Desde que se declar\u00f3 el estado de alarma, nos hemos habituado a que se publiquen en los Boletines Oficiales todo tipo normas o resoluciones que desarrollan, modifican o \u201cmoldean\u201d las medidas adoptadas como consecuencia de la situaci\u00f3n excepcional que vivimos.<\/p>\n
Pero tambi\u00e9n se publican en esos mismos Boletines Oficiales resoluciones, anuncios o edictos que adquieren un cariz distinto, sobre los que pretendemos llamar la atenci\u00f3n.<\/p>\n
El aparente letargo administrativo en que entraba la ordenaci\u00f3n e instrucci\u00f3n de los procedimientos administrativos de competencia de las entidades del sector p\u00fablico, debido a la suspensi\u00f3n de plazos administrativos,<\/strong> seg\u00fan lo previsto en la Disposici\u00f3n Adicional Tercera del Real Decreto 463\/2020, de 14 de marzo, ten\u00eda en la propia Disposici\u00f3n Adicional dos excepciones: i) Aquellos supuestos en los que el \u00f3rgano competente acordara de manera motivada las medidas de ordenaci\u00f3n e instrucci\u00f3n<\/strong> estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento y siempre que \u00e9ste manifieste su conformidad, o cuando el interesado manifieste su conformidad con que no se suspenda el plazo (apartado 3) i II) Los procedimientos y resoluciones administrativas cuando se refieran a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma<\/strong> (apartado 4).<\/p>\n El alcance de la habilitaci\u00f3n legal para impulsar procedimientos durante el estado de alarma era -aparentemente al menos- distinto en las dos excepciones, ya que en el primer caso se permite excepcionar de la suspensi\u00f3n general de plazos los actos de ordenaci\u00f3n e instrucci\u00f3n<\/strong> (la Ley 39\/2015 distingue claramente los actos de ordenaci\u00f3n e instrucci\u00f3n de la fase de finalizaci\u00f3n del procedimiento, constituyendo la resoluci\u00f3n una de las formas de terminaci\u00f3n de aqu\u00e9l) mientras que la segunda excepci\u00f3n, de una forma m\u00e1s amplia, abarca \u201cprocedimientos y resoluciones\u201d.<\/strong><\/p>\n Tan solo tres d\u00edas despu\u00e9s de la declaraci\u00f3n del estado de alarma, la mencionada Disposici\u00f3n Adicional Tercera fue modificada por el Real Decreto 465\/2020, de 17 de marzo. Al margen de las conocidas excepciones en materia tributaria y de seguridad social, se otorga una nueva dimensi\u00f3n a la segunda excepci\u00f3n antes mencionada. A partir de ese momento, se exige una resoluci\u00f3n motivada<\/strong> para la continuaci\u00f3n de procedimientos<\/strong> que se refieran a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma y, adem\u00e1s, se extiende la excepci\u00f3n a aquellos \u201cque sean indispensables para la protecci\u00f3n del inter\u00e9s general o para el funcionamiento b\u00e1sico de los servicios\u201d.<\/strong><\/p>\n La amplitud de los conceptos jur\u00eddicos indeterminados a partir de los cuales se articula la nueva excepci\u00f3n, lo que permite tramitar (te\u00f3ricamente, s\u00f3lo \u201ccontinuar\u201d) procedimientos administrativos y dictar resoluciones, es m\u00e1s que evidente y facilita, desde luego, su utilizaci\u00f3n extensiva \u2013 y tambi\u00e9n selectiva- por parte de las Administraciones. Y ello genera una notable inseguridad jur\u00eddica.<\/p>\n Un simple repaso de los boletines oficiales permite constatar la laxitud seguida en su aplicaci\u00f3n. En efecto, \u00bfSe puede amparar en el supuesto referido el acuerdo de aprobaci\u00f3n inicial de un estudio de detalle? \u00bfLa publicaci\u00f3n de las bases para cubrir una plaza interina de arquitecto? \u00bfLa informaci\u00f3n p\u00fablica sobre la desafectaci\u00f3n de un bien comunal consistente en un tractor agr\u00edcola? \u00bfLa incoaci\u00f3n de un expediente de delimitaci\u00f3n del entorno de protecci\u00f3n de una iglesia?, \u00bfLa informaci\u00f3n p\u00fablica en un procedimiento de solicitud de una concesi\u00f3n de dominio p\u00fablico portuario para uso de almac\u00e9n?<\/p>\n Todos son unos simples ejemplos de resoluciones, anuncios o edictos publicados en este per\u00edodo, y que pueden afectar a una pluralidad indeterminada de interesados y, por tanto, se trata de supuestos que creemos no encuentran su amparo en el apartado tercero de la misma disposici\u00f3n adicional.<\/p>\n Desde luego que nadie desea una par\u00e1lisis de las administraciones en todo aquello que exceda del objetivo de dar respuesta a la situaci\u00f3n de extrema gravedad que se ha generado y, sin duda, ello es lo que ha llevado a una aplicaci\u00f3n notablemente amplia de la norma.<\/p>\n Pero ello no obsta a que, al menos, deba seguir exigi\u00e9ndose el respeto al principio de seguridad jur\u00eddica y pueda cuestionarse la cobertura legal de actuaciones administrativas del tipo de las expuestas.<\/p>\n En este sentido, hay que recordar que el Tribunal Constitucional sent\u00f3 doctrina en su Sentencia 83\/2016, de 28 de abril, dictada con ocasi\u00f3n de la declaraci\u00f3n del estado de alarma y su pr\u00f3rroga motivada por la huelga de los controladores a\u00e9reos. En dicha sentencia, el Tribunal Constitucional (en la misma l\u00ednea que en su anterior Auto 7\/2012) determin\u00f3 que, aunque formalizada mediante decreto del Consejo de Ministros, la decisi\u00f3n de declarar el estado de alarma, dado su contenido normativo y efectos jur\u00eddicos, debe entenderse que queda configurada en nuestro ordenamiento como una decisi\u00f3n o disposici\u00f3n con rango o valor de ley. Recientemente, el Tribunal Supremo invocaba de nuevo esta sentencia para declarar la inadmisibilidad, por falta de jurisdicci\u00f3n, de la impugnaci\u00f3n del Real Decreto-ley 8\/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto econ\u00f3mico y social del COVID-19.<\/p>\n As\u00ed pues, si las actuaciones administrativas que se dictan en este excepcional per\u00edodo no se incardinasen entre las excepciones contempladas, estar\u00edan conculcando una norma con rango de Ley e incurriendo en nulidad de pleno Derecho.<\/p>\n En la medida en que la publicaci\u00f3n de dichas resoluciones o actos administrativos determine la obertura de un periodo de informaci\u00f3n p\u00fablica, el plazo para comparecer como interesado no queda suspendido por el estado de alarma. La aplicaci\u00f3n de la Disposici\u00f3n Adicional Tercera, en este sentido, act\u00faa de forma integral: o se pueden adoptar acuerdos o actuaciones porque se encuentran dentro del margen de la norma y, entonces, no hay suspensi\u00f3n de las subsiguientes actuaciones dentro del procedimiento, o no estamos dentro de los l\u00edmites de las excepciones y, por tanto, no se podr\u00eda realizar la actuaci\u00f3n y no deber\u00eda correr ning\u00fan plazo administrativo.<\/p>\n Los efectos que los actos de tr\u00e1mite que se publican durante el estado de alarma pueden producir sobre terceros, permiten plantear reservas a las interpretaciones \u201claxas\u201d de la excepci\u00f3n legal. Es cierto que el plazo para recurrir el acto resolutorio no empezar\u00e1 a correr hasta que finalice el estado de alarma de conformidad con lo establecido en la Disposici\u00f3n adicional Octava del Real Decreto-Ley 11\/2020, de 31 de marzo, pero ello no enervar\u00e1 la infracci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico en que se haya podido incurrir si el supuesto concreto no encuentra el amparo necesario en la excepci\u00f3n legal.<\/p>\n Se abre un interesante debate. En cualquier caso, es evidente que a la publicaci\u00f3n en este periodo excepcional de actos del tipo que comentamos \u2013 y que pueden afectar a una pluralidad de personas- le sucede lo mismo que a las publicaciones en el mes de agosto: pueden ser v\u00e1lidas y eficaces, pero pocos son los que se enteran.<\/p>\n Barcelona, a 14 de mayo 2020<\/p>\n Gloria Bardaj\u00ed<\/p>\n Abogada<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Desde que se declar\u00f3 el estado de alarma, nos hemos habituado a que se publiquen en los Boletines Oficiales todo tipo normas o resoluciones que desarrollan, modifican o \u201cmoldean\u201d las medidas adoptadas como consecuencia de la situaci\u00f3n excepcional que vivimos. 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