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Novedades jurídicas

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04/2012

Boletín de Novedades núm 3/2012 del mes de Marzo

27/04/2012

COMENTARIO
I.- Legislación estatal

Un mes más la legislación estatal está dominada por las normas con las que se trata de dar respuesta a la situación de crisis, normas con fuerza de ley aprobadas mediante Reales Decretos leyes.

El Real  Decreto ley 7/2012 de 9 de marzo crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores. Con la creación de este Fondo se  trata de dar efectividad a las previsiones contenidas en el Real Decreto ley  4/2012, y al Acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 6 de marzo de 2012 para poder hacer frente al pago de los proveedores de los entes locales y Comunidades Autónomas respecto a sus créditos anteriores al primero de enero de 2012 (a estas dos normas hicimos referencia en nuestro Boletín anterior). Si el Decreto ley y el Acuerdo antes citado establecieron los requisitos y el procedimiento para que los proveedores pudieran cuantificar la deuda a su favor y obtener el pago de lo debido, era necesario crear el Fondo que dispondría de los recursos económicos para poder hacer frente a estos pagos ( la deuda se estima en unos 35.000 millones de euros).

El Fondo creado por el Real Decreto ley 7/2012 es una entidad de derecho público, con competencia para concertar con los mercados de capitales toda clase de operaciones de endeudamiento (con el aval el Estado), y por otro lado concertar con las Comunidades Autónomas y los entes locales las operaciones necesarias para el pago de sus obligaciones. Una vez obtenidos los recursos necesarios, el Fondo hará frente a los créditos de los proveedores, subrogándose en el derecho de crédito frente a la Administración o el ente local.

Para garantizar la correcta actuación de las Comunidades Autónomas, se añaden una serie de medidas de fuerte disciplina  fiscal respecto a las Comunidades que deseen beneficiarse de este sistema.

Otro Real Decreto ley, el 12/2012 de 30 de marzo, complementa al Real Decreto ley 20/2011 de 30 de diciembre con el objetivo de corregir  los desequilibrios presupuestarios. Con este fin establece una serie de medidas de carácter recaudatorio (modificaciones en el impuesto de sociedades, de la renta, del tabaco y del incremento de valores de los terrenos de naturaleza urbana), medidas  para la mejora de la gestión del patrimonio de las administraciones públicas, y la medida que más impacto mediático tuvo, la regularización fiscal, o posibilidad de aflorar sin penalización el dinero opaco.

 II. Legislación catalana.

En Cataluña, destaca la Ley 5/2012 de 20 de marzo, ley de acompañamiento a la Ley de Presupuestos, retrasada en su aprobación definitiva y publicación por haberse solicitado respecto a la misma un Dictamen al “Consell de Garanties Estatutàries”, Dictamen que se emitió sin formular reparos de constitucionalidad ni estatutoriedad.

La ley incorpora medidas que tienden al incremento de ingresos, y otras que tratan de reducir gastos. Al mismo tiempo, se incluyen reformas organizativas y en materia de función pública, y en el Título tercero se crea el impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos.

Este nuevo tributo es un tributo propio de la Generalidad, cuyo hecho imponible está conformado por la estancia en los establecimientos turísticos identificados en la misma ley, graduándose la carga tributaria según la categoría del establecimiento.

La ley, siguiendo con la tónica de las normas de los últimos años vinculadas a la crisis económica, incorpora una larga lista de disposiciones adicionales y transitorias, de muy diverso contenido e importancia, muchas de ellas con objetos totalmente ajenos a las cuestiones de orden fiscal o presupuestario.

III. El libro del mes.

TORNOS MAS, Joaquín. Coordinador. Comentarios a la Ley 26/2010 de 3 de agosto de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña. Ed. Iustel, Madrid, 2012.

La Ley 26/2010 de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas, se ocupa del núcleo central del derecho público de las administraciones catalanas. Dictada al amparo de la competencia autonómica asumida en el Estatuto de Autonomía del 2006, se sitúa en el marco de la ley estatal básica 30/1992. La ley catalana extiende su ámbito de aplicación a todas las administraciones catalanas, incluyendo por tanto a las administraciones locales que según el nuevo Estatuto forman parte de la Generalidad. Por otro lado, y a diferencia de la Ley 13/1989, pretende regular de forma completa el régimen jurídico y el procedimiento de estas administraciones, identificando al final de la misma qué preceptos son básicos y por tanto reproducción de la Ley 30/1992, y qué preceptos se dictan en ejercicio de la competencia autonómica.

Una ley de tanta importancia requeriría un comentario amplio, riguroso y exhaustivo como el que nos ofrece el libro que destacamos, fruto del trabajo en equipo de  un numeroso grupo de profesores de la universidad pública catalana. El libro analiza las diversas partes de la ley, de las que destacamos por su novedad el tratamiento del recurso a los medios electrónicos, el procedimiento de elaboración de las normas, el recurso a las figuras de la declaración responsable o comunicación previa y la inspección. Pero en todo caso contiene un completo  desarrollo de la Ley 30/1992, por lo que, como hemos dicho, afecta al régimen de actuación de todas las administraciones públicas catalanas, en sus relaciones internas e interadministrativas, y en su relación con los ciudadanos.

En todo caso, es necesario dar a conocer el texto de esta ley para su uso por los operadores jurídicos catalanes, que no siempre aplican el derecho autonómico. 
IV. El artículo del mes.

DÍEZ SASTRE , Silvia. Culpa vs ilegalidad: de nuevo sobre el fundamento de la responsabilidad por acto administrativo. Revista española de derecho administrativo, nº 153, enero-marzo 2012.

Con el comentario de este artículo queremos destacar en primer lugar la nueva etapa de la Revista Española de Derecho Administrativo, bajo la dirección compartida de los profesores García de Enterría y Lorenzo Martín Retortillo, actuando como secretario Tomás Cano. Este primer número llega cuajado de buenos artículos en todas sus secciones lo que augura una brillante trayectoria a la Revista en esta nueva fase de su ya larga vida.

El artículo seleccionado para su comentario se sitúa dentro del debate doctrinal y jurisprudencial español sobre la naturaleza de la institución de la responsabilidad administrativa y, en concreto, de la responsabilidad derivada de un acto administrativo. La autora destaca en primer lugar que a pesar de que tradicionalmente se afirma que nuestro sistema se basa en el principio de la responsabilidad objetiva lo cierto es que por regla general, para reconocer la responsabilidad administrativa, se exige siempre algún tipo de imputación. Esta imputación, y esta es la segunda constatación del trabajo, puede ser la simple ilegalidad del acto o puede exigirse además un elemento culposo.

El elemento culposo aparece cuando se aplica la teoría del margen de tolerancia, es decir, cuando se exige que la aplicación de la norma haya sido irrazonable. Si el acto ha sido declarado ilegal, pero la interpretación realizada por la administración para llegar a conformar su declaración de voluntad ha sido razonable, se estima que el ciudadano tiene el deber de soportar esta interpretación administrativa. Esta doctrina se suele aplicar en los casos de decisiones discrecionales de la administración, valorando el uso admisible o no de este poder discrecional. En otros supuestos, basta con que se afirme judicialmente  la ilegalidad del acto para que se entienda que concurre la responsabilidad de la administración.

En el ámbito de la jurisprudencia europea la autora señala que, con carácter general, para apreciar la responsabilidad de los Estados por incumplir la normativa comunitaria,  se exige que concurra una “violación suficientemente caracterizada “de dicha normativa. Por tanto, la exigencia de culpa.

Llegados a este punto se introduce la aportación novedosa del estudio. La profesora Díez  Sastre expone cómo en materia de contratación administrativa, y en concreto en los casos de impugnación de actos de adjudicación, la jurisprudencia comunitaria abandona la doctrina de la culpa y reconoce la responsabilidad administrativa por la concurrencia de la simple ilegalidad. Con el fin de garantizar la corrección de los procedimientos de concurrencia competitiva se es más riguroso frente a la conducta de la administración, lo que a su vez supone una mayor protección de la posición de los licitadores.

La autora finaliza su trabajo llamando la atención sobre la extensión de esta doctrina al resto de procedimientos de concurrencia competitiva, y su posible traslado a la jurisprudencia interna.    

 NOVEDADES LEGISLATIVAS DEL MES DE MARZO
A) ESTADO

• Resolución de 25 de enero de 2012, de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, por la que se modifica el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Defensor del Pueblo (BOE núm. 52, de fecha 1 de marzo de 2012).
• Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades (BOE núm. 56, de fecha 6 de marzo de 2012).
• Real Decreto-ley 5/2012, de 5 de marzo, de mediación en asuntos civiles y mercantiles (BOE núm. 56, de fecha 6 de marzo de 2012).
• Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos (BOE núm. 60, de fecha 10 de marzo de 2012).
• Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores (BOE núm. 60, de fecha 10 de marzo de 2012).
• Orden HAP/537/2012, de 9 de marzo, por la que se aprueban el modelo de certificado individual, el modelo para su solicitud y el modelo de plan de ajuste, previstos en el Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales (BOE núm. 65, de fecha 16 de marzo de 2012).
• Real Decreto-ley 8/2012, de 16 de marzo, de contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, de adquisición de productos vacacionales de larga duración, de reventa y de intercambio (BOE núm. 66, de fecha 17 de marzo de 2012).
• Orden HAP/583/2012, de 20 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de marzo de 2012, por el que se aprueba el plan de reestructuración y racionalización del sector público empresarial y fundacional estatal (BOE núm. 72, de fecha 24 de marzo de 2012).
• Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público (BOE núm. 78, de 31 de marzo de 2012).

 PROYECTOS DE LEY

• Proyecto de Ley Orgánica por la que se excluye del ámbito de aplicación de la disposición adicional de la Ley Orgánica 3/2006, de 26 de mayo, de reforma de la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, a determinados mecanismos de financiación.
• Proyecto de Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
• Proyecto de Ley de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral (procedente del Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero).
• Proyecto de Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles (procedente del Real Decreto-Ley 5/2012, de 5 de marzo).
• Proyecto de Ley de contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, de adquisición de productos vacacionales de larga duración, de reventa y de intercambio (procedente del Real Decreto-Ley 8/2012, de 16 de marzo).
• Proyecto de Ley de simplificación de las obligaciones de información y documentación de fusiones y escisiones de sociedades de capital (procedente del Real Decreto-Ley 9/2012, de 16 de marzo).
• Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012.

PROPOSICIONES DE LEY

• Proposición de Ley de modificación de la Ley General de la Seguridad Social, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, para extender la cobertura de las pensiones de orfandad.
• Proposición de Ley de modificación de la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía.
• Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

B) CATALUÑA

• Ley 4/2012, de 5 de marzo, del recurso de casación en materia de derecho civil en Cataluña (DOGC núm. 6083, de fecha 8 de marzo de 2012).
• Decreto 29/2012, de 13 de marzo, del Reglamento del Consejo de Seguridad de Cataluña (DOGC núm. 6088, de fecha 15 de marzo de 2012).
• Orden ECO/58/2012, de 22 de febrero, de modificación de la Orden ECF/313/2008, de 23 de junio, por la que se aprueba la aplicación de la  Plataforma de servicios de contratación pública, y se incorpora el servicio de sobre digital (DOGC núm. 6088, de fecha 15 de marzo de 2012).
• Ley 5/2012, de 20 de marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas y de creación del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos (DOGC núm. 6094, de fecha 23 de marzo de 2012).
• Decreto 33/2012 de 27 de marzo, de modificación del Decreto 37/2010, de 16 de marzo, de aprobación del Reglamento de salones recreativos y de juego (DOGC núm. 6098, de 29 de marzo de 2012).
PROYECTOS DE LEY

No se han tramitado.

PROPOSICIONES DE LEY

No se han tramitado.

 

 

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