En estos momentos en los que, cada vez con m\u00e1s fuerza, cierta parte de la doctrina, los operadores jur\u00eddicos y algunas Salas tienden a propugnar que se rebaje el rigor con el que tradicionalmente el Tribunal Supremo ha venido sancionando los efectos jur\u00eddicos de la anulaci\u00f3n de los planes de urbanismo, la reciente sentencia del Alto Tribunal n\u00ba569\/2020, de 27 de mayo, dictada en inter\u00e9s casacional, posiciona de forma clara al Tribunal sobre esta cuesti\u00f3n.<\/p>\n
Fundamentalmente, se ha venido predicando la posibilidad de apreciar que la omisi\u00f3n de ciertos tr\u00e1mites en el procedimiento de aprobaci\u00f3n del planeamiento constituye vicios formales o de procedimiento, determinantes de su anulabilidad (y no nulidad de pleno derecho) y, por tanto, susceptibles de subsanaci\u00f3n o convalidaci\u00f3n; e, igualmente, se ha propugnado la posibilidad de que la declaraci\u00f3n de nulidad pueda afectar a una parte del plan y no a su totalidad.<\/p>\n
Ciertamente, la declaraci\u00f3n de anulabilidad -en lugar de la nulidad de pleno derecho- es un presupuesto protector de la eficacia de los actos de aplicaci\u00f3n del plan; aspecto especialmente preocupante atendido el alcance de las determinaciones de los planes de urbanismo, los efectos de su impugnaci\u00f3n indirecta en cascada y prolongada durante a\u00f1os y, adem\u00e1s, la existencia de la acci\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n
En la sentencia de instancia, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias anul\u00f3 parcialmente un instrumento de planeamiento por falta de informe preceptivo de la Administraci\u00f3n de Costas, resolviendo que la nulidad no se extend\u00eda a la totalidad del instrumento de planeamiento sino solo a la parte del plan que afectaba al dominio p\u00fablico mar\u00edtimo terrestre y su zona de servidumbre, acordando la retroacci\u00f3n del procedimiento con la finalidad de que se emitiera el informe previsto en el art\u00edculo 117.2 de la Ley 22\/1988, de Costas.<\/p>\n
Del pronunciamiento de la Sala de instancia, infiere la Sentencia del Tribunal Supremo la necesidad de pronunciarse fundamentalmente sobre dos extremos: i) Sobre si la omisi\u00f3n del informe de la administraci\u00f3n de costas pod\u00eda considerarse como un vicio de procedimiento, que pudiera ser subsanado con retracci\u00f3n de actuaciones; ii) Sobre si se puede declarar la nulidad parcial de un plan de urbanismo.<\/p>\n
En su planteamiento, la sentencia reacciona de forma expl\u00edcita y contundente sobre las cr\u00edticas que se han realizado a su posicionamiento sobre esta materia, significando que a los Tribunales les corresponde aplicar la Ley, en la que se configuran perfectamente las distintas categor\u00edas jur\u00eddicas (nulidad de pleno derecho y anulabilidad) y, as\u00ed mismo, que corresponde a la Administraci\u00f3n velar porque se sigan correctamente las prescripciones legales en la aprobaci\u00f3n del planeamiento. En definitiva, el Alto Tribunal no quiere que se le achaque una situaci\u00f3n que no provoca quien debe aplicar la ley. No obstante, como veremos, la sentencia abre perspectivas al legislador.<\/p>\n
Se\u00f1ala la sentencia que, si los planes son normas reglamentarias, se les han de aplicar las instituciones jur\u00eddicas propias de tales normas. Pero -a\u00f1ade- esto es as\u00ed porque \u201cla Ley no los somete a un r\u00e9gimen especial\u201d, lo que plantea a nivel propositivo la posibilidad de regular legalmente ciertas peculiaridades para los planes de urbanismo.<\/p>\n
En su an\u00e1lisis de la primera cuesti\u00f3n planteada, la Sentencia descarta que se pueda distinguir entre el procedimiento de aprobaci\u00f3n del planeamiento y el propio plan (la norma reglamentaria), determinando que la omisi\u00f3n del informe de la administraci\u00f3n de costas comporta la nulidad de pleno Derecho conforme con lo dispuesto en el art\u00edculo 47.2 de la Ley 39\/2015. Ahora bien, tambi\u00e9n indica el Tribunal que, como ha sostenido en general en su doctrina respecto de las normas reglamentarias, no toda vulneraci\u00f3n de normas instrumentales, en sus m\u00e1s m\u00ednimos detalles, comporta un vicio de procedimiento determinante de la nulidad de pleno derecho. Hay que estar al alcance esencial o no del vicio concreto. Y, en este punto, indica la sentencia que el legislador es quien puede determinar los vicios que comportan tal extrema declaraci\u00f3n.<\/p>\n
Por lo que se refiere a la segunda cuesti\u00f3n, siguiendo la doctrina que ya empez\u00f3 a apuntar en su Sentencia de 744\/2020, de 4 de marzo, afirma el Tribunal que, si bien habitualmente las determinaciones de los planes de urbanismo est\u00e1n interrelacionadas, si fuera posible individualizar determinaciones concretas que no afecten al resto del territorio, la nulidad del plan puede ser parcial en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 71 de la Ley Jurisdiccional, igual que sucede con el resto de las normas jur\u00eddicas.<\/p>\n
Este es el escenario que deber\u00e1n considerar las propuestas normativas sobre las que se est\u00e1 trabajando en estos \u00faltimos tiempos para abordar la problem\u00e1tica expuesta.<\/p>\n
Barcelona, a 10 de junio de 2020<\/p>\n
Gloria Bardaj\u00ed<\/p>\n
Abogada<\/p>\n
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