a \u00e9stos.<\/p>\n 4.1. Ampliaci\u00f3n del plazo de vigencia del contrato ante incumplimiento del plazo:<\/span><\/p>\n Para estos contratos (art\u00edculo 34.2 del RDL 8\/2020) la norma, en lugar de prever la suspensi\u00f3n de su vigencia, regula la posibilidad de solicitar una ampliaci\u00f3n del plazo si se cumplen los requisitos se\u00f1alados. Cuando el contratista incumpla los plazos de ejecuci\u00f3n del contrato a causa de los efectos de la situaci\u00f3n actual, el \u00f3rgano de contrataci\u00f3n no podr\u00e1 acordar penalidades ni la resoluci\u00f3n del contrato. Si el contratista manifiesta su voluntad de ejecutar el contrato mediante una ampliaci\u00f3n de su plazo de vigencia, el \u00f3rgano de contrataci\u00f3n deber\u00e1 conced\u00e9rselo d\u00e1ndole un plazo que ser\u00e1, como m\u00ednimo, igual al tiempo perdido por el motivo mencionado (o hasta el plazo indicado por el contratista, si fuera menor). 4.2. Medidas salariales ante la ampliaci\u00f3n del plazo:<\/span><\/p>\n En estos casos \u201clos contratistas tendr\u00e1n derecho al abono de los gastos salariales adicionales en los que efectivamente hubiera incurrido como consecuencia del tiempo perdido<\/strong><\/span> con motivo del COVID-19, hasta un l\u00edmite m\u00e1ximo del 10 por 100 del precio inicial del contrato\u201d<\/em>. 5. Contratos de servicios y suministros excluidos de las previsiones del art\u00edculo:<\/span><\/strong><\/p>\n El apartado 6 del art\u00edculo 34 del RLD 8\/2020 se\u00f1ala expresamente que lo previsto en los apartados 1 y 2 de este art\u00edculo (medidas para los contratos p\u00fablicos de servicios y de suministros de prestaci\u00f3n sucesiva y para los contratos p\u00fablicos de servicios y de suministros distintos a los anteriores) no ser\u00e1 de aplicaci\u00f3n en ning\u00fan caso a los siguientes contratos: – Contratos de servicios de seguridad, limpieza o de mantenimiento de sistemas inform\u00e1ticos.<\/p>\n – Contratos de servicios o suministro necesarios para garantizar la movilidad y la seguridad de las infraestructuras y servicios de transporte.<\/p>\n – Contratos adjudicados por aquellas entidades p\u00fablicas que coticen en mercados oficiales y no obtengan ingresos de los Presupuestos Generales del Estado.<\/p>\n 6. Previsiones relativas a los contratos de concesi\u00f3n de obras y servicios:<\/span><\/strong><\/p>\n Para los contratos de concesi\u00f3n de obras y servicios que se vean afectados por la situaci\u00f3n creada a causa de la crisis sanitaria, dar\u00e1n derecho al concesionario al restablecimiento del equilibrio econ\u00f3mico del contrato mediante, seg\u00fan proceda en cada caso, la ampliaci\u00f3n de su duraci\u00f3n inicial hasta un m\u00e1ximo de un 15 por 100 o mediante la modificaci\u00f3n de las cl\u00e1usulas de contenido econ\u00f3mico incluidas en el contrato. En todo caso, el restablecimiento del equilibrio econ\u00f3mico incluir\u00e1 las \u2014debidamente acreditadas\u2014 p\u00e9rdidas de ingresos y el incremento de los costes soportados, entre los que se considerar\u00e1n los posibles gastos adicionales salariales que efectivamente hubieran abonado, respecto a los previstos en la ejecuci\u00f3n ordinaria del contrato durante el per\u00edodo de duraci\u00f3n de la situaci\u00f3n de hecho creada por el COVID-19. 7. Contratos celebrados por entidades del sector p\u00fablico con sujeci\u00f3n a la Ley de sectores especiales (Ley 31\/2007 o Libro I del Real Decreto-ley 3\/2020).<\/span><\/strong><\/p>\n Debemos se\u00f1alar que de conformidad con lo dispuesto en el apartado 5, lo dispuesto en el art\u00edculo 34 del RDL 8\/2020 tambi\u00e9n ser\u00e1 de aplicaci\u00f3n a los contratos vigentes a la entrada en vigor del RDL 8\/2020, celebraros por entidades del sector p\u00fablico con sujeci\u00f3n a la Ley 31\/2007 o al Libro I del Real Decreto-ley 3\/2020.<\/p>\n 8. Modificaci\u00f3n del art\u00edculo 16 del Real Decreto-ley 7\/2020:<\/span><\/strong><\/p>\n Finalmente, una vez expuestas las novedades previstas en el art\u00edculo 34 de la norma, debemos hacer inciso en la modificaci\u00f3n del art\u00edculo 16 del Real Decreto-ley 7\/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto econ\u00f3mico del COVID-19<\/span>, al que hac\u00edamos referencia en el anterior comentario legal, operada por la Disposici\u00f3n final sexta del RDL 8\/2020. As\u00ed las cosas, la norma incluye el siguiente contenido, que resaltamos:<\/p>\n \u201cArt\u00edculo 16. Contrataci\u00f3n. <\/em><\/p>\n 1. La adopci\u00f3n de cualquier tipo de medida directa o indirecta por parte de los \u00f3rganos de la Administraci\u00f3n General del Estado para hacer frente al COVID-19 justificar\u00e1 la necesidad de actuar de manera inmediata, al amparo de lo previsto en el art\u00edculo 120 de la Ley 9\/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector P\u00fablico, por la que se transponen al ordenamiento jur\u00eddico espa\u00f1ol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014\/23\/UE y 2014\/24\/UE, de 26 de febrero de 2014. <\/em><\/p>\n 2. De acuerdo con la previsi\u00f3n establecida en el p\u00e1rrafo anterior, a todos los contratos que hayan de celebrarse por la Administraci\u00f3n General del Estado o sus organismos p\u00fablicos y entidades de Derecho p\u00fablico para atender las necesidades derivadas de la protecci\u00f3n de las personas y otras medidas adoptadas por el Consejo de Ministros para hacer frente al COVID-19, les resultar\u00e1 de aplicaci\u00f3n la tramitaci\u00f3n de emergencia. En estos casos, si fuera necesario realizar abonos a cuenta por actuaciones preparatorias a realizar por el contratista, no ser\u00e1 de aplicaci\u00f3n lo dispuesto respecto a las garant\u00edas en la mencionada Ley 9\/2017, siendo el \u00f3rgano de contrataci\u00f3n quien determinar\u00e1 tal circunstancia en funci\u00f3n de la naturaleza de la prestaci\u00f3n a contratar y la posibilidad de satisfacer la necesidad por otras v\u00edas. De la justificaci\u00f3n de la decisi\u00f3n adoptada deber\u00e1 dejarse constancia en el expediente.\u201d<\/strong><\/em><\/p>\n DECRETO LEY 7\/2020 DE 17 DE MARZO<\/strong><\/span><\/p>\n En la Comunidad Aut\u00f3noma de Catalu\u00f1a se ha aprobado tambi\u00e9n un Decreto Ley relacionado con la suspensi\u00f3n de los contratos. Nos referimos ahora al Decreto Ley 7\/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes en materia de contrataci\u00f3n p\u00fablica, de salud y gesti\u00f3n de residuos sanitarios, de transparencia, de transporte p\u00fablico y en materia tributaria y econ\u00f3mica.<\/span><\/p>\n La norma prev\u00e9 la suspensi\u00f3n de la ejecuci\u00f3n de determinados contratos de centros educativos<\/span><\/strong>, tanto para el sector p\u00fablico de la Generalitat, como para las entidades locales.<\/p>\n En concreto, aquellos relativos a centros educativos que ya no puedan ejecutarse por su cierre a causa de la crisis sanitaria, incluyendo, entre muchos otros, los de limpieza, comedor o transporte escolar de los jardines de infancia, escuelas de educaci\u00f3n infantil y primaria, institutos de ESO, bachillerato y formaci\u00f3n profesional, escuelas de arte y dise\u00f1o, escuelas de adultos, centros de educaci\u00f3n especial, etc..<\/p>\n La norma auton\u00f3mica ha sido publicada posteriormente al Real Decreto-ley 8\/2020, de 17 de marzo, pero establece que los da\u00f1os indemnizables derivados de la suspensi\u00f3n se regir\u00e1n por lo previsto en el art\u00edculo 208 de la LCSP<\/strong><\/span>, pese a que la norma estatal exceptuaba su aplicaci\u00f3n expresamente, en lo que se refiere a la indemnizaci\u00f3n por da\u00f1os y perjuicios, estableciendo un r\u00e9gimen espec\u00edfico y propio, desplazando al previsto en el art\u00edculo 208. Entendemos que esta contradicci\u00f3n deber\u00e1 ser objeto de una rectificaci\u00f3n o modificaci\u00f3n, para adaptar el Decreto Ley catal\u00e1n al RDL 8\/2020.<\/p>\n En lo que se refiere a la justificaci\u00f3n de la suspensi\u00f3n, la norma auton\u00f3mica establece que no ser\u00e1 necesario levantar acta de suspensi\u00f3n. En caso de hacerlo, se considerar\u00e1 suficientemente motivada con la referencia al Decreto ley.<\/span><\/strong><\/p>\n En lo que se refiere a otros contratos que ya no puedan ejecutarse, vinculados a edificios, instalaciones y equipamientos p\u00fablicos (en este caso ya \u00fanicamente para el sector p\u00fablico de la Administraci\u00f3n de la Generalitat de Catalunya), como los de seguridad y vigilancia o de limpieza o mantenimiento, la norma declara con efectos del d\u00eda 16 de marzo de 2020 la suspensi\u00f3n de ejecuci\u00f3n de los mismos. Podr\u00e1n seguir realiz\u00e1ndose en la medida en que puedan ejecutarse parcialmente<\/strong><\/span>. En estos casos, el \u00f3rgano de contrataci\u00f3n determinar\u00e1 las prestaciones que puedan seguir ejecut\u00e1ndose.<\/p>\n El art\u00edculo 2 de este Decreto Ley faculta a los \u00f3rganos competentes de los entes locales de Catalu\u00f1a a dictar normas o actos administrativos de suspensi\u00f3n de la ejecuci\u00f3n de los contratos, en los mismos t\u00e9rminos y por las mismas circunstancias que se establecen en el art\u00edculo 1. 0<\/p>\n En lo que se refiere a los puestos de trabajo afectados, el art\u00edculo 3 establece que la suspensi\u00f3n en ning\u00fan caso se podr\u00e1 considerar un motivo para la aplicaci\u00f3n de expedientes de regulaci\u00f3n de empleo.<\/span><\/strong><\/p>\n En lo relativo a la apertura y valoraci\u00f3n de ofertas por parte de la Mesa, el Decreto establece que podr\u00e1 desarrollarse sin la asistencia presencial de los miembros del \u00f3rgano y el resto de las personas interesadas<\/strong><\/span>, debi\u00e9ndose establecer una v\u00eda de seguimiento telem\u00e1tico. En caso de que no fuera posible, se deber\u00e1 certificar que el procedimiento se ha seguido con todas las garant\u00edas.<\/p>\n Asimismo, la norma reitera la posibilidad de acudir al procedimiento de emergencia para contratos relacionados con la crisis sanitaria. Posibilidad ya incluida en normas previas.<\/p>\n Finalmente, respecto los contratos de obras y servicios<\/strong><\/span> o asistencias vinculados (obras de la Generalitat de Catalu\u00f1a y su sector p\u00fablico), se declaran suspendidos<\/strong><\/span> (sin requerirse, por tanto, solicitud previa, como en el caso del Decreto estatal) salvo aquellos contratos vigentes contratados por emergencia o aquellos que por su car\u00e1cter b\u00e1sico o estrat\u00e9gico el \u00f3rgano de contrataci\u00f3n decida mantener su ejecuci\u00f3n, aunque sea parcial. Asegurando, en todo caso, las medidas de seguridad oportunas. Para minimizar el impacto econ\u00f3mico, los \u00f3rganos de contrataci\u00f3n podr\u00e1n abonar en concepto de pago anticipado<\/strong><\/span>, a cuenta del precio del contrato, un importe igual al de la \u00faltima certificaci\u00f3n de obra o factura del contrato de servicio o asistencia a la obra.<\/p>\n El pago deber\u00e1 garantizar los importes correspondientes a los gastos salariales del personal adscrito y no podr\u00e1 superar el precio final del contrato. Levantada la suspensi\u00f3n, el importe de este pago anticipado se deducir\u00e1 de los pagos siguientes, de forma prorrateada en proporci\u00f3n al plazo pendiente de ejecuci\u00f3n del contrato.<\/p>\n Si el contratista aceptara este pago, supondr\u00e1 su renuncia a percibir cualquier otro importe en concepto de indemnizaci\u00f3n derivado de la suspensi\u00f3n del contrato en aplicaci\u00f3n del Decreto ley.<\/p>\n Atendiendo a las contradicciones existentes en este Decreto Ley con el RDL 8\/2020, tal y como hemos avanzado, entendemos que en breve se producir\u00e1 una modificaci\u00f3n o adaptaci\u00f3n del mismo, a lo que estaremos atentos.<\/p>\n Expuestas las novedades en materia de contrataci\u00f3n previstas en estas normas, debemos reiterar que pueden surgir nuevas novedades normativas en materia de contrataci\u00f3n en los pr\u00f3ximos d\u00edas, habida cuenta de la excepcionalidad de la situaci\u00f3n actual, de las que informaremos oportunamente.<\/p>\n Barcelona, a 20 de marzo de 2020<\/p>\n Ignacio Baranera<\/p>\n Abogado<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Como advertimos en nuestro anterior comentario legal, las medidas normativas de urgencia para paliar los efectos de la crisis sanitaria actual se suceden a diario. 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\n– Contratos de servicios y de suministros de prestaci\u00f3n sucesiva.
\n– Contratos de servicios y de suministros de prestaci\u00f3n no sucesiva.
\n– Contratos de obra.
\n– Contratos de concesi\u00f3n de obras y de concesi\u00f3n de servicios.<\/p>\n
\nA pesar de definirse como una suspensi\u00f3n autom\u00e1tica, la norma prev\u00e9 una solicitud previa por parte del contratista.<\/p>\n
\nAun as\u00ed, como trataremos m\u00e1s adelante, el Decreto auton\u00f3mico 7\/2020 establece que la indemnizaci\u00f3n por da\u00f1os y perjuicios derivados de la suspensi\u00f3n se regir\u00e1 por el art\u00edculo 208 de la LCSP. Existe, pues, otra contradicci\u00f3n entre la norma auton\u00f3mica y la estatal.<\/p>\n
\nPara que pueda otorgarse la ampliaci\u00f3n del plazo ser\u00e1 necesario recabar previamente informe del Director de obra (sic), que determine que el retraso no es por causa imputable al contratista, sino que el retraso es consecuencia de las causas derivadas de la crisis sanitaria. Entendemos que la referencia al Director de obra debe entenderse realizada al responsable del contrato.<\/p>\n
\nEs importante destacar que \u00fanicamente proceder\u00e1 dicho abono previa solicitud y acreditaci\u00f3n fehaciente de la realidad, efectividad y cuant\u00eda por el contratista de dichos gastos. Es decir, que el contratista los deber\u00e1 solicitar y acreditar.<\/p>\n
\n– Contratos de servicios o suministro sanitario, farmac\u00e9utico o de otra \u00edndole, cuyo objeto est\u00e9 vinculado con la crisis sanitaria provocada por el COVID-19.<\/p>\n
\nDebemos destacar tambi\u00e9n en este punto que la compensaci\u00f3n \u00fanicamente proceder\u00e1 previa solicitud y acreditaci\u00f3n fehaciente de la realidad, efectividad e importe por el contratista de dichos gastos y siempre y cuando el \u00f3rgano de contrataci\u00f3n, a instancia del contratista, hubiera apreciado la imposibilidad de ejecuci\u00f3n del contrato como consecuencia de la situaci\u00f3n creada por el COVID-19. Es decir, que habr\u00e1 una doble solicitud por parte del contratista al \u00f3rgano de contrataci\u00f3n, una primera para apreciar la imposibilidad de ejecutar el contrato, y una segunda para para solicitar y acreditar los gastos.<\/p>\n