Novedades jurídicas de octubre 2026

NORMATIVA ESTATAL
- Ley 4/2026, de 1 de octubre, por la que se modifican el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, para la extensión y refuerzo de los derechos de las personas con discapacidad a la inclusión, la autonomía y la accesibilidad universal conforme al artículo 49 de la Constitución Española
La Ley adapta ambas normas al artículo 49 de la Constitución y a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Reconoce la accesibilidad universal como derecho y crea un Programa Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal. Equipara el grado I de dependencia a un 33 por ciento de discapacidad, y los grados II y III a un 65 por ciento. Refuerza la protección de las mujeres y de la infancia con discapacidad y fija un plazo específico para los procedimientos sancionadores. Además, quien ejerza actividades con contacto habitual con estas personas no podrá tener antecedentes por determinados delitos.
En materia de dependencia, orienta el sistema hacia un modelo comunitario y de vida independiente. Reconoce la teleasistencia como derecho subjetivo y exige una atención libre de sujeciones. Incorpora al catálogo la asistencia personal, los cuidados y apoyos en viviendas y la provisión de productos de apoyo. Suprime el régimen estatal de incompatibilidades entre prestaciones. También elimina el plazo suspensivo máximo de dos años de la prestación por cuidados en el entorno familiar. Las disposiciones finales modifican, entre otras, la Ley de Propiedad Horizontal y la Ley de Contrato de Seguro.
- Real Decreto-ley 27/2026, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual
El Real Decreto-ley da nueva redacción al artículo 10 de la Ley 29/1994, de Arrendamientos Urbanos. Parte de la modificación introducida por el Real Decreto-ley 26/2026 y sustituye el régimen de prórroga tácita anual. Una vez transcurridos cinco años de duración, o siete si el arrendador es persona jurídica, el contrato se prorrogará obligatoriamente por plazos sucesivos de igual duración, salvo que alguna de las partes notifique su voluntad de no prorrogarlo. El preaviso es de seis meses para el arrendador y de dos para el arrendatario.
El arrendador que no prorrogue deberá indemnizar al arrendatario con, al menos, doce mensualidades de renta de una vivienda análoga. Esa cantidad se calcula conforme al sistema estatal de referencia de precios y no puede ser inferior a una mensualidad por año de residencia. La indemnización no procede en supuestos tasados, entre ellos la necesidad de la vivienda por el arrendador persona física, la falta de ocupación efectiva, la disponibilidad de otra vivienda en el municipio o el rechazo de una oferta de nuevo contrato. Se mantienen las prórrogas extraordinarias por vulnerabilidad y en zonas tensionadas, que no son acumulables. Un régimen transitorio regula la aplicación a los contratos vigentes y preserva las comunicaciones de no renovación ya efectuadas.
- Real Decreto 764/2026, de 30 de septiembre, por el que se regula el Registro de producción y gestión de residuos
El Real Decreto desarrolla el artículo 63 de la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Regula los fines, la gestión, la estructura y el contenido del Registro de producción y gestión de residuos, que es único en todo el territorio nacional y compartido por todas las Administraciones públicas.
Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla incorporarán al Registro las autorizaciones y comunicaciones previas en un plazo máximo de quince días desde su inscripción autonómica, junto con las bajas y las variaciones de datos. La gestión del Registro corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La información se organiza en tres niveles jerarquizados: entidad, identificada por su NIF; centro, identificado por su NIMA; e inscripción, identificada por su tipo y número. La norma distingue entre datos básicos y complementarios y detalla los exigibles según el tipo de inscripción. Las autoridades competentes accederán al Registro a través del sistema eSIR. El público podrá consultar los datos que una orden ministerial declare de carácter público. La inscripción de los productores de residuos no peligrosos de hasta 1.000 toneladas anuales y de los poseedores de residuos será potestativa. Las administraciones disponen de doce meses para adaptar sus bases de datos.
- Real Decreto 806/2026, de 5 de octubre, de disolución del Congreso de los Diputados y del Senado y de convocatoria de elecciones
El Real Decreto se dicta conforme al artículo 115 de la Constitución y al artículo 42.1 de la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General, a propuesta del Presidente del Gobierno y previa deliberación del Consejo de Ministros. Disuelve el Congreso de los Diputados y el Senado elegidos el 23 de julio de 2023 y convoca elecciones a ambas Cámaras para el domingo 29 de noviembre de 2026.
El anexo fija el número de diputados que corresponde a cada circunscripción, con un máximo de treinta y ocho en Madrid y treinta y dos en Barcelona. Cada circunscripción provincial elige cuatro senadores. Gran Canaria, Mallorca y Tenerife eligen tres cada una, y el resto de las islas, uno. Ceuta y Melilla eligen dos senadores cada una. La campaña electoral durará quince días: empezará a las cero horas del viernes 13 de noviembre y terminará a las veinticuatro horas del viernes 27 de noviembre. Las Cámaras resultantes celebrarán sus sesiones constitutivas el 23 de diciembre, a las diez horas. Las elecciones se rigen por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y su normativa de desarrollo.
- Real Decreto-ley 28/2026, de 6 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual
El Real Decreto-ley se aprueba después de que el Congreso derogara el Real Decreto-ley 27/2026 y recupera su contenido con algunos ajustes. Da nueva redacción al artículo 10 de la Ley 29/1994, de Arrendamientos Urbanos. Pasados cinco años de duración, o siete si el arrendador es persona jurídica, el contrato de vivienda habitual se prorrogará tácita y obligatoriamente por plazos sucesivos de igual duración. La prórroga solo se evita si el arrendador lo comunica con seis meses de antelación, o el arrendatario con dos.
El arrendador que no prorrogue deberá indemnizar al arrendatario con la cantidad mayor entre doce mensualidades, calculadas con el sistema estatal de referencia de precios, y una mensualidad por año de residencia. La indemnización se paga al entregar la vivienda y, si esta se vende, la debe el comprador. No procede en supuestos tasados, como que el arrendador persona física necesite la vivienda, que el arrendatario no la ocupe efectivamente, que disponga de otra vivienda en el municipio o que rechace una oferta de nuevo contrato. Se mantienen las prórrogas extraordinarias por vulnerabilidad y en zonas tensionadas. Un régimen transitorio conserva las comunicaciones de no renovación anteriores y regula los contratos en tácita reconducción.
- Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de la función social de la vivienda y la ampliación de la oferta de vivienda asequible
El Real Decreto-ley se estructura en seis títulos. Hasta el 31 de diciembre de 2030 limita las compras de viviendas por menos del 70 por ciento de su valor de mercado cuando las realizan grandes tenedores o fondos dedicados a adquirir activos con descuento. En ese mismo plazo suspende los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional. Modifica la Ley de Arrendamientos Urbanos para exigir una causa acreditable en el alquiler temporal, que como regla general no podrá superar los doce meses, y para regular el alquiler de habitaciones. Introduce además una enervación extraordinaria del desahucio por impago: la Administración tendrá dos meses para ofrecer una alternativa habitacional o pagar la deuda.
En materia fiscal, reforma las reducciones del IRPF por arrendamiento y crea una deducción por alquiler de vivienda habitual. Establece un gravamen especial del 25 por ciento para las SOCIMI y permite a los ayuntamientos de zonas tensionadas un recargo del IBI sobre los alojamientos turísticos. Crea el Fondo de Vivienda de Impacto Social y el mecanismo TU CASA, que da préstamos sin interés para comprar la primera vivienda. Define la vivienda asequible y regula la Cuenta de Ahorro e Inversión Financia Europa.
- Real Decreto-ley 30/2026, de 13 de octubre, por el que se aprueban medidas extraordinarias y urgentes de apoyo financiero a la Ciudad de Ceuta
El Real Decreto-ley responde a la entrada irregular de personas migrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio de 2026 y a su impacto en los servicios públicos de la Ciudad. Completa las medidas ya adoptadas, entre ellas la declaración de situación de interés para la seguridad nacional y el Real Decreto-ley 22/2026.
La norma concede de forma directa a la Ciudad de Ceuta subvenciones por un total de 45.320.000 euros: 40.670.000 euros para gastos corrientes y 4.650.000 euros para gastos de capital. Estos fondos financian los gastos extraordinarios en actuaciones urgentes de medio ambiente, servicios sociales, salud pública, cementerios y servicios funerarios, educación, seguridad, protección civil y emergencias, ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante. Para pagarlas aprueba los créditos extraordinarios correspondientes, y las subvenciones se harán efectivas según la resolución que dicte la Secretaría de Estado de Hacienda. A efectos de las reglas fiscales, esos gastos y los ingresos finalistas recibidos se tratarán de forma diferenciada y con registro contable separado. Además, la Ciudad queda exenta de formular un plan económico-financiero en 2026 y 2027 por incumplir el objetivo de estabilidad o la regla de gasto, y no se le aplicarán las medidas coercitivas de la Ley Orgánica 2/2012.
- Real Decreto 824/2026, de 14 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de asistencia jurídica gratuita, aprobado por el Real Decreto 141/2021, de 9 de marzo
El Real Decreto modifica el Reglamento de asistencia jurídica gratuita para adaptarlo a la Ley Orgánica 5/2024, del Derecho de Defensa, y a la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
Da nueva redacción al anexo II, que fija los módulos y bases de compensación económica de abogados y procuradores. Incorpora nuevos conceptos y actualiza las cuantías, sobre todo en el procedimiento penal general y en los de especial complejidad. Como novedad, retribuye la asistencia letrada en los medios adecuados de solución de controversias que cumplen el requisito de procedibilidad, y la compensación es mayor si las partes llegan a un acuerdo. La compensación por transacciones extrajudiciales sube del 75 al 125 por ciento de la cuantía del procedimiento. El anexo recoge también las actuaciones a favor de las víctimas de violencia de género, terrorismo, trata y otros delitos, y de las personas jurídicas en el orden penal. Se reforma además el anexo III, sobre el momento en que se devenga la indemnización. En los procedimientos penales con doble condición de defensa y acusación, se abonará el 100 por ciento por la defensa y el 50 por ciento por la acusación. Deroga la Orden PJC/281/2025.
- Real Decreto 845/2026, de 21 de octubre, por el que se establecen las normas para la aplicación del Reglamento (UE) 2024/1252 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de abril de 2024, y del Reglamento (UE) 2024/1735 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, en relación con el establecimiento de un marco para garantizar un suministro seguro y sostenible de materias primas fundamentales y para reforzar el ecosistema de fabricación de tecnologías de cero emisiones netas
El Real Decreto establece las normas necesarias para aplicar en España el Reglamento europeo de materias primas fundamentales (CRMA) y el de industrias de cero emisiones netas (NZIA). Para aplicar el CRMA, las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla designarán puntos de contacto únicos que coordinarán las autorizaciones de los proyectos de materias primas fundamentales. Declarar un proyecto como estratégico supone reconocer en él razones de interés público y tramitarlo con urgencia en la Administración General del Estado. La norma regula además cómo se elaboran el Programa Nacional de Exploración Minera y los Programas Nacionales de Circularidad, y crea una Comisión de coordinación.
Para el NZIA, las comunidades autónomas también designarán puntos de contacto únicos y serán competentes para declarar proyectos estratégicos. La excepción son los proyectos de transporte y almacenamiento de dióxido de carbono y los que afecten a varias comunidades, que corresponden a la Secretaría de Estado de Industria. En el procedimiento estatal de declaración, el silencio es negativo, y los proyectos declarados estratégicos se tramitan por urgencia. Regula también los valles de aceleración, los espacios controlados de pruebas y una segunda Comisión de coordinación. Modifica asimismo la normativa de acceso a las redes eléctricas para dar prioridad a los proyectos estratégicos.
- Orden TRM/1034/2026, de 1 de octubre, por la que se establecen adaptaciones y concreciones relativas a las ayudas a los sectores del transporte terrestre por ferrocarril contempladas en el artículo 3 del Real Decreto-ley 9/2026, de 14 de abril, de medidas urgentes en materia de transporte, y en el artículo 28 del Real Decreto-ley 18/2026, de 29 de junio, por el que se adoptan determinadas medidas en el marco del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, en materia de adecuación al régimen de ayudas de Estado
La Orden adapta al régimen europeo de ayudas de Estado las ayudas al transporte ferroviario de mercancías que prevén ambos reales decretos-leyes, aprobados dentro del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio. Las somete al Marco temporal de ayuda de la Comisión Europea en respuesta a esa crisis (METSAF). La Comisión declaró estas ayudas compatibles con el mercado interior mediante Decisión de 28 de julio de 2026.
Los costes adicionales se calculan sobre el período del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2026. La ayuda no podrá superar el 70 por ciento del sobrecoste de combustible realmente soportado. No pueden recibirla quienes no hayan reembolsado ayudas ilegales anteriores ni las grandes y medianas empresas en crisis. Las micro y pequeñas empresas en crisis podrán acceder en determinadas condiciones. Antes del 28 de febrero de 2027, los beneficiarios deberán presentar una declaración responsable sobre su consumo real de combustible durante al menos tres meses. Si no la presentan, se les denegará la ayuda. También deberán conservar la documentación durante diez años. La Administración comprobará una muestra de beneficiarios y recuperará con intereses lo cobrado de más. Surtió efectos el 7 de octubre de 2026.
- Orden HAC/1028/2026, de 2 de octubre, por la que se regula la solución pública de facturación electrónica, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición final tercera del Real Decreto 238/2026, de 25 de marzo, por el que se desarrolla el sistema de facturación electrónica obligatoria entre empresarios y profesionales y por el que se modifica el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre
La Orden desarrolla la disposición final tercera del Real Decreto 238/2026 y regula los elementos técnicos y funcionales de la solución pública de facturación electrónica, que gestiona la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Con esta solución se pueden emitir facturas mediante un formulario web y conectar plataformas entre sí. Además, sirve de repositorio de todas las facturas electrónicas entre empresarios y profesionales.
Las facturas deberán ajustarse al modelo semántico EN16931 con sintaxis UBL y no podrán llevar ficheros incrustados. Quienes usen plataformas privadas deberán enviar a la solución pública, en el mismo momento de emitirla, una copia fiel de cada factura identificada como tal. Cada factura tendrá un código único formado por el NIF del emisor, la serie, el número y la fecha de expedición. El destinatario deberá comunicar, en su caso, el rechazo de la factura, la fecha del pago efectivo completo y la fecha de vencimiento. El emisor podrá informar del cobro o del impago. Si no hay rechazo, las facturas se presumen aceptadas. Si la solución pública deja de estar disponible más de veinticuatro horas, los envíos podrán hacerse en los cuatro días hábiles siguientes. Para acceder se necesita certificado electrónico o, en su caso, Cl@ve.
- Instrucción de 29 de septiembre de 2026, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en relación con la Instrucción de 11 de septiembre de 2000, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre la forma de acreditar ante Notario y Registrador la constitución de las garantías a que se refiere el artículo 20.1 de la Ley de Ordenación de la Edificación
La Instrucción reitera la de 11 de septiembre de 2000. Esa Instrucción fijó cómo acreditar ante notarios y registradores la constitución y vigencia del seguro decenal exigido por la Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación, al autorizar e inscribir las declaraciones de obra nueva. También detalló las circunstancias que debe expresar el documento sobre la edificación, el seguro y la entidad aseguradora.
Como novedad, la Instrucción aclara que el certificado de garantías o el suplemento de entrada en vigor pueden firmarse electrónicamente. Se basa en el Reglamento eIDAS, que equipara la firma electrónica cualificada a la manuscrita. Para que notario o registrador no lo rechacen, el documento debe cumplir tres requisitos. Debe incluir un código seguro de verificación o un código QR que permita contrastarlo en la web de la aseguradora. Debe conservar la integridad de las firmas, habitualmente en formato PAdES/PDF. Y las firmas deben basarse en certificados de un prestador cualificado de servicios de confianza. La aseguradora podrá enviar el archivo directamente al notario por vía electrónica. Una vez testimoniado en la matriz, acreditará el seguro ante el Registro de la Propiedad, al que también podrá remitirse por la sede electrónica del Colegio de Registradores.
NORMATIVA AUTONÓMICA LOCAL
- Ley 14/2026, de 21 de octubre, de las cámaras oficiales de comercio, industria, servicios y navegación y del Consejo General de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Cataluña
La Ley desarrolla los artículos 45.7 y 125 del Estatuto de autonomía de Cataluña y adapta la regulación catalana a la Ley 4/2014, básica de las cámaras oficiales de comercio. Sustituye a la Ley 14/2002 y deroga el Decreto ley 3/2017.
Define las trece cámaras catalanas como corporaciones de derecho público y órganos consultivos y de colaboración con las administraciones. Tienen estructura democrática y plena autonomía, bajo la tutela de la Generalitat. Todas las empresas de su demarcación quedan adscritas de oficio. Regula sus funciones y los planes camerales, el instrumento de colaboración estable con las administraciones. También regula el ámbito territorial, el censo de empresas, el régimen electoral, los órganos de gobierno y el personal. La financiación será a la vez pública y privada. Incluye un recurso público estable que el Gobierno consignará cada año en los presupuestos, y las cámaras deberán llevar contabilidad separada de sus actividades públicas y privadas. Durante los tres primeros años, un convenio plurianual aportará 3, 5 y 7 millones de euros, respectivamente. Refuerza las funciones de coordinación y representación del Consejo General de las Cámaras. Además, fija normas comunes sobre buenas prácticas, transparencia, incompatibilidades, contratación y presupuestos.
- Decreto 190/2026, de 13 de octubre, de despliegue del régimen de las secciones de crédito de las cooperativas agrarias
El Decreto desarrolla la Ley 7/2017, del régimen de las secciones de crédito de las cooperativas, y sustituye al Decreto 280/2003. Las secciones de crédito son unidades internas de las cooperativas agrarias que gestionan la tesorería de los socios y no pueden operar con terceros.
Concreta los requisitos estatutarios, de inscripción registral y de profesionalidad en la gestión. En cuanto a la estructura financiera, los recursos propios de la cooperativa no podrán ser inferiores al 50 por ciento de su inmovilizado neto, y el pasivo exigible no podrá superar nueve veces esos recursos. La actividad financiera de la sección no puede ser la principal de la cooperativa. Para ello, el activo de la sección no podrá superar el 85 por ciento del activo de la cooperativa, y los saldos de los socios colaboradores no podrán pasar del 45 por ciento del total. Regula también las operaciones de financiación y el plan económico-financiero anual. Además, obliga a informar a los socios de que no operan con una entidad de crédito. Establece criterios de contabilidad, auditoría e inspección y desarrolla el Fondo Cooperativo de Apoyo a las Secciones de Crédito. Deroga la normativa catalana sobre servicios de compensación y liquidación de valores.
TRIBUNAL DE JUSTICIA / GENERAL DE LA UNIÓN EUROPEA
- Sentencia del Tribunal de Justicia 01/10/2026 – Asunto C-459/25, Stichting Woonstichting Lieven de Key / BS (Sala Novena):
Materia: Protección de los consumidores – Directiva 93/13/CEE – Cláusulas abusivas – Contrato de arrendamiento – Imposición de costas judiciales – Disposiciones supletorias – Principio de efectividad.
Resumen: La sentencia responde a una cuestión prejudicial del Hoge Raad neerlandés en un litigio sobre el arrendamiento de una plaza de aparcamiento. El contrato obligaba al arrendatario a pagar todos los gastos judiciales y extrajudiciales si incumplía, y esa cláusula se declaró abusiva. La duda era si, anulada la cláusula y manteniéndose el contrato, podía condenarse en costas al consumidor con la norma procesal nacional que impone las costas a la parte vencida.
El Tribunal de Justicia recuerda que, si el contrato puede subsistir sin la cláusula abusiva, el juez no puede sustituirla por una disposición supletoria. Sin embargo, las normas nacionales sobre reparto y tasación de costas no tienen ese carácter supletorio: no regulan el equilibrio entre las partes del contrato, sino que se dirigen al juez. Aplicarlas respeta el principio de efectividad, porque un baremo limita las costas y el juez puede moderarlas. Tampoco reduce el efecto disuasorio de la Directiva, ya que el profesional solo recupera una parte de las costas. Por tanto, la Directiva no se opone a que el consumidor sea condenado en costas.
- Sentencia del Tribunal de Justicia 15/10/2026 – Asunto C-159/25 [Rowicz], B. Ż. y V. sp. z o.o. / T. SA y Ł. W. (Sala Segunda):
Materia: Estado de Derecho – Independencia judicial – Tribunal independiente e imparcial establecido por la ley – Reparto aleatorio de asuntos – Apartamiento de un juez a petición propia – Control jurisdiccional.
Resumen: La sentencia responde a una cuestión prejudicial del Tribunal Regional de Varsovia. Una jueza trasladada a otra sala fue apartada, a petición propia, de cien asuntos, que se reasignaron mediante el sistema informático polaco de reparto aleatorio (SLPS). La jueza que recibió dos de esos asuntos dudaba de que su formación fuera un tribunal independiente e imparcial, por varias deficiencias del sistema y porque la reasignación no podía recurrirse.
El Tribunal de Justicia considera que el apartamiento que el juez pide libremente no compromete su independencia. Un sistema aleatorio con normas transparentes, objetivas y fijadas de antemano, sorteo automatizado y publicación del algoritmo y de los informes de sorteo ofrece garantías suficientes, aunque no se publique el código fuente. Tampoco son obstáculo que el Ministro de Justicia fije las normas generales por delegación legal, los errores pasados del sistema ni que unos jueces reciban más asuntos que otros. Basta con que el propio órgano jurisdiccional pueda controlar si su composición es regular, sin que el juez necesite un recurso específico.
- Sentencia del Tribunal de Justicia 15/10/2026 – Asunto C-199/25, Fluvius Halle-Vilvoorde y otros / Vlaamse Nutsregulator (Sala Cuarta):
Materia: Mercado interior de la electricidad – Tarifas de acceso a las redes de distribución – Obligaciones de servicio público – Costes no vinculados – Independencia de la autoridad reguladora – Método de costes históricos.
Resumen: La sentencia responde a una cuestión prejudicial del Tribunal de Apelación de Bruselas. Los gestores flamencos de redes de distribución habían recurrido la metodología tarifaria 2025-2028 del regulador flamenco. Se planteaban dos dudas. La primera, si podían cargarse en las tarifas de red los costes residuales de obligaciones de servicio público con fines sociales y medioambientales. La segunda, si era válido un método basado en la evolución de los costes históricos sin controlar su eficiencia.
El Tribunal de Justicia declara que el Reglamento 2019/943 no se opone a que una normativa nacional incluya en las tarifas los costes de obligaciones de servicio público que no se financian de otro modo. Para ello, esos costes no pueden integrarse en el método de cálculo de tarifas que corresponde al regulador y deben distinguirse claramente de dichas tarifas. El Reglamento tampoco se opone a un método basado en los costes históricos de los cinco últimos ejercicios. Ese método debe incluir mecanismos adecuados para que los costes correspondan razonablemente a los de un gestor eficiente y estructuralmente comparable.
- Sentencia del Tribunal de Justicia 15/10/2026 – Asunto C-402/25, Plungės rajono savivaldybės administracija / Viešųjų pirkimų tarnyba (Sala Séptima):
Materia: Contratación pública – Directiva 2014/24/UE – Motivos facultativos de exclusión – Información falsa sobre requisitos de capacidad – Lista de proveedores que han facilitado información falsa – Proporcionalidad – Tutela judicial efectiva.
Resumen: La sentencia responde a una cuestión prejudicial de la Comisión de Recursos Administrativos de Lituania. Un tribunal declaró por sentencia firme que la adjudicataria de un contrato de obras había facilitado información falsa sobre su capacidad, aunque mantuvo el contrato. El poder adjudicador no la había excluido del procedimiento y se negó a incluirla en la lista de proveedores que han facilitado información falsa. La Autoridad de Contratación Pública le ordenó hacerlo.
El Tribunal de Justicia declara que las Directivas 2014/24 y 89/665 no impiden que una autoridad competente ordene publicar el nombre de ese operador cuando la falsedad se haya acreditado por resolución judicial firme. Esto es así aunque no se le excluyera antes de terminar el procedimiento. Se exigen tres condiciones. La publicación debe durar un tiempo proporcional a la gravedad de la conducta, sin superar el plazo máximo de la Directiva. El operador debe poder demostrar su fiabilidad para participar en procedimientos posteriores. Y debe tener un recurso efectivo contra al menos una de las decisiones sobre la publicación.
- Sentencia del Tribunal de Justicia 22/10/2026 – Asunto C-813/24, Smartflats SA / Région de Bruxelles-Capitale (Sala Segunda):
Materia: Libre prestación de servicios – Directiva 2006/123/CE – Alojamiento turístico – Régimen de autorización previa – Certificado de conformidad urbanística – Licencia urbanística – Plazo, motivación y recurso.
Resumen: La sentencia responde a una cuestión prejudicial del Tribunal de Apelación de Bruselas. Se había ordenado a una sociedad de alquiler de corta duración que cesara la explotación de un alojamiento turístico, y el litigio la enfrenta a la Región de Bruselas-Capital. La normativa regional exige declaración previa, registro y un certificado municipal de conformidad urbanística, que a su vez requiere licencia si el uso cambia de vivienda a establecimiento hotelero.
El Tribunal de Justicia declara que la Directiva de servicios se aplica a la normativa urbanística cuando forma parte del régimen de autorización. Ese régimen puede justificarse por la protección de los turistas y del entorno urbano, incluida la vivienda, si es necesario y no hay una medida menos restrictiva. Exigir el certificado y, en su caso, la licencia es compatible con la Directiva si sus condiciones son claras, objetivas, transparentes y accesibles, y si la discrecionalidad municipal está delimitada. Además, debe fijarse de antemano un plazo razonable y público para resolver, la denegación debe motivarse y debe poder recurrirse. Si solo el requisito del certificado incumple la Directiva, únicamente ese requisito deja de aplicarse, siempre que pueda separarse del resto del régimen.
TRIBUNAL SUPREMO
Contencioso-administrativo:
- Sentencia TS 16/09/2026 – N.º 1013/2026, Rec. 972/2024 (Ponente: Antonio Narváez Rodríguez)
Materia: Personal estatutario – Reconocimiento de servicios previos – Trienios – Ley 70/1978 – Servicios prestados en hospitales públicos de gestión privada – Concesión administrativa.
Resumen: La sentencia resuelve el recurso de casación de una médica especialista, personal estatutario fijo de la Generalitat Valenciana. Se le había denegado que los servicios prestados en los hospitales universitarios del Vinalopó y de Torrevieja contaran para sus trienios. Ambos centros forman parte de la red sanitaria pública, pero los gestionaban empresas privadas en régimen de concesión. El Tribunal Superior de Justicia rechazó el reconocimiento porque consideró que las concesionarias no forman parte de la Administración pública.
El Tribunal Supremo reitera su jurisprudencia en casos análogos. Lo determinante no es si la entidad gestora es pública o privada, sino que el servicio sanitario prestado a los usuarios es público y guarda una conexión relevante con el sistema público. En consecuencia, fija como doctrina que el tiempo trabajado para una empresa concesionaria del servicio público sanitario puede computarse como servicios previos a efectos del artículo 1 de la Ley 70/1978. Estima el recurso y confirma la sentencia de instancia, que había reconocido el derecho de la recurrente
- Sentencia TS 17/09/2026 – N.º 1017/2026, Rec. 425/2023 (Ponente: Francisco Javier Pueyo Calleja)
Materia: Aguas – Planificación hidrológica – Caudales ecológicos del Tajo – Trasvase Tajo-Segura – Zonas regables – Derechos adquiridos de las comunidades de regantes.
Resumen: La sentencia resuelve el recurso contencioso-administrativo de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena contra el Real Decreto 35/2023, que aprueba la revisión de los planes hidrológicos. La recurrente impugnaba los caudales ecológicos del eje del Tajo por no tener en cuenta las asignaciones del trasvase. Alegaba también falta de coordinación entre los planes del Tajo y del Segura, motivación técnica insuficiente y que no se garantizaba la ejecución de las medidas del Plan del Segura. Por último, recurría la delimitación de la superficie de las zonas regables del trasvase.
El Tribunal Supremo reitera su jurisprudencia y desestima los motivos sobre los caudales ecológicos. Estos son una restricción general a los usos del agua, y la recurrente no ha desvirtuado su fijación técnica. Rechaza igualmente los motivos sobre la ejecución de las medidas y la evaluación ambiental. En cambio, estima la impugnación del artículo 13.13.d) del Plan del Segura. Al fijar directamente las superficies regables, el Plan desconoce los derechos adquiridos por los regantes, y corregirlas exigiría revisar las concesiones. En consecuencia, estima parcialmente el recurso y anula esa referencia.
- Sentencia TS 17/09/2026 – N.º 1022/2026, Rec. 5334/2024 (Ponente: María Concepción García Vicario)
Materia: Urbanismo – Convenio urbanístico de planeamiento – Resolución por imposibilidad legal – Indemnización – Ejecución de sentencia – Intereses de mora procesal – Artículo 106.2 LJCA.
Resumen: La sentencia resuelve los recursos de casación de una mercantil y del Ayuntamiento de Alcorcón. Ambos derivan de la ejecución de una sentencia que condenó al Ayuntamiento a indemnizar a la empresa por los terrenos que cedió en virtud de un convenio urbanístico, resuelto después por imposibilidad de cumplimiento. El Juzgado había reconocido más de 60 millones de euros. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid fijó la indemnización en 26.144.120,84 euros, más los intereses del artículo 106.2 LJCA.
El Tribunal Supremo desestima el recurso de la mercantil, que pretendía aplicar un método de valoración distinto del fijado en la sentencia firme que se ejecuta. Estima, en cambio, el del Ayuntamiento. Declara que no proceden intereses indemnizatorios por la cesión anticipada de los terrenos. Fija como doctrina que, cuando la indemnización se cuantifica en ejecución de sentencia, los intereses por mora procesal del artículo 106.2 LJCA solo empiezan a devengarse cuando están fijadas las bases de cálculo y basta una operación aritmética. En consecuencia, los intereses corren desde la notificación de la sentencia de apelación.
- Sentencia TS 21/09/2026 – N.º 1023/2026, Rec. 3273/2024 (Ponente: Francisco José Navarro Sanchís)
Materia: La sentencia resuelve el recurso de casación de una Comercializadora contra los autos de la Audiencia Nacional que le denegaron la suspensión cautelar de unas liquidaciones de IVA de 2019. La deuda ya estaba suspendida en vía económico-administrativa gracias a avales bancarios suficientes, que extendían expresamente sus efectos a la vía judicial. Aun así, la Sala de instancia denegó la medida por falta de prueba del perjuicio, sin tener en cuenta esa circunstancia.
Resumen: El Tribunal Supremo reitera su jurisprudencia. El juez no está vinculado por la valoración de la Administración tributaria. Sin embargo, al ponderar los intereses en conflicto debe tener en cuenta, como indicio importante, que la deuda ya se suspendió en vía administrativa con garantía suficiente. Si decide denegar la suspensión, debe reforzar la motivación y explicar por qué esa garantía no basta. Como los autos impugnados no lo hicieron, el Tribunal estima el recurso y los anula. Resolviendo en lugar de la instancia, acuerda la suspensión de las deudas tributarias reclamadas.
- Sentencia TS 21/09/2026 – N.º 1029/2026, Rec. 2073/2025 (Ponente: María de la Esperanza Córdoba Castroverde)
Materia: Impuesto sobre Sociedades – Real Decreto-ley 3/2016 – Declaración de inconstitucionalidad – STC 11/2024 – Rectificación de autoliquidación – Devolución de ingresos indebidos – Allanamiento en casación.
Resumen: La sentencia resuelve el recurso de casación de una sociedad contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. La empresa había pedido rectificar la autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades de 2017 de su grupo consolidado y que se le devolvieran 309.210,58 euros. La petición se basaba en que la STC 11/2024 declaró inconstitucionales varios preceptos del Real Decreto-ley 3/2016. El Tribunal Superior anuló la denegación de la rectificación, pero devolvió el expediente a la AEAT para que valorara si procedía la devolución y en qué cuantía.
El Tribunal Supremo tiene por allanada a la Abogacía del Estado. Admite el allanamiento en casación cuando responde a una jurisprudencia reiterada contraria a la Administración. Aplica su doctrina anterior: una vez casada la sentencia, procede estimar el recurso contencioso-administrativo y ordenar directamente la devolución de los ingresos indebidos, sin devolver el expediente a la Administración. La cuantía se fijará en la ejecución de la sentencia. En consecuencia, estima el recurso, anula los actos impugnados y ordena devolver lo ingresado con los intereses correspondientes.
- Sentencia TS 21/09/2026 – N.º 1031/2026, Rec. 8490/2024 (Ponente: Wenceslao Francisco Olea Godoy)
Materia: Legitimación activa – Personas con discapacidad – Impugnación de disposiciones generales – Accesibilidad de los espacios públicos urbanizados – Orden TAM/851/2021 – Jerarquía normativa.
Resumen: La sentencia resuelve el recurso de casación de una persona invidente contra la sentencia de la Audiencia Nacional que inadmitió su recurso por falta de legitimación activa. Había recurrido la Orden TAM/851/2021, que aprueba el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad de los espacios públicos urbanizados. En concreto, impugnaba los preceptos sobre plataformas únicas, sobre rejillas y alcorques y sobre elementos comerciales en zonas peatonales.
El Tribunal Supremo declara que la condición de invidente, como persona con discapacidad, da legitimación para recurrir la Orden. Basta con que la norma pueda afectar a sus derechos e intereses, y su finalidad es precisamente garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Tras casar la sentencia, entra en el fondo y desestima el recurso. Los preceptos impugnados no vulneran el Real Decreto 505/2007 que desarrollan. Que la anterior Orden de 2010 fuera más garantista no sirve como parámetro de legalidad. En consecuencia, confirma la Orden.
- Sentencia TS 22/09/2026 – N.º 1037/2026, Rec. 282/2025 (Ponente: José Luis Quesada Varea)
Materia: Aguas – Potestad sancionadora – Captación de agua en exceso – Infracción continuada o permanente – Prescripción – Carga de la prueba – Presunción de inocencia.
Resumen: La sentencia resuelve el recurso contencioso-administrativo de una comunidad de regantes de Almonte contra el acuerdo del Consejo de Ministros que la sancionó por una infracción muy grave en materia de aguas. Le impuso una multa de 500.000,01 euros y la obligación de indemnizar con 305.727,59 euros los daños al dominio público hidráulico. Se le imputaba haber captado 2.968.227 metros cúbicos por encima del volumen concedido, calculados por la diferencia entre dos lecturas de contadores separadas por seis años.
El Tribunal Supremo considera que la Administración no ha probado que la infracción fuera continuada o permanente: la atribuyó a todo el periodo sin justificación técnica. Tampoco puede deducirse ese carácter de los tipos aplicados, que admiten una comisión instantánea. Fechar la conducta es esencial para apreciar la prescripción, y no saber cuándo se cometió no puede perjudicar al infractor. Como el exceso pudo producirse antes de los tres años anteriores a la inspección, prevalece la presunción de inocencia. En consecuencia, estima el recurso y anula la sanción.
- Sentencia TS 23/09/2026 – N.º 1044/2026, Rec. 6990/2024 (Ponente: Diego Córdoba Castroverde)
Materia: Subvenciones – Reintegro – Responsabilidad subsidiaria de los miembros de los órganos de gobierno de una asociación – Solidaridad o mancomunidad.
Resumen: La sentencia resuelve el recurso de casación del secretario de la Junta de Gobierno de una asociación andaluza de productores de caza. Tras la insolvencia de la entidad, se le declaró responsable subsidiario del reintegro de tres subvenciones de formación y de escuela taller. El recurrente sostenía que, como la Ley General de Subvenciones no dice nada expreso, debía aplicarse la regla de la mancomunidad del artículo 1137 del Código Civil.
El Tribunal Supremo recuerda que el secretario forma parte del órgano de gobierno y representación. Por ello puede responder de forma subsidiaria cuando su actuación u omisión negligente haya favorecido el incumplimiento. El artículo 40.3 de la Ley General de Subvenciones no precisa si esa responsabilidad es solidaria o mancomunada. Sin embargo, el Código Civil solo se aplica de forma supletoria. Además, el artículo 15.5 de la Ley Orgánica del Derecho de Asociación establece la responsabilidad solidaria de los miembros de los órganos de gobierno frente a terceros, igual que hace la Ley de Sociedades de Capital con los administradores. En consecuencia, fija como doctrina que esa responsabilidad subsidiaria es solidaria entre ellos y desestima el recurso.
- Sentencia TS 23/09/2026 – N.º 1046/2026, Rec. 796/2024 (Ponente: Manuel Delgado-Iribarren García-Campero)
Materia: Contratación pública – Acción concertada en servicios sociales – Directiva 2014/24/UE – Régimen simplificado – Publicidad – Prohibición de readjudicación en tres años.
Resumen: La sentencia resuelve los recursos de casación de la Generalitat Valenciana y de una asociación empresarial del sector. Ambos recurrían la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que anuló la convocatoria de 2019 de acuerdos de acción concertada para la atención de personas mayores dependientes. La anulación tenía dos motivos: no se había dado publicidad a la licitación y no se exigía que la entidad no hubiera prestado esos servicios en los tres años anteriores.
El Tribunal Supremo reitera que los acuerdos de acción concertada que superan los umbrales de la Directiva 2014/24/UE están sujetos a su régimen simplificado. Completa su doctrina en dos sentidos. Por un lado, si falta la publicidad que exige el artículo 75 de la Directiva, los acuerdos son nulos. Por otro, no puede exigirse la condición del artículo 77.2.d), que impide adjudicarlos a una organización que ya prestó esos servicios en los tres años anteriores. Por ello, estima los recursos de casación y anula la sentencia. A continuación, estima el recurso contencioso-administrativo y anula la convocatoria, pero solo por la falta de publicidad.
- Sentencia TS 24/09/2026 – N.º 1055/2026, Rec. 9315/2024 (Ponente: Fernando Román García)
Materia: Extranjería – Devolución – Asistencia jurídica gratuita – Procurador designado de oficio – Acreditación de la representación procesal – Tutela judicial efectiva.
Resumen: La sentencia resuelve el recurso de casación de un ciudadano argelino contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que confirmó el archivo de su recurso contencioso-administrativo. Con ese recurso impugnaba la resolución que acordaba su devolución. El Juzgado archivó las actuaciones porque la procuradora designada de oficio no acreditó la representación mediante poder notarial o comparecencia apud acta.
El Tribunal Supremo reitera su doctrina y distingue dos supuestos. El abogado designado de oficio asume la defensa, pero no la representación. En cambio, el procurador designado de oficio se nombra precisamente para representar al beneficiario de la asistencia jurídica gratuita. Por eso, en los procesos ante órganos unipersonales, cuando el Colegio profesional designa un procurador de oficio, el interesado no necesita otorgarle además la representación por los medios del artículo 24 LEC. Exigirlo sería un mero formalismo sin contenido real. En consecuencia, estima el recurso, anula la sentencia y el auto de archivo, y ordena que continúe el procedimiento.
- Sentencia TS 29/09/2026 – N.º 1073/2026, Rec. 5451/2023 (Ponente: Miguel de los Santos Gandarillas Martos)
Materia: Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales – Comprobación de valores – Valor de tasación hipotecaria – Artículo 57.1.g) LGT – Motivación.
Resumen: La sentencia resuelve el recurso de casación de la compradora de una vivienda en Asturias. La había adquirido por 170.000 euros, pero la liquidación del ITP elevó la base imponible a 254.216,90 euros, que era el valor de tasación fijado en la escritura de préstamo hipotecario conforme a la Orden ECO/805/2003. La recurrente sostenía tres cosas: que la simple diferencia entre ambos valores no justificaba la comprobación, que el valor hipotecario no podía equipararse al valor real y que faltaba un informe técnico.
El Tribunal Supremo reitera su doctrina. Una diferencia relevante entre el valor declarado y el de tasación hipotecaria justifica iniciar la comprobación, sobre todo cuando el interesado conoce ambos datos al mismo tiempo. El medio del artículo 57.1.g) LGT es idóneo, y la Administración no tiene que justificar antes que la tasación coincide con el valor real ni que haya defraudación. Como motivación basta con asumir una tasación motivada que se haya dado a conocer al interesado. El contribuyente conserva su derecho a rebatirla. En consecuencia, desestima el recurso.
- Sentencia TS 29/09/2026 – N.º 1074/2026, Rec. 643/2024 (Ponente: Diego Córdoba Castroverde)
Materia: Procedimiento administrativo – Presentación de escritos en oficinas de correos – Sobre certificado cerrado – Artículo 31 del Reglamento de servicios postales – Principio pro actione – Plazo de recurso.
Resumen: La sentencia resuelve un recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia Nacional que confirmó la inadmisión, por presentarse fuera de plazo, de un recurso de reposición. El recurrente impugnaba la desestimación de una reclamación contra un operador de telefonía. Envió el recurso por correo certificado en sobre cerrado el 17 de octubre de 2019, dentro de plazo, pero llegó al registro del Ministerio el 22 de octubre. La Audiencia no dio validez a la fecha de correos porque la primera página no estaba sellada.
El Tribunal Supremo fija como doctrina que debe tomarse como fecha de presentación la de entrega en correos, aunque el envío vaya en sobre cerrado y no se cumplan las formalidades del artículo 31 del Reglamento de servicios postales. Para ello, el certificado debe recoger la fecha, el remitente y el órgano destinatario, y no debe haber elementos que generen una duda razonable sobre la recepción o el contenido del envío. Probar esa duda corresponde a la Administración. En consecuencia, estima el recurso y ordena que la Administración tramite y resuelva la reposición.
- Sentencia TS 30/09/2026 – N.º 1080/2026, Rec. 4421/2024 (Ponente: Berta María Santillán Pedrosa)
Materia: Procedimiento administrativo – Declaración responsable – Facultades de comprobación, control e inspección – Artículo 69 LPACAP – Caducidad – Viviendas turísticas.
Resumen: La sentencia resuelve el recurso de casación de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears contra la sentencia que anuló, por caducidad, la cancelación de la inscripción registral de una estancia turística en vivienda en Palma. La Sala de instancia entendió que las actuaciones de comprobación posteriores a la declaración responsable formaban un procedimiento propio, sujeto a plazo.
El Tribunal Supremo fija como doctrina que las actuaciones de comprobación, control e inspección del artículo 69 LPACAP no son, por sí mismas, un procedimiento autónomo. Son actuaciones materiales de investigación que sirven para constatar hechos que pueden justificar abrir después un procedimiento, en el que habrá que resolver con audiencia del interesado. Sin embargo, aplica el principio de realidad material. El plazo para resolver empieza a contar desde que el interesado conoció el tercer informe desfavorable, porque en ese momento ya había elementos suficientes para iniciar el procedimiento. Como pasaron casi siete meses hasta la cancelación, aprecia la caducidad y desestima el recurso, aunque con una fundamentación distinta. La Administración puede iniciar un nuevo procedimiento.
- Sentencia TS 30/09/2026 – N.º 1082/2026, Rec. 7320/2023 (Ponente: Antonio Jesús Fonseca-Herrero Raimundo)
Materia: Contratación pública – Desistimiento del procedimiento de adjudicación – Artículo 152 LCSP – Infracción no subsanable – Razones de interés público – Arrendamiento de inmueble.
Resumen: La sentencia resuelve el recurso de casación de una licitadora contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que anuló el desistimiento acordado por la Junta de Andalucía. El procedimiento tenía por objeto arrendar un inmueble para servicios administrativos en Almería. La Sala de instancia exigió que concurrieran a la vez una infracción no subsanable y razones de interés público, y consideró que no se daba ninguna de las dos.
El Tribunal Supremo fija como doctrina que, según el artículo 152.3 LCSP, para desistir basta con una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las que regulan el procedimiento de adjudicación. Esa infracción debe estar debidamente justificada en el expediente, y deben cumplirse además las exigencias de notificación y publicación. No se requieren también razones de interés público. Por haber exigido ambos requisitos, estima el recurso. Sin embargo, la recurrente no discutió que faltara la infracción insubsanable, así que el Tribunal anula igualmente el desistimiento. Ordena además excluir a la recurrente, porque el inmueble que ofreció no alcanzaba la superficie mínima, y acuerda que el procedimiento vuelva a la fase correspondiente.
- Sentencia TS 05/10/2026 – N.º 1095/2026, Rec. 2457/2024 (Ponente: Eduardo Calvo Rojas)
Materia: Subvenciones – Reintegro – Gastos subvencionables – Artículo 31.1 LGS – Gastos de personal – Mejoras salariales sobre convenio – Valor de mercado.
Resumen: La sentencia resuelve el recurso de casación de UGT de Andalucía contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que confirmó, en lo sustancial, el reintegro de más de 18 millones de euros de una subvención para cursos de formación profesional ocupacional. Se discutía si los pluses pagados voluntariamente a los trabajadores por encima del convenio colectivo eran gastos subvencionables, dado que no superaban el valor de mercado.
El Tribunal Supremo comparte el criterio de la instancia. La cuestión no es si esas cantidades son salario, sino si pueden pagarse con fondos públicos, que están sujetos a los principios de eficacia y eficiencia. El beneficiario puede mejorar libremente los sueldos, pero con fondos propios. El límite del valor de mercado no permite olvidar que solo son subvencionables los gastos que responden sin duda a la naturaleza de la actividad y resultan estrictamente necesarios. En consecuencia, fija como doctrina que son gastos estrictamente necesarios las retribuciones mínimas legales o de convenio. La subvención no cubre otras cantidades, aunque no sean desproporcionadas según el valor de mercado. Desestima el recurso.
- Sentencia TS 09/10/2026 – N.º 1136/2026, Rec. 3990/2025 (Ponente: Ángeles Huet de Sande)
Materia: Costas procesales – Recurso de apelación – Artículo 139.2 LJCA – Estimación íntegra – Parte apelada – Adhesión a la apelación.
Resumen: La sentencia resuelve el recurso de casación de una sociedad. La Diputación Provincial de Lugo le había impuesto una multa de 71.875 euros por una infracción muy grave de la Ley de Carreteras de Galicia. El Juzgado rebajó la sanción porque consideró la infracción leve. Después, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia estimó íntegramente la apelación de la Diputación y condenó en costas a la empresa apelada.
El Tribunal Supremo declara que el artículo 139.2 LJCA solo prevé condenar en costas al recurrente cuando su recurso se desestima por completo. Quien se limita a oponerse a la apelación no ejercita ninguna pretensión impugnatoria, aunque pida de forma subsidiaria que la estimación tenga menor alcance. El apelado solo pasa a ser recurrente si se adhiere a la apelación. En consecuencia, fija como doctrina que, cuando se estima íntegramente un recurso de apelación, no pueden imponerse las costas a la parte recurrida. Casa la sentencia solo en lo relativo a las costas.
- Sentencia TS 13/10/2026 – N.º 1139/2026, Rec. 5075/2024 (Ponente: Francisco José Navarro Sanchís)
Materia: Haciendas locales – Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local – Instalaciones de transporte de energía eléctrica – Base imponible – Informe técnico-económico – Motivación.
Resumen: La sentencia resuelve el recurso de casación de Red Eléctrica de España contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que confirmó una ordenanza fiscal de la Junta Vecinal de Rasillo. La ordenanza regula la tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local por instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos. Para el aprovechamiento especial, calculaba la base a partir del valor del suelo y de las construcciones y le aplicaba un coeficiente del 50 por ciento que no estaba justificado.
El Tribunal Supremo ratifica su doctrina. La base imponible del aprovechamiento especial debe fijarse según la utilidad que este reporta. No puede usarse la base del uso privativo y diferenciar los dos supuestos solo por el tipo de gravamen. Además, el tipo debe figurar claramente en la ordenanza o en sus anexos publicados. El informe técnico-económico, por su parte, debe justificar y motivar los criterios con que se gradúan y calculan las tarifas. En consecuencia, estima el recurso y anula el artículo 4 y el Anexo de Tarifas en lo que se aplican al transporte de energía eléctrica.
- Sentencia TS 14/10/2026 – N.º 1152/2026, Rec. 5981/2024 (Ponente: Antonio Jesús Fonseca-Herrero Raimundo)
Materia: Función pública – Procesos selectivos – Principio de anonimato – Artículos 23.2 y 103 CE – Identificación de los aspirantes – Igualdad en el acceso.
Resumen: La sentencia resuelve el recurso de casación de un aspirante excluido del proceso selectivo de 2019 para el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa. Quedó fuera por no llegar a la nota mínima del tercer ejercicio: obtuvo 12,41 puntos y se exigían 12,50. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid dio por válido que el órgano de valoración obligara a poner nombre y apellidos en las hojas de examen, para facilitar la corrección ante el gran número de participantes.
El Tribunal Supremo reitera que garantizar el anonimato en las pruebas que lo permitan es una exigencia propia de los artículos 23.2 y 103 de la Constitución, aunque las bases no lo prevean. Completa su doctrina: el anonimato solo puede excluirse si concurren circunstancias objetivas justificadas, con una finalidad legítima y compatibles con la igualdad en el acceso. No basta con querer agilizar la corrección. En consecuencia, estima el recurso, anula el tercer ejercicio y ordena repetirlo. No reconoce al recurrente como apto, y la repetición no afecta a los terceros de buena fe que superaron el ejercicio.
- Sentencia TS 21/10/2026 – N.º 1180/2026, Rec. 2772/2024 (Ponente: José Luis Gil Ibáñez)
Materia: Defensa de la competencia – Abuso de posición dominante – Artículo 2 LDC y artículo 102 TFUE – Mercados conexos – Gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual – SGAE.
Resumen: La sentencia resuelve los recursos de casación de la CNMC y de Unison Rights contra la sentencia de la Audiencia Nacional que anuló la multa de 2.949.660 euros impuesta a la SGAE por tres abusos de posición dominante. Para la Audiencia, faltaba el presupuesto de la infracción, porque en 2018 la SGAE no tenía posición de dominio en el mercado aguas arriba de gestión de derechos de obras audiovisuales.
El Tribunal Supremo sigue la jurisprudencia del TJUE. Declara que la prohibición también alcanza los casos en que los efectos de la posición de dominio se trasladan a otro mercado estrechamente vinculado, sin que haga falta demostrar dominio en este último. Un abuso en un mercado no dominado es relevante si está conectado con la posición dominante, y lo decisivo es el grado de conexión entre los mercados. La Audiencia no analizó la conexión entre mercados que había apreciado la CNMC, ni las demás cuestiones planteadas en el proceso. En consecuencia, el Tribunal Supremo estima los recursos y anula la sentencia. Devuelve las actuaciones a la Audiencia Nacional para que dicte una nueva.
Civil y Mercantil:
- Sentencia TS 16/09/2026 – N.º 1433/2026, Rec. 3515/2023 (Ponente: Nuria Auxiliadora Orellana Cano)
Materia: Derecho societario – liquidación de sociedades – cuota de liquidación del socio – ilicitud de la causa – nulidad contractual.
Resumen: La sentencia analiza la validez de diversas operaciones de transmisión realizadas durante el proceso de liquidación de una sociedad, mediante las cuales el socio mayoritario adquirió la práctica totalidad de los activos inmobiliarios y determinadas participaciones sociales pertenecientes a la sociedad liquidada. El Tribunal Supremo centra su análisis en la posible existencia de una causa ilícita derivada de la finalidad perseguida por las partes.
La resolución considera acreditado que los activos fueron transmitidos por un precio significativamente inferior a su valor de mercado y que una parte sustancial del precio se satisfizo mediante la compensación de créditos de origen insuficientemente justificado y carentes de soporte documental adecuado. Asimismo, valora las circunstancias en que se desarrolló el proceso de liquidación, caracterizado por la premura de los plazos, la limitada transparencia y la situación de ventaja del socio adquirente.
A partir de estos elementos, el Tribunal concluye que la finalidad real de las operaciones fue privar al socio minoritario de la cuota de liquidación que le correspondía, utilizando la liquidación social como instrumento de despatrimonialización. En consecuencia, declara la nulidad de las compraventas por ilicitud de la causa, al considerar que el propósito defraudatorio común se elevó a la categoría de causa negocial ilícita, imponiéndose la restitución recíproca de las prestaciones.
- Sentencia TS 17/09/2026 – N.º 1439/2026, Rec. 5926/2023 (Ponente: Nuria Auxiliadora Orellana Cano)
Materia: Derecho societario – responsabilidad de administradores – causa de disolución – deudas sociales – artículo 367 LSC.
Resumen: La sentencia analiza los requisitos para exigir a los administradores la responsabilidad solidaria por deudas sociales prevista en el artículo 367 de la Ley de Sociedades de Capital cuando la sociedad se encuentra en causa legal de disolución por pérdidas que reducen el patrimonio neto por debajo de la mitad del capital social. El Tribunal Supremo recuerda que dicha responsabilidad solo alcanza a las obligaciones nacidas con posterioridad a la concurrencia de la causa de disolución y que corresponde al acreedor acreditar cuándo surgió esta. Asimismo, examina el alcance de la presunción legal que considera posteriores las deudas reclamadas, concluyendo que no opera de forma automática cuando existen elementos objetivos que permiten situar la aparición de la causa de disolución en un momento posterior al nacimiento de las obligaciones. La sentencia destaca la importancia de atender a la evolución real de la situación patrimonial de la sociedad y rechaza inferencias basadas únicamente en el resultado de las cuentas anuales de cierre de ejercicio. También precisa que, en el caso de pagarés entregados en pago de una deuda, el momento relevante para determinar el nacimiento de la obligación es su emisión y no su vencimiento o impago. En consecuencia, descarta la responsabilidad del administrador al no quedar acreditado que las deudas surgieran después de la causa de disolución.
- Sentencia TS 17/09/2026 – N.º 1441/2026, Rec. 2232/2022 (Ponente: Raquel Blázquez Martín)
Materia: Arrendamiento de industria – conservación y mantenimiento – interpretación contractual – excepción de contrato incumplido.
Resumen: La sentencia analiza la determinación de qué parte debe asumir los gastos de conservación y reparación derivados de varios contratos de cesión de explotación de instalaciones integradas en áreas de servicio. La controversia se centra en si la empresa explotadora debía sufragar únicamente las reparaciones vinculadas a las instalaciones concretamente cedidas para su actividad o también los gastos correspondientes a elementos generales, exteriores o comunes de las áreas de servicio.
El Tribunal Supremo realiza una interpretación sistemática del contrato y concluye que las obligaciones de conservación y mantenimiento asumidas por la explotadora deben entenderse referidas exclusivamente a las instalaciones objeto directo de la explotación empresarial cedida. En consecuencia, quedan excluidos los gastos relativos a infraestructuras generales, zonas comunes, accesos, alumbrado exterior, depuradoras, señalización u otros elementos que exceden el ámbito específico de la actividad explotada.
Asimismo, rechaza la aplicación de la excepción de contrato incumplido basada en eventuales incumplimientos futuros de la contraparte, al no haberse producido todavía una privación efectiva del uso o disfrute de la explotación. La sentencia también descarta la existencia de enriquecimiento injusto cuando la controversia se encuentra plenamente regulada por la relación contractual existente entre las partes.
- Sentencia TS 17/09/2026 – N.º 1448/2026, Rec. 1206/2022 (Ponente: Antonio García Martínez)
Materia: Compraventa inmobiliaria – vicios ocultos – acción redhibitoria – daños y perjuicios – enriquecimiento injusto.
Resumen: La sentencia analiza los efectos de la acción redhibitoria ejercitada por la compradora de una vivienda afectada por un vicio oculto de carácter estructural existente al tiempo de la venta. El Tribunal Supremo confirma que procede la resolución del contrato y la restitución recíproca de las prestaciones cuando el defecto reúne los requisitos legalmente exigidos para el saneamiento por vicios ocultos. No obstante, distingue entre la devolución del precio y gastos inherentes a la compraventa, por un lado, y la indemnización de daños y perjuicios, por otro. La resolución recuerda que, conforme al artículo 1486 del Código Civil, la indemnización adicional exige que el vendedor conociera el vicio y actuara de mala fe. Al no haberse acreditado dicho conocimiento, la compradora no tiene derecho a recuperar el importe de las obras de reforma realizadas en el inmueble. Asimismo, el Tribunal rechaza que pueda acudirse a la doctrina del enriquecimiento injusto para obtener esa compensación, ya que la situación patrimonial resultante deriva directamente del régimen legal previsto para la acción redhibitoria y no puede alterarse mediante una acción distinta que no fue ejercitada en la demanda.
- Sentencia TS 21/09/2026 – N.º 1462/2026, Rec. 1541/2022 (Ponente: Pedro José Vela Torres)
Materia: Derecho internacional privado – reconocimiento y ejecución de resoluciones extranjeras – exequátur – Reglamento Bruselas I – régimen transitorio europeo.
Resumen: La sentencia examina la normativa aplicable al reconocimiento y ejecución en España de una resolución judicial dictada en otro Estado miembro de la Unión Europea cuando el procedimiento de origen se inició antes de la entrada en vigor del Reglamento (UE) 1215/2012, pero la resolución cuya ejecución se pretende fue dictada con posterioridad. El Tribunal Supremo analiza el régimen transitorio previsto en el artículo 66 del Reglamento 1215/2012 y concluye que el criterio determinante para decidir qué normativa resulta aplicable no es la fecha de la resolución extranjera ni la de la solicitud de ejecución, sino la fecha de inicio de la acción judicial principal de la que dicha resolución trae causa. En consecuencia, cuando el litigio originario se inició antes del 10 de enero de 2015, continúa siendo aplicable el Reglamento 44/2001. La sentencia destaca la necesidad de preservar la coherencia temporal del sistema europeo de reconocimiento de resoluciones y reafirma que, bajo el régimen del Reglamento 44/2001, la parte afectada debe disponer de un cauce contradictorio para impugnar el otorgamiento del exequátur y la ejecución de la resolución extranjera.
- Sentencia TS 22/09/2026 – N.º 1477/2026, Rec. 1916/2022 (Ponente: Rafael Sarazá Jimena)
Materia: Derecho societario – responsabilidad de administradores – causa de disolución – deudas sociales – artículo 367 LSC.
Resumen: La sentencia analiza el alcance de la responsabilidad solidaria de los administradores sociales por deudas nacidas cuando la sociedad se encuentra incursa en causa legal de disolución. El supuesto parte de una obligación de restitución derivada del cobro indebido de una cantidad abonada en una operación inmobiliaria como consecuencia de una incorrecta aplicación de la normativa del IVA. La cuestión jurídica principal consiste en determinar si los administradores pueden quedar exonerados de responsabilidad por haber corregido posteriormente la situación patrimonial de la sociedad una vez tuvieron conocimiento de la reclamación. El Tribunal Supremo reitera que, a efectos del artículo 367 de la Ley de Sociedades de Capital, el momento relevante es el nacimiento de la obligación social y no la fecha en que los administradores conocen la existencia de la deuda concreta. Si la obligación surge cuando la sociedad ya se encuentra en causa de disolución y los administradores no han promovido en plazo las medidas legalmente exigidas, responden solidariamente de dicha deuda. La posterior remoción de la causa de disolución puede impedir que nazcan nuevas responsabilidades, pero no extingue la responsabilidad ya generada respecto de obligaciones anteriores. La sentencia refuerza así la función protectora de los acreedores frente a la inactividad de los administradores sociales.
- Sentencia TS 23/09/2026 – N.º 1493/2026, Rec. 2441/2022 (Ponente: Manuel Almenar Belenguer)
Materia: Derecho contractual – compraventa inmobiliaria – frustración del fin del contrato – aliud pro alio – imposibilidad sobrevenida – responsabilidad profesional de abogados.
Resumen: La sentencia analiza la resolución de varios contratos de compraventa celebrados para la adquisición de terrenos y participaciones sociales vinculadas a un proyecto urbanístico cuyo objetivo era la construcción de viviendas. Aunque en el momento de la venta existían licencias urbanísticas y proyectos de actuación aprobados, posteriormente diversas incidencias urbanísticas y resoluciones judiciales determinaron que las licencias quedaran sin efecto y que el destino edificatorio previsto resultara inviable. El Tribunal Supremo considera que concurre una imposibilidad sobrevenida que frustra la finalidad económica perseguida por las partes, lo que justifica la resolución contractual conforme a los artículos 1101 y 1124 del Código Civil y a la doctrina del aliud pro alio. No obstante, limita los efectos económicos de dicha resolución a la restitución recíproca de las prestaciones, incluyendo la devolución del precio abonado, pero excluye la indemnización de los gastos de construcción realizados por la compradora, al derivar estos de actuaciones propias ajenas a los vendedores. Asimismo, rechaza la responsabilidad profesional de los abogados intervinientes por no haberse acreditado ni un incumplimiento de la lex artis ni una relación causal suficiente entre su actuación y los daños reclamados.
- Sentencia TS 24/09/2026 – N.º 1495/2026, Rec. 9293/2022 (Ponente: Fernando Cerdá Albero)
Materia: Derecho societario – escisión total – transmisión de acciones – restricciones estatutarias – personalidad jurídica residual.
Resumen: La sentencia analiza las consecuencias derivadas de una escisión total cuando la transmisión de determinadas acciones sociales a la entidad beneficiaria resulta ineficaz por incumplir las limitaciones estatutarias a la libre transmisibilidad de las acciones. El Tribunal Supremo examina si, pese a la extinción registral de la sociedad escindida, esta puede seguir siendo considerada titular de los derechos inherentes a dichas acciones.
La resolución recuerda que la escisión total produce, en principio, la transmisión universal del patrimonio y la extinción de la sociedad escindida. Sin embargo, precisa que dicha sucesión universal debe respetar las restricciones estatutarias existentes sobre determinados activos. Cuando estas limitaciones no son observadas, la transmisión deviene ineficaz frente a la sociedad afectada y frente a los restantes socios.
Partiendo de ello, el Tribunal aplica la doctrina de la personalidad jurídica latente o residual y concluye que la sociedad extinguida mantiene excepcionalmente su personalidad jurídica respecto de relaciones jurídicas que no han quedado definitivamente agotadas. En consecuencia, conserva la titularidad de las acciones cuya transmisión fue ineficaz y puede ejercitar los derechos sociales y económicos vinculados a ellas, incluidos los dividendos pendientes, hasta que la situación jurídica quede plenamente regularizada.
- Sentencia TS 28/09/2026 – N.º 1517/2026, Rec. 865/2022 (Ponente: Antonio García Martínez)
Materia: Obligaciones y contratos – interpretación contractual – prueba del contenido del contrato – actos propios – prestación de servicios esenciales.
Resumen: La sentencia analiza si puede reclamarse el pago de una “cuota de disponibilidad” facturada junto con los servicios de suministro y gestión de aguas cuando no consta de forma suficiente que dicha partida hubiera sido pactada entre las partes. El Tribunal Supremo distingue entre la existencia de una relación contractual y la acreditación de cada una de las prestaciones económicas que se pretenden exigir en su ejecución. Recuerda que el principio de libertad de forma permite la validez de los contratos verbales, pero no exime de probar el contenido concreto de las obligaciones asumidas.
Asimismo, rechaza que la inclusión reiterada de dicha cuota en las facturas o su pago durante años constituya un acto propio que impida discutir posteriormente su procedencia. Para que opere esta doctrina es necesario un comportamiento inequívoco y concluyente que revele la aceptación de la obligación controvertida. La sentencia también descarta que la exclusión de la partida suponga una modificación judicial del contrato o una vulneración del principio pacta sunt servanda, ya que no quedó acreditado que la cuota formara parte del precio pactado. Finalmente, destaca la relevancia de la cobertura administrativa cuando se trata de conceptos asociados a la prestación de servicios de interés público
- Sentencia TS 01/10/2026 – N.º 1537/2026, Rec. 7591/2023 (Ponente: Fernando Cerdá Albero)
Materia: Obligaciones y contratos – dación en pago – fianza solidaria – interpretación contractual – extinción de deuda.
Resumen: La sentencia analiza los efectos de una oferta vinculante mediante la cual una entidad acreedora aceptaba extinguir un préstamo y liberar a los fiadores solidarios a través de una operación de dación en pago consistente en la transmisión de determinados bienes. La cuestión principal radica en determinar si la mera aceptación del acuerdo producía la extinción de la deuda o si, por el contrario, era necesaria la efectiva transmisión de los bienes previstos para alcanzar dicho efecto liberatorio. El Tribunal Supremo examina la naturaleza jurídica de la dación en pago como mecanismo de cumplimiento mediante una prestación distinta de la originariamente debida y recuerda que su función solutoria exige necesariamente la entrega efectiva del bien o derecho objeto de la dación. Mientras esta transmisión no se produzca, no puede considerarse satisfecha la obligación principal ni extinguidas las garantías accesorias que la aseguran. La sentencia concluye que la firma del acuerdo no basta por sí sola para extinguir la deuda cuando la adquisición de los bienes pactados nunca llegó a consumarse. En consecuencia, mantiene que la obligación garantizada subsiste mientras no se produzca el cumplimiento efectivo de la dación en pago prevista contractualmente.
- Sentencia TS 08/10/2026 – N.º 1591/2026, Rec. 2156/2022 (Ponente: M.ª Ángeles Parra Lucán)
Materia: Derechos reales – usucapión extraordinaria – posesión en concepto de dueño – usufructo – comunidad postganancial.
Resumen: La sentencia analiza los requisitos de la usucapión extraordinaria y, en particular, el significado de la posesión “en concepto de dueño” como presupuesto indispensable para adquirir la propiedad por prescripción adquisitiva. El litigio se centra en la pretensión de quien había venido disfrutando durante más de treinta años de diversos inmuebles sobre los que ostentaba derechos de usufructo y participación en una comunidad postganancial, sosteniendo que dicho disfrute debía considerarse posesión dominical suficiente para adquirir el pleno dominio por usucapión.
El Tribunal Supremo recuerda que la posesión apta para usucapir exige una actuación externa, pública e inequívoca propia del propietario, sin que baste la mera convicción interna de ser titular del bien. Asimismo, distingue claramente entre la posesión en concepto de dueño y la buena fe, señalando que esta última no es necesaria para la usucapión extraordinaria, pero sí lo es la acreditación de actos con apariencia dominical exclusiva.
La sentencia concluye que actuaciones como percibir frutos, explotar fincas o asumir determinados gastos son compatibles con la condición de usufructuario o comunero y no evidencian por sí mismas una posesión exclusiva como propietario. También destaca que quien inicia la posesión en un concepto distinto del dominio debe acreditar una verdadera interversión posesoria mediante actos inequívocos y oponibles a los demás titulares, requisito que no concurre en el caso analizado.
- Sentencia TS 16/10/2026 – N.º 1619/2026, Rec. 565/2022 (Ponente: Raquel Blázquez Martín)
Materia: Derecho inmobiliario – compraventa de inmuebles – dominio público marítimo-terrestre – nulidad contractual – objeto del contrato.
Resumen: La sentencia analiza la pretensión de nulidad de una compraventa inmobiliaria y del préstamo hipotecario concertado para financiarla, basada en la alegación de que los terrenos transmitidos formaban parte del dominio público marítimo-terrestre y, por tanto, eran inalienables. El Tribunal Supremo examina la incidencia que tienen los deslindes administrativos y las resoluciones previas que se habían pronunciado sobre la naturaleza de los terrenos afectados. La resolución recuerda que el carácter demanial de determinados bienes deriva de sus características legales y físicas, y que el deslinde administrativo tiene naturaleza declarativa y no constitutiva. Sin embargo, subraya que para declarar la nulidad de un negocio jurídico por falta de objeto es necesario acreditar suficientemente que los terrenos tenían efectivamente naturaleza demanial en el momento de la contratación. En el caso enjuiciado, dicha condición no queda probada de forma concluyente, existiendo además resoluciones judiciales previas de signo contradictorio y habiendo sido anulado el deslinde administrativo que afectaba a la zona. Por ello, el Tribunal concluye que no puede afirmarse la inalienabilidad de los inmuebles ni la inexistencia de objeto contractual, rechazando la nulidad de la compraventa y del préstamo hipotecario asociado.
- Sentencia TS 19/10/2026 – N.º 1630/2026, Rec. 2708/2022 (Ponente: Raquel Blázquez Martín)
Materia: Contrato de obra – cláusula penal – retraso en la ejecución – retención de garantía – incumplimiento contractual.
Resumen: La sentencia analiza un contrato de ejecución de obra en el que las partes habían atribuido carácter esencial al plazo de finalización de los trabajos y habían pactado una cláusula penal para sancionar los retrasos, además de una retención del 5 % de cada certificación como garantía del correcto cumplimiento de las obligaciones del contratista. La controversia gira en torno a la procedencia de aplicar la penalización máxima pactada por la demora en la entrega de la obra y a la posibilidad de destinar las cantidades retenidas a la reparación de defectos constructivos. El Tribunal Supremo considera acreditado que el retraso en la terminación de los trabajos era imputable exclusivamente al contratista, al no haberse solicitado ni obtenido una ampliación formal del plazo conforme al procedimiento previsto en el contrato. Asimismo, confirma que las modificaciones introducidas durante la ejecución no justificaban la demora producida. Respecto de la cláusula penal, reafirma que no procede su moderación cuando el incumplimiento producido coincide exactamente con el supuesto expresamente previsto por las partes. También valida la aplicación de la retención de garantía para sufragar la subsanación de defectos de ejecución acreditados pericialmente, si bien limitada al importe real necesario para su reparación. La sentencia refuerza el principio pacta sunt servanda y la eficacia de las cláusulas penales libremente negociadas entre empresarios.
DOCTRINA ADMINISTRATIVA
- Dictamen N.º 297/2026, de 17 de septiembre, de la Comisión Jurídica Asesora de Cataluña
La Comisión analiza la reclamación de responsabilidad contractual que una sociedad, presentó ante la Agència Catalana de l’Aigua por los sobrecostes que soportó en el contrato mixto de explotación, conservación y mantenimiento del sistema de saneamiento de Igualada. Desde el 1 de noviembre de 2023 la carga de entrada varió de forma sustancial, lo que los pliegos preveían como causa de modificación. Sin embargo, la modificación no se formalizó hasta el 23 de enero de 2025. La propuesta de resolución reconocía 143.524,11 euros, contando el daño desde que se pidió la modificación. La contratista reclamaba 254.167,30 euros, contando desde que empezó el sobrecoste.
La Comisión considera que la regulación insuficiente de los pliegos y el retraso en tramitar la modificación suponen un incumplimiento: la Administración no restableció con la debida rapidez el equilibrio económico del contrato. Distingue entre la eficacia de la modificación, que empieza con su formalización, y la responsabilidad por el daño ya causado. Si la indemnización se limitara a partir de la solicitud, la Administración se beneficiaría de un servicio prestado en condiciones más onerosas sin compensarlo. En consecuencia, dictamina que procede estimar la reclamación en 254.167,30 euros (IVA no incluido).
- Informe N.º 5/2026, de 11 de septiembre, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad de Madrid
La Junta analiza una consulta de la Agencia de Vivienda Social sobre el alcance del artículo 69.9.c) de la LCSP. La Agencia tenía dos contratos de obras adjudicados a dos UTE. Una de las empresas que las integraban fue declarada en concurso de acreedores, y la Agencia autorizó que la otra siguiera ejecutando los contratos. La duda era si esa continuidad se limita a ejecutar materialmente las obras o si cambia por completo quién es el contratista, con efectos en las certificaciones, la facturación, el cobro del precio y las responsabilidades.
La Junta concluye que el precepto busca conservar el contrato. No es una cesión del contrato ni una sucesión del contratista, pero sí produce un cambio subjetivo legal y específico en la ejecución. La resolución de continuidad debe concretar las prestaciones pendientes, publicarse en el perfil de contratante y anotarse en el Registro de Contratos. La empresa que continúa podrá cobrar las prestaciones que ejecute desde la fecha de efectos de esa resolución, y debe tener facultades para las actuaciones ordinarias de ejecución. Los créditos anteriores se tratan por separado, y el órgano de contratación no puede alterar la masa del concurso. La continuidad tampoco cambia automáticamente la responsabilidad de la UTE ni libera a la empresa concursada de las obligaciones ya nacidas.
- Informe N.º 7/2026, de 18 de junio, de la Comisión Permanente de la Junta Asesora de Contratación Pública del País Vasco
La Junta analiza una consulta del Departamento de Salud sobre si debía excluir a una empresa licitadora. Su oferta incluía como Directora Médica del centro ofertado a una ex Consejera de Salud. Otra empresa alegaba que el conocimiento institucional de esa persona podía darle una ventaja competitiva contraria a la igualdad de trato.
La Junta recuerda que, según los artículos 64 y 70 de la LCSP y la jurisprudencia del TJUE, la exclusión es una medida restrictiva sujeta a proporcionalidad. No puede basarse de forma automática en que alguien haya sido alto cargo. Solo procede si se acredita una ventaja real que no pueda corregirse con medidas menos restrictivas, y siempre tras oír al licitador. El órgano de contratación debe valorar esa circunstancia como un factor de riesgo y distinguir entre un riesgo abstracto y una distorsión efectiva de la competencia. Para ello puede pedir explicaciones, comprobar qué información estaba disponible o ponerla a disposición de todos. En este caso, no consta que esa persona participara en la elaboración de los pliegos ni que accediera a información no pública. En consecuencia, la Junta concluye que, con la información disponible, no hay base jurídica suficiente para excluir a la empresa. El órgano de contratación puede, no obstante, hacer las comprobaciones que considere oportunas.
- Resolución N.º 344/2026, de 9 de septiembre, del Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público
El Tribunal analiza el recurso de una sociedad, contra el rechazo de su oferta, que estaba en presunción de anormalidad, en un contrato de servicios de gestión y asesoramiento de seguros del Ayuntamiento de Barcelona. Según el informe técnico, con esa oferta no se podían pagar los salarios mínimos del convenio colectivo del sector. La recurrente alegaba tres cosas: que el requerimiento de justificación no era bastante concreto, que los pliegos llevaban a confusión porque solo reproducían la tabla salarial de 2025 y que debió dársele un trámite de aclaración sobre la imputación parcial del coste del coordinador.
El Tribunal recuerda que su función es revisora y que los pliegos son vinculantes. No ve confusión, porque los licitadores deben tener en cuenta los convenios aplicables en cada momento, lo que obligaba a considerar los incrementos de 2026 y 2027. Considera claros los requerimientos. Además, corresponde al licitador aportar toda la información necesaria para justificar que su oferta es viable. Admitir ahora nueva documentación le daría una segunda oportunidad, contraria a la igualdad de trato. La justificación, por otra parte, era genérica y no cuantificaba las ventajas alegadas. En consecuencia, desestima el recurso, levanta la suspensión y no aprecia temeridad.
- Resolución N.º 346/2026, de 9 de septiembre, del Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público
El Tribunal analiza el recurso de una sociedad, contra su exclusión del lote 12 de un contrato de mantenimiento de equipos de Anatomía Patológica, Farmacia y Laboratorio del Hospital Universitario de Bellvitge, licitado por el Instituto Catalán de la Salud. Su oferta coincidía con el importe global de licitación, de 102.810,37 euros. Sin embargo, los importes por anualidad y por equipo se desviaban en dos céntimos: estaban por encima en 2026 y 2029 y por debajo en 2027 y 2028. El órgano de contratación sostenía que esos importes eran límites máximos que no podían superarse.
El Tribunal considera que el precio del lote es un importe global. Los pliegos le atribuyen expresamente la condición de precio máximo y es la única variable de la fórmula de valoración. No se ha acreditado que los desgloses por año o por equipo sean límites para admitir las ofertas. Recuerda que las causas de exclusión deben aplicarse con proporcionalidad y sin automatismos, y que excluir es el último recurso. La desviación era mínima, se compensaba entre años y no alteraba la oferta. Por eso, excluirla directamente sin un trámite de aclaración fue desproporcionado. En consecuencia, estima el recurso y ordena retrotraer las actuaciones para que la empresa pueda aclarar su oferta.
- Resolución N.º 347/2026, de 9 de septiembre, del Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público
El Tribunal analiza el recurso de una sociedad contra su exclusión por oferta anormalmente baja en un contrato de apoyo técnico para revisar expedientes de subvenciones, licitado por el Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat. El informe técnico consideró que la oferta no estaba justificada por tres motivos. No aportó nóminas ni documentación nominativa sobre los costes salariales. Tampoco explicó cómo se distribuía la dedicación de cada perfil profesional, ni el coste de mano de obra de cada precio unitario. La recurrente alegaba falta de motivación y defendía que su oferta era viable según el convenio colectivo. Sostenía también que debió pedírsele una aclaración.
El Tribunal recuerda que es el licitador quien debe aportar toda la información necesaria para demostrar que su oferta es viable. La justificación se basaba en afirmaciones genéricas sobre su experiencia, sus procesos propios y sus certificados de calidad, sin traducirlas en cifras concretas. Es preferible pedir aclaraciones antes de excluir una oferta. Sin embargo, si la justificación es claramente insuficiente, pedirlas equivaldría a darle una segunda oportunidad para completarla. El Tribunal considera que el informe técnico está suficientemente motivado y entra dentro de la discrecionalidad técnica. En consecuencia, desestima el recurso y levanta la suspensión.
- Resolución N.º 365/2026, de 23 de septiembre, del Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público
El Tribunal analiza el recurso de Audiovisuales Data, SL, contra su exclusión de un contrato mixto de suministro e instalación de equipos de audio y vídeo para la nueva sala de plenos del Ayuntamiento de Viladecans. Su oferta no indicaba el modelo de la cámara compacta 4K ni el de la caja de expansión Sonnet, aunque sí su precio. La empresa aportó las fichas técnicas más tarde, en el trámite de aclaraciones.
En primer lugar, el Tribunal rechaza que el recurso deba inadmitirse. La exclusión acordada por la mesa es un acto de trámite recurrible, y la recurrente está legitimada, aunque hubiera quedado en quinta posición. En cuanto al fondo, recuerda que las exclusiones deben respetar la proporcionalidad y la concurrencia. Sin embargo, sin las referencias técnicas no se podía comprobar si la oferta cumplía el pliego de prescripciones técnicas. La documentación aportada iba más allá de lo que permitía el trámite y de lo que admitía el pliego, que solo aceptaba aclaraciones que no modificaran ni concretaran la oferta. Además, se presentó cuando ya se conocían las demás proposiciones, lo que vulneraría la igualdad de trato. En consecuencia, desestima el recurso y no aprecia temeridad.
- Resolución N.º 376/2026, de 30 de septiembre, del Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público
El Tribunal resuelve de forma conjunta dos recursos contra la adjudicación del lote 1 de un contrato de servicios de dinamización del Consell Municipal de Benestar Social del Ayuntamiento de Barcelona. Los presentaron una UTE en formación y una sociedad, que habían quedado primera y segunda en la clasificación. A las dos se les tuvieron por retiradas las ofertas porque, en el trámite del artículo 150.2 LCSP, se consideró que no habían acreditado su solvencia. El lote se adjudicó a la tercera clasificada.
El Tribunal aprecia falta de motivación: los informes de valoración no se notificaron ni se publicaron, así que no puede invocarse una motivación por remisión a ellos. Sobre la UTE, considera que puede acreditar su solvencia sumando la de sus integrantes, sea cual sea el porcentaje de participación de cada una, y que la regla de ponderación aplicada no estaba justificada. Sobre Portacabot, la experiencia y la formación eran también criterios de adjudicación, y su comprobación se dejó para ese mismo trámite. Por eso, las discrepancias detectadas solo pueden afectar a la puntuación y no justifican la exclusión. En consecuencia, estima ambos recursos y ordena retrotraer las actuaciones: la UTE podrá subsanar su documentación, y la de Portacabot deberá verificarse y ajustarse su puntuación.
- Anales de la Abogacía General del Estado 2025
La publicación la editan el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Reúne una selección de veinticuatro dictámenes y escritos judiciales elaborados por Abogados del Estado durante 2025, tanto consultivos como contenciosos. No son doctrina oficial de la Abogacía General del Estado, pero se han elegido por la relevancia de su contenido y su calidad técnica.
- Informe de Regulación IR 86/2026, de 29 de septiembre, de la Autoridad Catalana de la Competencia, sobre el Anteproyecto de ley de elaboración de disposiciones normativas
La Autoridad analiza el anteproyecto de ley que reúne en una sola norma el procedimiento para elaborar las disposiciones normativas del Gobierno y de los consejeros, tanto las de rango legal como las reglamentarias. El texto regula la planificación normativa, la consulta pública previa, las memorias de evaluación y los trámites de información pública, audiencia e informes. Prevé también un procedimiento de urgencia, la normativa experimental y los espacios controlados de pruebas.
La ACCO concluye que el anteproyecto no regula ninguna actividad económica, así que no introduce directamente restricciones a la competencia. Valora positivamente que refuerce los instrumentos de calidad normativa, pero pide integrar de forma más expresa la perspectiva de la competencia. Su principal recomendación es que la evaluación del impacto económico analice específicamente los efectos sobre la competencia cuando una iniciativa pueda afectar a una actividad, un sector o un mercado. Para ello propone criterios de detección que permitan, en su caso, pedir su informe. Recomienda además incluir una previsión específica sobre los principios de necesidad, proporcionalidad y mínima distorsión y reforzar la evaluación posterior de las normas. En la tramitación urgente y en los decretos ley pide que se haga al menos una evaluación breve de impactos. Por último, en los espacios controlados de pruebas reclama garantizar la transparencia y la neutralidad competitiva.
- Pronunciamiento PO 02/2026, de 26 de octubre, de la Autoridad Catalana de la Competencia, sobre la pluralidad de oferta en los servicios de bicicleta compartida en Barcelona
La Autoridad se pronuncia sobre dos decisiones del Ayuntamiento de Barcelona. Por un lado, no prorrogará las licencias de los operadores privados de bicicleta compartida, que vencen a finales de 2026. Por otro, tampoco convocará un nuevo procedimiento para otorgarlas. A la vez, el Ayuntamiento ha anunciado que ampliará un 50 % la flota del Bicing.
La ACCO advierte de que, juntas, estas decisiones harían desaparecer la oferta privada a partir de 2027. Eso eliminaría la presión competitiva sobre el Bicing y reduciría tanto las alternativas de los usuarios como los incentivos para mejorar precios, calidad e innovación. Además, la ampliación del servicio municipal no funcionaría hasta finales de 2028. La Autoridad reconoce que la prórroga es una decisión del Ayuntamiento y que hay que compatibilizar esta actividad con el uso del dominio público y la ordenación del tráfico. Aun así, considera que una medida de este alcance debe justificarse por su necesidad y su proporcionalidad, valorando antes alternativas menos restrictivas. Recuerda también el principio de neutralidad competitiva, porque el Ayuntamiento es a la vez regulador y titular del Bicing. En consecuencia, le insta a aprobar un marco regulador que permita la convivencia de la oferta pública y la privada y preserve la pluralidad de oferta.
ARTÍCULOS DE INTERÉS
Administrativo General:
- ¿Es ilegal difundir contenidos en salud en redes sociales? Divulgación, difusión y responsabilidad del influencer. https://www.iberley.es/revista/-es-ilegal-difundir-contenidos-salud-redes-sociales-divulgacion-difusion-responsabilidad-influencer-1644
- Costas judiciales: el precio de tener razón frente a la Administración debe reconocer el derecho a la reparación íntegra de los gastos incurridos para el ejercicio de defensa del particular (STEDH Orlando y otros c. Italia). Costas procesales y acceso a la justicia: caso Orlando | TEDH ; https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-252395%22]}
- Juzgado o «Plaza» contencioso-administrativo, no cabe recurso de casación directo frente a sus resoluciones. https://delajusticia.com/2026/10/05/juzgado-o-plaza-contencioso-administrativo-no-cabe-recurso-de-casacion-directo-frente-a-sus-resoluciones/
- El Proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública avanza en su tramitación parlamentaria. https://togas.biz/articulos/articulo-profesionales-el-proyecto-de-ley-org-nica-de-integridad-p-blica-avanza-en-su-tramitaci-n-parlamentaria/
- El Supremo anula el decreto de universidades por tramitarse de urgencia y sin consulta pública. https://www.eleconomista.es/legal/noticias/14019686/10/26/el-supremo-tumba-el-decreto-de-universidades-por-tramitarse-de-urgencia-y-sin-consulta-publica.html
- El Reglamento de Extranjería. Comentario a la STS (Sala 3ª), de 8 de julio de 2026 (Rec. 19/2025), sobre el RD 1155/2024, de 19 de noviembre. https://elderecho.com/el-reglamento-de-extranjeria-comentario-a-la-sts-sala-3a-de-8-de-julio-de-2026-rec-19-2025-sobre-el-rd-1155-2024-de-19-de-noviembre
- El auge de la Defensa obliga a los despachos a rediseñar las operaciones. https://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2026/10/12/auge-defensa-obliga-despachos-redisenar-operaciones.html
- Vuelta de tuerca del Tribunal Constitucional al enredo de la casación autonómica. https://delajusticia.com/2026/10/13/vuelta-de-tuerca-del-tribunal-constitucional-al-enredo-de-la-casacion-autonomica/
- Reforma de la Ley Orgánica 4/2026: funcionarios penitenciarios reconocidos como agentes de la autoridad. https://togas.biz/articulos/articulo-profesionales-reforma-de-la-ley-org-nica-4-2026-funcionarios-penitenciarios-reconocidos-como-agentes-de-la-autoridad/
- La regulación fallida del lobby. https://www.expansion.com/juridico/opinion/2026/10/15/regulacion-fallida-lobby.html
- Bienvenidas nuevas pruebas al recurrir administrativamente una sanción. https://delajusticia.com/2026/10/19/bienvenidas-nuevas-pruebas-al-recurrir-administrativamente-una-sancion/
- El TC determina que el plazo para recurrir un acuerdo administrativo puede contar desde su corrección de errores. https://elderecho.com/el-tc-determina-que-el-plazo-para-recurrir-un-acuerdo-administrativo-puede-contar-desde-su-correccion-de-errores
- El Constitucional enmienda nuevamente al Supremo: inadmitir un recurso por una corrección de errores vulnera la tutela judicial. https://www.eleconomista.es/legal/noticias/14022023/10/26/el-constitucional-enmienda-nuevamente-al-supremo-inadmitir-un-recurso-por-una-correccion-de-errores-vulnera-la-tutela-judicial-en-via-contenciosoadministrativa.html
- La urgencia discrecional del gobierno domesticada por el Supremo. https://delajusticia.com/2026/10/21/la-urgencia-discrecional-del-gobierno-domesticada-por-el-supremo/
- La nueva ley de atención al cliente eleva la presión sobre las empresas. https://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2026/10/19/nueva-ley-atencion-cliente-eleva-presion-sobre-empresas.html
- El Real Decreto-Ley 31/2026: El primero de los ‘martes sociales’ de precampaña electoral. https://togas.biz/articulos/articulo-profesionales-el-real-decreto-ley-31-2026-el-primero-de-los-martes-sociales-de-precampa-a-electoral/
- Nuevo real decreto para reforzar la protección frente al amianto (RD 847/2026). https://www.iberley.es/noticias/nuevo-real-decreto-reforzar-proteccion-frente-amianto-37144
- No habrá condena en costas para los recurridos en apelación. https://delajusticia.com/2026/10/26/no-habra-condena-en-costas-para-los-recurridos-en-apelacion/
- El Supremo hace prevalecer el anonimato en las oposiciones frente a la eficacia. https://delajusticia.com/2026/10/29/el-supremo-hace-prevalecer-el-anonimato-en-las-oposiciones-frente-a-la-eficacia/
- La reforma de los derechos de los pasajeros aéreos: Análisis del Reglamento, con especial referencia a la pérdida de vuelos de conexión y a las circunstancias extraordinarias. https://elderecho.com/la-reforma-de-los-derechos-de-los-pasajeros-aereos-analisis-del-reglamento-con-especial-referencia-a-la-perdida-de-vuelos-de-conexion-y-a-las-circunstancias-extraordinarias
Laboral:
- El Tribunal de Estrasburgo ratifica el despido por filtrar datos confidenciales de la empresa por WhatsApp. https://www.eleconomista.es/legal/noticias/14019621/10/26/el-tribunal-de-estrasburgo-avala-el-despido-por-filtrar-datos-confidenciales-de-la-empresa-por-whatsapp.html
Mercantil:
- Google no es una due diligence: cuando una noticia antigua condiciona una operación. https://togas.biz/articulos/articulo-profesionales-google-no-es-una-due-diligence-cuando-una-noticia-antigua-condiciona-una-operaci-n/
- VERI*FACTU: previsto el aplazamiento de las obligaciones hasta octubre de 2028. https://togas.biz/articulos/articulo-profesionales-veri-factu-previsto-el-aplazamiento-de-las-obligaciones-hasta-octubre-de-2028/
- Hacienda da luz verde a su plataforma de factura electrónica: así funcionará el sistema B2B. https://www.eleconomista.es/legal/noticias/14018864/10/26/hacienda-da-luz-verde-a-su-plataforma-de-factura-electronica-asi-funcionara-el-sistema-b2b.html
- ¿A quién pertenece la “prima” de la venta prenegociada (prepack)? https://almacendederecho.org/a-quien-pertenece-la-prima-de-la-venta-prenegociada-prepack
- Régimen aplicable a los LBO intragrupo: asistencia financiera, autocartera y operaciones vinculadas. https://almacendederecho.org/regimen-aplicable-a-los-lbo-intragrupo-asistencia-financiera-autocartera-y-operaciones-vinculadas
- PBC/FT: Nuevas exigencias tras la modificación del Reglamento. https://togas.biz/articulos/articulo-profesionales-pbc-ft-nuevas-exigencias-tras-la-modificaci-n-del-reglamento/
- La facturación electrónica obligatoria en operaciones B2B: la cuenta atrás. https://www.cuatrecasas.com/es/spain/fiscalidad/art/facturacion-electronica-obligatoria-b2b
- Diferencia entre filial y sucursal: qué estructura elegir para crecer en el extranjero. https://togas.biz/articulos/articulo-profesionales-diferencia-entre-filial-y-sucursal-qu-estructura-elegir-para-crecer-en-el-extranjero/
- ¿También los estatutos sociales son cláusulas abusivas? https://almacendederecho.org/tambien-los-estatutos-sociales-son-clausulas-abusivas
- Mayorías para la aprobación del plan de reestructuración por los socios. https://almacendederecho.org/mayorias-para-la-aprobacion-del-plan-de-reestructuracion-por-los-socios
- Dividendos encubiertos. https://almacendederecho.org/dividendos-encubiertos
- La due diligence laboral en operaciones de M&A. https://almacendederecho.org/la-due-diligence-laboral-en-operaciones-de-ma-riesgos-laborales-con-impacto-en-el-precio-de-adquisicion
- El riesgo oculto de financiar una pyme. https://www.expansion.com/juridico/opinion/2026/11/02/riesgo-oculto-financiar-pyme.html
- ¿Existe autocontratación cuando dos sociedades comparten (parcialmente) administrador? https://togas.biz/articulos/articulo-profesionales–existe-autocontrataci-n-cuando-dos-sociedades-comparten-parcialmente-administrador-/
Inmobiliario:
- El BOE publica el decreto de vivienda que prohíbe desahucios hasta 2030 y limita la subida de rentas. https://elderecho.com/el-boe-publica-el-decreto-de-vivienda-que-prohibe-desahucios-hasta-2030-y-limita-la-subida-de-rentas
- Vivienda Pública 2.0: Casa 47. https://togas.biz/articulos/articulo-profesionales-vivienda-p-blica-2-0-casa-47-/
- Junts tumbará los dos decretos de vivienda y pide al Gobierno que los rehaga. https://www.lavanguardia.com/politica/20261001/11649001/junts-tumbara-dos-decretos-vivienda-priva-gobierno-victoria-le-de-oxigeno.html
- Amianto en los inmuebles: qué cambia al vender, alquilar y conservar una propiedad en Cataluña. https://togas.biz/articulos/articulo-profesionales–amianto-en-los-inmuebles-qu-cambia-al-vender-alquilar-y-conservar-una-propiedad-en-catalu-a-/
- Las arras en la compraventa: tipos, efectos y financiación bancaria en Cataluña. https://togas.biz/articulos/articulo-profesionales-las-arras-en-la-compraventa-tipos-efectos-y-financiaci-n-bancaria-en-catalu-a-/
- Publicados los nuevos RDL 28/2026 y 29/2026, de 6 de octubre: 21 medidas urgentes que recuperan con ajustes la propuesta original del Consejo de Ministros. https://www.iberley.es/noticias/publicados-dos-nuevos-rd-ley-21-medidas-urgentes-materia-vivienda-37073
- El Supremo obliga a los locales y garajes a pagar las obras para bajar el ascensor al suelo del portal y evitar escalones. https://www.eleconomista.es/legal/noticias/14019426/10/26/el-supremo-obliga-a-los-locales-y-garajes-a-pagar-las-obras-para-bajar-el-ascensor-al-suelo-del-portal-y-evitar-escalones.html
- Ni el vendedor del suelo ni el abogado son responsables si el promotor construye al margen de la ley. https://www.eleconomista.es/legal/noticias/14019433/10/26/ni-el-vendedor-del-suelo-ni-el-abogado-son-responsables-si-el-promotor-construye-al-margen-de-la-ley.html
- Novedades relevantes para el sector inmobiliario. https://www.cuatrecasas.com/es/spain/inmobiliario/art/novedades-sector-inmobiliario
- No pagó el alquiler cuatro años y la casera no reparó las humedades: la Audiencia rebaja la deuda en un tercio. https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/jurisprudencia/no-pago-el-alquiler-cuatro-anos-y-la-casera-no-reparo-las-humedades-la-audiencia-rebaja-la-deuda-en-un-tercio/
- No basta con recurrir un desahucio: el requisito que puede tumbar la apelación. https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/no-basta-con-recurrir-un-desahucio-el-requisito-que-puede-tumbar-la-apelacion/
- El Tribunal Supremo no ha fijado hasta la fecha doctrina jurisprudencial específica sobre si el arrendamiento de una sola habitación debe regirse por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) o por el Código Civil. https://togas.biz/articulos/articulo-profesionales–el-tribunal-supremo-no-ha-fijado-hasta-la-fecha-doctrina-jurisprudencial-espec-fica-sobre-si-el-arrendamiento-de-una-sola-habitaci-n-debe-regirse-por-la-ley-de-arrendamientos-urbanos-lau-o-por-el-c-digo-civil/
- Desahucios y vulnerabilidad: el nuevo escenario tras el RDL 29/2026. https://elderecho.com/desahucios-y-vulnerabilidad-el-nuevo-escenario-tras-el-rdl-29-2026
- La necesidad habitacional no frena el desahucio en la cesión gratuita de vivienda. https://www.economistjurist.es/actualidadjuridica/jurisprudencia/la-necesidad-habitacional-no-frena-el-desahucio-en-la-cesion-gratuita-de-vivienda/
- El Tribunal Supremo flexibiliza los requisitos de comunicación para la subrogación en contratos de alquiler de renta antigua. https://togas.biz/articulos/articulo-profesionales-el-tribunal-supremo-flexibiliza-los-requisitos-de-comunicaci-n-para-la-subrogaci-n-en-contratos-de-alquiler-de-renta-antigua/
- La AP de Madrid diferencia el coliving del hospedaje turístico. https://www.iberley.es/noticias/el-coliving-no-equivale-hospedaje-prohibido-37164
- El Código Penal no protege el valor arquitectónico de un edificio. https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2026/10/26/codigo-penal-protege-valor-arquitectonico-edificio.html
- Extinción del alquiler por falta de notificación de subrogación mortis causa: la clave del conocimiento del arrendador. https://togas.biz/articulos/articulo-profesionales-extinci-n-del-alquiler-por-falta-de-notificaci-n-de-subrogaci-n-mortis-causa-la-clave-del-conocimiento-del-arrendador/
Civil y procesal:
- Justicia crea una herramienta de IA para el Supremo que agilizará la gestión de miles de recursos. https://elderecho.com/justicia-crea-una-herramienta-de-ia-para-el-supremo-que-agilizara-la-gestion-de-miles-de-recursos
- ¿Basta un error del abogado para reclamar una indemnización por pérdida de oportunidad? https://togas.biz/articulos/articulo-profesionales–basta-un-error-del-abogado-para-reclamar-una-indemnizaci-n-por-p-rdida-de-oportunidad-/
- Un intento de clarificación del régimen procesal de impugnación u oposición a la homologación de planes de reestructuración. https://almacendederecho.org/un-intento-de-clarificacion-del-regimen-procesal-de-impugnacion-u-oposicion-a-la-homologacion-de-planes-de-reestructuracion
- ¿Puede un simple retraso en el pago hacer caer una compraventa? El Tribunal Supremo recuerda que, si así se pactó en el contrato, sí. https://togas.biz/articulos/articulo-profesionales–puede-un-simple-retraso-en-el-pago-hacer-caer-una-compraventa-el-tribunal-supremo-recuerda-que-si-as-se-pact-en-el-contrato-s-/
- «Litigios satélites» y cesiones de créditos en las acciones de daños antitrust: legitimación, prejudicialidad y litispendencia. https://almacendederecho.org/litigios-satelites-y-cesiones-de-creditos-en-las-acciones-de-danos-antitrust-legitimacion-prejudicialidad-y-litispendencia
- El mito del privilegio de la responsabilidad limitada: el common law. https://almacendederecho.org/el-mito-del-privilegio-de-la-responsabilidad-limitada-el-common-law
- Del cobro de lo indebido (I): las fuentes de las obligaciones y el papel del error. https://almacendederecho.org/del-cobro-de-lo-indebido-i-las-fuentes-de-las-obligaciones-y-el-papel-del-error
- ¿Pueden los vecinos reclamar al banco por obras comunitarias incumplidas? https://togas.biz/articulos/articulo-profesionales–pueden-los-vecinos-reclamar-al-banco-por-obras-comunitarias-incumplidas-/
Tributario:
- El TJUE fija límites a la tributación de los fondos de inversión no residentes. https://togas.biz/articulos/articulo-profesionales-el-tjue-fija-l-mites-a-la-tributaci-n-de-los-fondos-de-inversi-n-no-residentes/
- El RD-ley 29/2026 recupera las medidas fiscales sobre vivienda. https://www.iberley.es/noticias/nuevas-medidas-fiscales-vivienda-rd-ley-29-2026-37071
- La tasación oficial de la hipoteca elimina la presunción de veracidad del valor de la vivienda ante la Administración. https://www.eleconomista.es/legal/noticias/14018491/10/26/la-tasacion-oficial-de-la-hipoteca-elimina-la-presuncion-de-veracidad-del-valor-de-la-vivienda-ante-la-administracion.html
- Hacienda deberá justificar con detalle cada embargo en las devoluciones para evitar la indefensión del contribuyente. https://www.eleconomista.es/legal/noticias/14018551/10/26/hacienda-debera-justificar-con-detalle-cada-embargo-en-las-devoluciones-para-evitar-la-indefension-del-contribuyente.html
- Barcelona aprueba subir el IBI hasta el 150% a los pisos turísticos. https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20261009/11655142/barcelona-aprueba-subir-ibi-150-pisos-turisticos.html
- La Administración valoró una vivienda con ‘Google Maps’ sin visitarla: el TS anula la liquidación fiscal. https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/jurisprudencia/la-administracion-valoro-una-vivienda-con-google-maps-sin-visitarla-el-ts-anula-la-liquidacion-fiscal/
- La sociedad dominante de un grupo fiscal puede rectificar la autoliquidación consolidada respecto de elementos no regularizados en la inspección previa a algunas filiales. https://elderecho.com/la-sociedad-dominante-de-un-grupo-fiscal-puede-rectificar-la-autoliquidacion-consolidada-respecto-de-elementos-no-regularizados-en-la-inspeccion-previa-a-algunas-filiales
- La presunción de validez de los certificados de residencia fiscal extranjeros. https://www.legaltoday.com/portada-2/portada-3/la-presuncion-de-validez-de-los-certificados-de-residencia-fiscal-extranjeros-2026-10-15/
- Hacienda no puede pedir una segunda oportunidad para buscar nuevos motivos después de perder contra el contribuyente. https://www.economistjurist.es/actualidadjuridica/jurisprudencia/hacienda-no-puede-pedir-una-segunda-oportunidad-para-buscar-nuevos-motivos-despues-de-perder-contra-el-contribuyente/
- ¿Un nuevo gravamen para los patrimonios superiores a 50 millones de euros? https://togas.biz/articulos/articulo-profesionales–un-nuevo-gravamen-para-los-patrimonios-superiores-a-50-millones-de-euros-/
- El TEAC fija nuevos criterios sobre la cláusula antiabuso en el régimen FEAC tras la STS 949/2026. https://www.iberley.es/noticias/el-teac-fija-tres-nuevos-criterios-clausula-antiabuso-regimen-feac-37136
- Este 1 de noviembre empieza a aplicarse la tasa de gestión aduanera de la UE de 2 euros por artículo. https://www.iberley.es/noticias/el-1-noviembre-empieza-aplicarse-tasa-gestion-aduanera-ue-37169
Energía:
- Auditorías energéticas: ya no importa el tamaño de la organización, sino su consumo energético. https://togas.biz/articulos/articulo-profesionales-auditor-as-energ-ticas-ya-no-importa-el-tama-o-de-la-organizaci-n-sino-su-consumo-energ-tico/
Protección de datos personales:
- La AEPD señala las garantías para incorporar inteligencia artificial a los sistemas de videovigilancia. https://elderecho.com/la-aepd-senala-las-garantias-para-incorporar-inteligencia-artificial-a-los-sistemas-de-videovigilancia
Abogacía:
- La fuga de más de 6.000 abogados fuerza al Gobierno a mejorar la retribución de la justicia gratuita. https://www.eleconomista.es/legal/noticias/14020692/10/26/la-fuga-de-mas-de-6000-abogados-fuerza-al-gobierno-a-mejorar-la-retribucion-de-la-justicia-gratuita.html
Urbanismo:
- La subrogación legal del adquirente en los costes de urbanización. https://togas.biz/articulos/articulo-profesionales-la-subrogaci-n-legal-del-adquirente-en-los-costes-de-urbanizaci-n/
- Los locales comerciales no pueden convertirse en viviendas libres en edificios sujetos a VPO. https://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/21284-los-locales-comerciales-no-pueden-convertirse-en-viviendas-libres-en-edificios-sujetos-a-vpo/