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03/2012

Boletín de Novedades núm 2/2012 del mes de Febrero

14/03/2012

BOLETÍN NÚM. 2/2012
DE NOVEDADES
BOLETÍN DEL MES DE FEBRERO

 
COMENTARIO
I. Legislación estatal

Las normas estatales aprobadas durante el mes de febrero confirman el recurso creciente e incontrolado a la figura del Real Decreto ley. La crisis es argumento suficiente y todopoderoso para justificar que vivimos en un régimen de excepción, dentro del cual  todo prejuicio formal debe ceder ante la necesidad de que el Gobierno de la Nación pueda actuar de forma rápida para alcanzar sus objetivos y aquellos que los mercados le imponen.

De los tres Reales Decretos leyes aprobados destacamos el Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales (BOE núm. 48, de 25 de febrero de 2012). La norma en cuestión sienta las bases para que los entes locales puedan disponer de los recursos financieros suficientes para hacer frente a las deudas acumuladas con sus proveedores con anterioridad al mes de enero del 2012.

Con este fin la norma contiene tres tipos de actuaciones. Por un lado el Gobierno desea conocer cuál es la magnitud de la tragedia, y para ello exige a los entes locales que en un breve plazo, antes del 15 de marzo, le remitan todas las deudas acumuladas (respecto a contratos de obras, servicios y suministros). La cantidad que resulte de esta manifestación, más la que pueda añadirse a instancia de los acreedores, será la que determine la cantidad que se pondrá a disposición de los entes locales para saldar sus deudas. En segundo lugar se define de forma ambigua un plan de fases dentro de las cuales los acreedores manifestarán su voluntad de “concursar” para poder constituir su derecho al cobro, renunciando para ello a intereses y otros derechos de cobro y ofreciendo una quita. No se sabe muy bien cómo se articularán estas fases. Por último, se autoriza a los entes locales a endeudarse por las cuantías afloradas , mientras que el Estado se compromete a llegar a un acuerdo con las entidades financieras para que financien a los entes locales el pago de las deudas reconocidas y respecto de cuyo contenido el acreedor ha aceptado las condiciones de cobro.

 

II. Legislación catalana.
En el mes de febrero se han aprobado y publicado dos textos legales cuyo contenido formó parte inicialmente de un macro anteproyecto de ley, una amplísima ley ómnibus,  que por sus exageradas dimensiones y por la falta de coherencia de los temas tratados fue muy criticada. Aquel anteproyecto se desglosó en cinco leyes. Tres de ellas fueron aprobadas a finales del año 2011, las leyes 9, 10 y 11 del 2011 a las que nos referimos en nuestro anterior Boletín. Las leyes 2 y 3 del 2012, a las que nos referimos a continuación, son la consecuencia de la desmembración del anteproyecto inicial. Con su publicación se culmina, por el momento, la tarea de reformas legales emprendida por el nuevo legislador catalán.

La Ley 2/2012, de 22 de febrero, de modificación de diversas leyes en materia audiovisual (DOGC núm. 6075, de fecha 27 de febrero 2012), modifica tres importantes leyes del sector audiovisual con el objetivo común  de simplificar y racionalizar la estructura, organización y funcionamiento de diversos órganos e instituciones que intervienen en esta materia. Se modifica la Ley 2/2000 del Consell Audiovisual de Catalunya reduciendo los consejeros de 10 a 6 y simplificando el procedimiento para la adopción de sus acuerdos, la Ley 22/2005 de Comunicación Audiovisual, y la Ley 1/2007 de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, reduciendo en este caso los miembros del Consell de Govern y del Consell Assessor de Continguts i de Programació, así como la figura del director o directora general.
Ley 3/2012, de 22 de febrero, de modificación del texto refundido de la Ley de urbanismo, aprobado por Decreto legislativo 1/2010, de 3 de agosto (DOGC núm. 6077, de fecha 29 de febrero 2012), lleva a cabo una amplia modificación parcial del texto refundido del año 2010. Son un total de 92 artículos, 7 adicionales, 3 transitorias, 1 derogatoria y 4 finales. El conjunto de las reformas tienen como objetivo general el impulso de  la actividad económica simplificando los procesos de planificación y gestión, y reduciendo determinadas cargas. De alguna forma se trata de adecuar la norma urbanística a la situación de crisis y a la parálisis del mercado inmobiliario.

De forma telegráfica enumeramos las novedades más significativas: integración de los aspectos ambientales en el procedimiento de aprobación de la planificación urbanística, simplificación en la ejecución  de los sectores, mejoras en la publicación de los planes, supresión de la obligación de aprobar los proyectos de urbanización como condición de eficacia de los planes parciales, reforzamiento de la figura del plan especial para la implantación de sistemas en el territorio, singularización de las reservas mínimas para VPO en razón de las características del municipio, ampliación de los usos admitidos en masías y casas rurales en suelo no urbanizable así como de los usos provisionales en edificios fuera de ordenación, y sustitución de la licencia de primera ocupación por la comunicación.

III. El libro del mes.

GUILLÉN CARAMÉS, Javier (Director). Derecho de la competencia y regulación en la actividad de las administraciones públicas. Ed. Thomson Reuters, Civitas. Madrid 2011, 457 páginas.

El libro colectivo dirigido por el profesor Javier Guillén incluye una serie de trabajos que desde diversas perspectivas reflexionan sobre la relación entre el intervencionismo público y el papel de las instituciones de defensa de la competencia en una situación de crisis como la que vivimos.

No hay duda que el intervencionismo público construye barreras de entrada a los diferentes mercados mediante la regulación y los mecanismos de control. Por ello se requiere el contrapeso de los mecanismos  de defensa de la competencia, y que los entes reguladores sectoriales actúen  también en favor de la  competencia.

Pero la cuestión de fondo que planea en todo el libro es  la conveniencia  de reflexionar, a raíz de la crisis en que vivimos,  sobre el necesario equilibrio entre la libre competencia y las restricciones justificadas al ejercicio de  dicha libertad. En definitiva, en una situación en la que el Estado ya no actúa como prestador ni gestor sino como garante, hay que definir los ámbitos respectivos de la regulación, que garantice los fines de interés general que también forman parte de los servicios económicos de interés general, y los propios de la defensa de la competencia.

IV. El artículo del mes.

CANO BUESO, J. Dudas y certezas de la reforma constitucional española de 2011. Revista de la función consultiva. Nº 15, 2011.
En este Boletín llamamos de forma reiterada la atención sobre la incidencia de la crisis económica en las instituciones clásicas del derecho público y, en particular, en el ordenamiento jurídico. Asistimos a una pérdida generalizada del respecto a las formas, de modo que las leyes ómnibus y los Reales Decretos leyes y Decretos leyes autonómicos son la práctica común. La pérdida de la seguridad jurídica y de la calidad de los productos normativos se asume como un coste necesario ante la urgencia de la construcción de nuevos marcos legales.

Este desprecio por las formas ha llegado a su máximo exponente con la reforma exprés de la Constitución para modificar su artículo 135 al dictado de las exigencias comunitarias. Por esta razón queremos destacar este trabajo del profesor Cano Bueso en el que analiza críticamente este proceso que culminó con la constitucionalización del principio de estabilidad.

La Constitución española, que establece en su Título X un procedimiento rígido para su revisión, sólo había sido reformada hasta el presente en una ocasión, concretamente en 1992 para permitir el sufragio activo y pasivo de los ciudadanos europeos en las elecciones locales.

La segunda reforma, la del artículo 135, se puso en marcha el 26 de agosto por acuerdo de los dos partidos mayoritarios, y entró en vigor el 27 de septiembre tras una tramitación de urgencia, en lectura única, sin tiempo para presentar enmiendas, debatir y tratar de llegar a acuerdos políticos. Por ello, se aprobó con los votos a favor de PSOE, PP y UPN, la abstención de Coalición Canaria, y la oposición del resto de fuerzas políticas, lo que llevó a CIU a afirmar que se había roto el consenso constitucional.

El trabajo de Cano Bueso da cuenta de este procedimiento y de las consecuencias negativas de este proceder, que entre otras cosas nos ha dejado un precepto constitucional largo y pormenorizado que responde a unas necesidades coyunturales.

NOVEDADES LEGISLATIVAS DEL MES DE FEBRERO

A) ESTADO

• Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero, de saneamiento del sector financiero (BOE núm. 30, de fecha 4 de febrero de 2012).
• Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral (BOE núm. 36, de fecha 11 de febrero de 2012).
• Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales (BOE núm. 48, de 25 de febrero de 2012).

PROYECTOS DE LEY

No  se han tramitado.

PROPOSICIONES DE LEY

• Proposición de Ley de modificación de la Ley General de la Seguridad Social, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, para extender la cobertura de las pensiones de orfandad.
• Proposición de Ley Orgánica de reconocimiento del profesor como autoridad en el ejercicio de la función pública educativa.
• Proposición de Ley relativa a la modificación de la Ley 22/1998, de 28 de julio, de Costas.
• Proposición de Ley sobre el reconocimiento de competencias en espacios marítimos a las comunidades autónomas archipielágicas.
• Proposición de Ley de modificación de la Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud.
• Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en lo relativo a la suspensión provisional de empleo o cargo público.
• Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, para facilitar la participación política de las Fuerzas de Seguridad de carácter civil fuera del ejercicio de sus funciones.
• Proposición de Ley por la que se modifica la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español.

B) CATALUÑA

• Ley 2/2012, de 22 de febrero, de modificación de diversas leyes en materia audiovisual (DOGC núm. 6075, de fecha 27 de febrero 2012).
• Ley 1/2012, de 22 de febrero, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 2012 (DOGC núm. 6075, de fecha 27 de febrero 2012).
• Ley 3/2012, de 22 de febrero, de modificación del texto refundido de la Ley de urbanismo, por Decreto legislativo 1/2010, de 3 de agosto (DOGC núm. 6077, de fecha 29 de febrero 2012).

PROYECTOS DE LEY

No se han tramitado.

PROPOSICIONES DE LEY

• Proposición de Ley de soporte a  los emprendedores, al trabajo autónomo, al trabajo autónomo dependiente y a la pequeña y microempresa de Cataluña.
• Proposición de Ley de regulación de las áreas de promoción de la economía urbana.

 

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