La crisis desatada por el coronavirus ha dado lugar a multitud de interrogantes. Algunos de ellos referidos a la viabilidad de ver al Estado como responsable de los da\u00f1os individualizados y perjuicios ocasionados a los ciudadanos, como consecuencia de una gesti\u00f3n, considerada por muchos, insuficiente. Ello es de suma importancia, en primer lugar, ya que es un problema que, seguramente, podr\u00e1 acabar ante los Tribunales en cuanto la situaci\u00f3n se normalice, y, en segundo lugar, porqu\u00e9 el r\u00e9gimen jur\u00eddico de estas responsabilidades puede influir en los cursos de acci\u00f3n que los sujetos potencialmente afectados pueden optar ahora para hacer frente a la crisis.<\/p>\n
La presente cuesti\u00f3n queda enmarcada dentro del espectro de la responsabilidad patrimonial prevista en el art\u00edculo 106.2 de la CE y regulada en la Ley 40\/2015, de 1 de octubre, de R\u00e9gimen Jur\u00eddico del Sector P\u00fablico. Precisamente, en su art\u00edculo 32, se apunta que los particulares tendr\u00e1n derecho a ser indemnizados por las Administraciones Publicas correspondientes de toda lesi\u00f3n que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesi\u00f3n sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios p\u00fablicos salvo en los casos de fuerza mayor, entre los que se podr\u00eda encontrar una situaci\u00f3n de pandemia o de crisis sanitaria nacional. No ser\u00edan indemnizables los da\u00f1os que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar seg\u00fan el estado de los conocimientos de la ciencia o de la t\u00e9cnica existentes en el momento de producci\u00f3n de aquellos.<\/p>\n
Parece claro pues, que la piedra angular entorno a la que girar\u00e1 o no la procedencia de una indemnizaci\u00f3n por parte del Estado frente a los da\u00f1os que ha ocasionado su gesti\u00f3n a los ciudadanos, ser\u00e1 precisamente la existencia o no de fuerza mayor. Pues bien, el concepto de fuerza mayor ha venido siendo interpretado de la mano de cuantiosa doctrina y jurisprudencia de nuestros tribunales de Justicia. As\u00ed, ha sido definido como un suceso o acontecimiento que no s\u00f3lo es imprevisible, sino que, aunque se hubiera previsto, habr\u00eda sido del todo inevitable.<\/p>\n
Por lo tanto, si se considera que los efectos que se han producido como consecuencia del coronavirus pod\u00edan haber sido previstos por el poder ejecutivo y, sin embargo, no se tomaron las oportunas medidas con la antelaci\u00f3n suficiente o estas no fueron adecuadas, s\u00ed que ser\u00e1 procedente que opere la responsabilidad patrimonial del Estado y, por ende, tendr\u00e1 este que indemnizar a los ciudadanos por los da\u00f1os individualizados y perjuicios causados.<\/p>\n
Debemos apuntar que, aunque la aparici\u00f3n del COVID-19 pueda encajar en la definici\u00f3n de fuerza mayor en la medida que ha surgido como una causa extra\u00f1a al funcionamiento de los servicios p\u00fablicos, no implicar\u00eda ello una exclusi\u00f3n total de la posibilidad de que las Administraciones p\u00fablicas respondan patrimonialmente por los da\u00f1os sufrido por los ciudadanos en esta crisis. Y es que, aunque los perjuicios provocados por esta pandemia pueden llegar a ser vistos como inevitables, es del todo evidente que las Administraciones p\u00fablicas espa\u00f1olas han podido con sus acciones y omisiones contribuir a agravarlos o mitigarlos. La exclusi\u00f3n de responsabilidad que implica la fuerza mayor no alcanzar\u00eda los da\u00f1os que se pod\u00edan haber evitado si la Administraci\u00f3n hubiera tomado las debidas medidas de precauci\u00f3n. El problema ser\u00e1, el precisar qu\u00e9 concretos da\u00f1os podr\u00edan haber sido previstos si las Administraciones hubieran actuado diligentemente.<\/p>\n
Cuesti\u00f3n distinta, pero que conviene traer a colaci\u00f3n, es la viabilidad de solicitar, por parte de los establecimientos y locales afectados por el Estado de Alarma decretado, las correspondientes indemnizaciones por los perjuicios de car\u00e1cter econ\u00f3mico que les ha supuesto la paralizaci\u00f3n forzosa de sus actividades. En este caso la respuesta es del todo afirmativa. As\u00ed viene establecido por la Ley Org\u00e1nica 4\/1981, de los estados de alarma, excepci\u00f3n y sitio, que a lo largo de su art\u00edculo tercero dispone que quienes como consecuencia de la aplicaci\u00f3n de los actos y disposiciones adoptadas durante la vigencia de esos estados sufran, de forma directa, o en su persona, derechos o bienes, da\u00f1os o perjuicios por actos que no les sean imputables, tendr\u00e1n derecho a ser indemnizados.<\/p>\n
Barcelona, a 2 de abril de 2020<\/p>\n
Alfonso Arroyo<\/p>\n
Abogado<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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